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Philip Durán Pastene con MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA Rol: C2780-14

Consejo para la Transparencia, 03/03/2015

Se dedujo amparo en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, fundado en la denegación de la información solicitada referente a "la matriz -calificada así en declaraciones públicas realizadas tanto por el Ministro del Interior como por el Subsecretario de dicha cartera- con que define la invocación de la comúnmente llamada ley antiterrorista. Los criterios, alcances, utilización en casos reales, documentos sobre el proceso de elaboración de la mencionada matriz". El Consejo rechaza el amparo, toda vez que la divulgación de la información solicitada afectaría las acciones que la reclamada pueda emprender en sede criminal para perseguir a los responsables de delitos terroristas como también que haya empleado tanto el Ministerio y las policías para desarrollar investigaciones criminales por delitos terroristas.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2780-14

Entidad pública: Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Requirente: Philip Durán Pastene

Ingreso Consejo: 26.12.2014

En sesión ordinaria N° 598 del Consejo Directivo, celebrada el 3 marzo de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2780-14.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Philip Durán Pastene, mediante presentación de 2 de noviembre de 2014, solicitó al Consejo para la Transparencia requerir al Ministerio del Interior "la matriz -calificada así en declaraciones públicas realizadas tanto por el Ministro del Interior como por el Subsecretario de dicha cartera- con que define la invocación de la comúnmente llamada ley antiterrorista. Los criterios, alcances, utilización en casos reales, documentos sobre el proceso de elaboración de la mencionada matriz". Esta Corporación, mediante Oficio N°6.475 de 11 de noviembre de 2014, derivó la referida solicitud al Ministerio del Interior. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia. Requerimiento. El referido oficio ingresó al Ministerio del Interior el 18 de noviembre de 2014.

2) RESPUESTA: La Subsecretaría del Interior, mediante Oficio N° 21.260 de 15 de diciembre de 2014, respondió al requerimiento denegando el acceso a la información solicitada, señalando en síntesis, que:

a) La matriz detalla una serie de criterios empleados por el Ministerio relacionados con las hipótesis legales contempladas en la Ley Antiterrorista. Teniendo ello presente, divulgar la matriz supone comunicar a los posibles imputados de forma anticipada, la estrategia procesal que empleará el Ministerio del Interior. Lo anterior, afectaría seriamente el debido cumplimiento de las labores del Ministerio.

b) Anticipar las probables líneas de investigación, criterios y estrategias contenidas en la matriz requerida supone dar a conocer "el tipo de evidencia que puede ser utilizada en su contra, lo cual provocaría, ciertamente, una adecuación y sofisticación de las conductas desplegadas por los sujetos que cometen actos terroristas, a fin de evitar dejar mayores pruebas en los lugares de los hechos eludiendo así ser condenados por ley común y/ o antiterrorista". Por lo anterior, no le es posible acceder a la entrega de la información requerida en aplicación de las hipótesis de reserva dispuestas en el artículo 21 N° 1 y 3 de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 26 de diciembre de 2014, don Philip Durán Pastene, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Ministerio, fundado en la denegación de la información solicitada.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación el referido amparo y, mediante Oficio N° 179, de 8 de enero de 2015, confirió traslado al Sr. Subsecretario del Interior, solicitándole que al formular sus descargos: (1°) indicara las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido respondida oportunamente; y, (2°) se refiriera a la eventual concurrencia de una causal de reserva.

El Subsecretario del Interior (s), mediante presentación de 23 de enero de 2015, junto con reiterar lo expuesto en su respuesta al solicitante, señaló en síntesis que:

a) La matriz "contiene la evaluación de diversos presupuestos factuales y el análisis de múltiples circunstancias consideradas relevantes, en función del grado de afectación que provocan en el orden y seguridad pública, que determinan no solamente la aplicación de criterios jurídicos atingentes a un caso concreto, sino también de criterios de política de orden y seguridad pública, que guían el actuar de este Ministerio".

b) La publicación de la matriz "entregaría información relativa a una facultad privativa de este Ministerio y Subsecretaría, que contiene políticas, decisiones e implementaciones de los mecanismos y medidas empleadas para la investigación y persecución de delitos (...) lo que va en desmedro tanto de su prevención, como de la función que le compete en lo concerniente al orden y seguridad públicas..."

