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Matías Rojas Medina con ARMADA DE CHILE Rol: C1530-14

Consejo para la Transparencia, 03/03/2015

Se dedujo amparo en contra de la Armada de Chile, fundado en la denegación requerida en el literal c) de la solicitud de información, referente a una investigación sumaría instruida a raíz del fallecimiento del sargento que se indica. El Consejo acoge parcialmente el amparo. Respecto al informe de autopsia, se rechaza el amparo toda vez que se trata de información que conforme a la Constitución y la ley tienen el carácter de secreto o reservado. En efecto se trata de información generada después de la muerte de una persona y que expone la honra del fallecido, siendo sólo posible entregarla a un heredero de éste, cuestión que no ocurre en el caso en comento. Respecto a la información referida a el tipo y cantidad de armas utilizado por el personal de servicio vigilante de la Sala de Armas de la Academia de Guerra Naval, así como también los sistemas de vigilancia, rondas, número de personal destinado a tales labores como el tipo de función desempeñada por cada miembro del personal de guardias al interior de la aludida dependencia, se acoge el amparo toda vez que se trata de documentos que sólo dan cuenta de modo general de ciertas actividades en la que participó el referido funcionario así como la evaluación del mismo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Defensa
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 



Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1530-14

Entidad pública: Armada de Chile

Requirente: Matías Rojas Medina

Ingreso Consejo: 23.07.2014

En sesión ordinaria N° 598 del Consejo Directivo, celebrada el 3 marzo de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1530-14.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 13 de junio de 2014, don Matías Rojas Medina solicitó a la Armada de Chile la siguiente información.

a) "Copia de la investigación sumaria administrativa instruida a raíz del fallecimiento del cabo primero Rodrigo Salas Mujica, en febrero de 2005;

b) Copia de la investigación sumaria administrativa instruida a raíz del fallecimiento del cabo segundo Sergio Hurtado Riquelme, en febrero de 2005;

c) Copia de la investigación sumaria administrativa instruida a raíz del fallecimiento del sargento Cristian Vega Cornejo, en marzo de 2011; y,

d) Se le informe, en orden cronológico, los cargos, funciones, destinaciones y superiores directos, conforme a periodos de calificación, de los tres funcionarios de la Armada de Chile mencionados en esta solicitud."

2) RESPUESTA: El 9 de julio de 2014, la Armada de Chile respondió a dicho requerimiento de información mediante Oficio N° 12900/204, señalando, en síntesis, que:

a) En relación a los fallecimientos del Sargento 2° Sergio Hurtado Riquelme y del cabo 1° Rodrigo Salas Mujica, no existen antecedentes que se haya sustanciado alguna investigación sumaria administrativa por esos hechos, ya que estos servidores fallecieron en sus domicilios. Se adjunta acta de búsqueda correspondiente.

b) En el caso del deceso del Sargento 2° Cristián Vega Cornejo, quien falleciera en la Academia de Guerra Naval, conforme con el artículo 20 de la Ley de Transparencia, confirió traslado a doña Ingrid Manquemilla Araya quien ejerció su derecho de oposición, quedando por tanto la institución impedida de proporcionar los antecedentes solicitados.

c) En anexo "A" se acompaña relación de las destinaciones, cargos y superiores directos de los servidores que indica: Sargento 2do Cristián Vega Cornejo Sargento 2do Sergio Hurtado Riquelme

d) En relación a los datos del cabo 1° Rodrigo Salas Mujica, sólo se entregan sus destinaciones, puestos de carrera y superiores directos durante los años 2002, 2003 y 2004, debido a que verificados los registros, no se encuentra la información faltante. Se acompaña acta de la búsqueda respectiva.

e) Se adjunta Anexo A, que indica año, grado, repartición, puesto y superior directo.

f) Se adjuntan Acta de búsqueda N° 004/2014, 005/2014 y 006/2014.

