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Marcelo Vargas Troncoso con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII) Rol: C2212-14

Consejo para la Transparencia, 30/06/2015

Se dedujo amparo en contra del Servicio de Impuestos Internos, fundado en que dio respuesta parcial a una solicitud de información referente al listado de Corporaciones Municipales del país, a las cuales no se les ha liberado la franquicia tributaria para capacitación, indicando fecha, monto y motivo de la retención. El Consejo acoge el amparo, toda vez que no se configura la causal de reserva o secreto tributario, atendida la especial naturaleza y el preponderante interés público que está presente en el ejercicio de las funciones del órgano reclamado, como también ha sido el mismo legislador quien ha dispuesto la publicidad del presupuesto de organismos como las Corporaciones Municipales.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2212-14

Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos

Requirente: Marcelo Vargas Troncoso

Ingreso Consejo: 14.10.2014

En sesión ordinaria N° 628 del Consejo Directivo, celebrada el 30 de junio de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2212-14.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 31 de julio de 2014, don Marcelo Vargas Troncoso requirió al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo -en adelante también, e indistintamente, SENCE- le proporcionara el listado de Corporaciones Municipales del país, a las cuales no se les ha liberado la franquicia tributaria para capacitación, indicando fecha, monto y motivo de la retención.

2) DERIVACIÓN DE LA SOLICITUD: El Director Nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, mediante Oficio N° 1238, de 27 de agosto de 2014, de conformidad con lo establecido por el artículo 13 de la Ley de Transparencia, derivó la solicitud de información de la especie al Servicio de Impuestos Internos, por tratarse de una materia que pertenece al ámbito de su competencia.

3) PRÓRROGA DEL PLAZO: El 30 de septiembre de 2014, el Servicio de Impuestos Internos informó al reclamante que, en virtud de lo establecido por el artículo 14 de la Ley de Transparencia, y configurándose circunstancias que hacen difícil reunir la información solicitada, se decreta un prórroga por diez días hábiles para entregar la respuesta.

4) RESPUESTA: El 13 de octubre de 2014, mediante Resolución Exenta N° 6968, el Servicio de Impuestos Internos otorgó respuesta al solicitante, denegando la petición de acceso, por concurrir causal de secreto, en base a los siguientes argumentos:

a) El artículo 36 de la Ley N° 19.518, que fija el Nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo, establece que los contribuyentes de primera categoría que indica, podrán descontar del monto a pagar de dichos impuestos, los gastos efectuados en programas de capacitación que se hayan realizado dentro del territorio nacional, las cantidades que sean autorizadas conforme a ese cuerpo legal.

b) Conforme a lo señalado, no resulta posible a entregar la información solicitada, toda vez que el inciso 2° del artículo 35 del Código Tributario establece el deber de reserva de funcionario del SII, respecto de declaraciones de rentas de contribuyentes, lo que fue confirmado por la Corte de Apelaciones, en sentencia de 30 de septiembre de 2014.

c) En consecuencia, corresponde denegar la petición de informar acerca del monto retenido a las Corporaciones Municipales, por concurrir la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en virtud de lo dispuesto por el artículo 35 del Código Tributario.

d) En cuanto a lo demás, esto es, la identidad de las Corporaciones Municipales a las cuales se denegó la devolución solicitada por observaciones asociadas al crédito por gastos en capacitación, se hará lugar a lo requerido, con la precisión que, en cuanto a la fecha, la información se limitará al término que la ley prescribe para pedir devoluciones, cual es, el de tres años previsto en el artículo 126 del Código Tributario.

5) AMPARO: El 14 de octubre de 2014, don Marcelo Vargas Troncoso dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Servicio de Impuestos Internos, fundado en que habría recibido una respuesta parcial a su solicitud de información.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Director del Servicio de Impuestos Internos, mediante Oficio N° 6146, de 27 de octubre de 2104.

Dicho Oficio fue respondido por el Subdirector Jurídico del Servicio de Impuestos Internos, quien mediante presentación de 11 de noviembre de 2014, presentó sus descargos y observaciones al presente amparo, señalando, en síntesis, lo siguiente:

a) En primer lugar, representa la inadmisibilidad del amparo por estar dirigido en contra de un organismo distinto a aquel a quién se trasladó la reclamación. En efecto, el peticionario reprocha que el SENCE haya derivado su petición original al SII y no propiamente la respuesta dada por este último organismo, respecto de la cual el recurrente no imputa ninguna infracción. El reclamante fue claro y expreso al individualizar como organismo reclamado al SENCE y no al SII, lo que hace razonable pensar que lo reclamado es el hecho de la derivación y no la respuesta del SII.

