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Francisco Nomez Chiang con SEREMI DE BIENES NACIONALES REGIÓN DE ATACAMA Rol: C2437-14

Consejo para la Transparencia, 09/06/2015

Se dedujo amparo en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Tarapacá, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a los predios que están ubicados en un radio de 10 kilómetros del punto (UTM) 442380.00 m E 7709032.00 m S y aquellos que están ubicados en el polígono conformado por los siguientes puntos: a) 439605.57 m E 7706053.30 m S; b) 440319.50 m E 7704589.75 m S; c) 432075.92 m E 7706658.17 m S; d) 427431.44 m E 7698372.14 m S; e) 428286.06 m E 7698145.36 m S. El Consejo acoge el amparo parcialmente. En efecto, el órgano reclamado no ha acreditado de manera precisa cómo la entrega de la información distraería el cumplimiento regular de sus funciones, limitándose a señalar que los terrenos por los cuales se consulta son muy extensos e involucran un elevado número de actos administrativos no precisando de qué modo llevarlas a cabo constituye una afectación como la que se alega. Respecto al registro de propiedades indígenas de los terrenos indiciados por el solicitante, se rechaza el amparo toda vez que la información requerida no obra en poder del órgano reclamado, pues es competencia del Conservador de Bienes Raíces respectivo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Bienes Públicos
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2437-14

Entidad pública: Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Tarapacá.

Requirente: Francisco Nomez Chiang.

Ingreso Consejo: 13.11.2014

En sesión ordinaria N° 623 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de junio de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2437-14.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia..

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 15 de octubre de 2014, don Francisco Gómez Chiang, efectuó una solicitud de información a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Tarapacá, en la que requirió lo siguiente:

Información sobre los predios que están ubicados en un radio de 10 kilómetros del punto (UTM) 442380.00 m E 7709032.00 m S y aquellos que están ubicados en el polígono conformado por los siguientes puntos:

a) 439605.57 m E 7706053.30 m S

b) 440319.50 m E 7704589.75 m S

c) 432075.92 m E 7706658.17 m S

d) 427431.44 m E 7698372.14 m S

e) 428286.06 m E 7698145.36 m S

Esta solicitud se relaciona con un requerimiento de información previo, efectuada por el mismo requirente al órgano, tramitada bajo el código AQ-001W0003369, en la que requirió el catastro de propiedades fiscales en el sector de la localidad de Pintados y de Victoria, así como el registro de propiedades indígenas que existe en las mismas localidades, y de propiedades en general. En dicha solicitud el órgano requirió detallar con mayor precisión el lugar al que se hace referencia

2) RESPUESTA: El 13 de noviembre de 2014, el Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales, en adelante e indistintamente SEREMI, de Bienes Nacionales de la Región de Tarapacá, por medio de ordinario N° 2.919, de 13 de noviembre de 2014, remitió resolución exenta N° 836, de 12 de noviembre de 2014, del mismo órgano, que da respuesta al requerimiento denegando la entrega de la información. El órgano señala, en resumen, que debido a la gran extensión del requerimiento, involucra un elevado número de actos administrativos, por lo que, acceder a la entrega de la información implicaría distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, configurándose la causal del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 13 de noviembre de 2014, don Francisco Nomez Chiang, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Ministerio de Bienes Nacionales. Fundando su amparo en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación este amparo y, mediante Oficio N° 6.668, de fecha 20 de noviembre de 2014, confirió traslado al SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Tarapacá, solicitándole que al formular sus descargos: (1°) se refiera específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; y (2°) explique cómo lo solicitado afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que Ud. representa.

