logo
 

Marcelo Vargas Troncoso con INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL (ISL) Rol: C256-15

Consejo para la Transparencia, 26/05/2015

Se dedujo amparo en contra del Instituto de Seguridad Laboral, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a la base de datos de los últimos 10 años de todos los accidentes escolares del país, en formato mdb o xls. El Consejo acoge el amparo, toda vez que la información solicitada debiese estar en manos del órgano reclamado, que si bien hoy en día no están vigentes, lo estuvieron en algún momento y por ende formaron parte de sus registros.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Trabajo
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C256-15

Entidad pública: Instituto de Seguridad Laboral

Requirente: Marcelo Vargas Troncoso

Ingreso Consejo: 02.02.15

En sesión ordinaria N° 620 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de mayo de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C256-15.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de enero de 2015 don Marcelo Vargas Troncoso, solicitó información al Instituto de Seguridad Laboral, en adelante e indistintamente ISL, requiriendo la base de datos de los últimos 10 años de todos los accidentes escolares del país, en formato mdb o xls.

2) RESPUESTA DEL ÓRGANO: El órgano, con fecha 28 de enero de 2015, remite correo electrónico al reclamante, en el que indica que:

a) El Instituto sólo maneja los datos de los accidentes escolares vigentes, es decir, que actualmente se están pagando con una incapacidad sobre el 15% y cuota mortuoria, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que exige la ley.

b) La administración del seguro escolar es de cargo de los servicios de salud, por lo tanto, la denuncia de los accidentes escolares se hace en los servicios de salud, quienes además entregan las prestaciones médicas (artículo 11 del decreto N° 313 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que incluye a los escolares en seguro de accidentes de acuerdo con la ley N ° 16.744).

c) Por tanto, entregada esta aclaración, indica si el reclamante desea desistir de su solicitud o si desea que se le remita la base que el Instituto maneja.

El reclamante remite, el mismo 28 de enero de 2015, correo electrónico indicando que solicita que se gestione según lo indicado en el artículo 13 de la Ley de Transparencia.

Con fecha 2 de febrero de 2015, el ISL, remite correo electrónico al reclamante, en el que se adjunta ordinario N° 290, de "2 de enero de 2015", informando que se ha recibido la solicitud de información, y que el requerimiento puede estar alojado en el Ministerio de Salud o en el Ministerio de Educación. Por lo que, se sugiere realizar la consulta a esos ministerios para saber la pertinencia de la información solicitada.

3) AMPARO: El 2 de febrero de 2015, don Marcelo Vargas Troncoso dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de Instituto de Seguridad Laboral, fundado que recibió respuesta negativa a su solicitud de información, agrega que, no se accedió a lo solicitado respecto de la gestión contemplada en el artículo 13 de la Ley de Transparencia.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo y confirió traslado al Sr. Director Nacional del Instituto de Seguridad Laboral mediante Oficio N° 1131 de 11 de febrero de 2015. Solicitándole que: (1°) aclare si remitió al reclamante la información que obra en poder del órgano que usted representa, de ser así, acompañe los antecedentes que lo acrediten; (2°) señale si dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, respecto de parte de la información solicitada; para el caso afirmativo, remita copia de los oficios de derivación de la solicitud, junto con sus respectivos comprobantes de despacho o ingreso ante los órganos que, a su juicio, serían competente para conocer de la misma, y de la comunicación correspondiente a la parte requirente; en caso negativo, indique los motivos por los cuales no procedió según lo establecido en dicho artículo.

Con fecha 26 de febrero de 2015, el Instituto de Seguridad Laboral presentó sus descargos u observaciones a través de ordinario N° 855, de misma fecha, señalando, en síntesis que:

a) Con fecha 28 de enero de 2015, se dio respuesta a la solicitud, vía correo electrónico, informando que el Instituto sólo maneja los datos de los accidentes escolares vigentes, (es decir accidentes escolares que actualmente se estén pagando con una incapacidad sobre el 15% y cuota mortuoria, y que además cumplen con los requisitos exigidos en la ley), la administración del seguro escolar está a cargo de los servicios de salud, y por consiguiente las denuncias de los accidentes se efectúan en dichos servicios. Por último, informa que el ISL puede remitir la base de datos sobre accidentes escolares que maneja (esto es, tan sólo los vigentes), si el solicitante así lo manifiesta a vuelta de correo.

