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Matías Rojas Medina con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Rol: C2282-14

Consejo para la Transparencia, 12/06/2015

Se dedujo amparo en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, fundado en la falta de respuesta a un requerimiento, ni se informó acerca de la prórroga del plazo respecto "copia íntegra de todas las investigaciones internas y sumarios administrativos incoados por la institución en el año 2002, luego de que se descubriera consumo de drogas por parte del ex funcionario que indica, en contra de dicho funcionario, y cualquier otro funcionario de investigaciones que pudiere haber sido investigado por dicha situación". El Consejo acoge el amparo, toda vez que la información solicitada fue claramente identificada, correspondiendo dar respuesta a la solicitud de información y no aclararla, importando una falta de colaboración por parte del órgano reclamado. Por otro lado, no se configura la causal de secreto invocada, pues la información se encuentra restringida sólo a los sumarios iniciados por una materia específica, vinculada a un sólo funcionarios, en un periodo acotado de tiempo, siendo de un volumen muchísimo menor en relación a la cantidad de antecedentes señalados por el órgano reclamado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos  Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 



Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2282-14

Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile

Requirente: Matías Rojas Medina

Ingreso Consejo: 24.10.2014

En sesión ordinaria N° 624 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de junio de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2282-14.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de septiembre de 2014, don Matías Rojas Medina requirió a la Policía de Investigaciones de Chile -en adelante, e indistintamente, también PDI- le proporcionara "copia íntegra de todas las investigaciones internas y sumarios administrativos incoados por la institución en el año 2002, luego de que se descubriera consumo de drogas por parte del ex funcionario que indica, en contra de dicho funcionario, y cualquier otro funcionario de investigaciones que pudiere haber sido investigado por dicha situación".

2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 24 de octubre de 2014, don Matías Rojas Medina dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, fundado en la falta de respuesta a su requerimiento, ni que tampoco se le informó acerca de la prórroga del plazo.

3) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante Oficio N° 6355, de 6 de noviembre de 2014, solicitándole, entre otras cosas, que indique el estado de tramitación en que se encuentran las investigaciones y sumarios administrativos solicitados.

Dicho Oficio fue respondido por el Jefe de Jurídica de la PDI, quien mediante Oficio N° 739, de 25 de noviembre de 2014, presentó sus descargos y observaciones al presente amparo, señalando, en síntesis, lo siguiente:

a) Mediante solicitud de información de 22 de septiembre de 2014, don Matías Rojas Medina requirió lo siguiente: "Copia íntegra de todas las investigaciones internas o sumarios administrativos incoados por la institución en el año 2002, luego que se descubriera consumo de drogas por parte del ex funcionario que indica". Al respecto, se le solicitó al recurrente, mediante correo electrónico de 22 de septiembre de 2014, subsanación de su solicitud dentro del plazo de 5 días, teniéndosele por desistido de su solicitud si no lo hiciere, de acuerdo a lo establecido por el artículo 12 de la Ley de Transparencia. En concreto, se le solicitó que subsanara lo siguiente:

i. Precisara si su petición se refiere a investigaciones internas o sumarios administrativos, respecto sólo del funcionario referido, o que afectaron a todo el personal de la brigada que alude, o bien a todo el personal de la institución.

ii. Se le solicitó que específicamente la rectificación de su petición la hiciera por escrito en la Jefatura Jurídica de la PDI, o el en correo electrónico que indica.

b) El 22 de septiembre de 2014, el solicitante ingresó al sistema de gestión de solicitudes, lo que a su entender constituyó una rectificación a su solicitud, en los siguientes términos: "Copia íntegra de todas las investigaciones internas y sumarios administrativos incoados por la institución en el año 2002, luego que se descubriera consumo de drogas por parte del ex funcionario que indica, en contra de dicho funcionario y cualquier otro funcionario de Investigaciones que pudiera haber sido investigado por dicha situación". Señala que, del tenor de lo contestado, se advierte que no rectificó su petición, sino que insistió en su contenido.

c) En conformidad al artículo 12, letra b), de la Ley de Transparencia, y artículo 28, letra c), de su Reglamento, la solicitud de información deberá contener, entre otros requisitos, la identificación clara de la información que se requiere. De acuerdo al inciso 2° del citado artículo 12, si el solicitante no subsana la falta en un plazo de cinco días desde que se le notifique por parte del órgano, se tendrá por desistido de su petición.

