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Marcelo Vargas Troncoso con MINISTERIO DE EDUCACION Rol: C2796-14

Consejo para la Transparencia, 03/03/2015

Se dedujo amparo en contra del Ministerio de Educación, fundado en que la información entregada era incompleta referente a la base de datos del "catastro infraestructura escolar nacional de todos los años disponibles". El Consejo rechaza el amparo, toda vez que la divulgación de la información en la cual permita identificar a cada uno de los establecimientos educacionales y a sus sostenedores, evidenciando deficiencias y carencias estructurales que dichos centros educacionales poseen, necesariamente inhibirá a los respectivos sostenedores a colaborar con la reclamada en el desarrollo de proceso de toma de muestras a nivel nacional. Por tanto, afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 


Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Disidente)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2796-14

Entidad pública: Ministerio de Educación

Requirente: Marcelo Vargas Troncoso

Ingreso Consejo: 29.12.2014

En sesión ordinaria N° 598 del Consejo Directivo, celebrada el 3 marzo de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2796-14.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Marcelo Vargas Troncoso, mediante presentación de 27 de noviembre de 2014, solicitó al Ministerio de Educación -en adelante e indistintamente MINEDUC o Ministerio-, la base de datos del "catastro infraestructura escolar nacional de todos los años disponibles".

2) RESPUESTA: El Ministerio, mediante comunicación electrónica de 29 de diciembre de 2014, remitió al reclamante un archivo con la información que obra en su poder sobre lo consultado. Asimismo, precisó que sólo es posible entregar datos públicos agregados a nivel regional. Lo anterior, por cuanto al existir comunas en donde existe un único establecimiento educacional permitiría identificar al establecimiento educacional respectivo.

3) AMPARO: El 29 de diciembre de 2014, don Marcelo Vargas Troncoso, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del MINEDUC, fundado en que la información entregada era incompleta. Lo anterior, por cuanto se habría entregado sólo un resumen por región.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación el referido amparo y, mediante Oficio N° 293, de 14 de enero de 2015, confirió traslado a la Sra. Subsecretaria de Educación, solicitándole que al formular sus descargos: (1°) indicara si, a su juicio, la información proporcionada al recurrente satisface su solicitud; y, (2°), especificara que elementos contiene la base de datos, aclarando cuales no podrían proporcionarse porque no tendrían el carácter de públicos.

La Subsecretaria de Educación, mediante presentación de 29 de enero de 2015, evacuó sus descargos y observaciones, señalando en síntesis lo siguiente:

a) A la fecha sólo se ha efectuado un censo de infraestructura escolar, correspondiente al período comprendido entre los años 2012 y 2013.

b) La Base de Datos precisa el estado de servicios básicos, riesgo y seguridad, diagnóstico por pabellón (materialidad, deterioro, entre otros), planta física de los recintos y diagnóstico de áreas exteriores. Los referidos datos fueron entregados al reclamante de forma agregada.

c) No corresponde a información pública « los datos específicos de identificación de los establecimientos, tales como nombre, RBD, dirección, entre otros, considerando que al solicitar el apoyo de los respectivos sostenedores municipales, para la ejecución de esta iniciativa, se les indico que la información seria manejada en forma estrictamente anónima y confidencial, de manera que bajo ningún punto de vista esta fuera utilizada para premiar, sancionar ni estigmatizar a ningún establecimiento por el estado de su infraestructura. Esta Secretaria de Estado, ha dado cabal cumplimiento a este compromiso, y ha tratado los datos de manera codificada, de manera tal que no se puedan identificar los establecimientos censados. Lo señalado precedentemente, consta en el Manual del Encuestador, de febrero de 2013, (página N° 6), documento que se adjunta en este acto".

d) El referido compromiso de confidencialidad con los sostenedores "explica las razones del porque la información solo puede ser entregada en forma agregada. Lo anterior, fue expuesto al solicitante, señalando que el nivel mínimo de agregación, es la región, considerando que existen comunas que poseen escasos establecimientos educacionales, evitando de esta manera su identificación".

e) Tratar los antecedentes de una forma distinta "y en los hechos, acceder a la información requerida en los términos solicitados, implicaría entre otros aspectos, perder la confianza de los sostenedores Municipales dificultando la gestión de este Ministerio para el cumplimiento de sus fines".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en que la reclamada habría hecho entrega de la información solicitada en forma incompleta. Lo anterior, por cuanto sólo remitió los datos sobre la infraestructura escolar agregados por región y no con un nivel de detalle que precisara los establecimientos educacionales respectivos a los que alude el catastro remitido al reclamante.

2) Que al efecto, el Ministerio de Educación señaló que en cumplimiento de la cláusula de confidencialidad dispuesta en el manual del encuestador -cuyo objeto fue garantizar a los sostenedores la reserva de los datos entregados- se encuentra impedida de acceder a la comunicación de la información requerida con un nivel de detalle distinto al informado a don Marcelo Vargas Troncoso. En tal sentido agregó, que la divulgación de la información en los términos solicitados implicaría que los sostenedores ante iniciativas similares se inhiban de colaborar con dicho órgano, circunstancia que afectaría el debido cumplimiento de sus funciones.

