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Matías Rojas Medina con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Rol: C2078-14

Consejo para la Transparencia, 08/05/2015

Se dedujo amparo en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, fundado en que denegó la información solicitada referente a: a) "Copia de la Investigación Sumaria N° 120-2001, la que consta de 50 páginas, y que ya se encuentra cancelada a esta institución". b) "Se informe respecto de todas las denuncias e investigaciones internas efectuadas ante, y por, el Departamento V de Asuntos Internos de la PDI, en contra de don (...), por supuesta infracción a la ley que combate el narcotráfico, y se me entregue copia de cada una de ellas". El Consejo acoge parcialmente el amparo, toda vez que si bien el órgano reclamado señala que es incompetente para entregar la información solicitada, en caso alguno alego que el expediente investigativo no obra en su poder.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 


Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2078-14

Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile

Requirente: Matías Rojas Medina

Ingreso Consejo: 24.09.2014

En sesión ordinaria N° 615 del Consejo Directivo, celebrada el 8 de mayo de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2078-14.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de julio de 2014, don Matías Rojas Medina solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile (en adelante, indistintamente PDI) la siguiente información respecto de la cual viene en deducir amparo:

a) "Copia de la Investigación Sumaria N° 120-2001, la que consta de 50 páginas, y que ya se encuentra cancelada a esta institución".

b) "Se me informe respecto de todas las denuncias e investigaciones internas efectuadas ante, y por, el Departamento V de Asuntos Internos de la PDI, en contra de don (...), por supuesta infracción a la ley que combate el narcotráfico, y se me entregue copia de cada una de ellas".

2) RESPUESTA: El 3 de septiembre de 2014, la PDI respondió a la antedicha solicitud, indicando al requirente lo siguiente con respecto a cada punto del requerimiento:

a) Letra a: La investigación requerida no fue habida, sin perjuicio de lo cual la PDI se encuentra actualmente realizando las indagaciones pertinentes para encontrarla, y en caso de ser ello exitoso será comunicado al solicitante.

b) Letra b: Conforme a los antecedentes recabados por el Departamento V de "Asuntos Internos", se pudo establecer la existencia de las siguientes investigaciones internas:

i. Investigación ordenada por el 1° Juzgado del Crimen de Melipilla, en causa Rol N° 54.331, por infracción a la Ley N° 19.366. Esta investigación tuvo lugar a raíz de los hechos denunciados en su oportunidad por los funcionarios que indica, por supuesta venta de cocaína de parte del funcionario que señala, a partir de la versión entregada por un reo. Explica que no es posible proporcionar copia de esta investigación en razón de lo dispuesto en el artículo 74 bis, letra b), del Código de Procedimiento Penal, que configura la causal de reserva prevista en al artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. Agrega que la norma señalada no fija límites temporales para el secreto y sanciona como delito la vulneración del mismo.

ii. Minuta 111, de fecha 16 de diciembre de 1996, generada a raíz de la denuncia efectuada por el funcionario que indica, de la Comisaría Judicial de Puerto Aysén, por supuesto tráfico y consumo de drogas en que habría incurrido el funcionario que señala. Precisa que dicha investigación no logró establecer la responsabilidad del funcionario denunciado, razón por la cual fue archivada. Al respecto, señala remitir copia de la investigación interna llevada a cabo.

3) AMPARO: El 24 de septiembre de 2014 el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la PDI, fundado en que le fue denegada la información solicitada. Argumentó lo siguiente con respecto a lo señalado por dicho organismo en su respuesta:

a) Letra a): Es absolutamente impresentable que una investigación interna solicitada por primera vez el 31 de enero de 2014, y que por lo demás se encuentra ya cerrada, todavía este siendo buscada por la PDI. Además, dicho órgano no remite acta alguna en que conste de búsqueda de esa información, ni da explicación de por qué se encuentra desaparecida.

b) Letra b): Con respecto a cada subacápite de la respuesta:

- b) i: La investigación a que hace referencia la PDI es pública dado que fue realizada con fondos públicos y se encuentra adosada a una causa judicial que no se encuentra activa. Además, la PDI no entrega copia de ningún documento que respalde el secreto del sumario judicial a que hace referencia, además que la causa en referencia data del año 1997.

