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Natalia Cox Lyon con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SP) Rol: C2382-14

Consejo para la Transparencia, 26/06/2015

Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Pensiones, fundado en que no se entregó el informe presentado por AFP Planvital S.A. Además, hace presente que, contrariamente a lo indicado por el órgano reclamado, éste no acompañó copia del "Informe Análisis y Evaluación de Perjuicios para los Fondos de Pensiones - Caso Cascadas presentado por AFP Capital. El Consejo acoge el amparo, toda vez que lo solicitado se refiere a información recabada en virtud de las amplias facultades de fiscalización del órgano reclamado, siendo información pública. Además, dicha información permitió al órgano reclamado tener la convicción acerca de las perdidas informadas por las AFP.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2382-14

Entidad pública: Superintendencia de Pensiones

Requirente: Natalia Cox Lyon

Ingreso Consejo: 07.11.2014

En sesión ordinaria N° 627 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de junio de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2382-14.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 29 de septiembre de 2014, doña Natalia Cox Lyon "en relación a al requerimiento de esa Superintendencias a las AFP, a objeto que se pronuncien sobre los perjuicios que habrían sufrido en el marco del Caso Cascadas" solicitó a la Superintendencia de Pensiones la siguiente información:

a) "Copia del o los oficios de parte de la Superintendencia de Pensiones a las AFP, en el que les solicita cuantifiquen y/o informen si los efectos del caso Cascadas provocaron perjuicios a los fondos de pensiones que administran y las acciones legales que emprenderán;

b) Copia de la o las respuestas dadas por cada una de las AFP y demás solicitudes y/o presentaciones que se hayan hecho, tanto por éstas como por la Superintendencia (ejemplo: prórroga de plazo por parte de las AFP, solicitud de complementación de información por parte de la Superintendencia, etc.); y,

c) Copia de los demás antecedentes presentados por las partes, diferentes a las respuestas, como ejemplo: informes económicos, contables, auditorías u otros, que se hayan utilizado y/o servido de base para dar respuesta a la Superintendencia."

2) RESPUESTA: El 20 de octubre de 2014, la Superintendencia de Pensiones respondió a dicho requerimiento de información mediante Oficio N° 23.987, remitiendo copia de los siguientes documentos:

a) AFP Capital S.A., Of. Ord. N° 19.963, de 3 de septiembre de 2014, de esa Superintendencia; carta GG.1328/2014, de 16 de septiembre de 2014, de AFP Capital S.A.; Informe, análisis y evaluación de perjuicios para los fondos de pensiones- caso Cascadas;

b) AFP Cuprum S.A., Of. Ord. N° 19.964, de 3 de septiembre de 2014, de esa Superintendencia; carta GG./01569/14_S, de 16 de septiembre de 2014, de AFP Cuprum;

c) AFP Habitat S.A., Of. Ord. N° 19.965, de 3 septiembre de 2014, de esa Superintendencia; carta CE 6480, de 17 de septiembre de 2014, de AFP Habitat S.A.

d) AFP Provida S.A. Of. Ord. N° 19.967, de 03 de septiembre de 2014, de esa Superintendencia; carta GI 75/2014, de 17 de septiembre de 2014, de AFP Provida S.A.

e) AFP Planvital S.A., Of. Ord. N° 19.966, de 3 de septiembre de 2014, de esa Superintendencia; carta GG 1.18472014, de 11 de septiembre de 2014, y GG 1.240/2014, de 26 de septiembre de 2014, de AFP Planvital S.A. Respecto del informe sobre posibles perjuicios para los fondos que administra, derivados del "caso Cascadas", encargado al economista Sr. Felipe Morandé Lavín que fuera acompañado por esa entidad, estima aplicable la causal de secreto o reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, toda vez que la publicidad de dicha información podría afectar derechos de carácter económicos o comerciales de la AFP referida. Agrega que el documento contiene un análisis exhaustivo de la actuación de la Administradora en relación al denominado "caso Cascadas", y explicita no sólo la estrategia de inversión de la propia Administradora, como las opiniones particulares vertidas por los autores en relación con el tema. Finalmente, se hace presente que el documento no es de acceso público y que ha sido remitido a esta Superintendencia en su carácter de organismo fiscalizador, solicitándose expresamente su reserva;

f) Finalmente, hace presente, que sobre la materia de la solicitud el reclamante puede consultar los comunicados de prensa de 03 de septiembre de 2014 y 20 de octubre de 2014, disponibles en su sitio web de la Superintendencia, cuyos links especifica.