Con fecha 30 de diciembre de 2014, el SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Tarapacá, por medio de oficio ordinario N° 3.455, de 29 de diciembre de 2014, presentó sus descargos y observaciones. Señalando, en síntesis, lo siguiente:

a) Con fecha 11 de septiembre de 2014 el Sr. Francisco Nomez solicitó el catastro de propiedades fiscales en el sector de la localidad de Colonia Pintados y Victoria. Así como también el registro de propiedades indígenas que existe en las mismas localidades, y de propiedades en general. Con fecha 7 de octubre de 2014, el órgano dio respuesta a dicha solicitud requiriendo al interesado identificar con mayor claridad la información requerida, acompañando coordenadas y antecedentes más detallados de los terrenos objeto de consulta.

b) En virtud de lo antes expuesto, el reclamante efectuó la solicitud de fecha 15 de octubre de 2014, objeto del presente amparo, que fue denegada por aplicación del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.

c) Reitera lo indicado en la respuesta respecto de la causal de reserva, señalando que la petición es del todo genérica, toda vez, que en primer término requiere el catastro de propiedades fiscales en un sector determinado (definido en la solicitud de fecha 15 de octubre de 2014), conjuntamente con el registro de propiedades indígenas que existe en las mismas localidades; finalizando su petición con la solitud de un registro de propiedades en general.

d) La solicitud antedicha, en lo que compete a este Servicio, no señala el tipo de información de propiedades fiscales requeridas, toda vez que no indica si se refiere a propiedad fiscal administrada por la vía de concesiones, servidumbres, afectación, destinaciones, transferencias, o en su defecto por otra modalidad de administración establecida en el decreto ley N° 1.939 del año 1977; o, por el contrario, si se trata de propiedad fiscal disponible. Adicionalmente, los requerimientos tampoco fueron precisos en cuanto al periodo, toda vez que no se indicó la época objeto de consulta.

e) A mayor abundamiento, sin perjuicio de los argumentos esgrimidos precedentemente, pese a no solicitar la información de forma precisa y clara, involucra una considerable superficie de terreno, toda vez que el requerimiento de información pública dice relación con 2 paños de terreno los cuales comprenden la superficie de 4.836,90 hectáreas y 31.415,93 hectáreas, respectivamente, dentro de los cuales, esta repartición pública, en uso de las atribuciones conferidas en virtud del decreto ley N° 1. 939 del año 1977, ha administrado una gran cantidad de inmuebles, bajo las distintas modalidades que establece el cuerpo normativo citado, existiendo en consecuencia, en dicha superficie, un elevado número de actos administrativos.

5) GESTIÓN OFICIOSA. Con fecha 2 de marzo de 2015, se remitió correo electrónico al órgano requiriendo que se pronuncie en el siguiente sentido:

a) Cuál es el rol que cumple la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Tarapacá en relación al registro de las propiedades fiscales. Cómo gestiona dicho registro y en qué consiste.

b) Cuál es el rol que cumple el órgano en relación al registro de propiedades indígenas. Cómo gestiona dicho registro y en qué consiste.

c) Cuál es el rol que cumple el órgano en relación al registro de propiedades en general. Cómo gestiona dicho registro y en qué consiste.

d) Especifique en qué medida la solicitud de información implicaría distraer indebidamente a los funcionarios de sus labores habituales, cuanto tiempo les tomaría recabar y proporcionar la información solicitada.

6) RESPUESTA ÓRGANO: Con fecha 5 de marzo de 2015, la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Tarapacá, remitió correo electrónico a este Consejo, en el que acompañó ordinario N° 606-2015, dando respuesta a lo solicitado en el numeral anterior.

a) Conforme lo dispuesto en el artículo 1 del decreto ley N° 1.939 del año 1977, en el artículo 1 del decreto ley N° 3.274 del año 1980, que fija la ley orgánica del Ministerio de Bienes Nacionales, en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, y en virtud de la atribuciones conferidas por ley a la SEREMI de Bienes Nacional de la Región de Tarapacá, dicha repartición sólo tiene competencia en la administración de propiedad fiscal, comprendida por los bienes del Estado, esto es, terrenos que, estando situados dentro de los límites territoriales, carecen de otro dueño y por los bienes nacionales de uso público. Por ende, esta Secretaría debe formar, conservar y actualizar el catastro regional de los bienes raíces de propiedad fiscal.

b) El registro de propiedad indígena no es de competencia de este Servicio, por cuanto, se encuentra en el ámbito de competencias de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la ley N° 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea dicha institución.