- b) ii: Los documentos entregados no coinciden con lo señalado por la PDI, en el sentido que no se logra determinar la responsabilidad de la persona que fue objeto de la investigación y que fuera señalado como motivo para archivar la investigación. En tal sentido, señala, la minuta que entrega concluye que es necesario continuar con las indagaciones, lo que permite presumir que aún falta documentación administrativa que sea entregada, considerando que el funcionario fue absuelto de los cargos que se le formularan sin que recayera sobre él medida disciplinaria alguna, tal como lo explicó la PDI.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo y, mediante el Oficio N° 5.645, de 2 de octubre de 2014, confirió traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, solicitándole indicar: (1°) la razones por las cuales la solicitud de información no habría sido respondida oportunamente; y (2°) referirse a la causales de secreto que, a su juicio, justificarían denegar la información pedida.

La mencionada autoridad formuló sus observaciones o descargos a través del Ord. N° 663, de 20 de octubre de 2014, señalando, en síntesis, lo siguiente con respecto a cada punto comprendido en la solicitud:

a) Letra a):

i. El reclamante mediante una solicitud anterior, de fecha 31 de enero de 2014, solicitó, entre otros antecedentes, que se le informara: "si por el incidente que provocó la baja del Sr. (...) se instruyó algún sumario administrativo, y de ser efectivo, se me entregue copia del mismo". La PDI en respuesta a dicha solicitud, con fecha 14 de marzo de 2014 indicó al requirente que en contra del funcionario que señaló se instruyó internamente la investigación sumaria N° 126-2001, ordenada por la prefectura de Coyahique, la cual consta de 50 fojas. Precisa al efecto los motivos de dicha investigación

ii. En su oportunidad se indicó al requirente que para obtener copia de dicha investigación debía pagar los costos directos de reproducción, suma que fue pagada. Sin embargo, no fue posible entregarle copia de la mencionada investigación, ya que de acuerdo a lo informado por la Ayudantía Regional de la XI Región de Aysén, el documento solicitado no fue habido en los archivos de esa dependencia policial, quien indicó que sólo se encontraron archivos del año 2002 en adelante, lo que fue debidamente informado al solicitante. Por tal razón se puso a su disposición el importe que había pagado para solventar los costos directos de reproducción de la información pedida.

iii. Sin perjuicio de lo anterior, se le informó al reclamante que efectuada una revisión manual de la carpeta de antecedentes individuales (CAI) del denunciado en esa investigación, sólo se pudo obtener copia de la orden reservada que instruyó la mencionada investigación sumaria, así como de aquella que resolvió la misma investigación, siéndole ambas remitidas.

iv. Con ocasión de la solicitud que dio lugar al presente amparo, se solicitó a la Ayudantía Regional de la XI Región de Aysén que certificara la situación de hecho antes indicada, esto es, que la investigación solicitada no fue habida en sus archivos institucionales, para de ese modo enviar el acta al interesado y con ello agotar la búsqueda de la referida investigación. Sin embargo, y luego de una serie de gestiones realizadas por dicha sección para conocer el actual paradero de esa investigación, esta informó al nivel central con fecha 28 de agosto de 2014 que habiendo realizado una nueva búsqueda pudo determinar que la investigación sumaria N° 126-2001, habría sido enviada a la Inspectoría General de la PDI, adjuntando copia de la documentación sustentatoria de dicho envío. Por otra parte, se consultó sobre aquella información con la Secretaría General de la Dirección General, quien precisó que la investigación mencionada no se encuentra archivada en sus dependencias.

v. En razón de lo anterior, se solicitó a la Inspectoría General de la PDI informar si la investigación en cuestión obraba en su poder, quien señaló a través del Oficio N° 260, de 15 de octubre de 2014 que "efectuadas las consultas en los Departamentos II "Inspección Policial", V "Asuntos Internos", además de la revisión física del archivo de esta Inspectoría General y los registros de la época, Libros 1B "Ingreso de Correspondencia Ordinaria" y 2B "Ingreso de Correspondencia Reservada", no existe registro de recepción de la Resolución (R) N°1, de fecha 26.ABR.2001, como tampoco de los oficios (R) Nros. 52 y 66 de fechas 07 y 16.MAY.2001, respectivamente".

