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Matías Rojas Medina con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Rol: C471-15

Consejo para la Transparencia, 23/06/2015

Se dedujo amparo en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, fundado en que la información entregada es incompleta referente a: a) "Se me entreguen los nombres de todos los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile que participaron en la investigación del crimen de Alice Meyer Abel, ocurrido en el mes de diciembre del año 1985, b) Conocer, en orden cronológico, las destinaciones que tuvieron las personas que se indican. Entre otros. El Consejo acoge el amparo. Respecto al literal a), se acoge el amparo toda vez que se requiere información de funcionarios involucrados en la indagación en cuestión, en un procedimiento que se encuentra con sentencia definitiva. Respecto al literal c), se acoge el amparo toda vez que resultan inconsistentes las alegaciones relativas a la reserva o secreto. Respecto al literal b), se acoge el amparo, toda vez que se trata de información que debería obrar en manos del órgano reclamado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C471-15

Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

Requirente: Matías Rojas Medina.

Ingreso Consejo: 27.02.2015.

En sesión ordinaria N° 626 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de junio de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C471-15.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1. SOLICITUD DE ACCESO: El 08 de enero de 2015, don Matías Rojas Medina solicita a la Policía de Investigaciones de Chile - en adelante también PDI-, lo siguiente:

a) "Se me entreguen los nombres de todos los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile que participaron en la investigación del crimen de Alice Meyer Abel, ocurrido en el mes de diciembre del año 1985,

b) Conocer, en orden cronológico, las destinaciones que tuvieron los señores Luis Gilberto Opazo Quiroz, Álvaro Mena Aliaga y Fernando Lobos durante su servicio activo en la PDI,

c) Se me entregue copia de todas las investigaciones internas realizadas al interior de la Institución con motivo de diversas acusaciones, algunas de orden judicial, relativas a la presunta participación de funcionarios policiales en obstrucción a la justicia, en el caso referido en el primer punto de esta solicitud, y en el eventual secuestro y asesinato de Delfín Díaz Méndez, quien había sido sindicado por la PDI como autor del homicidio de Alice Meyer Abel,

d) Se me informe que funcionarios de la PDI fueron procesados por el 12° Juzgado del Crimen de Santiago en relación al caso referido en el primer punto de esta solicitud, quedando luego absueltos de todas responsabilidad,

e) Se revise la colección Histórica de la jefatura Nacional de Homicidios de la PDI y, en el caso de existir un libro dedicado al caso de Alice Meyer Abel, se me entregue copia de todo el contenido que allí exista sobre el mismo".

2. RESPUESTA: La Policía de Investigaciones de Chile, mediante carta de fecha 19 de febrero de 2015, responde la solicitud de acceso, señalando, en síntesis, lo siguiente:

a) En cuanto a lo solicitado en el literal a) de su requerimiento, le comunican que los antecedentes solicitados inciden en la actual causa rol N° 104-2014, que está siendo sustanciada por el Ministro Sr. Mario Carroza Espinosa, seguida por los delitos de secuestro y homicidio del Sr. Delfín Díaz Méndez, quién fue acusado en su oportunidad como el autor del homicidio de Alice Meyer, investigación que busca determinar la eventual responsabilidad de funcionarios de la PDI en los hechos que se investigan.

En razón a lo anterior, se encuentran impedidos legamente de proporcionar los antecedentes que solicita, por cuanto aquella información forma parte de un proceso penal que se encuentra actualmente vigente y en estado de sumario, cuya entrega podría incluso afectar el éxito de aquella investigación penal, no resultando competente este servicio para determinar que piezas o actuaciones dentro de aquella investigación penal pueden ser reveladas a terceros ajenos a dicho proceso, configurándose la causal de secreto o reserva contenida en el artículo 74, bis b) del Código de Procedimiento Penal.

Por lo anterior, y al no ser competente para ocuparse de la solicitud, la remitieron al Ministro Sr. Mario Carroza Espinosa, del 34° Juzgado del Crimen de Santiago, para efectos de que dicha autoridad, determine y resuelva si puede o no acceder a la información que consulta, proporcionándole los antecedentes requeridos, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 14 de la ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado - en adelante ley N° 19.880-.

b) Con respecto a la letra b) de la solitud, le informan lo requerido respecto al funcionario Álvaro Mena Aliaga. Sin embargo, lo referente al Sr. Fernando Lobos, según lo indicado por el Departamento de Archivo y Registro, para efectos de efectuar la búsqueda precisa de la persona, se requiere que indique su apellido materno o su cédula de identidad, por cuanto los antecedentes aportados resultan insuficientes para determinar su identificación. En razón de lo cual, le solicitan rectifique su petición en tal sentido.