3) AMPARO: El 23 de julio de 2014, don Matías Rojas Medina dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de la información requerida en el literal c) de la solicitud. Además agregó que, en su opinión, la reclamada no debió conferir traslado a la viuda del Sargento 2° Cristian Vega Cornejo, que además es funcionaria de la Armada de Chile.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Comandante en Jefe de la Armada de Chile, mediante Oficio N° 4.301 de 7 de agosto de 2014. Dicha autoridad, a través de Oficio N° 12.900/272, remitió copia del expediente solicitado, y presentó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis que:

a) En virtud del artículo 20 de la Ley de Transparencia, se notificó la solicitud a doña Ingrid Manquemilla Araya, cónyuge sobreviviente del Sargento 2° Cristián Vega Cornejo considerando la existencia de antecedentes, fotografías y hechos descritos a lo largo del sumario, que no diciendo relación con la función pública del citado Sargento, podrían afectar su memoria, su honra, su dignidad y la de su familia. De conformidad con la oposición manifestada , quedó impedida de proporcionar la documentación o antecedentes solicitados.

b) Además existen antecedentes que pueden afectar la seguridad y defensa de la unidad o repartición, de conformidad al artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar y 21 N° 3 y 5 de la Ley de Transparencia. En efecto, se debe tener presente que se produjo al interior de una unidad o repartición como lo es la Sala Armas de la Academia de Guerra de la Armada, por lo que la excesiva información personal, por una parte, e institucional, por la otra, se puede verificar, entre otros, en los siguientes antecedentes.

c) Hojas de vida del Sargento 2° Cristián Vega Cornejo, fojas 29 a 34: No sólo incluyen antecedentes personales como los de salud o todas aquellas cualidades personales del citado Sargento (vida familiar, compromisos financieros, etc.) que se evalúan a fojas 34, sino que, además, mantienen información relativa a su formación, lo que se considera información reservada en la medida que da cuenta de los cursos y preparación militar que tiene el personal del mismo grado y escalafón, incluyendo información de cuántos sargentos realizan ciertos y determinados cursos estratégicos, lo que naturalmente se condice con información estratégica de defensa.

d) Protocolo y fotografías de autopsia, fojas 63 a 67. Tiene la misma calidad de una "Ficha Clínica", pues se trata de las condiciones de su último momento de vida y muerte, considerándose antecedentes que son de la esfera de la vida privada.

e) Informe científico técnico del sitio del suceso, fojas 111 a 122: Existen fotografías del fallecido en que se encuentra totalmente desnudo considerándose antecedentes de la esfera de la vida privada.

f) Hojas de libro bitácora control de armamento, fojas 48 a 50. Al respecto cabe observar que dichas fojas mantienen información reservada considerando de que se trata de la cantidad de armas que tiene una repartición o unidad de la Armada de Chile, a efectos de resguardar la seguridad de la misma.

g) Informe Policial, fojas 107 a 110: Contiene fotos de la sala de armas, un recinto al interior de una unidad o repartición de la Institución.

h) Orden Permanente Interna de guardia de la Academia de Guerra Naval Fojas 148 a 163, contiene antecedentes secretos o reservados toda vez que mantiene información relativa a la seguridad de la unidad o repartición respectiva.

i) Dictamen Fiscal a fojas 180 vta., numeral 4 letra d) y Testimonio del Cabo 1° Carlos Leiva Espinoza, Dice relación con cantidad y ubicación de armamento dispuestos para la seguridad de la unidad o repartición.

j) Dictamen Fiscal a fojas 233 y ss., numeral 2 letra d) y Testimonio del Cabo López, a fojas 221 y 221: Cantidad y ubicación de llaves de acceso y munición, dispuestos para la seguridad de la unidad o repartición.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INVOLUCRADO: En conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó conferir traslado del amparo deducido a doña Ingrid Manquemilla Araya, mediante Oficio N° 4.946, de fecha 3 de septiembre de 2014, en su calidad de tercero a quien se refiere la información solicitada, la que presentó sus descargos y observaciones mediante escrito ingresado el 16 de septiembre de 2014, señalando, en síntesis, que se opone a la entrega del expediente solicitado, fundado en lo siguiente:

a) La muerte no fue producto de un acto de servicio y, por tanto responde exclusiva y completamente al ámbito privado, más aún si fue comprobado en sede judicial, que no hubo participación de terceros.