d) Dado que la solicitud no identificaba claramente la información requerida, se le solicitó la subsanación de la misma. El recurrente ingresó una presentación que, a su entender, constituyó una rectificación, sin embargo ésta fue formulada en los mismos términos que la solicitud original, por lo que resulta forzoso concluir que su presentación no cumplió con los requisitos para ser admitida a tramitación como una solicitud de información y, consecuentemente, no puede dar lugar dicha petición a una reclamación de amparo al derecho de acceso a la información pública ante este Consejo.

e) Por otra parte, señala que según lo informado por la Secretaría General, durante el año 2002, fueron instruidos 476 sumarios administrativos y 190 investigaciones internas. Debido a la data de éstas, se encuentran concluidas, de igual forma que no existe ningún acto administrativo en contra del funcionario que indica. En tanto, el Departamento V "Asuntos Internos", informó que se incoaron en el año 2002 un total de 92 investigaciones internas y en ninguna de ellas se encuentra involucrado el funcionario referido.

f) Dado que el solicitante requirió "copia íntegra de todas las investigaciones internas o sumarios administrativos incoados por la institución en el año 2002", se hace necesario acotar su petición, cosa que no hizo. Del total de sumarios administrativos, investigaciones internas e investigaciones llevadas a cabo por el Departamento V "Asuntos Internos", da un resultado de 112.300 copias de antecedentes.

g) En virtud del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente tratándose de requerimientos cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En este orden de ideas, y conforme se indicó, lo solicitado arroja un volumen de 112.300 copias de antecedentes, los que además deben ser tachados, dado que contienen un sinnúmero de datos personales que no corresponden al peticionario y que no han sido requeridos.

h) La dotación de la Sección de Transparencia de la PDI, está conformada por 4 abogados y un asistente administrativo, quien es el encargado de obtener las copias de los documentos solicitados. Para satisfacer la petición del solicitante, todo el personal que forma parte de la sección debería abocarse de forma exclusiva, por un tiempo no inferior a un mes, sólo a trabajar para la obtención de lo solicitado, lo que sin duda afectaría la labor que desarrolla dicha sección.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en primer lugar, y previo a pronunciarse sobre el fondo del presente amparo, cabe referirse a la alegación efectuada por el organismo reclamado, en orden a que el requirente no habría subsanado su solicitud de información, por lo que, a juicio de la PDI, se debe concluir que ésta no cumplió con los requisitos para ser admitida a tramitación, aplicándose, en consecuencia, el apercibimiento señalado en el artículo 12, inciso 2°, de la Ley de Transparencia, debiendo tenérsele por desistido de su solicitud.

2) Que, sobre el particular, este Consejo observa una contradicción en el exacto contenido de la solicitud de información, de acuerdo, por una parte, a lo transcrito por el órgano reclamado y, por la otra, a la documentación adjuntada por el solicitante. En efecto, de acuerdo a lo informado por el propio organismo reclamado, en la solicitud de información de 22 de septiembre de 2014, que originó el presente amparo, se requirió "Copia íntegra de todas las investigaciones internas o sumarios administrativos incoados por la institución en el año 2002, luego que se descubriera consumo de drogas por parte del ex funcionario que indica". Por su parte, de acuerdo a la información remitida por el requirente a este Consejo -impresión de sitio electrónico del órgano reclamado, que da cuenta de los datos de la solicitud-, lo solicitado habría sido requerido en los siguientes términos "Copia íntegra de todas las investigaciones internas y sumarios administrativos incoados por la institución en el año 2002, luego de que se descubriera consumo de drogas por parte del ex funcionario que indica, en contra de dicho funcionario, y cualquier otro funcionario de investigaciones que pudiere haber sido investigado por dicha situación" (lo destacado es nuestro).

3) Que, a su vez, como resultado de la solicitud de subsanación, conforme al artículo 12, solicitado al requirente, y según informa la propia PDI, aquél presentó una rectificación, que, a su juicio, no habría subsanado la falta de identificación precisa de la información requerida. Dicha rectificación, está redactada exactamente en los mismos términos en que consta la copia de la solicitud adjuntada por el requirente a este Consejo, esto es, idéntica a la segunda cita a que se hace mención en el considerando precedente.

