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Oscar Karadima Fariña con UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Rol: C533-09

Consejo para la Transparencia, 06/04/2010

Se formuló amparo por no haber recibido respuesta a su solicitud por parte de la Universidad de Santiago, información relativa al personal y las razones de destitución de una cantidad de funcionarios públicos de esa casa de estudios. El Consejo estimó que la información sobre los antecedentes de las personas indicadas en el requerimiento se refiere a funcionarios públicos se estima, en principio, que el Rector de la USACH no debió proceder a aplicar el procedimiento del art. 20 de la Ley de Transparencia, ya que la mayoría de la información requerida es relativa a la función pública que ejercen dichos funcionarios, no debiendo entenderse que el conocimiento de dicha información pueda afectar sus derechos, pues por definición constitucional dicha función debe ejercerse con transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Trabajo
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Documentos electrónicos.Otros 

Sentencias o resoluciones sobre esta decisión:



Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime)
  • Roberto Guerrero Valenzuela (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO C533-09

Entidad Publica: Universidad de Santiago

Requirente: Oscar Karadima Fariña

Ingreso Consejo: 27.11.2009

En sesión ordinaria N° 138 de su Consejo Directivo, celebrada el 6 de abril de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C533-09.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; la Ley N° 20.285, de 2008, sobre acceso a la información pública; la Ley N° 19.880, del 2003, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285 y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 27 de octubre de 2009, don Oscar Karadima Fariña solicitó al Rector de la Universidad de Santiago de Chile (en adelante USACH) lo siguiente:

a) Entrega de la información que se detallará en los literales siguientes, ya sea en documentos originales, fotocopias autenticadas ante notario y discos compactos o CD.

b) Información de la Dirección de Recursos Humanos de la USACH, respecto de los funcionarios que indica –20 en total, incluido el mismo requirente– (Documento N° 1 del requerimiento);

i) Nombres completos y RUT.

ii) Dependencia funcionaria al 31 de diciembre de 2007 y al 20 de octubre de 2009.

iii) Grados académicos y títulos profesionales obtenidos, especificando el nombre de la institución, país y fecha donde se obtuvieron.

iv) Copia autenticada ante notario público de los originales entregados por las respectivas instituciones de educación superior que acredita los grados y/o títulos.

v) Jerarquía académica al 31 de diciembre de 2007 y al 20 de octubre de 2009, explicitando la forma en que tales jerarquías fueron alcanzadas y el cumplimiento de las normas vigentes en la USACH.

vi) Fechas de ingreso a la USACH, indicando la forma de incorporación (planta contrata, concurso público, honorarios u otra).

vii) Fechas exactas de permisos administrativos y licencias médicas.

viii) Fechas de cometidos funcionarios con goce de remuneraciones dentro del país y en el extranjero, explicitando los motivos, el respaldo legal y los informes entregados en su oportunidad.

ix) Retiros temporales y reincorporaciones y motivos de dichos actos administrativos.

x) Fechas, motivos y especificación de los actos administrativos relativos a la desvinculación de la USACH de los funcionarios que indica, durante el Gobierno Militar. Además, requiere que se le especifique si dichas desvinculaciones fueron de carácter voluntarias u obedecieron a decretos de exoneración.

xi) Fechas, motivos y especificación de los actos administrativos relativos a la reincorporación de la USACH de los funcionarios que indica, en consideración a las medidas adoptadas por el Gobierno de Chile bajo la presidencia de don Patricio Aylwin Azócar. Solicita que se le especifique si tal reincorporación obedeció a la política implantada por el nuevo Gobierno por haberse tratado de personas que habrían sido exoneradas.

xii) Becas o permisos con goce de remuneraciones para hacer estudios dentro del país o en el extranjero, especificando las fechas.

xiii) Ausencias de la Universidad, con los motivos que jurídicamente respaldaron dichos permisos, así como las licencias médicas.

xiv) Respaldos jurídicos de las ausencias de sus respectivos cargos, sean por viajes, cometidos funcionarios, licencia médica u otros de los funcionarios que indica.

xv) Situación contractual y laboral de todas las personas mencionadas al 31 de diciembre de 2007 y al 20 de octubre de 2009.

xvi) Nombre exacto del departamento académico en el que se desempeñaban los funcionarios indicados al 31 de diciembre y al 20 de octubre de 2009.