3) Que la cláusula ante mencionada dispone que «toda la información que sea recogida en este estudio será tratada confidencialmente. En ningún momento será identificado el nombre de un establecimiento o individuo. Los resultados serán entregados por región y por tipo de establecimiento al interior de cada región, por lo que le garantizamos que ni su establecimiento ni su persona serán identificados en ningún informe de resultados del estudio».

4) Que de lo antes expuesto, se colige que la alegación de la reclamada debe reconducirse a la hipótesis de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. En virtud de la referida disposición, podrá reservarse aquella información cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido.

5) Que en concordancia con lo anterior y de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva.

6) Que a juicio de este Consejo, la divulgación de la información con un nivel de detalle diverso al entregado al reclamante, en la cual se permita identificar a cada uno de los establecimientos educacionales y a sus sostenedores, evidenciando las deficiencias y carencias estructurales que dichos centros educacionales poseen, necesariamente inhibirá a los respectivos sostenedores a colaborar con la reclamada en el desarrollo de procesos de toma de muestras a nivel nacional acerca de aspectos esenciales como el consultado. Lo anterior, en perjuicio del desarrollo y efectividad de los procesos de consulta como también en la adopción de decisiones que el propio Ministerio de Educación pretenda adoptar acerca de la asignación de recursos en materias esenciales del desarrollo educativo. En efecto, la adopción de políticas en el ámbito educacional supone como condición contar con información detallada y precisa de los aspectos que el referido organismo pretende mejorar, resultando entonces trascendental proteger y cautelar procesos de consulta como el referido precedentemente. Luego, resulta razonable que el Ministerio haya incorporado una cláusula de confidencialidad como la antes expuesta para cautelar el resultado del censo nacional de infraestructura desarrollado en el período comprendido entre el 2012 y 2013.

7) Que en virtud de lo señalado precedentemente, y habiéndose acreditado una expectativa razonable de daño o afectación a las funciones de la requerida en el evento de divulgarse la información solicitada de un modo diverso al ya remitido a don Marcelo Vargas Troncoso, se rechazará el presente amparo por resultar aplicable la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo interpuesto por don Marcelo Vargas Troncoso, en contra del Ministerio de Educación, por las razones precedentemente expuestas.

II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Marcelo Vargas Troncoso y a la Sra. Subsecretaria de Educación.

VOTO DISIDENTE: La presente decisión es acordada con el voto disidente del Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero, quien no comparte lo resuelto y, por el contrario, estima que este amparo debe acogerse por las siguientes razones:

a) El Estado de Chile de conformidad a lo dispuesto en el artículo 6° del DFL N° 2, que fijó el texto refundido de la Ley General de Educación, debe «propender a asegurar una educación de calidad y procurar que ésta sea impartida a todos, tanto en el ámbito público como en el privado». Para lo anterior, el Ministerio de Educación junto a otros organismos, debe velar por la evaluación continua y periódica del sistema educativo, a fin de contribuir a mejorar la calidad de la educación (artículo 7° del citado decreto).

b) La información solicitada, atendida su naturaleza, refleja las condiciones materiales en que se desarrolla el proceso educativo al interior de cada establecimiento educacional. Por ende, conjuntamente con otros factores, tales como la calidad del personal docente, el rendimiento en las pruebas de medición, etc., es esencial para determinar la calidad y las condiciones en que la educación se imparte en cada uno de los colegios y liceos del país. Por tal razón, debiera encontrarse a disposición para ser consultada por todos quienes deseen considerarla al momento de adoptar una decisión -lo más informada posible- sobre cuál es el colegio más adecuado para la educación de los menores a su cuidado. En efecto, el ejercicio de la garantía constitucional dispuesta en el artículo 19 N°11 inciso cuarto de la Constitución Política de la República, el cual dispone que «Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos», supone como condición previa que tanto los progenitores como aquellos que desempeñan labores de cuidado de menores, posean información como la requerida, la que les permitirá evaluar si el establecimiento educacional respectivo posee las condiciones mínimas para poder albergar y garantizar que el proceso educativo se desarrolle con total resguardo de la seguridad e integridad física de los niños.

c) Que, finalmente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3° literal f), del DFL N°2 ya citado, que tiene como principio inspirador del proceso educativo el de responsabilidad, «todos los actores del proceso educativo deben cumplir sus deberes y rendir cuenta pública cuando corresponda», de modo que la divulgación de la información requerida permitiría el ejercicio de un control social sobre el modo en que los organismos fiscalizadores han cumplido sus funciones que, para este caso, implica velar por el buen estado de las instalaciones de los establecimientos educacionales que hoy desarrollan procesos educativos.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. La Presidenta del Consejo Directivo doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don Rubén Burgos Acuña.