4) Que, en concreto, la PDI ha alegado que, tanto la solicitud original, como la rectificación de ésta, no contiene la identificación clara de la información que se requiere, por cuanto ambas presentaciones fueron formuladas en los mismos términos. Sobre el particular, el citado artículo 12 establece que la solicitud de acceso a la información deberá contener, entre otros requisitos, "identificación clara de la información que se requiere". A su vez, el artículo 28, letra c), del Reglamento de la Ley de Transparencia, señala que la solicitud, para ser admitida a tramitación, debe identificar claramente la información que se requiere, entendiendo por esto "cuando indica las características esenciales de ésta, tales como su materia, fecha de emisión o período de vigencia, origen o destino, soporte, etcétera".

5) Que, sin perjuicio de cuál haya sido el exacto contenido de la solicitud de información original presentada por el requirente, ya sea en dicha solicitud o en la posterior rectificación, éste indicó claramente que lo solicitado consistía en copia íntegra de todas las investigaciones internas y sumarios administrativos, incoados durante el año 2002, en contra del funcionario que indica, o del cualquier otro funcionario de la institución, que se hayan iniciado como consecuencia del eventual consumo de drogas por parte del funcionario que se indica en la solicitud. Dicha identificación, a juicio de este Consejo, satisface plenamente el requisito de identificación de la información requerida, conforme al artículo 12, letra b), de la Ley de Transparencia. En efecto, se señala la materia (investigaciones internas y sumarios administrativos, en contra del cualquier funcionario, por los hechos que indica) y el período de estos sumarios (todos los incoados durante el año 2002), características que, el artículo 28, letra c), del Reglamento de la Ley de Transparencia, entiende como esenciales de la información requerida.

6) Que, al respecto cabe hacer presente que, resolviendo sobre la admisibilidad de un amparo en que el órgano requirió aclaración al solicitante, este Consejo en la decisión de amparo Rol C41-12, estableció que "Que "denegar", conforme a la Real Academia Española de la Lengua, es "no conceder lo que se pide o solicita". En consecuencia, al solicitar el órgano requerido la aclaración o subsanación de un requerimiento de información en los hechos está denegando la petición, pues no concede lo pedido y sujeta a una condición (la respectiva aclaración o subsanación) la evaluación de la solicitud. Ello es tanto más evidente si la aclaración o subsanación es injustificada, pues en tal caso la única manera de cuestionarla es acudiendo a este Consejo por la vía del amparo, como ha ocurrido en este caso, rectificándose en definitiva lo obrado. Si, por el contrario, el Consejo confirma la licitud de la subsanación requerida la solicitud se consolidará el desistimiento".

7) Que, en consecuencia, y habiendo sido claramente identificada la información requerida, se acogerá el presente amparo, por cuanto correspondía que el organismo reclamado hubiera dado respuesta a lo solicitado, pronunciándose sobre el fondo del asunto, dando por rectificada la solicitud de información, al haberse precisado claramente lo que se estaba requiriendo, esto sin perjuicio de lo que a continuación se señale en relación con el fondo de la información requerida. Atendido que la situación descrita importa una falta de colaboración de la Policía de Investigaciones en el ejercicio del derecho a acceso a la información pública, dicha circunstancia será representada severamente a dicho órgano, más aún cuando el contenido de lo solicitado resultaba lo suficientemente claro, al menos de la lectura de la rectificación presentada por el requirente.

8) Que, siendo el objeto de lo requerido la copia de los sumarios administrativos e investigaciones internas ordenandos instruir por la PDI, en el período y por los hechos que se indican, resulta plenamente aplicable el criterio desarrollado por este Consejo en relación al secreto de los sumarios administrativos consagrado por el artículo 137 del Estatuto Administrativo. En este sentido, este Consejo en forma reiterada ha resuelto que el carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado, el cual anticipadamente se levanta sólo respecto de ciertas personas, como el inculpado y su abogado. En efecto, teniendo el secreto sumarial por objeto asegurar el éxito de la investigación, una vez terminada ésta, la justificación de su secreto también finaliza. A mayor abundamiento, en el mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, al aclarar que la reserva que establece el artículo 137, inciso 2°, del Estatuto Administrativo, es temporal y cesa una vez afinado el sumario administrativo, instante en que pasa a estar "() sometido sin limitaciones al principio de publicidad, que constituye la regla general respecto de todos los actos de la Administración del Estado.." (Dictamen N° 11.314/2000, entre otros).