c) Antecedentes acerca de los resultados del estudio de la Comisión Técnica que indica y aquéllos relacionados con la reestructuración del Departamento de Educación (Documento N° 2 del requerimiento):

i) Copias en papel y digitalizados en CD, de toda la documentación referida a los resultados, antecedentes y conclusiones a los que habría llegado la “Comisión Técnica para el estudio, diagnóstico e informe respecto de la situación del Departamento de Educación de la Facultad de Humanidades”. Señala que a su respecto se han hecho llegar algunos antecedentes, pero no se incluye el audio de las reuniones que la Comisión Técnica tuvo con personas que habrían entregado información sobre todos los académicos que trabajaban en el Departamento de Educación al 31 de diciembre de 2007. También exige la entrega del documento firmado por el Rector de la USACH que da la instrucción al Secretario General de esa Casa de Estudios para no entregar dicha información.

ii) Fecha y número de cada decreto de supresión de cargo firmado por el Rector de la USACH con motivo de la reestructuración del Departamento de Educación.

iii) Fecha y número de la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República de cada uno de los decretos de supresión de cargos.

iv) Fecha en que la Oficina de Partes de la Facultad de Humanidades recibió los decretos de supresión de cargos y la forma, destino, certificación de correo y nombre del destinatario con que la Facultad de Humanidades de la USACH envió los decretos de supresión de cargos.

v) Fecha exacta, forma, destino, certificación de correo y nombre del destinatario de las cartas de notificación emanadas de la Dirección de Recursos Humanos de la USACH, enviada a cada una de las personas involucradas en los respectivos decretos de supresión de cargo.

vi) Fecha exacta y nombre del destinatario en la que cada una de las personas a quienes se le suprimió el cargo firmaron la notificación, identificando la forma y fecha en que tales personas se dieron por notificadas.

vii) Fechas exactas en la que dos funcionarios que indica, pertenecientes al Departamento de Educación al 31 de diciembre de 2007, se acogieron a licencias médicas, especificando las fechas de inicio y término de tales licencias, la entrega de los documentos legales que respaldan los motivos por los cuales las licencias fueron otorgadas y las fundamentaciones legales de los extensos lapsos por los que fueron otorgadas dichas licencias.

viii) Fecha exacta y número de resolución firmada por el Rector, que dispone del pago de la indemnización contemplada en el art. 154 del Estatuto Administrativo1. Además, pide que se le indique el monto exacto de tal indemnización y la partida del presupuesto universitario a la que se imputó el gasto del correspondiente a cada decreto de supresión de cargo.

ix) Número y fecha de la planilla de indemnización definitiva de la Sección Personal y Remuneraciones, del Departamento de Gestión del Personal, correspondiente a cada uno de los pagos efectuados.

x) Nombre y RUT de los académicos pertenecientes al Departamento de Educación, al 31 de diciembre de 2007, que hayan presentado cartas de renuncia a su calidad de funcionarios de la USACH, especificando su fecha exacta y si tales renuncias fueron de carácter voluntarias o solicitadas por escrito o verbalmente por la autoridad competente.

xi) Fecha exacta y número de resolución firmada por el Rector de la USACH, que dispone el pago de la indemnización correspondiente a cada una de las renuncias voluntarias, especificando el monto exacto de tales indemnizaciones y el fundamento legal de dichos actos administrativos.

d) Solicita, respecto del proceso de reestructuración (Documento N° 3 del requerimiento), la documentación que permita demostrar los motivos, razones y justificación jurídica que sirvieron para que el Rector de la USACH decidiera lo siguiente:

i) Consideración de los argumentos tenidos en esa oportunidad para nombrar, en agosto de 2007, a los académicos que indica. Requiere que se le demuestre la idoneidad académica y profesional de las personas nombradas.

ii) Argumentos sobre los cuales se reconoció que la Comisión de Estudios habría cumplido a cabalidad con las exigencias recomendadas, al aceptar su informe, cuyo objetivo central era preparar un informe técnicamente fundado y relativo al desempeño académico del Departamento de Educación con el detalle de las identificaciones señaladas. De no existir tal informe fundado, se solicita la entrega de la documentación que en esa época fundamentó la aceptación por parte del Rector de un informe de sólo 3 páginas y media, el que sin entregar los argumentos sólidos exigidos por la resolución que creó la Comisión de Estudios, propone la reestructuración el Departamento de Educación y la supresión de los cargos de todos sus integrantes.

iii) Fundamentos y argumentos por los cuales se recibió por parte del Rector de la USACH un informe escueto donde se advierte que en nada se habría cumplido con los objetivos establecidos y que sin haber hecho el estudio ordenado por la resolución que la creó, se remite a acoger lo solicitado por una funcionaria de la USACH, en la época, Decana de la Facultad de Humanidades.