vi. Es por ello, señala, que no se ha podido entregar la información solicitada al requirente, lo cual dice relación con una situación de hecho.

vii. Precisa que a juicio de la PDI resultaría inoficioso instruir una investigación interna con el fin de determinar las causas y circunstancias del extravío de la investigación solicitada y establecer eventuales responsabilidades administrativas. Ello porque según establece al artículo 158 de la Ley N° 18.834 (Estatuto Administrativo) la responsabilidad administrativa se extingue por la prescripción de la acción disciplinaria, cuyo plazo es de cuatro años, contados desde el día en que se produjo la acción u omisión que le dio origen, término que se encuentra vencido con creces en este caso, considerando que el extravío de la investigación sumaria se produjo en el año 2001. Tal criterio, sostiene, ha sido incluso sostenido por la Contraloría General de la República al pronunciarse sobre un reclamo formulado por un ex funcionario de la institución a propósito del extravío de un documento desde las dependencias de la PDI. Por lo mismo, informa que la institución no dispondrá la realización de una investigación administrativa para aclarar esta situación.

b) Letra b):

i. La denegación sólo dice relación con la investigación ordenada por el 1° Juzgado del Crimen de Melipilla, en la causa Rol N° 54.331-AC, por infracción a la Ley N° 19.366 y con el informe policial N° 410, de fecha 23 de octubre de 1997, evacuado en la misma causa penal. El motivo de la denegación es lo dispuesto en el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal. En efecto, señala, recayendo la solicitud en antecedentes que forman parte de una investigación policial, esta información debe estimarse reserva en razón de la mencionada disposición, en relación con la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia.

ii. La señala norma del CPP no establece un límite temporal en cuanto a su vigencia, por lo que la prohibición legal se constituye para la PDI desde el momento que recibe la orden de investigar o tomare conocimiento de cualquier antecedente relativo a la causal que se investiga, sin establecer la norma la fecha de término en la que cesa dicha obligación de reserva para el personal institucional. A mayor abundamiento, los antecedentes recabados en mérito de una investigación que se sustente bajo la tramitación dispuesta por el CPP pertenecen al proceso judicial y no a la PDI, de manera que la institución no decide el destino de aquellos datos y antecedentes que hubieren sido obtenidos, quedando ellos bajo el control de los magistrados instructores.

iii. El motivo constitucional de reserva con que se relaciona la norma del CPP es el debido cumplimiento de las funciones de la PDI, que se vería afectado de divulgarse esta información. Ello porque la norma citada establece una prohibición legal cuya infracción acarrea la comisión del delito que la misma prevé, lo que determina que la información que por el ejercicio de sus funciones generan los funcionarios esta protegida por la reserva de la norma.

iv. Con respecto a la información a que se refiere la letra b) i de la respuesta, señala que el solicitante al formular la reclamación ha realizado varios cuestionamientos que constituyen más bien juicios de valor que sugieren un supuesto ocultamiento de información, dado que los documentos entregados indican que resulta necesario continuar con las indagaciones instruidas, en razón de que los hechos denunciados no lograron ser acreditados. Sin embargo, la PDI entregó en su respuesta toda la documentación existente sobre la investigación interna realizada. Al respecto individualiza cada uno de los antecedentes entregados al reclamante en la respuesta.