9) Que, atendido que los sumarios administrativos e investigaciones internas solicitadas sólo dicen relación con aquellos procedimientos iniciados el año 2002, y atendido el tiempo transcurrido desde entonces, es dable presumir que todos aquellos procesos investigativos requeridos ya se deben encontrar afinados, por lo que, en principio, la información solicitada constituye información pública. Con todo, cabe tener presente que el organismo reclamado invocó también la causal de secreto o reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, atendido que durante el año 2002 fueron instruidos un total de 476 sumarios administrativos y 190 investigaciones internas, además de 92 investigaciones internas llevadas a cabo en el Departamento V "Asuntos Internos". Toda esta información da un resultado total de 112.300 copias de antecedentes. La citada causal permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido, el artículo 7° N° 1, letra c), del Reglamento de la Ley de Transparencia, precisa que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento "requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

10) Que, de conformidad a lo preceptuado en el citado artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable da daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva. En este sentido, la profusa jurisprudencia del Consejo ha establecido que la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos significativamente tales, que entorpezcan el normal y debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "() la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, costo de oportunidad, etc. (decisiones de amparo roles C38-09, C41-09, C48-09, C80-09, entre otras).

11) Que, los procedimientos administrativos requeridos sólo dicen relación con aquellos incoados como consecuencia de que se descubriera el consumo de drogas por parte del funcionario indicado en la solicitud. Además, la información solicitada se circunscribe sólo a los procedimientos iniciados en el año 2002, y exclusivamente por la materia señalada. No obstante esto, la PDI invoca la referida causal de reserva, aludiendo a la cantidad de antecedentes generados por la totalidad de procedimientos administrativos iniciados en el mencionado año. En consecuencia, a juicio de este Consejo, y por encontrarse restringida la información solo a los sumarios iniciados por una específica materia, que por lo demás está vinculada a un solo funcionario, y que fueron iniciados en un período acotado de tiempo, es dable presumir que la información solicitada es de un volumen muchísimo menor en relación con el total de antecedentes que señala el órgano reclamado. Por lo tanto, no se configuraría en la especie la causal de secreto alegada, debiendo, en consecuencia, acogerse el amparo y entregarse al solicitante copia de todos los sumarios administrativos e investigaciones internas incoadas durante el año 2002, como consecuencia de haberse descubierto el consumo de drogas por parte del funcionario señalado en la solicitud de información, procedimientos que pueden haber sido iniciados en contra de cualquier funcionario de la PDI.

12) Que, con todo, se debe hacer presente que, de contenerse en los expedientes sumariales requeridos, datos personales de contexto, tales como números de cédula de identidad, domicilios particulares, fecha de nacimiento, estado civil, teléfonos, correos electrónicos particulares, entre otros, deberán ser tarjados en forma previa a su entrega, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), 4° y 7°, de la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada. Lo anterior en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, y en aplicación del principio de divisibilidad, reconocido por el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Matías Rojas Medina en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, por los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile que:

a) Entregue al solicitante copia íntegra de todas las investigaciones internas y sumarios administrativos incoados durante el año 2002, luego de que se descubriera el consumo de drogas por parte del funcionario señalado en la solicitud, en contra de dicho funcionario y de cualquier otro que pudiera haber sido investigado por dicha situación, debiendo tarjarse todos los datos personales de contexto, conforme a lo indicado en el considerando 12° de la presente decisión.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.

III. Representar severamente al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile que, al haber solicitado la rectificación de la solicitud de información, y una vez efectuada ésta, no haya dado respuesta a lo requerido, a pesar de encontrarse claramente identificado el contenido de la información solicitada, importa una falta de colaboración en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, a efectos de que adopte las medidas administrativas que sean necesarias con el objeto que, en lo sucesivo, no se repitan situaciones como las motivadas con el presente amparo.

IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Matías Rojas Medina y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza, y por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.