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María Victoria Galleguillos Alvear con SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE Rol: C2436-14

Consejo para la Transparencia, 06/03/2015

Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente, fundado en la denegación de la información requerida referente a los informes recibidos por el Servicio Agrícola y Ganadero y por la Comisión Regional Medio Ambiente Bío Bío -en adelante COREMA del Bío Bío-, enviados por Celco Nueva Aldea, a partir del 13 de noviembre de 2013 hasta la fecha del requerimiento. El Consejo acoge el amparo, toda vez que la información requerida es información que antecede a los pronunciamientos de la SMA, por lo que este Consejo estima que es imposible que la información proporcionada por la entidad fiscalizada devele la estrategia del caso y aporte antecedentes desconocidos para la misma.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Medio Ambiente
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 



Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2436-14

Entidad pública: Superintendencia del Medio Ambiente

Requirente: María Victoria Galleguillos Alvear

Ingreso Consejo: 14.11.2014

En sesión ordinaria N° 599 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de marzo de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2436-14.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 30 de septiembre de 2014, doña María Victoria Galleguillos Alvear, solicitó a la Superintendencia del Medio Ambiente -en adelante e indistintamente SMA-, los informes recibidos por el Servicio Agrícola y Ganadero y por la Comisión Regional Medio Ambiente Bío Bío -en adelante COREMA del Bío Bío-, enviados por Celco Nueva Aldea, a partir del 13 de noviembre de 2013 hasta la fecha del requerimiento. Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto por la resolución exenta N° 76/2005, que califica ambientalmente el proyecto contenido en el estudio de impacto ambiental denominado "Obras Nuevas y Actualizaciones del Complejo Forestal Itata" y la resolución exenta N° 51/2006 que califica ambientalmente el proyecto contenido en el estudio de impacto ambiental que se refiere al "Sistema de Conducción y Descarga Mar de los Efluentes del CFI Nueva Aldea", ambas resoluciones de calificación dictadas por la COREMA del Bío Bío.

La reclamante especifica que la RCA N° 51/2006 en el punto 3.1.3.2.2.C.3 señala que "Durante la descarga temporal de los efluentes terciarios el Sistema General de Tratamiento de Efluentes del Complejo (SGTC) al río Itata, se activará un Plan de Monitoreo Ambiental, según lo dispuesto en la RCA 76/2005, que establece los parámetros, puntos de muestreo, la duración, frecuencia y análisis de las muestras. Los informes de monitoreo serán entregados a la COREMA Región del Bío Bío, SERNAPESCA y Servicio Agrícola y Ganadero."

2) RESPUESTA: La SMA, mediante resolución exenta N° 629, de 24 de octubre de 2014, notificada vía correo electrónico el 27 de octubre del mismo año, deniega la solicitud de acceso en virtud de los siguientes fundamentos:

a) La información solicitada forma parte de un expediente de investigación, que actualmente tramita la División de Sanción y Cumplimiento de la SMA. Los antecedentes, sobre los que recae la solicitud, servirán de base para que el Fiscal Instructor del procedimiento sancionatorio evalúe, para emitir el dictamen correspondiente, la procedencia de proponer al Superintendente, la aplicación de una sanción específica o la absolución del caso en concreto;

b) En razón de lo antes expuesto se configura la causal del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia y en consecuencia procede a denegar la solicitud de información;

c) Invoca decisión del Consejo en amparo rol C273-13, que rechazó el requerimiento, denegando la entrega de denuncias respecto de las cuales no se ha adoptado la decisión de iniciar o no un proceso sancionatorio, al concurrir los requisitos para que se configure la causal de reserva. (Considerandos 5 y 6 de la decisión);