iv) Razones por las que se aceptó el informe referido sin que existiese prueba alguna de que la Comisión mencionada habría recolectado, analizado, considerado y utilizado la información respecto de antecedentes relevantes respecto de la actividad académica de cada uno de los profesores, lo que les habría sido solicitado en octubre del año 2007. Agrega que el funcionario que menciona, Presidente ad - hoc de la Comisión de Estudios, habría declarado que tales antecedentes serían utilizados en “los próximos pasos a seguir”. Requiere, además, los documentos que permita comprobar la utilización que la Comisión hizo de dicha documentación.

v) Fundamentos o razones del hecho de haber aceptado el informe escueto sin que en éste se haya expuesto acerca de las “etapas” indicadas en la resolución que creó la Comisión, como tampoco se habrían especificado las “fuentes de información” que se consultaron, salvo una lista de entrevistas personales, cuyos dichos jamás habrían sido conocidos.

vi) Motivos por los cuales se admitió el aludido informe de la Comisión, en circunstancias que no se dio cumplimiento con lo señalado en la resolución de su creación, en el punto que transcribe: “Entre las indicaciones que se deberá incluir en el informe, se dará especial atención a las medidas de ajuste y desarrollo que sean necesarias para asegurar la normalización del funcionamiento académico de la unidad en referencia, bajo parámetros de acreditación, calidad y mejoramiento continuo”.

vii) Motivos o fundamentos por los que se suscribió el informe de la Comisión de Estudios, donde en ninguna de sus partes se cumpliría con el concepto de “normalizar el funcionamiento académico de la unidad”, sino que simplemente se acepta la solicitud de reestructuración del Departamento de Educación y aconseja proceder a la supresión de la totalidad de los cargos del cuerpo académico regular.

viii) Razones por las que no se instruyó, como consecuencia del informe, el inicio de una investigación o sumario administrativo en contra de los integrantes del Departamento de Educación, el que de haberse efectuado, hubiera permitido la realización de un debido proceso orientado a esclarecer los hechos como lo indica la normativa vigente.

ix) Motivos por los que se dio por aceptado y válido el informe aludido, si es que éste existe, acerca de los gastos derivados del cumplimiento de las actividades a que se refiere la resolución que creó la Comisión de Estudios. Requiere, además, que se dé cuenta de todos los gastos efectuados por la comisión técnica, incluyendo los honorarios cancelados a sus integrantes y el tiempo que cada uno de ellos dedicó a esta actividad. Asimismo solicita que se le indiquen las fechas en que cada uno de los integrantes de la Comisión participó en las respectivas reuniones de trabajo.

x) Fundamentos o razones de haber declarado en reestructuración al Departamento de Educación, a través de la Resolución Exenta N° 7043 y establecer la supresión de la totalidad de los cargos académicos de la planta regular del departamento. Cita el Dictamen N° 21.394/1996, de la Contraloría General de la República que establece que: “(…) si bien el rector de este plantel de estudios superiores posee atribuciones para suprimir empleos, debe exigírsele un informe que declare que la medida adoptada obedecería a una necesidad institucional de reestructuración, y que fluya inequívocamente de ellos que es menester prescindir de determinados cargos y no de los funcionarios que los sirvan (…)”. Se pide que el Rector entregue tal estudio, sus conclusiones y recomendaciones.

xi) Motivos para haber establecido por exenta la Resolución N° 7043 de 2007, que declara la reestructuración del Departamento de Educación, sin solicitar a la Contraloría General de la República la correspondiente toma de razón, pues jurídicamente los textos legales deberían estar sustentados entre sí, es decir, los “decretos de supresión de cargos” que contaron con la respectiva toma de razón y que debían de haber estado sustentados por una resolución que hubiera sido objeto de dicho trámite. Señala que la reestructuración jamás se ha realizado.

xii) Argumentos sobre los cuales se resolvió el 25 de octubre de 2007, la supresión de sólo 9 de los 13 académicos de la planta regular del Departamento de Educación, hecho que se reflejó en el envío a toma de razón de la Contraloría General de la República, respecto de los 9 decretos de supresión de cargos que los menciona. Destaca que el informe de la Comisión había establecido que dicha medida debería ser aplicada a la totalidad del cuerpo académico regular.

xiii) Razones por no haberse cumplido lo que el Rector de la USACH habría declarado, en octubre del año 2007, en cuanto a que “él aceptaba, hacía suya y seguiría plenamente lo propuesto por la comisión ad hoc de proceder reestructuración del Departamento de Educación por completo y que suprimirían los cargos de todos los profesores jornada completa integrantes del Departamento de Educación a fecha 31 de diciembre de 2007”.

xiv) Motivos por los que no se firmaron los respectivos decretos de supresión de cargo de los funcionarios públicos que indica con sus respectivas toma de razón de la Contraloría General de la República. De no existir dichos documentos, requiere la entrega la documentación que avala la fundamentación y razones jurídicas por las cuales tales actos administrativos no se realizaron.