b) Con la lectura del dictamen fiscal, se puede hacer un fácil seguimiento del sumario, para acceder a una serie de antecedentes de la vida estrictamente personal y familiar y que no tienen nada que ver con la vida laboral del fallecido. La aplicación del principio de divisibilidad haría inoficiosa la entrega de información al reclamante, pues el núcleo de la investigación y resultados, dicen relación con el ámbito personal.

c) Consta en el expediente, la existencia de una serie de antecedentes personales y familiares contenidos en la Hoja de Vida del sargento Cristián Vega Cornejo que dicen relación a su nacimiento y calidad legal del mismo, su estado civil, fecha de matrimonio individualización de los hijos, residencia, grupo sanguíneo, vacunas, la totalidad de sus características y rasgos físicos detallados, dentadura, etc., (además de los militares y profesionales.)

d) También constan en el expediente las calificaciones o evaluaciones personales, relativas a su carácter, conducta, cortesía, moralidad, sociabilidad, vida familiar, compromisos financieros, cultura e inteligencia.

e) Del mismo modo, existe en el expediente el protocolo de autopsia, el examen médico legal, historial médico y otros antecedentes médicos y de medicina preventiva, que deben ser reservados.

f) El expediente contiene una serie de certificaciones y declaraciones del entorno más cercano y de la vida privada de su cónyuge, habiendo menciones a los proyectos familiares sobre el futuro laboral así como otras circunstancias de su vida privada. Agrega que existen declaraciones suyas relativas a planes y expectativas acerca de su vida familiar.

g) Por otra parte, existen una serie de antecedentes fotográficos del cuerpo del fallecido, cuya divulgación sin duda afecta la vida familiar.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se encuentra circunscrito a la información solicitada en el literal c) de la solicitud de acceso relativo a "copia de la investigación sumaria administrativa instruida a raíz del fallecimiento del sargento Cristian Vega Cornejo, en marzo de 2011." El mencionado procedimiento disciplinario, ordenado instruir por la Armada de Chile mediante resolución N° 1.585/01/156 de 24 de marzo de 2011, se encuentra regulado en el Reglamento de Investigaciones Sumarias Administrativas de las Fuerzas Armadas aprobado mediante decreto supremo N° 277 de 1974 del Ministerio de Defensa Nacional. Dicho procedimiento, no obstante su denominación --investigación sumaria administrativa--, por su naturaleza, se asimila al sumario administrativo regulado en los artículos 128 a 145 Estatuto Administrativo. En efecto, la aludida investigación sumaria administrativa, al igual que el sumario administrativo, se encuentra a cargo de un fiscal instructor, y constituye un procedimiento de lato conocimiento, sujeto al plazo de 20 días, prorrogable excepcionalmente hasta 60 días, conforme establece el artículo 12, del citado D.S. N° 277.

2) Que, en el anotado contexto, cabe tener presente el criterio desarrollado por esta Corporación en relación al secreto de los sumarios administrativos consagrado en el artículo 137 del Estatuto Administrativo, a partir de la decisión rol A47-09, en orden a que el carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado, el cual anticipadamente se levanta sólo respecto de ciertas personas, como el inculpado y su abogado. En efecto, teniendo el secreto sumarial por objeto asegurar el éxito de la investigación, una vez terminada ésta, la justificación de su secreto también finaliza. A mayor abundamiento, en el mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, al aclarar que la reserva que establece el artículo 137, inciso 2°, del Estatuto Administrativo, es temporal y cesa una vez afinado el sumario administrativo, instante en que pasa a estar"...sometido sin limitaciones al principio de publicidad, que constituye la regla general respecto de todos los actos de la Administración del Estado..." (Dictamen N° 11.341/2010, entre otros).

3) Que, de este modo, el expediente de la investigación sumaria , en aplicación de lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, tiene, en principio, el carácter de información pública, salvo la concurrencia de alguna causal legal de reserva.

4) Que, con ocasión de sus descargos y observaciones evacuados en esta sede tanto el órgano reclamado como el tercero involucrado han individualizado los antecedentes que se contienen en el expediente solicitado cuya divulgación afectaría sus derechos, procediendo, por tanto, realizar un análisis del contenido de las mencionadas fojas a fin de determinar si procede su entrega.