c) En cuanto al registro de propiedades en general, no es competencia de este servicio, por cuanto, se encuentra en el ámbito de atribuciones de los Conservadores de Bienes Raíces competentes, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento del registro de conservatorio de bienes raíces. Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de la propiedad fiscal enajenada, la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Tarapacá, cuenta con los actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como toda la información elaborada con presupuesto público referentes a la misma, ello sin perjuicio de transferencias o transmisiones de dominios posteriores.

d) La solicitud implicaría distraer indebidamente a los funcionarios de sus labores habituales, toda vez que, atendido el requerimiento genérico del interesado, esta SEREMI tendría que entregar información respecto de las siguientes propiedades: propiedad fiscal disponible, propiedad fiscal administrada, propiedad fiscal enajenada, todo ello respecto de 2 paños de terreno, los cuales comprenden la superficie de 3.836,90 hectáreas y 31.415,93 hectáreas, desde la dictación del primer acto administrativo hasta la fecha. Finalmente, indican que el reclamante no precisó la fecha o período de tiempo respecto del cual se solicitó la información.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, respecto de la solicitud de información, el mismo órgano en sus descargos se refiere a una solicitud de información anterior del reclamante en la que el Sr. Nomez requirió: a) El catastro de propiedades fiscales en el sector de la localidad de Colonia Pintados y de Victoria; b) el registro de propiedades indígenas que existe en las mismas localidades y; c) registro de propiedades en general. La SEREMI requirió que precisara dicho requerimiento, y en respuesta a lo solicitado por el órgano el Sr. Francisco Nomez Chiang ingresó una nueva solicitud en la que indica que precisando la solicitud anterior, requiere información sobre los predios ubicados en un radio de 10 km del punto que indica y aquellos ubicados en cierto polígono. Por lo que, en virtud de las alegaciones efectuadas por el mismo órgano, la solicitud de información se conforma por ambos requerimientos, siendo el de fecha 15 de octubre de 2014 una complementación de la anterior. En conclusión, lo solicitado es el catastro de propiedades fiscales, indígenas y propiedades en general, ubicadas en los terrenos individualizados.

2) Que, respecto del catastro de propiedades fiscales, cabe hacer presente que si bien el reclamante no especifica en su solicitud de acceso el tipo de administración de los bienes fiscales, por cuanto requiere predios ubicados en un radio de 10 km de cierto punto y los ubicados en los polígonos conformados por los puntos que indica; a juicio de este Consejo, se trata de una solicitud de carácter general, al tenor de lo razonado en la decisión recaída en el amparo Rol A107-09 (considerando 1°), esto es, "de una solicitud que sin ser genérica, requiere acceder a información de carácter general, sin especificar un documento, fecha u otros datos, pero sí la materia u otro carácter esencial señalado en el art. 7° N° 1 letra c) del Reglamento de la Ley de Transparencia", inteligible por el organismo reclamado, lo que se ratifica con el hecho que ante la complementación de la solicitud de acceso éste se abstuvo de solicitar la subsanación de la misma, de acuerdo a lo previsto en el inciso 2° del artículo 12 de la Ley de Transparencia. Respecto de las demás propiedades el órgano no realiza ningún comentario sobre su especificidad. En cuanto a la falta de especificación respecto del período de la consulta, al reclamante le interesa conocer el catastro a la fecha del requerimiento, lo que se desprende de la solicitud de información.

3) Que, a modo de contexto, cabe señalar que el decreto ley N° 1939 de 1977, en su artículo 3, indica que "Corresponderá al Ministerio formar y conservar el catastro de los bienes raíces de propiedad fiscal y de todas las entidades del Estado. Las reparticiones de la Administración Pública centralizadas y descentralizadas deberán poner a disposición del Ministerio los antecedentes e instrumentos relacionados con estos bienes, en la forma, plazos y condiciones que señale el reglamento.". Por su parte, el artículo 8 del decreto ley N° 3.274 que establece la ley orgánica del Ministerio de Bienes Nacionales indica que "Corresponden a la División del Catastro Nacional de los Bienes del Estado las siguientes funciones: a) Estudiar, proponer y controlar el cumplimiento de las normas destinadas a la formación y conservación actualizada del catastro de los bienes nacionales de uso público, de los bienes raíces de propiedad fiscal, y de los de todas las entidades del Estado; b) Mantener actualizado el catastro general de dichos bienes, con la información proporcionada por las Secretarías Regionales Ministeriales; y"