b) El reclamante respondió que tan sólo deseaba que su solicitud fuese gestionada según lo indicado en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, (desechando por consiguiente el ofrecimiento de entrega de base de datos o información por parte del Instituto).

c) Con fecha 29 de enero de 2015, la Jefa del Departamento de Atención a Usuarios y Participación Ciudadana del ISL, remitió al correo electrónico del requirente ordinario N° 290 por el cual se comunicó que la información buscada o solicitada podía obtenerla en los Ministerios de Educación o Salud, ajustándose a lo prescrito en el artículo 13 de la Ley de Transparencia.

d) Por lo que, el ordinario antes citado, se ajusta a lo estipulado en la Ley de Transparencia, en el entendido que lo requerido pertenece a múltiples órganos del Estado, en particular alojada en los Servicios de Salud que son independientes del respectivo Ministerio.

5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: De conformidad con lo acordado en su sesión ordinaria N° 617 de 15 de mayo de 2015 y lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Transparencia, este Consejo confirió traslado al Sr. Director Nacional del Instituto de Seguridad Laboral, a fin de que se pronuncie respecto de los siguientes puntos, para una acertada resolución de la controversia planteada:

a) Su competencia para conocer del asunto, en concreto respecto de las atribuciones que establece la ley N° 20.255, en su artículo 63;

b) Se refiera a toda la información que obra en su poder sobre los accidentes escolares, teniendo especial consideración las competencias entregadas respecto de la aplicación de la ley N° 16.744 y su rol como administrador del seguro escolar y encargado de las prestaciones pecuniarias;

c) Formato en el que se encuentra la información requerida, a saber, archivos Excel, Word, y otro;

d) Refiérase a la posibilidad de anonimizar la base de datos con la que cuenta, en concreto si es posible remitirla en cumplimiento de lo establecido en la ley N° 19.628, sobre protección de datos personales.

6) RESPUESTA A LA MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Con fecha 22 de mayo de 2015, el Instituto de Seguridad Laboral, responde el requerimiento, señalando, en resumen, lo siguiente:

a) De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la ley N° 16.744, el Instituto de Seguridad Laboral es el sucesor y continuador legal del ex Instituto de Normalización, por lo que le corresponde en dicha calidad la administración del seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que tuvo el ex Instituto de Normalización Previsional, en cuanto sucesor y continuador legal de las ex Cajas de Previsión y del ex Servicio de Seguro Social.

Ahora bien, entre las personas protegidas por el seguro de la ley N° 16.744, se encuentran los estudiantes por los accidentes que sufran a causa o con ocasión de sus estudios o en la realización de su práctica profesional (artículo 3), materia que ha sido abordada íntegramente por el decreto supremo N° 313, de 1973, que entregó la administración del seguro respecto de ellos al ex Servicio de Seguro Social (actual ISL) y al Servicio Nacional de Salud (actuales Servicios de Salud y Secretarías Regionales Ministeriales de Salud), correspondiendo a los mencionados Servicios de Salud la entrega de las prestaciones médicas a que tienen derecho los estudiantes, en tanto que es este Instituto el llamado a entregarles las prestaciones económicas, cuando ello sea procedente (pensiones y cuota mortuoria)

Este escenario se traduce en que el Instituto solo cuenta con información de aquellos accidentes que, por el grado de incapacidad que ocasionan, dan derecho a pensiones, o bien cuando se produce el fallecimiento del estudiante y se hace cobro de la cuota mortuoria. En todos los otros supuestos, la denuncia del accidente y tomas las gestiones administrativas queda entregada a los Servicios de Salud.

b) Por lo anteriormente señalado, adjuntan en archivo excel, la nómina de pensiones escolares vigentes a mayo de 2015, se omitieron los antecedentes identificatorios del causante.

c) Acompaña un archivo Excel que indica "pensiones escolares a régimen a mayo". Dicho archivo Excel indica: sexo: 1, Fec. Nac. Cau.: 19950927; Fec. Inicio: 20050525; Nro Resol.: 143; Fec. Resol.: 20050719, Pensión: 32.331; Región: 8. Todo lo anterior respecto de 40 personas.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo es la base de datos de los últimos 10 años de todos los accidentes escolares del país. El órgano responde indicando que tiene parte de la información, y que la administración del seguro escolar es de cargo de los servicios de salud. Entregada esta aclaración le indica al reclamante si se desea desistir de su solicitud o si requiere que se le remita la base que el Instituto maneja. El reclamante remite correo electrónico indicando que desea que se tramite conforme lo establece el artículo 13 de la Ley de Transparencia, en virtud de ello, el órgano remite el ordinario N° 290, en el que comunica que la información buscada o solicitada podría obtenerla en los Ministerios de Educación o Salud.