5) Que tanto la Armada de Chile como el tercero involucrado se opusieron a la entrega del protocolo y fotografías de autopsia (fojas 63 a 67), así como el Informe científico técnico del sitio del suceso, fojas 111 a 122 -que contiene fotografías del fallecido-, por tratarse de antecedentes relativos a la vida privada del aludido ex funcionario.

6) Que, respecto de la mencionada información conviene tener presente lo razonado por este Consejo en las decisiones Roles C704-14 y C740-14, precisamente, respecto de informes de autopsia contenidos en expedientes de sumarios administrativos en orden a que "(...) el informe de autopsia en comento además de consignar la causa de muerte del ex funcionario que se menciona en la resolución que afinó el sumario administrativo -acto administrativo al que el solicitante tuvo acceso-, contiene una serie de datos pormenorizados relativos al estado en que se encuentra el cadáver del fallecido. En relación con la materia, resulta útil tener presente lo razonado por este Consejo en la decisión Rol C1335-13 -que en votación mayoritaria dispuso la reserva de la identidad de personas fallecidas por meningitis -, en la que señaló que sin perjuicio de que fallecida una persona deja de ser titular de datos personales -no resultando aplicable a su respecto la Ley N°19.628-, ello no implica desconocer en nuestro ordenamiento jurídico cualquier otra forma de protección de los datos de los fallecidos, en especial la causa de su muerte. Lo anterior, pues tratándose de la honra del fallecido existen una serie de disposiciones en las que ésta se proyecta como un derecho propio de sus familiares, considerando que su memoria constituye una prolongación de dicha personalidad, protegida y asegurada como parte de la honra de la familia."

7) Que, en las anotadas decisiones se ponderó que "dadas las características de este tipo de autopsia, y considerando que se trata de información que se genera después de la muerte de una persona, vale decir, cuando sus derechos están extinguidos, salvo aquellos transmisibles, es más evidente la inaplicabilidad de la Ley N° 19.628, como también, la importancia de la información que pueda contener tal informe de autopsia para la familia del fallecido, por cuanto, permite saber la verdad de la causa de muerte de un ser querido, por lo que también ha de estimarse, que en el caso concreto, no existiría impedimento alguno para que sea entregado al hijo el informe de autopsia del que fue su padre".

8) Que, de acuerdo con lo razonado precedentemente, y no constando que el solicitante tenga la calidad de heredero del fallecido a que se refiere el informe de autopsia de que se trata -que lo habilitaría a acceder al mismo-, este Consejo, en ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 33, letra j) de la Ley de Transparencia, de velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a la ley tengan carácter secreto o reservado, naturaleza que de acuerdo a lo argumentado tiene la información consignada en los documentos en análisis, del que sólo puede disponer su familia, rechazará respecto de dicha parte, el presente amparo.

9) Que, por otra parte, la Armada de Chile ha estimado reservada la información contenida en las fojas 48 a 50 -Hojas de libro bitácora control de armamento- debido a que da cuenta de la cantidad de armas que tiene una repartición o unidad de la Armada de Chile; fojas 107 a 110 -Informe Policial- por cuanto contiene fotos de la sala de armas, fojas 148 a 163 -Orden Permanente Interna de guardia de la Academia de Guerra Naval- al revelar información relativa a la seguridad de la unidad o repartición respectiva; foja 180 vuelta numeral 4 letra d) que recoge el testimonio del Cabo 1° Carlos Leiva Espinoza, en lo que dice relación con cantidad y ubicación de armamento dispuestos para la seguridad de la unidad o repartición; Dictamen Fiscal a fojas 233 y ss., numeral 2 letra d) y Testimonio del Cabo López, a fojas 221 y 221 v en lo que dice relación con cantidad y ubicación de llaves de acceso y munición, dispuestos para la seguridad de la unidad o repartición. Al efecto, la reclamada funda la denegación de tales antecedentes en lo dispuesto en el artículo 21 N° 3 y 5 de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar.

10) Que el artículo 436 del Código de Justicia Militar dispone en sus números 1 y 2 que «Se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y entre otros: 1. Los relativos a las Plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y de su personal; 2.- Los atinentes a planos o instalaciones de recintos militares o policiales y los planes de operación o de servicio de dichas instituciones con sus respectivos antecedentes de cualquier naturaleza, relativos a esta materia. 3.- Los concernientes a armas de fuego, partes y piezas de las mismas, municiones, explosivos, sustancias químicas y demás efectos a que se refiere la ley N° 17.798 usados por las Fuerzas Armadas o Carabineros de Chile, y 4.- Los que se refieran a equipos y pertrechos militares o policiales."