xv) Fundamentos por haber instruido que fuesen notificados de la supresión de sus cargos sólo a los funcionarios que indica (incluida su persona).

xvi) Motivos por los cuales se instruyeron que no fuesen notificados de la supresión de sus respectivos cargos a los funcionarios públicos que menciona.

xvii) Argumentos para aceptar la forma en que los funcionarios públicos que indica se desvincularon de la USACH. Solicita que se especifiquen las fechas exactas de las desvinculaciones y si ellas se debieron a renuncias voluntarias u otras formas de desvinculación, así como los documentos legales que respaldaron las respectivas indemnizaciones, indicaciones de los montos y fechas, los ítems y partidas del presupuesto universitario que fueron utilizados para dichos pagos.

xviii) Razones que se tuvieron para consultar al Tribunal Nacional Electoral (sic) acerca de la validez de la elección de dos funcionarios públicos que menciona, integrantes del Directorio de la Asociación de Académicos. Se requiere la documentación detallada que permita confirmar la respuesta emitida, pues dicho Tribunal contestó que la respuesta era extemporánea. Solicita que se informe sobre la situación de los funcionarios públicos que indica, así como los documentos y antecedentes utilizados por la Rectoría para declarar nula la elección de dichos profesores como Directivos de la Asociación Académica de la USACH.

xix) Razones por las cuales se exoneró al funcionario público que indica, quien gozaba de fuero sindical, como lo demostró un dictamen reciente de la Contraloría General de la República (que no especifica), quien ordenó la reincorporación inmediata de dicho funcionario a la USACH.

xx) Argumentos por los cuales se conservó al Departamento de Educación en la misma forma dentro de la estructura orgánica de la Facultad de Humanidades, en circunstancias que una reestructuración supone la creación de una nueva unidad.

xxi) Razones por las cuales se nombró como Director del mismo Departamento de Educación que se suponía en reestructuración, al funcionario público que menciona, docente que estaba en la misma unidad académica cuestionada y cuya totalidad de los cargos de la planta académica regular debían haber sido suprimidos.

xxii) Motivos por los cuales se reinsertó al funcionario que menciona, como docente que se encontraba en el Departamento de Educación cuestionado.

xxiii) Argumentos por los que se desatendió el hecho de que el incumplimiento por parte de la comisión a lo requerido en la resolución que la creaba, que constituye una irregularidad, por cuanto no era posible que una materia tan delicada como lo es la exoneración de funcionarios públicos y que se base en un trabajo escueto, elaborado por cuatro doctores y un ingeniero que no cumplieron con los objetivos encomendados.

xxiv) Fundamentos para responder si lo obrado por el Rector de la USACH estuvo acorde con el D.F. L. N° 149, de 1981, que fija el Estatuto Orgánico de la USACH, en cuanto a que lo realizado haya constituido efectivamente una medida de reestructuración del Departamento de Educación y sobre la cual se estima que aparentemente tendría tales atribuciones en un país donde impera la democracia y el debido proceso. O por el contrario, lo que se hizo no fue una reestructuración, sino que se utilizó tal mecanismo para disfrazar meras exoneraciones.

xxv) Explicación de los motivos que se tuvieron para no ordenar la realización de un sumario administrativo tendiente a esclarecer el incumplimiento por parte de los funcionarios públicos que indica, quienes por haber recibido remuneración por la realización de su actividad deberían haber sido sumariados y sus actos notificados por la Contraloría General de la República.

2) RESPUESTA: Mediante Ord. N° 35, de 26 de noviembre de 2009, el Rector de la USACH, señaló al requirente que:

a) En relación con las solicitudes del requirente en el Documento N° 1, sobre los antecedentes de los funcionarios públicos que dispone el Departamento de Recursos Humanos, señala que la información es personal, por lo que se procedió a notificarles el requerimiento del art. 20 de la Ley de Transparencia. Indica que cinco personas se opusieron a la entrega de la información pedida, por lo que la USACH se encontraría impedida de proporcionarla, salvo resolución en contrario de este Consejo.

b) Respecto de las demás personas que no se opusieron en tiempo y forma, le informa al requirente que pone a su disposición algunos de los antecedentes requeridos, mientras que le señala que carece de otros. Indica que en ciertos casos lo que se solicitó separadamente se encuentra contenido en un mismo documento.

c) En relación con lo solicitado en el Documento N° 2, sobre el resultado del estudio de la Comisión Técnica señala que por referirse a información basada en “conjeturas personales y en supuestos que ella existe”, sólo resulta posible examinar aquello que existe, sin que se pueda atender el requerimiento en aquello cuyo fundamento son meras aseveraciones del solicitante.