d) Sin perjuicio de lo anterior, indica que la ley ha establecido para la SMA un estándar de transparencia activa mucho más alto que el establecido en la Ley de Transparencia. En efecto en los artículos 26 y 31, letra c), de la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente - en adelante e indistintamente LOSMA- establecen la obligación de remitir cierta información al Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental - en adelante e indistintamente SNIFA-. El artículo 26 de la LOSMA indica que "Los resultados de las inspecciones, mediciones y análisis realizados por la Superintendencia, por entidades técnicas acreditadas y por organismos sectoriales, junto con un informe técnico fundado y sus conclusiones, deberán remitirse, una vez finalizados, al Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental al cual se refiere el artículo 31." y el artículo 31 letra c) señala información que deberá publicarse en el SNIFA, que contempla: "Los procesos sancionatorios incoados respecto de cada actividad, proyecto y sujeto fiscalizado y sus resultados"

e) En todos aquellos casos en que las fiscalizaciones de las normas de emisión, de calidad ambiental y demás normas ambientales sobre las cuales la SMA tenga competencia y que sean susceptibles de ser conocidas, estarán publicadas en el SNIFA, sea que haya dado lugar a un procedimiento de fiscalización ambiental en el cual no se constaten no conformidades, sea que haya dado lugar a un procedimiento de fiscalización que por constatar no conformidades ha derivado en un procedimiento sancionatorio.

3) AMPARO: El 14 de noviembre de 2014 doña María Victoria Galleguillos Alvear, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la SMA, fundado en la denegación de la información requerida. Señala, en síntesis, que:

a) La denegación de la SMA transgrede el derecho de acceso a la información, particularmente, a la información ambiental, de forma especial en los artículos 4 y 31 bis de la ley N° 19.300 y lo dispuesto en la Ley de Transparencia, debido a que, a su juicio, la causal de reserva invocada no procede en su caso, no habiéndose fundamentado debidamente su aplicación por parte de la Institución reclamada. Luego, efectúa un análisis de la normativa que habilita para presentar un amparo a su derecho de acceso a la información;

b) La información solicitada no se ha generado a propósito de un procedimiento sancionatorio sino que corresponde a información que la SMA debiera tener en su poder, con independencia de éste. Las resoluciones de calificación ambiental - ambiental- en adelante e indistintamente RCA- N° 51/2006 y N° 76/2005 imponen la obligación al titular del proyecto de generar determinada información que deberá remitir en forma de informes de monitoreo a la COREMA de la Región del Bío Bío, al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y el Servicio Agrícola y Ganadero. Por ende, la información solicitada habría adquirido el carácter de información pública antes de ser parte de una investigación. No corresponde a información nueva generada por el órgano a propósito de un procedimiento sancionatorio;

c) Finalmente, respecto de la decisión C273-13, que fue citada por el órgano al denegar, es claro que ninguno de los objetivos del secreto de la información solicitada concurren en este caso, ya que se trata de información conocida y proporcionada por el titular, por lo que no se estaría alertando al infractor. Para quien es potencialmente sancionado la información no es reservada, porque es él quien la produjo y la puso en conocimiento del organismo público, de tal manera que no es acertada la pretensión de que entregar dicha información pudiera generar algún perjuicio a la investigación, por el contrario, podría generar beneficios pues poner en conocimiento del público esa información puede generar nuevos y mejores antecedentes para el organismo.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación este amparo y, mediante el Oficio N° 6.617, de 19 de noviembre de 2014, confirió traslado al Sr. Superintendente del Medio Ambiente, solicitándole que al formular sus descargos: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que a su juicio harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) informe en qué medida la documentación requerida serviría de antecedente o deliberación previa a la adopción de una medida o política futura, explicando las implicancias de dicha medida o política, y explicitando las características particulares de la documentación solicitada que, a juicio del órgano que Ud. representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; y, (3°) señale el estado procesal en que se encuentra la investigación a que se alude en la respuesta otorgada a la solicitud de información, que motiva el presente amparo.

