logo
 

Manuel Sánchez Torres con MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA Rol: C2379-14

Consejo para la Transparencia, 23/06/2015

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Cartagena, fundado en que el municipio entregó información que no corresponde a la solicitada referente a la organización comunitaria de carácter funcional denominada "Comité de Propietarios Irregulares Condominio Vallemar". El Consejo acoge parcialmente el amparo. Respecto al literal a), se rechaza el amparo toda vez que lo solicitado se enmarca dentro del derecho a petición y no a una solicitud de acceso a la información pública. Respecto al literal b), se acoge el amparo, toda vez se trata de información existente y que obra en poder del órgano reclamado. Respecto al literal c), se acoge el amparo, toa vez que de acuerdo al cuerpo legal citado, la municipalidad se encuentra obligada a entregar copia autorizada de los estatutos señalados.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2379-14

Entidad pública: Municipalidad de Cartagena

Requirente: Manuel Sánchez Torres

Ingreso Consejo: 07.11.2014

En sesión ordinaria N° 626 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de junio de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2379-14.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 20 de septiembre de 2014, don Manuel Sánchez Torres solicitó a la Municipalidad de Cartagena información relativa a la organización comunitaria de carácter funcional denominada "Comité de Propietarios Irregulares Condominio Vallemar". En particular requirió:

a) "¿Qué artículo de la ley N° 19.418 de Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias u otra, entregó atribuciones a una autoridad municipal para extender un Certificado de Vigencia a una Directiva que había transgredido los siguientes artículos: 24 a), 18 f), 15 (de la ley N° 19.418) y 2° de la ley N° 20.500 de Participación Ciudadana?;

b) Copia autenticada y autorizada del Libro de Registro de Copropietarios de la Comunidad Vallemar, artículo 6° de la ley N° 19.418;

c) Copia autenticada del original de los Estatutos de la Comunidad, fecha de ingreso y registro en la Municipalidad y copia del Acta en que estos fueron aprobados;

d) Copia del Acta en que el reglamento interno fue aprobado; y,

e) Saber si los libros de Actas y de Registro de Copropietarios están autenticados por la Municipalidad".

2) RESPUESTA: Mediante Oficio Ordinario N° 244, de fecha 16 de octubre de 2014, el Secretario Municipal le indica que por medio del presente documento, se responde solicitud de acceso N° 019, punto N°1, en los siguientes términos:

a) Respecto de la norma que faculta a la autoridad municipal para extender certificado de vigencia a una directiva que en diciembre de 2013 cumplió su periodo, se informa que la modificación introducida por la ley N° 20.500 al artículo 19 inciso 1° de la ley N° 20.418 (sic), establece que el Directorio dura en sus funciones un periodo de 3 años (y no dos como se establecía primitivamente);

b) Por su parte, el art. 15 inciso 2° de la ley N° 20.500, establece que "por el solo ministerio de la Ley tienen carácter de interés público las organizaciones comunitarias funcionales, juntas de vecinos y uniones comunales constituidas conforme a la ley N° 20.418...", rigiéndose, en consecuencia, por la ley N° 20.500;

c) Con fecha 08 de abril de 2014, el Comité de Propietarios irregulares de Vallemar informa al Sr. Alcalde que en marzo de 2013, en Asamblea General Extraordinaria, se acogieron a la ley N° 20.500;

d) En virtud de lo anterior, la Directiva del Comité de Propietarios irregulares Vallemar, tiene una vigencia de 3 años a partir de su constitución, esto es 03 de diciembre de 2011, debiendo por tanto, permanecer vigente hasta el 03 de diciembre de 2014; y,

e) Respecto de la extensión de un certificado de vigencia emitido por el Secretario Municipal (s), que rola con el N° 482, folio 128, que reconocía la vigencia del Comité de Propietarios irregulares Vallemar hasta el año 2017, efectivamente estaba mal extendido al contener un error en la fecha de expiración de su directiva, situación que se corrige con el certificado de folio N° 378.

Asimismo se adjunta copia de Memorándum N° 023, de 10 de octubre de 2014, de la Encargada de Oficina de Organizaciones Comunitarias, dirigido a la Directora de Desarrollo Comunitario, donde se indica lo siguiente:

a) Adjunta fotocopia de estatutos de Organización Comité de Propietarios Irregulares Vallemar;

b) Con respecto al reglamento interno de la Organización, ellos no poseen en su carpeta;

c) Adjuntan fotocopia del acta de reunión extraordinaria de fecha 08 de abril de 2014, donde se acogen a la Ley 20.500 y en conformidad a lo ya expuesto se les da un año más de vigencia a la directiva de dicha organización, quedando con vigencia hasta el 03 de diciembre de 2014;

d) Adjuntan fotocopia del certificado de vigencia emitido con fecha 24 de abril de 2014, el cual está erróneamente emitido por la Sra. Rosa Garrido Rojas ya que les da una vigencia desde el 13 de abril de 2014 hasta el 13 de abril de 2017, y hace presente que dicha funcionaria ya no se encuentra trabajando en la Municipalidad Cartagena; y,

e) Adjunta fotocopia de registro actualizado de los socios al 31 de marzo de 2014.