3) AMPARO: El 7 de noviembre de 2014, doña Natalia Cox Lyon dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que no se le entregó el informe presentado por AFP Planvital S.A. Además, hace presente que, contrariamente a lo indicado por el órgano reclamado, éste no acompañó copia del "Informe Análisis y Evaluación de Perjuicios para los Fondos de Pensiones - Caso Cascadas presentado por AFP Capital.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Superintendenta de Pensiones, mediante Oficio N° 6.543 de 14 de noviembre de 2014, quien presentó sus descargos y observaciones, mediante Oficio N° 28.152 de 1° de diciembre de 2014, señalando, en síntesis que:

a) La respuesta a la solicitud se complementó por Oficio Ord. N° 25.754, de fecha 10 de noviembre de 2014, mediante el cual se remitió a la reclamante el Informe Análisis y Evaluación de Perjuicios para los Fondos de Pensiones - Caso Cascadas, acompañado por A.F.P. Capital S.A., que no se adjuntó en la respuesta. Precisa sobre el particular que

b) En cuanto al Informe acompañado por A.F.P. Planvital S.A., hace presente que éste contiene un análisis exhaustivo de las actuaciones de la Administradora en relación al denominado "Caso Cascadas", y explícita no sólo la estrategia de inversión de la propia Administradora, sino también las opiniones particulares vertidas por el autor en relación con el tema. El referido documento no es de acceso público y fue remitido a esta Superintendencia en su carácter de organismo fiscalizador, solicitándose expresamente su reserva, razón por la que se trata de información privada que se encuentra circunstancialmente en poder de esa Superintendencia.

c) El aludido informe no reúne las características señaladas en el artículo 5° de la Ley de Transparencia, toda vez que no constituye un acto o resolución de la Administración, ni ha servido fundamento para la dictación de alguno de ellos. Tampoco se trata de información elaborada con presupuesto público, toda vez que ha sido financiado con fondos de la propia AFP. La sola circunstancia de obrar materialmente en poder de esa Superintendencia no lo transforma en un documento público.

d) Cita lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley N° 20.255, en cuanto al deber de secreto del Superintendente y todo el personal de la Superintendencia respecto de las informaciones de las cuales tomen conocimiento en el cumplimiento de sus labores. Asimismo, deberán abstenerse de usar dicha información en beneficio propio o de terceros.

e) Por otra parte, agrega, la publicidad del informe de que se trata podría afectar la estrategia procesal de la A.F.P. ya que sus conclusiones constituyen el fundamento de las medidas adoptadas en la actualidad y de aquellas que podría adoptar en el futuro en relación con eventuales demandas de indemnización de perjuicios en contra de los sujetos responsables.

f) Señala que no aplicó el procedimiento de notificación establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia atendido que el informe de que se trata fue acompañado por la A.F.P. Planvital S.A. con expresa solicitud de reserva.

g) Sin perjuicio de lo anterior, informa que con el objeto de enmendar el procedimiento seguido en el presente caso, por Oficio N° 27.969, de fecha 21 de noviembre de 2014, cuya copia acompaña, notificó a la administradora señalada el derecho que le asiste a oponerse a la entrega de la información.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, este Consejo notificó el presente amparo a A.F.P Planvital S.A., mediante Oficio N° 6.557 de 14 de noviembre de 2014. Mediante escrito ingresado con fecha 9 de diciembre de 2014, el representante de A.F.P Planvital S.A., manifestó, en síntesis, que:

a) Mediante Oficio Ordinario N° 23.987, de fecha 20 de octubre de 2014, la Superintendencia de Pensiones, en uso de las facultades que le confiere el artículo 50 de la Ley N° 20.255, le solicitó informar respecto de los potenciales perjuicios que puedan haber sufrido los fondos de pensiones, producto de las operaciones que dieron origen a la sanciones impuestas por la Superintendencia de Valores y Seguros mediante Resolución Exenta N° 223, de fecha 2 de septiembre de 2014, y las eventuales acciones legales, diligencias o medidas a adoptar al respecto.