b) En el amparo de la especie el recurrente sólo señala "entrega parcial de la información", por lo que éste no cumple los requisitos exigidos por la ley, pues no señala claramente la infracción que, a juicio del reclamante, habría cometido el organismo reclamado, al efectuar la derivación prevista en el artículo 13 de la Ley de Transparencia o, en su caso, al efectuar la calificación de concurrir la causal de secreto del artículo 35 del Código Tributario.

c) La información materia de la petición de acceso se refiere a datos contenidos en las declaraciones de impuesto a la renta de las Corporaciones Municipales, los que están sujetos al deber de reserva previsto en el inciso 2° del artículo 35 del Código Tributario. Dicha norma contempla dos hipótesis prohibitivas:

i. De un alcance acotado a cierto tipo de información, impide divulgar datos de un contenido específico consignado en las declaraciones obligatorias como son la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera dato relativo a las rentas.

ii. De un alcance amplio, que incluso engloba a la anterior, pues se refiere tanto a la materialidad de las declaraciones obligatorias y a sus copias, como a la totalidad de los datos tomados de aquéllas declaraciones y que se hallen contenidos o extractados en libros o papeles.

d) Lo anterior es de relevancia, toda vez que lo solicitado consiste expresamente en que el servicio comunique ciertos datos declarados por diversos contribuyentes en recuadros específicos de sus declaraciones de renta, cuya revelación infringiría la segunda descripción prohibitiva del inciso 2° del artículo 35 del Código Tributario.

e) Además, el artículo 30, inciso 5°, del Código Tributario extiende este deber de reserva tributaria a todo aquel que, a cualquier título, y sea o no funcionario del servicio, reciba y procese declaraciones obligatorias en razón del trabajo que realiza, quedando sujetos a obligación de reserva absoluta de todo y cualquier antecedente individual de que conozcan en razón de su cargo.

f) El secreto tributario consiste en una prohibición absoluta de divulgación de los antecedentes que constan en las declaraciones obligatorias, que se impone personalmente a todos aquellos funcionarios o personas que en ejercicio de un deber, oficio o cargo tienen acceso a la información contenida en aquéllas. Es evidente que la técnica de la prohibición de divulgación a que acude el legislador, contiene el imperativo contrario consistente en el deber de guardar secreto respecto de la información que se posee, por lo que resulta indiscutible que el secreto tributario es una causal de secreto o reserva de la información que tiene forma propia y que es distinta de las generales que se describen en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

g) No obstante, las normas citadas impiden revelar los datos requeridos por la sola circunstancia de estar ellos contenidos en una declaración obligatoria, no es menos cierto que los guarismos que se consignan bajo el código 82 y que se refiere al monto del crédito por gastos en capacitación a que se refiere la petición, implica revelar la cuantía de dichos gastos, materia cuya divulgación es prohibida expresamente por el inciso 2° del artículo 35 del Código Tributario. En este sentido, la Ley N° 19.518, establece en su artículo 36 que los contribuyentes de primera categoría que indica, podrán descontar del monto a pagar de dichos impuestos, los gastos efectuados en programas de capacitación, que se hayan realizado dentro del territorio nacional, las cantidades que sean autorizadas conforme a ese cuerpo legal.

h) En consecuencia, la información materia de la petición se refiere al contenido de las declaraciones de impuesto a la renta de las corporaciones consultadas, lo que está sujeto al deber de reserva previsto en el inciso 2° del citado artículo 35, en relación con el inciso 5° del artículo 30 del mismo cuerpo legal, tanto por referirse a datos que constan y deben ser extraídos de declaraciones obligatorias, cuanto porque dichos datos se refieren a los gastos incurridos para obtenerla, en la especie, aquéllos incurridos en capacitación de sus trabajadores.

i) En otro orden de ideas, en la respuesta dada por dicho organismo, se limitó la información proporcionada a aquel período dentro del cual se tiene derecho a solicitar devoluciones de impuesto, pues habida cuenta que lo consultado se refería a la retención del beneficio, ello sólo puede concebirse asociado al lapso durante el cual los contribuyentes gozan de la facultad de solicitar las imputaciones o devoluciones que les franquea el ordenamiento, para lo cual disponen del plazo de tres años, según lo establece el artículo 126 del Código Tributario.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en primer término, y atendido el contenido de la respuesta otorgada por el órgano reclamado al solicitante, como del amparo interpuesto por éste, la presente decisión se circunscribirá sólo a aquella información referida al monto y motivo de la retención de las respectivas franquicias tributarias. En efecto, en relación con la nómina de las Corporaciones Municipales a las cuales no se les ha liberado la franquicia tributaria para capacitación, ésta información ya fue entregada al solicitante, no manifestando éste disconformidad con dicha entrega en la interposición de su amparo. Por lo tanto, a juicio de este Consejo, se debe concluir que el solicitante se encuentra conforme con dicha respuesta en esta parte.