c) Co respecto a los literales c) y d), efectuadas las consultas respectivas con el Departamento V "Asuntos Internos" de la Inspectoría General, se nos comunicó que no existen antecedentes sobre la información que consulta. Sin perjuicio de lo anterior, y en atención al principio de facilitación contenida en la letra d), se informa que su requerimiento fue remitido a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, para efectos de que esa Corporación determine la existencia del proceso judicial al que hace mención, y en el evento de existir, remita dichos antecedentes al juez que instruyó la respectiva causa y que sustancia en la actualidad la misma, con la finalidad de que dicha autoridad resuelva si usted puede o no acceder a la información que obra en su poder, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 14 de la ley N° 19.880.

d) Con relación a lo solicitado en la letra e) de su presentación, le informa que la "Colección Histórica de la Brigada de Homicidios", mantiene un tomo relativo al caso del homicidio de Alice Meyer, que contiene únicamente los informes policiales que esta Institución evacúo en su oportunidad al juez que instruyó y sustanció la causa, sin embargo este servicio se encuentra impedido de proporcionar copia de aquellos informes, al formar aquellos antecedentes parte de la investigación penal sustanciada por el Ministro Mario Carroza Espinosa, configurándose la prohibición legal contenida en el artículo 74, bis b) del Código de Procedimiento Penal, por cuanto la referida norma no establece límite de temporalidad en cuanto a su vigencia, por lo que la prohibición legal se constituye para la PDI desde el momento que recibe la orden de investigar o tomare conocimiento de cualquier antecedente relativo a la causa que se investiga, sin indicar la norma la fecha de término en la que cesa dicha obligación de reserva para el personal institucional.

A mayor abundamiento, estiman que los antecedentes recabados en mérito de una investigación criminal que se sustancia bajo la tramitación dispuesta por Código de Procedimiento Penal, pertenecen al proceso judicial y no a la PDI, de tal manera que ellos no decide el destino de aquellos datos y antecedentes que hubieren sido obtenidos, permaneciendo aquellos bajo la custodia de los magistrados instructores de las causas criminales. De los informes policiales que confecciona esta institución, los cuales no constituyen resoluciones o actos administrativos, conforme a lo dispuesto en la ley N° 19.880, por cuanto se trata "de un conjunto de actuaciones y actividades que forman parte de una investigación penal, de acuerdo a lo señalado por el Fiscal Nacional del Ministerio Público en su Instructivo N° 26/2011, denominado "Instrucciones Generales sobre aplicación de la Ley N° 20.285", de fecha 14 de enero de 2011. De esta forma, no se encuentra facultados para resolver si resulta o no procedente la entrega de los informes policiales y demás antecedentes evacuados en el ejercicio de sus funciones, por cuanto carecen de competencia para pronunciarse sobre aquello.

En consecuencia, y al ser incompetente para ocuparse de la solicitud, le informan que la remitieron al Ministro Mario Carroza Espinosa, para efectos de que dicha autoridad determine si le otorga o no acceso a la información que consulta, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 14 de la ley N° 19.880.

3. AMPARO: El 27 de febrero de 2015, don Matías Rojas Medina deduce amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, fundado en que la información entregada es incompleta, precisando que presenta su "amparo sólo en lo relativo a las letras a), b) y e) (...) En cuanto a la letra b), la institución omitió informar sobre el funcionario Luis Gilberto Opazo Quiroz".

4. DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante oficio N° 1.616, de 10 de marzo de 2015, quien presentó sus descargos y observaciones a través de ordinario N° 229, de fecha 26 de marzo de 2015, señalando, en síntesis, lo siguiente:

a) La Ley de Transparencia, en sus artículos 1° y 2°, determinó que aquellos órganos de la Administración del Estado a los cuales se hace efectiva esta normativa, la que en relación a lo preceptuado en el artículo 1° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración Pública, no es aplicable a los Tribunales de Justicia, salvo en cuanto a las normas de transparencia activa.

b) En este orden de ideas, el sistema penal imperante en el país antes de la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal, se regía - y aún lo hace toda vez que no ha sido derogado- por el Código de Procedimiento Penal, en su Título IV, denominado "De la Policía", contempla una serie de disposiciones sobre el rol que la Policía de Investigaciones de Chile desarrolla en el procedimiento investigativo, en particular lo prescrito en los artículos 74 inciso primero, 74 bis y 74 bis B.