b) Para responder lo anterior esta Administradora encargó un estudio al economista que indica, para la identificación de la existencia de eventuales perjuicios y la avaluación de los mismos correspondiera. Copia de dicho informe fue remitido a esa Superintendencia en carácter reservado mediante Carta GG 1240, de fecha 26 de septiembre de 2014.

c) Para la elaboración del citado informe, el economista tuvo acceso a las carteras de inversión históricas de los Fondos de Pensiones administrados por mi representada, así como a las distintas operaciones de compra y venta o que tuvieron lugar respecto de títulos emitidos por las sociedades Oro Blanco S.A. y Norte Grande S.A. Dicha información no se encuentra a disposición del público en ese detalle, puesto que revela la estrategia de la inversión de la Administradora.

d) Las conclusiones vertidas en el Informe, y la forma de cuantificar los eventuales perjuicios, son resultado de un trabajo encargado por esta Administradora, particular y remunerado, cuyo conocimiento está destinado para uso interno de su representada y para conocimiento exclusivo de la Superintendencia de Pensiones, en marco de la información reservada que ésta puede solicitar a las entidades fiscalizadas.

e) Además cita la obligación de reserva y confidencialidad del artículo 50 de la Ley N° 20.255, y agrega que el regulador tiene acceso a información estratégica de sus regulados, más allá del mero cumplimiento de las normas establecidas, a fin de poder evaluar la gestión de riesgo general de la empresa, actuando de manera preventiva y no reactiva. Por lo anterior, la garantía de reserva y confidencialidad que tienen sus regulados al enviar información, resulta determinante para que o ello suceda, en la confianza que dicha información no podrá ser utilizada por terceros para fines distintos de los previstos por la A.F.P. o la Superintendencia de Pensiones.

f) Por otra parte, aduce que la información contenida en el citado Informe podría servir de base para futuras acciones judiciales de mi representada en contra de los responsables del denominado caso Cascadas, razón por la cual, es de nuestro legítimo interés mantener en reserva información que podría ser estratégica en eventuales acciones que se ejerzan.

Y CONSIDERANDO:

6) Que, el presente amparo se encuentra circunscrito al documento denominado "Informe Análisis y Evaluación de Perjuicios para los Fondos de Pensiones -Caso Cascadas" entregado por A.F.P Capital S.A., y al "Informe de A.F.P Planvital S.A." proporcionado por esta última sociedad al mencionado órgano fiscalizador.

7) Que, respecto del primero de los referidos informes, en sus descargos el órgano reclamado manifestó haber hecho entrega del mismo a través del Oficio N° 25.754, de fecha 10 de noviembre de 2014, mediante el cual complementó su respuesta a la solicitud de acceso. Sin embargo, no acreditó haber efectivamente entregado el referido documento, razón por la cual se acogerá en esta parte el presente amparo, y se requerirá a la reclamada que entregue ésta al requirente o acredite haber realizado la entrega efectiva de la misma.

8) Que, en cuanto al segundo de los mencionados documentos -Informe de A.F.P Planvital S.A.- el órgano reclamado denegó su entrega fundado en la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, toda vez que la publicidad de dicha información podría afectar derechos de carácter económicos o comerciales de la referida administradora de fondos de pensiones. Asimismo, precisó que, si bien el referido documento obra materialmente en su poder no constituye un acto o resolución de la Administración, ni ha servido fundamento para la dictación de alguno de ellos y tampoco ha sido elaborada con presupuesto público. A su turno, el tercero involucrado se opuso a la entrega del informe en comento,