El Sr. Superintendente del Medio Ambiente, presentó sus descargos mediante ordinario N° 2.036, de 2 de diciembre de 2014, ingresado a este Consejo el 3 de diciembre del mismo año. En resumen indicó que:

a) En relación a lo solicitado en el numeral (1°) reiteró lo ya expuesto en su respuesta al reclamante, además, indicó que tal como lo ha señalado éste Consejo se cumple con las exigencias para configurar la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra b);

b) En relación al punto (2°) de lo requerido por este Consejo señala que los datos solicitados actualmente están siendo analizados y auditados tanto legal como técnicamente por funcionarios de la División de Sanción y Cumplimiento de la SMA. Efectúa una explicación de la potestad fiscalizadora de la institución e indica que, la información solicitada por la recurrente constituye la base sobre la que se fundamentará la decisión que debe tomar esta Superintendencia, respecto a iniciar o no un procedimiento sancionatorio. En cuanto al procedimiento que se lleva a cabo una vez recibidos los informes, la SMA indicó que éstos son analizados por la División de Fiscalización, quien elabora un informe de fiscalización. Si dicho informe no arroja no conformidades, será publicado en el SNIFA. Por el contrario, si hecho el análisis, esa División entiende que existen no conformidades, los antecedentes son remitidos a la División de Sanción y Cumplimiento para que dicha unidad, con los resultados de la fiscalización decida si es o no posible formular cargos al titular, momento en el cual se inicia el procedimiento sancionatorio y la información pasa a ser pública y forma parte del expediente sancionatorio respectivo. Por el contrario, si la División de Sanción y Cumplimiento, a través del Fiscal Instructor, adquiere la convicción de que no existen fundamentos para formular cargos, devolverá los antecedentes a la División de Fiscalización quien procederá a hacerlos públicos, dándolos a conocer a través del SNIFA;

c) La publicidad de los antecedentes requeridos por la Sra. Galleguillos Alvear afectan la eficacia del ejercicio de las atribuciones legales del organismo, toda vez que existe un vínculo preciso de causalidad entre los antecedentes pedidos por la reclamante y la decisión que la SMA debe tomar, en orden a iniciar o no un procedimiento sancionatorio.

d) Cita la decisión del amparo Rol C273-13, en cuanto mientras no se haya adoptado la decisión, la divulgación de la información que está siendo analizada por la SMA, podría impedir que el órgano acceda a todos los antecedentes necesarios para la toma de la decisión, por cuanto al hacer públicos los antecedentes fundantes del caso se hace pública también la estrategia del caso, poniendo en conocimiento de los sujetos fiscalizados las líneas centrales de la investigación, lo que puede dar lugar a un entorpecimiento en la obtención de información. Lo que a su vez, haría ineficaz el cumplimiento de las funciones que la ley ha encomendado a la SMA, toda vez que al alertar a los posibles infractores de la estrategia que lleva adelante este Servicio, hace, derechamente ilusorio el ejercicio de las potestades fiscalizadoras y sancionatorias de este organismo, pudiendo incluso el regulado, llegar a crear un escenario aparente de cumplimiento, incentivando asimismo una práctica oportunista de posibles fiscalizados de solicitar información vía transparencia, a fin de entorpecer futuras actividades de fiscalización. Agrega que la aplicación de causal de reserva es temporal y una vez finalizado el procedimiento la información será pública.

e) En cumplimiento de lo requerido en el numeral (3°) del traslado indica que el estado del procedimiento es: etapa procesal administrativa de análisis estudio y diagnóstico por parte de la División de Sanción y Cumplimiento.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo tiene por objeto, la entrega por parte de la SMA de los informes de monitoreo que Celulosa Arauco y Constitución S.A. habría entregado a la COREMA de la Región del Bío Bío y al Servicio Agrícola y Ganadero, en virtud de la obligación que contiene la RCA N° 51/2005 que aprueba el proyecto "Sistema de Conducción y Descarga Mar de los Efluentes del CFI Nueva Aldea".