d) Respecto de aquellos documentos que efectivamente existen, se encontrarían a disposición del requirente, previniéndole que en varios casos se posee un solo documento que contiene la información específica que solicita.

e) En cuanto a los antecedentes solicitados en el Documento N° 3, sobre el proceso de reestructuración, indica que en atención a que lo solicitado se trata de documentación que permite demostrar los “motivos, razones y justificación jurídica” para la toma de determinadas decisiones o realización de ciertas actuaciones, manifiesta que el requerimiento no versa sobre documentos determinados, siendo muy genérico e incluso indeterminables, pudiendo señalarse que en casi todos los casos la información solicitada ha quedado consignada en los considerandos de las resoluciones que dan cuenta de las decisiones adoptadas. Sin perjuicio de lo anterior, señala que sobre el tema consultado existe numerosa información que pone a disposición del requirente, con el fin de que la examine y requiera copia de lo que le interese.

3) AMPARO: Don Oscar Karadima Fariña, en virtud de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el art. 24 de la Ley de Transparencia, formuló amparo ante este Consejo el 27 de noviembre de 2009, por no haber recibido respuesta a su solicitud de acceso a la información (la respuesta reseñada en el numeral anterior le fue notificada al reclamante con posterioridad a la interposición de su amparo). Señala, además, lo siguiente:

a) Se ha vencido el plazo, a la fecha de su amparo, para que se evacúe una respuesta, no habiéndosele notificado la prórroga excepcional en conformidad con el art. 14 de la Ley de Transparencia.

b) Denuncia que no es la primera vez que el Rector de la USACH ha denegado la información, incluso lo habría hecho ante requerimientos de la Contraloría General de la República.

c) Agrega que ante un requerimiento de información ante la Contraloría, ésta comunicó la solicitud a terceros que pudieran verse afectados y cuando ellos no respondieron, se aplicó el art. 20 de la Ley de Transparencia, entregándose la información al reclamante.

d) Finaliza solicitando que se exhorte al Rector de la USACH para que entregue la información requerida y que se adopten las medidas legales ante la denegación de la información.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES AL AMPARO DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo estimó admisible el presente amparo en sesión ordinaria N° 109, de 9 de diciembre de 2009. Se procedió, por consiguiente, a notificar el reclamo antedicho y a conferir traslado al Rector de la USACH, mediante Oficio N° 929, de 10 de diciembre de 2009. Mediante presentación de 24 de diciembre de 2009, el Rector de la USACH formuló los siguientes descargos u observaciones al presente amparo:

a) Manifiesta que en virtud de que el reclamante requería información personal de ciertos funcionarios cuya divulgación podría afectar derechos de terceros, se procedió a aplicar el art. 20 de la Ley de Transparencia, con el fin de que dichos terceros pudieran ejercer su derecho de oposición. Agrega que debido a que el requerimiento se refería a varias personas, algunas de las cuales ya no trabajan en la Institución, el procedimiento de notificación se dilató más allá del plazo legal para evacuar la respuesta al reclamante.

b) De los terceros notificados, agrega, cinco personas se opusieron a la entrega de la información cuyas oposiciones acompaña a sus descargos.

c) Señala que se evacuó la respuesta al reclamante mediante Ord. N° 35, de 26 de noviembre de 2009, ya reseñada en el numeral 2° anterior.

d) En dicha respuesta se hizo presente la situación de los terceros notificados, así como la carencia de algunos de los antecedentes requeridos, los que no pudieron ser entregados, informándosele que el resto de la información se encontraba a su disposición, previo pago de los costos de reproducción. Hace presente que a la fecha de los descargos, el reclamante no ha retirado la información puesta a su disposición.

e) Agrega que la cantidad y naturaleza de la información solicitada exigieron un gran esfuerzo de recopilación, especialmente considerando que dicha solicitud se efectuó en una época particularmente conflictiva para la Casa de Estudios, pues se estaba dando término al año académico 2009 y el inicio del proceso de admisión para el año 2010, encontrándose cada una de las unidades de la USACH en su máxima capacidad de trabajo.

f) Señala que es importante resaltar que parte de la información requerida, especialmente aquélla contenida en el Documento N° 3 de la solicitud del reclamante sobre los antecedentes referidos al proceso de reestructuración, resultaban imposibles de obtener, pues de la lectura de la petición se puede observar que el reclamante se centró en la formulación de juicios personales a partir de los cuales requiere información. La dificultad, expresa, se manifiesta en que en ciertos casos los juicios y presupuestos de los que parte el reclamante no son verdaderos y, en otros casos, solicita argumentos o razones que se tuvieron para la dictación de ciertos actos administrativos, en los que debe estarse a lo que se indica en los considerandos de dichos actos.

g) Mantiene su disposición de entregar al reclamante parte de la información solicitada, rechazando las imputaciones de aquél en cuanto a que se ha denegado la información.