2) Que, por su parte, el SII alega la inadmisibilidad del presente amparo, por estar dirigido en contra de un órgano distinto de aquél a quien se trasladó la reclamación, en cuanto el reclamante habría sido claro al individualizar como organismo reclamado al SENCE, lo que, a juicio del SII, haría razonable pensar que lo reclamado es el hecho de la derivación y no la respuesta del órgano reclamado. Sobre el particular, cabe señalar que, si bien es efectivo que en el reclamo formulado ante este Consejo, el solicitante indicó al SENCE como organismo reclamado, el fundamento de su amparo fue que habría recibido una respuesta parcial a su solicitud de información. Esto último permite concluir que el reclamante incurrió en un error al designar al SENCE como organismo reclamado, por cuanto el fundamento de su amparo fue dirigido precisamente en contra de la respuesta entregada por el SII.

3) Que, lo anterior, es coherente con lo resuelto por este Consejo en el amparo Rol C508-11, donde un amparo interpuesto en contra del Ministerio de Hacienda debió entenderse reconducido contra el Servicio Nacional de Aduanas, fundado en que fue este último Servicio el que dio una respuesta negativa a la solicitud de acceso a la información. Ello responde al criterio finalista adoptado por este Consejo en materia de procedimiento, de conformidad con lo señalado por los artículos 7° y 14 de la ley N° 19.880. En particular, el inciso 1° de la última disposición citada establece el principio de no formalización, señalando que "el procedimiento debe desarrollarse con sencillez y eficacia, de modo que las formalidades que se exijan sean aquéllas indispensables para dejar constancia indubitada de lo actuado y evitar perjuicio a los particulares". Por su parte, el inciso 3° señala que "la Administración podrá subsanar los vicios de que adolezcan los actos que emita, siempre que con ello no se afectaren intereses de terceros". En materia de transparencia, dicho principio se vincula con lo señalado por la letra f) del artículo 11 de la Ley de Transparencia, el cual instituye el principio de facilitación, "conforme al cual los mecanismos y procedimientos para el acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado deben facilitar el ejercicio del derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo", lo cual se hace aplicable, también, a los procedimientos llevados adelante por este Consejo. En consecuencia, deberá desestimarse la alegación realizada por el órgano reclamado conforme al cual debería declararse inadmisible el presente amparo.

4) Que, la información requerida comprende aspectos relacionados con la franquicia tributaria que autoriza el artículo 36 de la ley N°19.518, que fija el Nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo, de acuerdo al cual "Los contribuyentes de la Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, con excepción de aquellos cuyas rentas provengan únicamente de las letras c) y d) del número 2° del artículo 20 de la citada ley, podrán descontar del monto a pagar de dichos impuestos, los gastos efectuados en programas de capacitación que se hayan realizado dentro del territorio nacional, en las cantidades que sean autorizadas conforme a la presente ley". El SII denegó la entrega de la fecha, monto y motivo de las retenciones, estimando que a su respecto concurre la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el secreto tributario, establecido en el artículo 35 del Código Tributario, fundado en que lo solicitado serían antecedentes que se obtienen de declaraciones de renta efectuadas por contribuyentes, en recuadros específicos de su declaración de renta.

5) Que, atendida la especial naturaleza de los contribuyentes beneficiados con la franquicia tributaria respecto de cuyas retenciones se solicitan en la especie, esto es, las Corporaciones Municipales, cabe tener presente lo razonado por este Consejo en las decisiones Roles A211-09, C115-10, C75-12, entre otras, que ha aplicado la Ley de Transparencia a las corporaciones de derecho privado cuando el Estado o sus organismos tienen una participación y posición dominante en ellas y realizan funciones administrativas. Tal participación y/o posición dominante de la Administración Pública sobre una entidad de Derecho Privado deriva de tres elementos básicos: a) Concurrencia mayoritaria o exclusiva de órganos públicos en su creación; b) Integración de sus órganos de decisión, administración y control por autoridades o funcionarios públicos o personas nombradas por éstos; y, c) Realización de funciones administrativas (función pública).

6) Que, lo anterior ha sido refrendado por la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia en los casos correspondientes a la Corporación Municipal de Viña del Mar (Sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, rol de ingreso 2361 - 2009, de 14 de junio de 2010); Fundación Integra (Sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, rol de ingreso 6569 - 2011, de fecha 1° de abril de 2013); Fundación de La Familia (Sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, rol de ingreso 4679 - 2012, de fecha 9 de abril de 2013) e Instituto de Fomento Pesquero (Sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, rol de ingreso 2313 - 2013, de fecha 17 de abril de 2014).