11) Que en lo referido a la aplicación del artículo 436 del Código de Justicia Militar como causal de reserva en virtud de lo establecido en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, este Consejo ha establecido que la citada norma posee el carácter de ley de quórum calificado para efectos de establecer el secreto o reserva respecto de aquellos documentos que se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, algunos de los cuales menciona a título ejemplar. No obstante lo anterior, ha concluido que para encontrase frente a un acto o documento reservado en virtud de dicha norma, no resulta suficiente su sola invocación y la consiguiente reconducción formal, sino que debe también determinarse si la publicidad de la información de que se trata afecta o no algunos de los bienes jurídicos previstos en el artículo 8° de la Constitución Política de la República -debido cumplimiento de las funciones del organismo; derechos de las personas; seguridad de la Nación; o interés nacional-. Lo anterior, en atención a la claridad del vocablo «afectare» que ha sido utilizado en el inciso segundo del precepto constitucional, por cuanto la referida afectación implica necesariamente la existencia un perjuicio o daño al bien jurídico de que se trate, para el caso de divulgarse la información. En efecto, no basta sólo con que la información «se relacione» con el bien jurídico protegido o que le resulte «atingente» para los efectos de mantener tal información en secreto o reserva, sino que se precisa la afectación, resultando esta «... la forma, a juicio de este Consejo, en que la aludida disposición del Código de Justicia Militar debe ser interpretada para obtener un resultado que sea conforme con el texto vigente de la Constitución». (Criterio establecido a partir de la decisión recaída en el amparo Rol C45-09, y reiterado, entre otras, en las decisiones Roles C137-13 y C185-13).

12) Que de la revisión del conjunto de antecedentes contenidos en las fojas antes aludidas, se advierte que éstas revelan aspectos tales como el tipo y cantidad de armas utilizado por el personal de servicio vigilante de la Sala de Armas de la Academia de Guerra Naval, así como también los sistemas de vigilancia, rondas, número de personal destinado a tales labores como el tipo de función desempeñada por cada miembro del personal de guardias al interior de la aludida dependencia. A juicio de este Consejo, la divulgación de dicha información a terceros implican un serio riesgo a la seguridad de la mencionada unidad castrense como al personal que en dicho lugar se desempeña. En dicho contexto, este Consejo estima plausibles las alegaciones formuladas por la reclamada para reservar dichas piezas del procedimiento disciplinario en análisis, en aplicación de las hipótesis de reserva invocadas, por cuanto su divulgación necesariamente supone afectar el debido cumplimiento de la reclamada, razón por la cual se rechazará el amparo en esta parte.

13) Que, a su turno, doña Ingrid Manquemilla Araya en su calidad de tercero involucrado se opuso a la entrega de la hoja de vida y calificaciones del fallecido funcionario a que se refiere la investigación sumaria administrativa en comento, según indica, por contener aspectos de la vida personal de éste. Del mismo modo, el órgano reclamado señaló que la hoja de vida da cuenta de los cursos y preparación militar que tiene el personal del mismo grado y escalafón, incluyendo información de cuántos sargentos realizan ciertos y determinados cursos estratégicos.

14) Que, respecto de la mencionada información, cabe tener presente lo razonado por este Consejo respecto de la entrega de instrumentos de medición de desempeño tales como la hoja de vida, calificaciones y registros de asistencia, teniendo presente para ello que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política de la Republica y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser funcionarios públicos al servicio de la misma.

15) Que la referida hoja de vida funcionaria ha sido elaborada con presupuesto público, ha debido servir de fundamento y complemento de resoluciones dictadas por la Armada de Chile en los respectivos procesos calificatorios del señalado funcionario, y, además, obra en poder de un órgano de la Administración del Estado, por lo que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5°, 10 y 11, letra c), de la Ley de Transparencia, constituye información que, en principio, posee el carácter de información pública, salvo que concurra a su respecto alguna causal legal de secreto o reserva.