5) PRESENTACIÓN DEL RECLAMANTE: Mediante escrito de 19 de febrero de 2010, el reclamante hizo presente ante este Consejo que había sido notificado de la respuesta de la USACH, el 2 de diciembre de 2009, destacando el incumplimiento de la Ley de Transparencia en cuanto a la tardanza de la respuesta del órgano reclamado. Hace presente también que se le denegó información respecto de los funcionarios públicos que indica. Asimismo, expresa que sería falso que la Casa de Estudios carece de algunos antecedentes del personal, pues toda institución pública debería contar con dichos datos. Lo mismo asevera respecto de las afirmaciones del Rector de la USACH en cuanto a que cierta información se refieren a juicios personales del reclamante, ya que las decisiones que fueron adoptadas en la época de reestructuración del Departamento de Educación, estuvieron fundamentadas en documentos y conversaciones grabadas en discos compactos que deben ser entregados dada la gravedad e importancia de los acontecimientos ocurridos y que concluyeron con la exoneración del reclamante de la USACH, la que no fue resultado de un sumario administrativo. Agrega que la información que requiere, sirve para esclarecer los hechos ocurridos. Señala, por último, que ha concurrido en dos oportunidades a la USACH y no se le habría dado acceso a la información, señalándosele que debe volver más adelante para que le sean entregados.

Y CONSIDERANDO:

1) Que en la especie, existe controversia sobre los siguientes puntos:

a) Entrega parcial de información personal sobre funcionarios públicos de la USACH, fundamentándose en: i) la oposición de cinco funcionarios, incluido el Rector de la USACH, quienes fueron comunicados del requerimiento del reclamante en virtud del art. 20 de la Ley de Transparencia (al considerarse que la revelación de lo solicitado podría afectar sus derechos) y ii) la inexistencia de algunos antecedentes.

b) Entrega parcial de información sobre los antecedentes de los resultados del estudio de la comisión técnica y sobre el proceso de reestructuración del Departamento de Educación al que pertenecía el reclamante, fundamentándose en: i) la inexistencia de la información y ii) la referencia de juicios de valor personales del reclamante.

2) Que la información sobre los antecedentes de las personas indicadas en el requerimiento se refiere a funcionarios públicos se estima, en principio, que el Rector de la USACH no debió proceder a aplicar el procedimiento del art. 20 de la Ley de Transparencia, ya que la mayoría de la información requerida es relativa a la función pública que ejercen dichos funcionarios, no debiendo entenderse que el conocimiento de dicha información pueda afectar sus derechos, pues por definición constitucional dicha función debe ejercerse con transparencia.

3) Que este Consejo, en decisiones como la recaída en el amparo Rol A47-09, de 15 de julio de 2009, ha reconocido que la esfera privada de la vida de los funcionarios públicos es más restringida que la del resto de las personas, precisamente por ejercer una función pública. No obstante lo anterior, debe indicarse que sí existen aspectos de la vida privada de los funcionarios públicos que ameritan ser protegidos y respecto de los cuales el reclamante ha requerido acceso, a saber:

a) Motivos de ausencias originadas en licencias médicas.

b) La entrega de los documentos legales que respalden los motivos por los cuales las licencias de los funcionarios que indica fueron otorgadas y las fundamentaciones legales de los extensos lapsos por las que fueron otorgadas dichas licencias.

c) RUT y domicilio personal de los funcionarios.

4) Que en relación con los motivos del otorgamiento de tales licencias este Consejo estima que no debe entregarse dicha información por referirse a estados de salud de las personas, en conformidad con el art. 2°, letra g), de la Ley N° 19.628, de 1999, sobre protección de datos personales, pues los estados de salud físicos o psíquicos de una persona son considerados por esta norma como datos sensibles. No se ve problema, en cambio, respecto de informar las fechas solicitadas.

5) En cuanto al Rol Único Tributario (RUT) y el domicilio personal de los funcionarios públicos, solicitados por el reclamante, se deben recordar las decisiones de este Consejo recaídas en los amparos Rol A10-09, de 28 de agosto de 2009 y Rol A126-09, de 31 de julio de 2009, en las cuales se estimó que se trata de datos personales obtenidos de los funcionarios al ingresar a la función pública y no directamente de una fuente de acceso público, sólo para su tratamiento al interior del servicio público respectivo y no para su cesión a terceros, por lo que debieran ser reservados. Por ello, y conforme los arts. 4° y 7° de la Ley N° 19.628, tanto el RUT como el domicilio personal de los funcionarios es un dato de carácter reservado. Para efectos de identificar a los funcionarios públicos basta su nombre completo que, en virtud del deber de transparencia activa, debe ser publicado en el sitio web institucional (art. 7°, letra d) de la Ley de Transparencia).