4) Que, revisada la página web del Catastro de Bienes Nacionales www.catastro.cl se indica respecto del catastro que "continuando con la política de transparencia y eficiencia que hemos privilegiado en la gestión de inmuebles fiscales, y en un esfuerzo inédito en la historia de este ministerio, estamos poniendo a disposición de los chilenos y chilenas un Catastro On Line, que contiene la información sobre la gran mayoría de la propiedad fiscal que tiene algún acto de administración. En efecto, en este sitio web es posible encontrar información sobre propiedades fiscales sujetas a actos administrativos tales como arriendos, concesiones, destinaciones, servidumbres, permisos de ocupación y afectaciones. También se podrá acceder a información respecto de la propiedad fiscal enajenada."

5) Que, en virtud de la legislación vigente, lo indicado por el órgano en sus descargos y la información que se provee en la página web, es claro que la información solicitada obra en poder del órgano, y que mantener el registro de dichos bienes forma parte de sus competencias. Por lo que, es procedente en este caso pronunciarse respecto de la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° letra c) de la Ley de Transparencia, ya que, en virtud de lo señalado por el órgano, se distraería a los funcionarios del cumplimiento de sus tareas, por cuanto la información solicitada involucraba dos superficies de 4.836,90 y 31.415,93 hectáreas, dentro de las cuáles ha administrado una gran cantidad de inmuebles, bajo distintas modalidades, existiendo en consecuencia, en dicha superficie un elevado número de actos administrativos.

6) Que, en torno a la interpretación de la causal antes indicada, la profusa jurisprudencia del Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos significativamente tales, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "(...) la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, costo de oportunidad, etc. (decisiones de amparo roles C38-09, C41-09, C48-09, C80-09, entre otras).

7) Que, el organismo reclamado no ha acreditado de manera precisa cómo la entrega de la información distraería el cumplimiento regular de sus funciones habituales. En efecto, se ha limitado a señalar que los terrenos por los cuales se consulta son muy extensos, e involucran un elevado número de actos administrativos, sin precisar de qué modo llevarlas a cabo constituye una afectación como la que alega. En definitiva, la institución reclamada no ha explicitado las dificultades específicas que tendría en el acceso a la información que se pide, la forma en que ésta se encontraría registrada o archivada, como tampoco los recursos personales y materiales que se deban comprometer y el tiempo específico que sus funcionarios deberían emplear, en relación con su jornada habitual de trabajo, para el desarrollo de las mismas.

8) Que, en este sentido, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones..., mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente..., sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

9) Que, conforme con lo expuesto precedentemente, resulta razonable que el órgano reclamado pueda hacer entrega de dicha información, dentro de un plazo prudencial, a fin de que no se afecte en forma indebida el cumplimiento regular de las labores habituales de sus funcionarios. Al respecto, es menester agregar que el hecho de tener disponible la información materia de este amparo, repercute en que el Ministerio de Bienes Nacionales cuente con la información y los elementos que precisamente le permitan desarrollar adecuadamente sus funciones. Por lo que, se acogerá el amparo en esta parte, y se ordenará la entrega en lo resolutivo de esta decisión.

10) Que, respecto del registro de propiedades indígenas de los terrenos indicados por el solicitante, el artículo 15 de la ley N° 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, señala que "La Corporación abrirá y mantendrá un Registro Público de Tierras Indígenas. En este Registro se inscribirán todas las tierras a que alude el artículo 12 de esta ley. Su inscripción acreditará la calidad de tierra indígena. La Corporación podrá denegar esta inscripción por resolución fundada. Los Conservadores de Bienes Raíces deberán enviar al citado Registro, en el plazo de treinta días, copia de las inscripciones que realice y que recaigan sobre los actos o contratos, a que alude el artículo 13 de esta ley. El Archivo General de Asuntos Indígenas, a que se refiere el artículo 30, otorgará copia gratuita de los títulos de merced y comisarios para su inscripción en este Registro Público."