2) Que, a modo de contexto, es menester destacar el marco normativo aplicable a la solicitud de información objeto del presente amparo:

a) Que, de conformidad a lo establecido en el art. 2 inciso 1 de la LOSMA "La Superintendencia del Medio Ambiente tendrá por objeto ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de las Resoluciones de Calificación (...)".

b) Que, en virtud de los establecido en el artículo 3 de la misma ley la Superintendencia del Medio Ambiente tiene como función y atribución "d) Exigir, examinar y procesar los datos, muestreos, mediciones y análisis que los sujetos fiscalizados deban proporcionar de acuerdo a las normas, medidas y condiciones definidas en sus respectivas Resoluciones de Calificación Ambiental o en los Planes de Prevención y, o de Descontaminación que les sean aplicables."

c) Que, conforme lo señala el artículo 31 de la ley antes citada "La Superintendencia administrará un Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental, de acceso público, que se conformará con los siguientes antecedentes y datos:" en su letra a) indica "Las Resoluciones de Calificación Ambiental y la totalidad de sus antecedentes; los permisos ambientales sectoriales asociados a cada una de ellas; las acciones de fiscalización desarrolladas a su respecto y sus resultados, y las mediciones, análisis y demás datos que los titulares deban proporcionar de conformidad a las exigencias establecidas por dichas Resoluciones."

3) Que, la RCA N° 51/2006 en el punto 3.1.3.2.2 desarrolla la operación del proyecto en situaciones de emergencia, entre la secuencia de actividades para dicho evento, regula la descarga del residuo industrial líquido tratado en el río Itata e indica el monitoreo en situación de emergencia con descarga provisoria al mismo. Una breve descripción de dicho monitoreo se indica en el Capítulo 9 del Estudio de Impacto Ambiental y se resume en el considerando 5.2 de la RCA N° 51/2006.

4) Que, a su turno, el punto 9.3.2.2 del Estudio de Impacto Ambiental, señala que se verificará un programa de monitoreo en el Río Itata, el que se realizará conforme lo indicado en la tabla N° 6 (Efluente en fase 2 u cuerpo receptor), N° 7 (Calidad del Agua- Río Itata- Fase 2) y N° 8 (comunidades biológicas del río Itata) de la RCA N° 76/2005, con una frecuencia de muestreo cada 48 horas, hasta que el evento de emergencia haya sido controlado.

5) Que, en la RCA N° 76/2005 pueden apreciarse, entre otras, las siguientes tablas: Tabla 6 referida a la frecuencia de los informes, que serán trimestrales, durante 3 años, luego de lo cual estarán sujetos a revisión a la luz de los resultados obtenidos. Dichos informes deberán remitirse a la COREMA Región del Bío Bío, Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de la Región del Bío Bío; Subsecretaría de Pesca y al Servicio Agrícola y Ganadero Bulnes; Tabla 7, en fase 2, en virtud del cual se deberá realizar un informe por campaña y se remitirá a la COREMA Región del Bío Bío, SEREMI de Salud, Dirección General de Aguas y Superintendencia de Servicios Sanitarios; y Tabla 8, que indica la frecuencia de los informes, esto es, uno por campaña durante el período de operación de descargas de los efluentes en la fase 1 y 2, para esta última fase, al cabo de 3 años se hará una reevaluación a la luz de los resultados obtenidos en el Plan de Seguimiento, dichos informes deberán remitirse a la COREMA Región del Bío Bío, SERNAPESCA Región del Bío Bío, SUBPESCA.

6) Que, a la luz de lo indicado en los considerandos precedentes, podemos concluir que los informes que debe remitir el titular del proyecto o actividad a la COREMA de la Región del Bío Bío y el Servicio Agrícola y Ganadero en virtud de su RCA, son públicos, a menos que concurra una causal de reserva.

7) Que el órgano reclamado fundamenta la denegación a la entrega de la información requerida en la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, que permite denegar la entrega de la información cuando la publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido particularmente: tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicos una vez que sean adoptados.