v. Precisa que si bien en cierto que de acuerdo al contenido de la Minuta (R) N° 298, de 28.06.97, el Departamento V "Asuntos Internos" solicitó autorización a la Dirección General para continuar con la investigación, esta informó que en sus archivos no existen antecedentes adicionales en que se constate la veracidad de la denuncia que dio lugar a la investigación archivada, lo que por lo demás motivó que la denuncia no pudiera ser acreditada siendo por tanto cerrada. En consecuencia, señala, las argumentaciones del reclamante carecen de todo sustento, desde que la PDI entregó toda la documentación pertinente que obra en su poder sin que posea antecedentes adicionales.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, la controversia de la especie se ha suscitado en torno a la siguiente información:

a) La investigación sumaria N° 120-2001 llevada a cabo por la PDI. Con respecto a esta información cabe consignar que la solicitud identifica a la investigación precisamente bajo el numero indicado, sin embargo, la PDI en su respuesta y descargos identifica esta investigación bajo el N° 126-2001. Con todo, es evidente que ambas partes aluden a la misma investigación, pues para identificarla mencionan, además de su rol o número, las características que la hacen inconfundible -el haber sido instruida en contra de un funcionario perfectamente individualizado y poseer una cantidad de fojas precisas-. Por tanto, ha de entenderse que la investigación corresponde a alguno los nuemros indicados, determinable a partir de las señaladas características esenciales.

b) Insuficiencia de los antecedentes entregados por la PDI en la respuesta, con respecto a la solicitud referida a copia de "denuncias e investigaciones internas seguidas ante, y por, el Departamento V de Asuntos internos en contra de (...) por infracción a la ley que combate el narcotráfico...".

c) Investigación ordenada por el 1° Juzgado del Crimen de Melipilla, en la causa Rol N° 54.331-AC, por infracción a la ley N° 19.366, así como el informe policial N° 410, de fecha 23 de octubre de 1997, evacuado en la misma causa penal.

2) Que respecto a la información mencionada en la letra a) del considerando que antecede, la PDI en sus descargos junto con explicitar las gestiones realizadas para hallarla, ha señalado que las mismas resultaron infructuosas dando a entender que la información se extravió y por lo tanto resulta inexistente. Pues bien, en relación con lo informado por la reclamada, resulta pertinente consignar que conforme ha resuelto previamente este Consejo, la inexistencia de la información solicitada, constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente. Al respecto, la Instrucción General N° 10, sobre el Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información, en el acápite sobre búsqueda de la información requerida, numeral 2.3, en su párrafo segundo, dispone que, en caso de no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, si el órgano público constata que no posee la información, luego de realizada su búsqueda, deberá agotar todos los medios a su disposición para encontrarla y, en caso de estimar que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio.

3) Que en función de lo explicado en sus descargos, la Policía de Investigaciones de Chile parece haber agotado los medios para buscar -aunque sin resultados positivos- la investigación solicitada. Sin embargo, no ha señalado los motivos específicos de la inexistencia y no ha entregado un acta que de cuenta de la búsqueda exhaustiva.

4) Que, por lo tanto, con respecto a la información mencionada en la letra a) del considerando 1°, este Consejo acogerá el amparo, aunque para el sólo efecto de requerir a la Policía de Investigaciones de Chile que elabore y entregue dicha acta al requirente.

5) Que, sin perjuicio de lo anterior, este Consejo hace presente su preocupación por la pérdida de información especialmente relevante como el expediente asociado a una investigación sumaria. Esta anomalía parece ser consecuencia de la carencia de mecanismos sistemáticos y periódicos de respaldo que lo eviten, lo que puede envolver riesgo cierto de imponer una traba al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública. Asimismo, este Consejo, representará la circunstancia de haber cobrado costos directos de reproducción y luego responder denegando la entrega de la información requerida, toda vez que ello contraviene los principios de facilitación y oportunidad establecidos en las letras f) y h) del artículo 11 de la Ley de Transparencia.

6) Que respecto a lo señalado en la letra b) del considerando 1°, esto es, la alegación sobre la supuesta insuficiencia de la información entregada por la PDI en su respuesta, esta ha señalado que efectuó todas las búsquedas pertinentes no encontrando antecedentes adicionales y ratificó en sus descargos que la única información que posee es aquella entregada en la respuesta. En mérito de ello, y dado que del examen de los antecedentes entregados por la PDI no se desprende la existencia de documentación adicional, ha de entenderse que esta dio cumplimiento al estándar de búsqueda que establece la Instrucción General N° 10, en su acápite 2.3 en orden a "efectuar la búsqueda de los actos, resoluciones, actas, expedientes y contratos, así como de toda otra información que obre en su poder, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, que sirvan para dar respuesta a la solicitud formulada". Por tal motivo se rechazará el amparo en esta parte.