16) Que, de la revisión de la hoja de vida del funcionario -fojas 29 a 34- no se advierte que la información que allí se contiene tenga el grado de especificidad en que la Armada funda la reserva de la misma. En efecto, los mencionados documentos sólo dan cuenta de modo general de ciertas actividades en las que participó el referido funcionario así como la evaluación del mismo , no advirtiéndose que el contenido de tales documentos permita inferir ni el tipo de formación ni aspectos particulares de los cursos en que éste intervino.

17) Que, en consecuencia, se acogerá el presente amparo en esta parte, y se requerirá a la reclamada que haga entrega de los mencionados documentos, no obstante lo cual en aplicación del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, deberán tarjarse, al momento de efectuar la entrega de la información, todos aquellos datos personales del ex funcionario a que se refiere la información, y que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública que le toca ejercer, tales como el domicilio, estado civil, enfermedades, estado de salud, entre otros, información que deberá mantenerse en reserva por tratarse de datos personales, respecto de los cuales no existe autorización para su entrega.

18) Que, por otra parte, doña Ingrid Manquemilla Araya se ha opuesto a la entrega de sus de declaraciones, y, asimismo, de las declaraciones efectuadas por funcionarios de la Armada de Chile durante el procedimiento investigativo así como también ciertas declaraciones juradas prestadas por terceros, por estimar que contiene información relativa a la vida privada del funcionario fallecido.

19) Que analizadas las declaraciones prestadas durante la investigación sumaria administrativa por los funcionarios de la Armada que ahí se indican se advierte que ésta se limitan a describir circunstancias fácticas en que habría ocurrido el deceso del funcionario de que se trata, tales como el modo en que tomaron conocimiento del suceso y la hora en que ello habría ocurrido, no constatándose la existencia apreciaciones subjetivas relativas al fallecido que pueda afectar su honra. En consecuencia, y no vislumbrando este Consejo la afectación alegada se acogerá respecto de dicha información el presente amparo.

20) Que, por el contario, tratándose de las declaraciones efectuadas por doña Ingrid Manquemilla Araya, en su calidad de cónyuge sobreviviente del fallecido funcionario, se advierte que contienen apreciaciones efectuadas por ésta relativas a su vida familiar así como también proyectos personales que el precitado funcionario habría tenido. A juicio de este Consejo, la divulgación de la información en análisis tiene potencial suficiente para configurar la afectación alegada por el tercero involucrado, toda vez que, en definitiva, significaría dar a conocer asuntos concernientes a su esfera privada que no dicen relación directa con el objeto de la investigación sumaria administrativa requerida. En consecuencia, se rechazará el presente amparo respecto de las declaraciones vertidas por doña Ingrid Manquemilla Araya que obran en el expediente requerido. Del mismo, y atendidas las consideraciones efectuadas precedentemente, se deben igualmente reservar las declaraciones juradas prestadas de manera voluntaria por particulares -fojas 82 a 85- en tanto se refieren a juicios emitidos por terceros respecto de actividades y características personales del aludido ex servidor.

21) Que, con todo, en el evento de que en el expediente ya citado se encuentren ciertos datos personales de contexto relativos a personas naturales -domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfonos fijos o celulares, y correo electrónico particular, entre otros- en conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.628 y en aplicación del principio de divisibilidad en materia de acceso a la información pública, consagrado en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, éstos deben ser tachados al momento de proporcionar la información, por estimarse que su revelación afectaría los derechos de los titulares de los mismos. Lo anterior en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Matías Rojas Medina, en contra de la Armada de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Comandante en Jefe de la Armada de Chile:

a) Hacer entrega al reclamante de la copia del expediente requerido, siguiendo los criterios expuestos en la presente decisión reservando la información señalada en los considerandos 5°, 9°, y 20 del presente acuerdo. Del mismo modo, al momento de hacer entrega del expediente requerido deberá tarjar previamente los datos personales de contexto que en dicha documentación se contengan conforme con el considerando vigésimo primero de la presente decisión.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Matías Rojas Medina, al Sr. Comandante en Jefe de la Armada de Chile y a doña Ingrid Manquemilla Araya, esta última en su calidad de tercera interesada.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. La Presidenta del Consejo Directivo doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don Rubén Burgos Acuña.