8) Que, este Consejo en sus decisiones recaídas, entre otras, en los amparos roles C248-10 y C67-12-, ha establecido que para configurar la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, cuales son: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.

9) Que, en cuanto al primer requisito, debe existir un vínculo preciso de causalidad entre el antecedente o deliberación previa y la resolución, debiendo dicho vínculo ser claro y evidente. Luego, esto implica que exista certidumbre de la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial, incluso si la decisión consistiese, al final, en no hacer nada. No entenderlo así llevaría a que los fundamentos de la decisión fuesen indefinidamente reservados, lo que pugna con el sentido de la Ley de Transparencia y los principios de su artículo 11. En este caso, dicho requisito se ha verificado, dado que, conforme se señaló en el número 4 de lo expositivo, los informes presentados, luego de ser analizados por la División de Fiscalización, dieron lugar a no conformidades y actualmente están siendo analizados por parte de la División de Sanción y Cumplimiento de la SMA, para determinar si es o no necesario iniciar un procedimiento sancionatorio.

10) Que respecto del segundo requisito en comento -referido a la afectación concreta del debido cumplimiento de las funciones- la SMA ha señalado que el conocimiento de los antecedentes, previo a la adopción de una decisión, "afecta la eficacia del ejercicio de las atribuciones legales del organismo...". Agregó que, la divulgación de dicha información haría público "no sólo los antecedentes del caso sino que también la estrategia del mismo, poniendo en conocimiento de los sujetos fiscalizados las líneas centrales de investigación." En virtud de los antecedentes con los que cuenta este Consejo, es posible concluir que los informes de monitoreo, se efectúan en cumplimiento de la RCA por parte de la empresa y luego ésta misma es la que los remite a los órganos fiscalizadores. Como el mismo servicio indicó, los informes solicitados son analizados por la División de Fiscalización, la que emite, luego de revisar los antecedentes, un "Informe de Fiscalización".

11) Que, de acuerdo a lo anterior, lo requerido por la reclamante evidentemente es información que antecede a los pronunciamientos de la SMA, por lo que este Consejo estima que es imposible que información proporcionada por la entidad fiscalizada devele la estrategia del caso y aporte antecedentes desconocidos para la misma. Es Celco Nueva Aldea quién elaboró esa información luego que se activara el plan de monitoreo ambiental en situación de emergencia. En consecuencia, este Consejo considera que en este caso no se ha verificado el segundo requisito, no siendo plausible lo argumentado por la SMA, por lo que se acogerá el presente amparo y ordenará en lo resolutivo de la presente decisión, la entrega de la información solicitada.

12) Que, finalmente y respecto de la alegación de la SMA, en cuanto a la decisión del amparo rol C273-13, es necesario establecer la diferencia con el presente caso. En la decisión citada el reclamante requirió información sobre las denuncias recibidas por la SMA. El Consejo en esa oportunidad acogió el amparo concluyendo que se configuraban los requisitos antes indicados, en concreto señaló que mientras no se haya adoptado la decisión, la divulgación de los antecedentes denunciados y que estén siendo analizados por la SMA, podría impedir que el órgano acceda a todos los antecedentes necesarios para la toma de decisión. En este sentido es claro que la publicidad de dicha información antes que se tome la decisión de formular cargos puede afectar el procedimiento, ya que es información que hasta el momento era desconocida para el eventual sancionado. Ese supuesto no se da en el caso en análisis, ya que cómo se indico previamente la reclamante requiere información que Celulosa Arauco S.A. remitió a los órganos públicos, y por ende, ya conoce.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNAMINIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por doña María Victoria Galleguillos Alvear, en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente, por las razones precedentemente expuestas.

II. Requerir al Sr. Superintendente del Medio Ambiente que:

a) Entregue al reclamante la información solicitada en el N° 1 de lo expositivo, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de esta decisión.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Superintendente del Medio Ambiente y a doña María Victoria Galleguillos Alvear.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza, y por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don Rubén Burgos Acuña.