6) Que respecto del resto de la información requerida sobre los funcionarios indicados por el reclamante en su solicitud se acogerá el amparo en este punto, con las salvedades señaladas en los considerandos anteriores.

7) Que el reclamante ha requerido copias autenticadas ante notario público de ciertos documentos. En este punto se debe señalar que la Ley de Transparencia no establece la obligación del órgano requerido de entregar copias autorizadas o autenticadas ante un Notario Público, bastando la entrega de la documentación requerida certificada por el Ministro de Fe del propio órgano, criterio adoptado tanto en las decisiones de los amparos Rol A146-09, de 1° de septiembre de 2009 y Rol A243-09, de 22 de agosto de 2009. Requerir a un órgano que las copias sean autorizadas por un notario le haría incurrir en un costo innecesario y excesivo, de cara al art. 17 de la Ley de Transparencia.

8) En lo que dice relación con los antecedentes y documentos de la Comisión Técnica creada para el estudio, diagnóstico e informe respecto de la reestructuración del Departamento de Educación y su proceso, el Rector de la USACH ha afirmado que dicha información sólo puede ser entregada parcialmente, ya que no obra en su poder todo lo solicitado. Asimismo, ha manifestado que, especialmente en lo que se refiere a los requerimientos realizados por el reclamante en el Documento N° 3 de su solicitud, existen juicios de valor y peticiones de argumentos de información que no existen o que se encuentran en los considerandos de los actos administrativos requeridos.

9) Dado el reconocimiento del reclamado en cuanto a la inexistencia de cierta información que no indica ni especifica en su respuesta o en sus descargos, en principio no podría ordenarse la entrega de dicha información. Sin embargo, si se trata de información a que hacen referencia actos administrativos adoptados por la USACH la información debe ser entregada. El Rector de la USACH no ha afirmado la inexistencia de los actos administrativos adoptados, por lo que todos aquellos fundamentos y documentos que les hayan servido de sustento o complemento directo y esencial, así como los procedimientos que se utilizaron para su dictación deben, en principio, entregarse al reclamante, de conformidad con el art. 5° de la Ley de Transparencia.

10) Tratándose de los antecedentes y documentos en que se hayan plasmado argumentos, motivos o justificaciones que el órgano reclamado alega que no pueden entregarse por tratarse de aseveraciones o juicios personales del reclamante, debe analizarse si ello es efectivo a la luz del requerimiento de información (especialmente del documento N° 3). Revisados los antecedentes que obran en poder de este Consejo parece atendible que, como sostiene el Rector de la USACH, muchos de los motivos, argumentos y justificaciones jurídicas se encuentran o se deberían encontrar en los actos administrativos que el reclamante requiere o conoce, ya que así lo establece la Ley N° 19.880, sobre bases de los procedimientos administrativos (art. 41 en relación con el art. 3° de la misma Ley), pues los actos administrativos deben ser motivados o fundados ya que contienen una declaración de voluntad de la autoridad pública, la que no puede ser arbitraria. A mayor abundamiento, debe recordarse la decisión adoptada por este Consejo recaída en el amparo Rol A34-09, de 30 de junio de 2009, la que en su consid. 9° estableció que “(…) sin embargo, el ejercicio de potestades discrecionales no implica una exención del deber de fundamentar las decisiones adoptadas. Por el contrario, como ha señalado Contraloría General de la República estos casos ‘exigen un especial y cuidadoso cumplimiento de la necesidad jurídica en que se encuentra la Administración en orden a motivar sus actos, exigencia que tiene por objeto asegurar que los actos de la Administración no se desvíen del fin considerado por la normativa que confiere las respectivas atribuciones, que cuenten con un fundamento racional y se encuentren plenamente ajustados a la normativa constitucional y legal vigente, lo cual impide, por cierto, establecer diferencias arbitrarias entre personas que se encuentran en una misma situación, cautelándose de este modo el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19, numeral 2, de nuestra Carta Fundamental’. Y añade que estos actos ‘deben ser motivados, señalándose en éstos las circunstancias y el raciocinio que justifica la adopción de la medida contenida en el acto administrativo’ (Dictamen N° 23.114/2007)”.