9) Que, de acuerdo con los antecedentes tenidos a la vista, se advierte que el informe sobre el cual versa la presente controversia fue entregado por A.F.P Planvital S.A. a la Superintendencia de Pensiones en respuesta al Oficio N° 19.966 de 3 de septiembre de 2014 a través del cual el referido organismo le solicitó, en el marco del seguimiento del denominado "Caso Cascadas", referirse, entre otros asuntos, al análisis y evaluación de los eventuales perjuicios para cada tipo de Fondo con especial detalle de las transacciones consideradas, así como los precios de referencia utilizados para fundamentar dicha estimación. Al efecto, la aludida administradora de fondos de pensiones, mediante carta de fecha 26 de septiembre de 2014, adjuntó copia del mencionado informe que contiene "el análisis y la evaluación de los perjuicios para cada tipo de fondo a raíz de las operaciones identificadas en el denominado Caso Cascadas." En la mencionada carta -que ya fue entregada por la reclamada al solicitante- la administradora fiscalizada señala que "conforme al resultado del estudio encargado, se ha concluido que los Fondos de Pensiones Planvital tuvieron una exposición muy limitada, en tiempo y número de transacciones, a) esquema de sociedades cascadas descrito en la Resolución Exenta 223 de la SVS. Particularmente, los Fondos de Pensiones Planvital compraron acciones de Norte Grande S.A. en el mes de Agosto del año 2011, y de Oro Blanco S.A. en los meses de Enero a Marzo del año 2012, por lo que no tuvieron exposición a las transacciones entre las sociedades cascadas, vinculadas e Instrumentales del esquema develado por la SVS, que habrían significado una extracción de valor en perjuicio de los accionistas minoritarios de las sociedades Norte Grande y Oro Blanco. Asimismo, en lo relativo al cambio de estados financieras de 2011 que debió realizar Oro Blanco en mayo de 2012 a solicitud de la SVS, conforme al estudio realizado, aquel hecho no habría alterado la trayectoria del precio de la acción, por lo que los fondos administrados por Planvital tampoco habrían sufrido el daño económico que pudieren haber experimentado otros inversionistas en periodos anteriores."

10) Que, a su turno, la nota de prensa de fecha 3 de septiembre de 2014 divulgada por la Superintendencia de Pensiones en su sitio web -http://www.safp.cl/portal/prensa/579/articles-10614_recurso_1.pdf- relativa al mencionado procedimiento de fiscalización, informa que "ofició hoy a las AFP Habitat, Cuprum, Provida, Capital y Planvital para que cuantifiquen e informen los probables perjuicios que les provocaron a los fondos de pensiones los efectos derivados del caso Cascadas y las acciones legales que emprenderán para resarcir las eventuales pérdidas". Asimismo, señala que "las líneas de investigación en desarrollo no han detectado, hasta ahora, incumplimientos en el ámbito regulatorio de los Fondos de Pensiones. No obstante, si del análisis detallado de la resolución de la SVS surgen antecedentes que indiquen infracciones al espíritu del DL 3.500, entre ellos al deber fiduciario, la Superintendencia de Pensiones iniciará las acciones de fiscalización pertinentes y aplicará las eventuales sanciones que correspondan." En relación con la misma materia, resulta útil consignar que en su comunicado de prensa de fecha 20 de octubre de 2014 -http://www.spensiones.cl/portal/prensa/579/w3-article-10634.html- la SP comunicó que "el perjuicio ocasionado a los fondos de pensiones por los efectos derivados del caso Cascada se ubica en un rango entre US$ 31 millones y US$ 44 millones, de acuerdo a la estimación divulgada hoy por la Superintendencia de Pensiones (SP). El cálculo fue elaborado a partir de las pérdidas informadas por las AFP al organismo, el análisis de las metodologías en que las administradoras sustentaron la cuantificación de tales pérdidas e información obtenida por la SP en procesos de fiscalización." En lo que incumbe a AFP Planvital, informa que ésta estimó que "los fondos que administran no sufrieron perjuicios por efecto de las operaciones del caso Cascada, pero no descartaron accionar en la medida que nuevos antecedentes acrediten la existencia de perjuicios."

11) Que, conforme con lo dispuesto en el artículo 94, numerales 2°, 5° y 8° del decreto le N° 3.500, la Superintendencia de Pensiones tiene entre sus atribuciones la fiscalización del funcionamiento de las Administradoras y el otorgamiento de las prestaciones que éstas otorguen a sus afiliados, así como el funcionamiento de las sociedades administradoras de cartera de recursos previsionales; la inversión de los recursos de los Fondos de Pensiones y la composición de la cartera de inversiones; y de ser ello procedente, aplicar sanciones y disponer la revocación de la autorización de existencia de conformidad a la ley, de las Administradoras de Fondos de Pensiones, de su sociedades filiales y de las sociedades administradoras de cartera de recursos previsionales. A su turno, el artículo 147 del citado texto legal previene que "Las Administradoras deberán efectuar todas las gestiones que sean necesarias, para cautelar la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones de los Fondos que administran. En cumplimiento de sus funciones, atenderán exclusivamente al interés de los fondos y asegurarán que todas las operaciones de adquisición y enajenación de títulos de recursos de los mismos, se realicen con dicho objetivo".