c) Por consiguiente y a la luz de las normas citadas, dado que la investigación penal se encontraba a cargo de los Tribunales de Justicia, organismos a los que no les resulta aplicables las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, y debido a que la PDI cumplía y cumple - como lo es en la actualidad- un rol auxiliar en las tareas investigativas de los procesos penales, se encuentran impedidos legalmente de proporcionar los antecedentes solicitados por el reclamante.

d) Sobre el punto anterior, se hace presente que la PDI, considera el deber de reserva como parte de las obligaciones asumidas en razón de la especial naturaleza de sus funciones investigativas policiales, cuyos antecedentes no pueden verse expuestos a la publicidad de un particular, respecto del cual - independientemente de su identidad- se pierde el mecanismo de reserva y resguardo de los datos y circunstancias reunidos a través de la labor policial, debiendo ser en consecuencia los Tribunales de Justicia del país, los órganos garantes del resguardo del proceso penal, los cuales en definitiva se deberán pronunciar respecto de lo solicitado por el reclamante.

e) Reiteran que carecen de la facultad para pronunciarse acerca de la procedencia de entrega de la información requerida, de forma tal que no se emitió ningún acto administrativo que denegó acceso a la información solicitada, si no por el contrario, fueron derivadas a los respectivos tribunales para su resolución.

f) Respecto, a lo requerido por este Consejo, en orden a que se refieran al estado en que se encuentra el proceso a que hacen alusión en su respuesta, comunican que no forma parte de las funciones y misiones ordenadas por ley otorgar dicha información, razón por la cual y dado que no forma parte de sus competencias, ignoran el estado procesal de las causas que son instruidas y substanciadas por los Tribunales de Justicia del Poder Judicial.

5. GESTIÓN OFICIOSA: Con el objeto de resolver acertadamente el presente amparo, este Consejo, solicita a la actuaria del Ministro Sr. Mario Carroza Espinosa el estado procesal en que se encuentra la investigación por la muerte de Delfín Díaz Méndez y de Alice Meyer Abel, quien, mediante correo electrónico de fecha 18 de junio de 2015, responde lo siguiente: "le informo que en el despacho del Ministro Mario Carroza se encuentra investigando la muerte de Delfín Díaz Méndez, la que fue investigada junto con la muerte de Alice Meyer en el año 1985. El Rol del proceso es 104-2014, la que se encuentra en estado de sumario con diligencias pendientes. El proceso seguido por la muerte de Alice Meyer se encuentra con sentencia definitiva firme y ejecutoriada".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la entrega incompleta de la información solicitada a la Policía de Investigaciones de Chile, por lo que, su objeto se circunscribe a lo siguiente:

a) Nombres de todos los funcionarios que participaron en la investigación del crimen de Alice Meyer Abel, ocurrido en el mes de diciembre del año 1985.

b) Conocer, en orden cronológico, las destinaciones que tuvo el señor Luis Gilberto Opazo Quiroz, durante su servicio activo en dicha Institución.

c) Copia del libro dedicado al caso de Alice Meyer Abel de la Colección Histórica de la Brigada de Homicidios.

2) Que, respecto a lo solicitado en el literal a) y c) del considerando anterior, la PDI denegó la entrega de la información requerida fundado en la causal de secreto o reserva contemplada en el artículo 74 bis b) del Código de Procedimiento Penal. Si bien, dicho artículo no establece causal de secreto o reserva alguna, este Consejo entiende que el órgano requerido, citando aquella norma hace alusión a la causal prevista en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia.

3) Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8° de la Constitución Política de la República. Por tanto, si bien artículo 74 bis b) del Código de Procedimiento Penal, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material).

4) Que, la reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Pues bien, con respecto a la afectación de éstos, la Policía de Investigaciones de Chile sólo indica que la infracción de la prohibición establecida en la norma del Código de Procedimiento Penal en comento, acarrea la comisión de un delito e impide que cualquier persona pueda obtener copia o acceso de documentos o información relativa a un proceso penal sustanciado o tramitado bajo el antiguo sistema penal, lo cual afectaría el debido cumplimiento de las funciones, misiones y fines de dicha entidad policial.