11) Que este Consejo estima que la información cuya entrega puede ordenar debe contenerse “en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos” o en un “formato o soporte” determinado, según reza el inc. 2º del art. 10 de la Ley de Transparencia, no pudiendo requerirse la entrega de información que sólo está en la mente de la autoridad. En este último caso la solicitud no está cubierta por dicha Ley sino que pasa a ser una manifestación del legítimo ejercicio del derecho de petición —establecido en el art. 19 N° 14 de la Carta Fundamental—, a tramitarse según las normas legales específicas que puedan existir o, en su defecto, según las disposiciones de la ya citada Ley Nº 19.880, de 2003, atendido su valor supletorio.

12) Que aplicando lo anterior a las peticiones específicas del reclamante en el Documento N° 3, este Consejo estima que el órgano reclamado deberá entregar la siguiente información de la señalada en el apartado 1° d) de la parte expositiva de esta decisión:

a) Numeral i): Sólo el currículum vitae de los académicos nombrados en agosto de 2007.

b) Numeral ii): Los argumentos o documentación por los cuales se reconoció que la Comisión de Estudios habría cumplido a cabalidad con las exigencias recomendadas, salvo que el Rector de la USACH afirme expresamente que esta información no consta en ningún documento que obre en poder de la Universidad, cualquiera sea su formato o soporte.

c) Numeral iv): La documentación que permita comprobar la utilización que la Comisión hizo de los antecedentes relevantes respecto de la actividad académica de cada uno de los profesores, lo que les habría sido solicitado en octubre del año 2007, salvo que dicha información no exista, lo que debe ser afirmado expresamente por el reclamado.

d) Numeral ix): Cuenta de todos los gastos efectuados por la comisión técnica aludida, incluyendo los honorarios cancelados a sus integrantes y el tiempo que cada uno de ellos dedicó a esta actividad y la indicación de las fechas en que cada uno de los integrantes de la Comisión participó en las respectivas reuniones de trabajo, salvo que dicha información no exista, lo que debe ser afirmado expresamente por el órgano reclamado.

e) Numeral x): Informe que declare la necesidad institucional de reestructuración y de adoptar las medidas que se implementaron, en conformidad con el Dictamen N° 21.394/1996, de la Contraloría General de la República, salvo que tal informe no exista, lo que debe ser afirmado expresamente por el órgano reclamado.

f) Numeral xiv): Documentación que fundamenta la no suscripción de los decretos de supresión de cargo de ciertos funcionarios que se indican salvo que dicha información no exista, lo que debe ser afirmado expresamente por el reclamado.

g) Numeral xvii): Especificación de las fechas exactas de las desvinculaciones de los funcionarios que se indica, de si ellas se debieron a renuncias voluntarias u otras formas de desvinculación y documentos legales que respaldaron las respectivas indemnizaciones, indicando sus montos y fechas y los ítems y partidas del presupuesto universitario que fueron utilizados para dichos pagos.

h) Numeral xviii): Documentación detallada que permita confirmar la respuesta que habría emitido el Tribunal Electoral y documentos y antecedentes utilizados por la Rectoría para declarar nula la elección de los profesores que se indica como Directivos de la Asociación Académica de la USACH, salvo que dicha información no exista y así lo afirme expresamente el Rector reclamado.

13) Que, por último, en caso que el Rector requerido afirme que parte de la información requerida en el considerando anterior no existe, no corresponde a esta Institución determinar las consecuencias legales de dicha declaración, tal como decidió este Consejo en el amparo A124-09, de 8 de septiembre de 2009.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Oscar Karadima Fariña en contra de la Universidad de Santiago de Chile, por las consideraciones ya señaladas.

II. Requerir al Rector de la Universidad de Santiago de Chile que entregue la siguiente información, dentro del plazo de 10 días hábiles desde que se encuentre firme o ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder conforme lo establece el art. 46 y ss. de la Ley de Transparencia:

1) La información requerida sobre los funcionarios indicados por el reclamante en su solicitud en conformidad con los considerandos 3° a 6° de la presente decisión.

2) Los fundamentos y documentos que les hayan servido de sustento o complemento directo y esencial, así como los procedimientos que se utilizaron para la dictación de los actos administrativos adoptados, de acuerdo a lo indicado en el considerando 9° de la decisión.

3) La información señalada en el considerando 12° de esta decisión.

II. Requerir al Rector de la Universidad de Santiago de Chile que remita copia de la información requerida a este Consejo, ya sea al domicilio Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en esta decisión.

III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Oscar Karadima Fariña y al Rector de la Universidad de Santiago de Chile.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Juan Pablo Olmedo Bustos y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Roberto Guerrero Valenzuela y don Raúl Urrutia Ávila. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.