11) Que, conforme lo indicó el órgano en sus descargos "el registro de propiedad indígena no es de competencia de este servicio", siendo competente para conocer de dicha parte de la solicitud la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena. En virtud de ello, el órgano debió aplicar el artículo 13 de la Ley de Transparencia, dicha norma indica que "En caso que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario". En consecuencia, en aplicación de la norma legal citada, debería haber derivado al órgano competente para que se pronunciase al respecto. Gestión que no realizó, al entender que sólo con pronunciarse respecto de la información que era de su competencia cumplía con lo establecido en la Ley de Transparencia. En este sentido, se le representará dicha infracción a la normativa, en lo resolutivo de esta decisión.

12) Que, en cuanto a información que debiese obrar en poder de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, excepcionalmente, en el presente amparo y conforme al principio de facilitación consagrado en el artículo 11 letra f), de la Ley de Transparencia, este Consejo derivará la solicitud de información al señalado organismo, a objeto que éste remita al reclamante la información requerida.

13) Que, respecto del registro de las propiedades en general de los terrenos indicados, conforme lo establece el artículo 446 del Código Orgánico de Tribunales "Son conservadores los ministros de fe encargados de los registros conservatorios de bienes raíces ()". El decreto sin número, publicado en el diario oficial el 25 de junio de 1875, del Ministerio de Justicia, que establece el reglamento del registro de conservatorio de bienes raíces, en su artículo 31, indica que el Conservador llevará tres libros, denominados: "1° Registro de Propiedad; 2° Registro de Hipotecas y Gravámenes; 3° Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar." Por su parte, como se indicó en el considerando 3 el Ministerio de Bienes Nacionales deberá llevar un catastro de los bienes raíces de propiedad fiscal y de todas las entidades del Estado. En consecuencia, en virtud de las normas antes citadas, la información requerida no obra en poder del órgano, siendo competencia del respectivo Conservador de Bienes Raíces, por lo que, se rechazará el amparo en esta parte.

14) Que, adicionalmente este Consejo puede señalar que el Conservador de Bienes Raíces es un Auxiliar de la Administración de Justicia, de acuerdo con lo indicado en el artículo 466 del Código Orgánico de Tribunales. En este contexto, el artículo 2° de la Ley de Transparencia, que establece su ámbito de aplicación, no hace referencia expresa a los Conservadores de Bienes Raíces, al Poder Judicial ni menos a sus organismos auxiliares en cuanto a órganos sujetos a la aplicación de sus disposiciones, limitándose a señalar en su inciso final que "Los demás órganos del Estado se ajustarán a las disposiciones de sus respectivas leyes orgánicas que versen sobre los asuntos a que se refiere el artículo 1° precedente".

15) Que, a mayor abundamiento, el artículo 2° del reglamento de la Ley de Transparencia, que norma en forma pormenorizada los aspectos generales regulados en dicho cuerpo legal, al referirse a su ámbito de aplicación, señala expresamente que no se aplicarán sus disposiciones, entre otros, al Poder Judicial. Por lo tanto, al Conservador de Bienes Raíces respectivo, y en general a los Tribunales que forman parte del Poder Judicial, no les resultan aplicables las normas previstas en la Ley de Transparencia referentes al derecho de acceso a la información que puede hacerse valer en un procedimiento de amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Francisco Nomez Chiang, en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Tarapacá, por las razones precedentemente expuestas.

II. Requerir al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Tarapacá que:

a) Entregue al reclamante el catastro de los bienes de propiedad fiscal, a la fecha de la solicitud, en los terrenos indicados en la solicitud de información.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@cplt.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Representar al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Tarapacá, no haber derivado la solicitud de información al organismo que estimaba competente, infringiendo así lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia.

IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, proceder a la derivación de la solicitud de acceso en lo relativo al registro de las propiedades indígenas en los terrenos indicados, a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, según lo resuelto en el considerando 12°, a fin de que dicho órgano se pronuncie sobre ella, en los términos que exige la Ley de Transparencia.

V. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Tarapacá, y a don Francisco Nomez Chiang.

En contra de la presente decisión, procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado, no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza, y por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.