7) Que la PDI denegó la entrega de la información que menciona el literal c) del considerando 1° -investigación interna seguida por la institución en contra de un funcionario e informe policial asociado- en base a lo dispuesto en el artículo 74 bis b) del Código de Procedimiento Penal, que configuraría la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 5, de la Ley de Transparencia.

8) Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8° de la Carta Fundamental. Por tanto, si bien artículo 74 bis, letra b) del Código de Procedimiento Penal, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material).

9) Que, la reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8° de la Constitución, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Pues bien, con respecto a la afectación de éstos, la Policía de Investigaciones de Chile sólo indica que la infracción de la prohibición establecida por el artículo 74 bis letra b) del Código de Procedimiento Penal acarrea la comisión de un delito e impide que cualquier persona pueda obtener copia o acceso de documentos o información relativa a un proceso penal sustanciado o tramitado bajo el antiguo sistema penal, lo cual afectaría el debido cumplimiento de las funciones, misiones y fines de dicha entidad policial.

10) Que tal argumentación, sin embargo, no señala ni acredita de manera concreta, el daño que provocaría la entrega de la información requerida. El criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. Tal parámetro no se satisface en este caso, razón por la cual no se configura la causal de reserva del artículo N° 5 de la Ley de Transparencia. Por lo demás, la interpretación sostenida por la PDI con respecto al artículo 74 bis b) del Código de Procedimiento Penal pugna con el sentido restrictivo con que deben ser aplicadas las disposiciones de excepción, como lo son las normas de secreto o reserva, pues, de esta forma, se entregaría la determinación de tal carácter a la pura discrecionalidad del órgano que toma conocimiento de la información comprendida en dicha norma.

11) Que, adicionalmente, para denegar la información en cuestión la reclamada ha sugerido que sería incompetente para pronunciarse con respecto a la solicitud, al haberse incorporado esta a un proceso judicial y someterse por tanto a la tramitación dispuesta por el Código de Procedimiento Penal, de manera que no quedaría bajo la órbita de control de la PDI sino que bajo el control de los magistrados instructores, correspondiendo sólo a estos decidir sobre el destino de aquella información. Sin embargo, la supuesta alegación de la PDI debe ser desestimada en virtud de lo que establece el acápite 2.1 de la Instrucción General N° 10, en el sentido que "Se entenderá que un servicio es competente para resolver la solicitud cuando, en ejercicio de sus funciones y/o atribuciones, generó o debió generar la referida información, ésta hubiese sido elaborada por un tercero por encargo de aquél o, en cualquier caso, aquélla obrase en su poder". En este sentido, cabe consignar que la PDI en caso alguno ha alegado que el expediente investigativo no obra en su poder. En consecuencia, de lo señalado precedentemente este Consejo acogerá el presente amparo en esta parte.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRAS B) Y M) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRAS B) Y M) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Matías Rojas Medina en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile:

a) Entregar al reclamante:

i. Copia del acta que de cuenta de la búsqueda exhaustiva de la información mencionada en el considerando 1° de este acuerdo, señalando expresamente que la misma no fue habida.

ii. Copia de la Investigación ordenada por el 1° Juzgado del Crimen de Melipilla, en la causa Rol N° 54.331-AC, así como copia del informe policial N° 410, de fecha 23 de octubre de 1997, evacuado en la misma causa.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas N° 1291, piso 6°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Representar al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile la infracción a los principios de facilitación y oportunidad establecidos en las letras f) y h) del artículo 11 de la Ley de Transparencia, toda vez que se solicitó el pago de los costos directos de reproducción para luego terminar denegando la información requerida. Lo anterior, a fin que adopte las medidas que sean necesarias para adecuar todas y cada una de sus actividades institucionales a la Ley de Transparencia.

IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile y al Sr. Matías Rojas Medina.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don José Luis Santa María Zañartu. El Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.