7) Que, en relación con la especial naturaleza de las Corporaciones Municipales, y vinculado con el secreto tributario establecido en el artículo 35 del Código Tributario, este Consejo señaló en la decisión de amparo Rol C900-13, que "parece lógico que los recursos recibidos por la señalada corporación -Corporación Cultural de Providencia-, tanto de origen público, como otras fuentes de financiamiento, han debido focalizarse en la gestión cultural de la comuna, lo cual permite concluir razonablemente que la información referida a dichos recursos no puede sino traspasar la esfera meramente privada del organismo para trascender a la esfera pública". En el mismo sentido se pronunció la Contraloría General de la República, que en su Dictamen N° 75.508/2010 concluyó que en las Corporaciones Municipales "está presente de un modo predominante el interés público, y aunque no es posible considerarlos como organismos integrantes de la Administración del Estado, se justifica que se les apliquen determinadas normas que les exigen brindar información o ser controlados en términos similares a los órganos públicos, justamente para resguardar dicho interés y cautelar que la actuación del Estado, a través de ellos, respecto la preceptiva orgánica correspondiente, y no adolezca de irregularidades". En consecuencia, en función de la propia naturaleza de las Corporaciones Municipales, este Consejo concluyó, en la citada decisión, que "confluye un prevalente interés público en transparentar el funcionamiento y ciertamente las formas de financiamiento de este tipo de entidades, con miras a permitir el adecuado control social sobre las mismas, en similares términos a como sucede tratándose de órganos eminentemente públicos".

8) Que, a mayor abundamiento, el artículo 7°, letra k), de la Ley de Transparencia, dispone que los órganos de la Administración del Estado, deberán mantener a disposición permanente del público, entre otros antecedentes, "la información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos previstos en la respectiva Ley de Presupuestos de cada año". En cumplimiento de dicha norma, y a modo ejemplar, la Corporación Municipal de Conchalí, que es una de las corporaciones municipales incluidas en la nómina remitida al solicitante, informa en su sitio electrónico los montos gastados por dicho órgano en cursos de capacitación. Asimismo, dentro de las auditorías a la ejecución de su presupuesto que se encuentran publicadas, informa de los montos de impuestos y retenciones efectuados por el Servicio de Impuestos Internos.

9) Que, todo lo anterior, en opinión de este Consejo, justifica plenamente la publicidad de la información referente al financiamiento y patrimonio de las Corporaciones Municipales, incluyendo en ello, por cierto, la información referente a los gastos efectuados en capacitación y franquicias tributarias que le correspondan por este concepto, de acuerdo a la Ley N° 19.518. En este sentido, si bien la información referida a la fecha, monto y motivo de las retenciones de la respectiva franquicia tributaria constituyen antecedentes de naturaleza patrimonial, lo que haría que, en principio, se configurase el supuesto formal del secreto tributario del artículo 35 del Código Tributario, en la especie no puede dejar de atenderse a la naturaleza de dicha entidad, así como a las funciones que desempeña, pues esto puede incidir en el levantamiento de una eventual reserva por tal motivo. En tal sentido, la Excma. Corte Suprema, en la sentencia Rol 5002-2013, señaló que "es necesario tener en consideración que una de las finalidades del principio de la reserva o secreto tributario es evitar que se pongan en evidencia tanto el patrimonio como el presupuesto de una determinada persona natural o jurídica, información que en el caso de un órgano del Estado... tiene el carácter de pública y por ende puede ser solicitada y obtenida por quien así lo desee, careciendo de sentido hacer extensivo dicho secreto o reserva a las actuaciones que éste realice en su calidad de tal".

10) Que, en consecuencia, y atendido lo razonado precedentemente, este Consejo estima que, en la especie, no se configura la reserva o secreto tributario, reconocido en el artículo 35 del Código Tributario, respecto de las Corporaciones Municipales, atendida su especial naturaleza y el preponderante interés público que está presente en el ejercicio de sus funciones, como también que ha sido el mismo legislador quien ha dispuesto la publicidad del presupuesto de organismos como las corporaciones sobre las que versa el objeto de la presente solicitud. Por lo tanto, se acogerá el presente amparo, requiriéndose al Servicio de Impuestos Internos para que haga entrega al solicitante de la fecha, monto y motivos de las retenciones efectuadas a las Corporaciones Municipales indicadas en la nómina ya entregada, por franquicia tributaria para capacitación.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Marcelo Vargas Troncoso en contra del Servicio de Impuestos Internos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director del Servicio de Impuestos Internos que:

a) Haga entrega al solicitante de la fecha, monto y motivos de las retenciones efectuadas a las Corporaciones Municipales indicadas en la nómina ya entregada, por franquicia tributaria para capacitación.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica Subrogante de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Marcelo Vargas Troncoso y al Sr. Director del Servicio de Impuestos Internos.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza, y por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.