Y CONSIDERANDO:

1) Que en el caso en análisis, la información solicitada corresponde a un documento denominado "matriz" como a los antecedentes utilizados para su elaboración, los cuales según los dichos de la reclamada, describirían pormenorizadamente, una serie de elementos de convicción - evaluación de diversos presupuestos factuales, grado de afectación y calificación de conductas como actos terroristas, entre otros- que dicho organismo emplea para determinar cuándo ejerce la acción penal en materia de acciones descritas en la Ley N° 18.314, que determina cuales son conductas terroristas. Al efecto, la reclamada precisó que la matriz solicitada permite determinar no solamente la aplicación de criterios jurídicos atingentes a un caso concreto, sino también de criterios de política de orden y seguridad. Por lo anterior, el Ministerio del Interior denegó el acceso a la información consultada por estimar aplicable las hipótesis de reserva dispuestas en el artículo 21 N° 1 y 3 de la Ley de Transparencia.

2) Que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva.

3) Que el numeral 1° del citado artículo 21 de la Ley de Transparencia dispone que procede la reserva de la información cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado. A su turno, el numeral 3° de dicho artículo justifica la reserva de la información consultada cuando su divulgación afecte la defensa nacional, la mantención del orden público o la seguridad pública.

4) Que de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 20.502, de 21 de febrero de 2011, corresponderá al Ministerio del Interior, entre otras funciones «Definir y evaluar las medidas orientadas al control de los delitos y aquellas que permitan una adecuada respuesta policial a las infracciones de la ley penal, pudiendo solicitar a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y a cualquier otro organismo público, informes sobre planes, medidas, distribución del personal o cualquier otra información que considere conducente y necesaria para dar cumplimiento a esta función» (artículo 3° literal h). Luego, en cumplimiento de dichas funciones ejerce la acción penal por conductas calificadas como terroristas. En efecto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 10° de la Ley N° 18.314, el Ministerio del Interior puede incoar una acción criminal por hechos que «se cometa[n] con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas, sea porque se cometa para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias».

5) Que la reclamada luego de describir el contenido de la matriz solicitada, señaló que su divulgación permitiría la evasión de la acción de la justicia de aquellos/as que pretendan perpetrar ilícitos de connotación publica subsumibles en conductas calificadas como terroristas, todas vez que en conocimiento de los criterios empleados por el Ministerio para determinar cuando estamos en presencia de delitos sancionados por la Ley N° 18.314, podrían adecuar su modo de actuar de forma de evitar ser objeto de acciones criminales ejercidas por la reclamada en el contexto de la citada ley.

6) Que en virtud de lo señalado precedentemente, es posible concluir que de divulgarse la información consultada, se afectarían las acciones que la reclamada pueda emprender en sede criminal para perseguir a los responsables de delitos terroristas como también las medidas que haya empleado tanto el Ministerio y las policías para desarrollar las investigaciones criminales por delitos terroristas. Dichas circunstancias afectarían gravemente la acción de la reclamada para resguardar el orden público.

7) Que en concordancia con lo anterior, se rechazará el presente amparo. Lo anterior, por cuanto la información solicitada es reservada de conformidad a las hipótesis de reserva consagradas en el artículo 21 N° 1 y 3 de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo interpuesto por don Philip Durán Pastene, en contra del Ministerio del Interior, por las razones precedentemente expuestas.

II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Philip Durán Pastene y al Sr. Subsecretario del Interior.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. La Presidenta del Consejo Directivo doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don Rubén Burgos Acuña.