12) Que, en dicho contexto, el informe en análisis ha sido recabado por la Superintendencia de Pensiones en virtud de las amplias atribuciones de fiscalización que tiene respecto de las Administradoras de Fondos de Pensiones, y, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, es información de carácter pública, salvo que concurra a su respecto, alguna causal de secreto o reserva.

13) Que en cuanto al deber de reserva dispuesto en el artículo 50 inciso tercero de la ley N° 20.255, el cual dispone que "el Superintendente y todo el personal de la Superintendencia deberán guardar reserva y secreto absoluto de las informaciones de las cuales tomen conocimiento en el cumplimiento de sus labores", -invocado por la reclamada y el tercero involucrado- cabe tener presente lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión recaída en el amparo Rol N° C147-09. En la citada decisión en contra del mismo organismo, se concluyó que la citada disposición legal no se aviene con ninguna de las causales de secreto o reserva indicadas expresamente en el artículo 8° de la Constitución", toda vez que se trata de la explicitación de un deber funcionario que debe ser observado por el personal de la referida Superintendencia, de modo que se desestimará la alegación expuesta sobre el particular.

14) Que, respecto de las alegaciones del tercero involucrado, es menester manifestar que éstas no permiten identificar de modo preciso una afectación de sus derechos comerciales y económicos en los términos indicados en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. En efecto, AFP Planvital aduce que el autor del informe tuvo acceso a información que no se encontraría permanentemente a disposición del público, sin embargo ello sólo da cuenta del tipo de antecedente a la que accedió el informante previo a la elaboración del documento y no permite inferir que éstos hayan sido en definitiva incorporados en el informe evacuado por éste en términos tales que develen datos de carácter estratégico de la aludida entidad. Por lo demás, en cuanto a la Cartera de Inversión de los Fondos de Pensiones -información que el tercero involucrado identifica dentro de aquella a la que accedió el autor del documento- cabe consignar que en su sitio web- http://www.safp.cl/safpstats/stats/getPerInfo.php?infoid=cinvAFP- la SP dispone un buscador mediante el cual es posible acceder a "información detallada la composición de la Cartera de Inversiones de los Fondos de Pensiones" desde el año 2000 a la fecha respecto de cada Administradora de Fondos de Pensiones. Del mismo modo, en cuanto lo indicado por A.F.P. Planvital S.A. en orden a que el documento en comento "podría servir de base para futuras acciones judiciales de mi representada en contra de los responsables del denominado caso Cascadas" cabe manifestar que éste constituye un riesgo de carácter meramente eventual que impide a este Consejo advertir una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva.

15) Que, además, este Consejo estima que la divulgación de la información consultada, permite ejercer un control social sobre el modo en que efectivamente obró la Superintendencia de Pensiones en el procedimiento de fiscalización conforme con el cual recabó el informe cuya entrega ha sido denegada y, que en definitiva, permitió al referido organismo fiscalizador adquirir la convicción de que los fondos administrados por AFP Plan Vital no sufrieron perjuicios por efecto de las operaciones del caso Cascada.

16) Que, en consecuencia, y conforme con lo razonado precedentemente, no habiéndose acreditado la causal de reserva invocada en la especie, se acogerá el presente amparo y se requerirá a la reclamada que haga entrega de la información solicitada.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Natalia Cox Lyon, en contra de la Superintendencia de Pensiones, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Superintendenta de Pensiones:

a) Hacer entrega al reclamante del informe acompañado por la AFP Planvital S.A. a la Superintendencia de Pensiones mediante carta GG 1.240, de fecha 26 de septiembre de 2014, y del "Informe Análisis y Evaluación de Perjuicios para los Fondos de Pensiones -Caso Cascadas" entregado por A.F.P Capital S.A. al referido órgano fiscalizador.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Natalia Cox Lyon, a la Sra. Superintendenta de Pensiones y a A.F.P Planvital S.A. en su calidad de tercero involucrado.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza, y por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.