2) Que, conforme lo establece el artículo 14 de la Ley de Transparencia la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de la misma. No obstante ello, en el presente caso el órgano al responder la solicitud, realiza una gestión adicional requiriéndole al reclamante que se pronuncie respecto si se desiste de la solicitud o si requiere que se le remitan los antecedentes con los que cuenta el ISL, esto, en virtud de que la mayor parte de la información obraría en poder de otros órganos. En este sentido, el órgano no remitió la información que obraba en su poder al momento de responder, lo que implica una vulneración de la normativa antes citada, por lo que, se le representará dicha situación en lo resolutivo de esta decisión.

3) Que, en cuanto a la aplicación del artículo 13 de la Ley de Transparencia, dicha norma indica que "En caso que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario". En consecuencia, el Instituto de Seguridad Laboral al estimar que no era competente para conocer de la totalidad del requerimiento, en aplicación de la norma legal citada, debería haber derivado al órgano competente para que se pronunciase al respecto. Gestión que no realizó, al entender que sólo con indicar a dos posibles órganos competentes, se cumplía con la obligación legal. En este sentido, se le representará dicha infracción a la normativa, en lo resolutivo de esta decisión.

4) Que, respecto del órgano competente para conocer la solicitud de información, es necesario indicar, que el artículo 4 del decreto N° 313, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que incluye a escolares en el seguro de accidentes de acuerdo a la ley N° 16.744, indica que "La administración de este seguro escolar estará a cargo del Servicio de Seguro Social y del Servicio Nacional de Salud, siendo de responsabilidad de éste el otorgamiento de las prestaciones médicas y de aquél el otorgamiento de las prestaciones pecuniarias, salvo lo dispuesto en el inciso final del artículo 1.°."

5) Que, el decreto ley N° 3.502, de 1980, del Ministerio del Trabajo creó el Instituto de Normalización Previsional, estableciendo como una de sus funciones la de administrar los regímenes de prestaciones que le estaban encomendadas a las Ex - Cajas de Previsión y el Servicio de Seguro Social. La ley N° 18.689 fusionó el Instituto de Normalización Previsional con las Ex - cajas de Previsión y el Servicio de Seguro Social, dándoles al Instituto la calidad de sucesor y continuador legal de las mencionadas instituciones previsionales.

6) Que, la ley N° 20.255, que establece la reforma previsional, creó el sistema de pensiones solidarias y reestructuró la institucionalidad pública en materia de previsión social. Creando así el Instituto de Previsión Social, traspasándole todas las funciones y atribuciones del Instituto de Normalización Previsional, con excepción de las referidas a la ley N° 16.744. Luego, de acuerdo a lo establecido en el artículo 63 de la ley N° 20.255, el Instituto de Normalización Previsional pasó a llamarse Instituto de Seguridad Laboral, teniendo como única función la de administrar el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales establecido en la ley N° 16.744.

7) Que, por su parte, el artículo 11 decreto N° 313, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social señala que "Todo accidente escolar deberá ser denunciado al Servicio Nacional de Salud, o al respectivo organismo administrador en el caso del inciso final del artículo 1, en un formulario aprobado por dicho servicio." Por su parte, el inciso final del artículo 1, indica que "los accidentes que sufran los estudiantes que tengan al mismo tiempo la calidad de trabajadores por cuenta ajena, se considerarán como accidentes del trabajo, siendo de cargo del organismo administrador al que se encuentre afiliado en esta última calidad las prestaciones que contempla la ley N° 16.744 (..)".

8) Que, conforme lo establece el artículo 2 del decreto N° 140, del Ministerio de Salud, que establece el reglamento orgánico de los servicios de salud "Los Servicios son los continuadores legales del ex Servicio Nacional de Salud y del ex Servicio Médico Nacional de Empleados, dentro de sus respectivos territorios y tienen los mismos derechos y obligaciones que correspondían a esas instituciones, para los efectos de cumplir las funciones que les competen. (...).".