5) Que, para el caso, cabe tener presente lo razonado por este Consejo en la decisión Rol C708-14 y reiterado en la decisión Rol C1181-14, en orden a que: "(...) tratándose de una investigación penal concluida, no se advierte fundamento que justifique la antedicha reserva, por cuanto el aludido precepto tiene por objeto asegurar el resultado de una investigación que se encuentra en curso, lo que no acontece en la especie". Lo anterior guarda armonía con el criterio contenido en el dictamen N° 8.299 de 1995 de la Contraloría General de la República, que, en lo pertinente, sostuvo que tanto el artículo 78 del Código de Procedimiento Penal -según el cual las actuaciones del sumario son secretas- como el ya citado artículo 74 bis B) del mismo Código respecto de la obligación de los funcionarios de la PDI de guardar reserva de los resultados de las pesquisas que practiquen y de las ordenes que deban cumplir durante la instrucción del sumario, "están destinados a asegurar el éxito de las investigaciones judiciales." Como es dable advertir, la finalidad de la norma de secreto en análisis es cautelar el desarrollo de aquellas investigaciones judiciales que se encuentran en curso, circunstancia que no concurre respecto de la información solicitada toda vez que ésta se refiere a un proceso judicial concluido.

6) Que, a mayor abundamiento, refrenda la referida publicidad, la circunstancia de que el documento requerido forma parte de un expediente judicial afinado, y por tanto de libre acceso al público, conforme con la regla de publicidad contenida en el artículo 9° del Código Orgánico de Tribunales el cual establece que "los actos de los tribunales son públicos(...)".

7) Que, lo solicitado en el literal a) del considerando primero, dice relación a los nombres de los funcionarios que participaron en la investigación por la muerte de Alice Meyer Abel, por lo que, no se está requiriendo informes, antecedentes o declaraciones obtenidas en la realización de aquella, como son las hipótesis de reservas planteadas en el artículo 74 bis b) del Código de Procedimiento Penal. Por el contrario, lo requerido es la nómina de los detectives involucrados en la indagación dentro de un proceso, que según lo informado a este Consejo, se encuentra con sentencia definitiva, firme y ejecutoriada, por lo que, se descarta la concurrencia de la causal de secreto o reserva invocada por el órgano, acogiendo en amparo en este literal.

8) Que, con respecto a lo solicitado en el literal c) del considerando primero, cabe tener presente que la "Colección Histórica de la Brigada de Homicidios" a que se refiere lo pedido, corresponde a "una colección histórica de homicidios consistente en trescientos tomos de los casos policiales más relevantes de la historia policial chilena. Lo anterior, constituye el testimonio gráfico y escrito criminológico más importante existente actualmente en Chile", la que fue presentada por la Brigada de Homicidios Metropolitana en el marco de la conmemoración de su Sexagésimo Aniversario con fecha 2 de marzo de 2009, según informa el sitio web de la propia Institución.

9) Que, en dicho contexto, y habiendo sido elaborada con presupuesto público la mencionada colección histórica en la que se encuentra contenida la información requerida, conforme con lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, esta tendría, en principio, el carácter de pública, salvo que concurra a su respecto una causal de secreto o reserva. De este modo, al encontrarse lo solicitado contenido, según lo señala la propia PDI en su página institucional, en una colección elaborada con el objeto de constituir "testimonio gráfico y escrito criminológico" de "los casos policiales más relevantes de la historia policial chilena", es de la esencia de esa recopilación ser objeto de consulta. De esta forma, al resultar inconsistentes las alegaciones relativas a la reserva o secreto, con el soporte en que se contiene lo requerido, se deben desestimar dichas alegaciones, acogiendo el presente amparo respecto del mencionado literal.

10) Que, en cuanto a la letra b) del considerando primero, en el requerimiento se solicita conocer las destinaciones de tres funcionarios, entregándose respecto de uno, pidiendo mayores antecedentes respecto del otro, y sin hacer mención alguna, tanto en la respuesta como en los descargos al presente amparo, con relación al señor Luis Gilberto Opazo Quiroz. En virtud de lo cual, al tratarse de información pública, que debe obrar en poder del órgano requerido, en el caso que la persona indicada sea o haya sido funcionario de la PDI, en consecuencia, se acogerá el amparo en este literal. Sin embargo, en el evento de que aquél, no tenga o no haya tenido relación alguna con la reclamada, se le deberá informar dicha situación, expresa y fundadamente al reclamante.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por don Matías Rojas Medina en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, por los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile:

a) Hacer entrega de los nombres de todos los funcionarios que participaron en la investigación por la muerte de Alice Meyer Abel, así como, de una copia del libro dedicado a dicha investigación de la Colección Histórica de la Brigada de Homicidios.

b) Hacer entrega de las destinaciones, en orden cronológico, que tuvo el señor Luis Gilberto Opazo Quiroz, durante su servicio activo en la PDI. En el evento de que ésta no obre en su poder, por no ser aquél miembro de su Institución, deberá informarlo expresa y fundadamente al solicitante.

c) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

d) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General de este Consejo y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Matías Rojas Medina y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. La Presidenta del Consejo Directivo doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.