9) Que, en virtud de las normas antes expuestas, los encargados de administrar el seguro escolar, son el Instituto de Seguridad Laboral, que asumió las competencias del Instituto de Normalización Previsional en las funciones relativas a la ley N° 16.744, y los Servicios de Salud del país, que son los continuadores legales del Servicio Nacional de Salud, debiendo el primero encargarse de las prestaciones pecuniarias y el segundo de las médicas. En cuanto a las denuncias de los accidentes escolares, todas ellas deberán realizarse al respectivo Servicio de Salud. En este mismo sentido se pronunció el órgano en la respuesta a la medida para mejor resolver.

10) Que, respecto de la información proporcionada por el Instituto de Seguridad Laboral en su respuesta a la medida para mejor resolver, señalada en el numeral 5 de lo expositivo de esta decisión, este Consejo puede indicar que no es clara la información proporcionada por el órgano, en concreto como se indicó en el numeral 6 letra d) de lo expositivo de esta decisión, la información viene abreviada, y bajo cada rótulo se acompaña un número, que no es claro a que se refiere, a modo de ejemplo podemos indicar, que en el cuadro "fec. inicio" del archivo Excel, se indica el número 20050525.

11) Que, en este mismo sentido, y en cuanto a la competencia del órgano y la información que maneja, si el mismo ISL afirma poseer información sobre las prestaciones vigentes, es plausible para este Consejo concluir que, asimismo debiese manejar la información de las prestaciones por accidentes escolares, que si bien hoy en día no están vigentes, lo estuvieron en algún momento y por ende formaron parte de sus registros.

12) Que, en virtud de lo expuesto en los dos considerandos anteriores, se acogerá el amparo y se solicitará al Instituto de Seguridad Laboral, que remita toda la información que posea, ya sea en sus registros vigentes o históricos, sobre los accidentes escolares de los últimos 10 años, en concreto, lo referido a las prestaciones pecuniarias de los mismos, con una indicación clara de la documentación que se está proporcionando.

13) Que, no obstante lo anterior, se hace presente a la reclamada que en forma previa a la entrega de dichos antecedentes, deberá anonimizar la información requerida, suprimiendo el nombre de los niños, niñas o adolescentes, y eliminar todos los datos personales de contexto contenidos en estos -fecha de nacimiento, domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

14) Que, en cuanto a la restante información, que debiese obrar en poder de los Servicios de Salud del país, excepcionalmente, en el presente amparo y conforme al principio de facilitación consagrado en el artículo 11 letra f), de la Ley de Transparencia, este Consejo derivará la solicitud de información correspondiente a los Servicios de Salud del país, a objeto que éstos remitan al reclamante la información requerida.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por don Marcelo Vargas Troncoso en contra de Instituto de Seguridad Laboral, por los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional del Instituto de Seguridad Laboral, lo siguiente:

a) Entregar toda la información que posea el Instituto, ya sea en sus registros vigentes o históricos, sobre los accidentes escolares de los últimos 10 años, con una indicación clara de la información que se está proporcionando, debiendo anonimizar la información requerida, suprimiendo el nombre de los niños, niñas o adolescentes, y eliminando todos los datos personales de contexto contenidos en estos conforme lo señalado en el considerando 13° de la presente decisión.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Representar al Sr. Director Nacional del Instituto de Seguridad Laboral, a fin de que se adopten las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia, en lo sucesivo, de tal situación:

a) La infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, toda vez que en su respuesta no entregó la información que obraba en su poder, vulnerando la tramitación establecida en la Ley de Transparencia.

b) No haber derivado la solicitud de información al organismo que estimaba competente, infringiendo así lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia.

IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, proceder a la derivación de la solicitud de acceso a que se refiere el presente amparo a los Servicios de Salud del país, según lo resuelto en el considerando 14°, a fin de que dichos órganos se pronuncien sobre ella, en los términos que exige la Ley de Transparencia.

V. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Marcelo Vargas Troncoso y al Sr. Director Nacional del Instituto de Seguridad Laboral.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. La Presidenta del Consejo Directivo doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.