3) AMPARO: El 7 de noviembre de 2014, don Manuel Sánchez Torres dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que el municipio entregó información que no corresponde a la solicitada, y a su vez, no entregó parte de la información requerida. El reclamante adjunta una presentación en la que indica, en síntesis, lo siguiente:

a) En relación a la respuesta sobre el literal a) de la solicitud: El artículo 19 inciso 1° no faculta a la autoridad municipal a extender un Certificado de Vigencia a una directiva que en diciembre de 2013 cumplió su período y no llamó a elecciones. La aplicación de las modificaciones a la Ley 19.418 dispuesta por el artículo 19 inciso 1° de la ley N° 20.500 no es retroactiva, luego la autoridad municipal no tenía ni tiene atribuciones para extender un Certificado de Vigencia a un directorio que transgredió la ley;

b) La modificación era aplicable después del 22 de febrero de 2012, fecha que entró en vigencia la Ley 20.500. El directorio auto designado el 03 de diciembre de 2011, fue mandatado por dos años, cumpliendo su período el 03 de diciembre de 2013. No hubo elecciones y en el período anterior tampoco. No existe acta de elección. La respuesta de autoridad no se ajusta a normativa vigente. El artículo 15 inciso 2° de la ley N° 20.500, en este caso no es aplicable. La elección que debió efectuarse aproximadamente a fines de octubre de 2013, era aplicable al nuevo directorio electo, los tres años de permanencia en el cargo;

c) Es raro que el 08 de abril de 2014, el Comité de Propietarios Irregulares Vallemar, informe al Sr. Alcalde que se acogieron a la ley N° 20.500, en circunstancias que la Asamblea General extraordinaria se efectuó el 13 de abril de 2013. Indica que reaccionaron después de su renuncia como director (13 de noviembre de 2013). Afirma que la nota que transcribe del acta de 13 de abril de 2013 no tendría validez, ya que fue agregada después de terminada la reunión. Adjunta copia de renuncia y de la citada acta.

d) Estima que no corresponde la determinación tomada en respuesta cuatro. Al efecto indica que los Estatutos de Vallemar no han sido modificados, por lo que la Autoridad Municipal transgrede artículo 38 de los mismos. Otras causales están mencionadas en los párrafos precedentes. Aún no llaman a elección y desconoce si nombraron Comisión Electoral y si solicitaron Ministro de Fe a la Municipalidad.

e) Indica que ninguna autoridad puede emitir un Certificado de Vigencia de este tipo, prorrogando un mandato de un directorio por tres años sin haber elecciones, transgrediendo los artículos 6° y 7° de la Constitución Política del Estado, bases de la institucionalidad y artículo 38 de los Estatutos. El Certificado de Vigencia, folio N° 378 no fue remitido. Culpan de un error a una persona que no trabaja en la municipalidad, pero el Jefe puede delegar funciones y no responsabilidades. La responsabilidad recae en quien firmó el Certificado de Vigencia N° 482 que se adjunta;

g) Respecto de lo requerido en el literal b), esto es, copia autenticada y autorizada del Libro de Registro de Copropietarios de la Comunidad Vallemar ésta no fue remitida. Sólo se envió un listado de socios, sin sus firmas como establece el artículo 17 de los Estatutos, sin firmas del responsable de emitirlo, sin fecha de registro y timbre de la municipalidad. Hace presente que lo solicitado corresponde al Registro Público que debe enviar la municipalidad al Servicio del Registro Civil e Identificación semestralmente, actualizada y autorizada conforme al artículo 6° de la ley N° 19.418, modificada por el artículo 34 de la ley 20.500; y,

h) Finalmente, sobre lo requerido en el literal c), indica que la copia de los Estatutos entregados no tiene fecha de ingreso y de registro municipal. Tampoco consta ningún timbre o firma que autentique modificación de los Estatutos.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Cartagena, mediante Oficio N° 6.527, de 13 de noviembre de 2014. Mediante Ordinario N° 820, de 5 de diciembre de 2014, de la Secretaria Municipal (S) de Cartagena, el municipio presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que:

a) Se dio respuesta al requerimiento de información con el Ordinario N° 682, de 17 de octubre de 2014, de Secretaría Municipal. Adjunta copia de dicho antecedente, por el cual se remitió al requirente copia de Ordinario N° 244, de 17 de octubre de 2014, del Sr. Secretario Municipal; Memo N° 208 de la Directora de Desarrollo Comunitario y Memo N° 023, de la Encargada de Organizaciones Comunitarias.

b) Hace presente que el requirente posteriormente ingresó, el 22 de octubre de 2014, una nueva solicitud de información por la que requirió copia de actas de las elecciones de los períodos 2009, 2011 y 2013 y copia de los registros de la Comunidad Vallemar. Dicha solicitud se contestó mediante el citado Oficio N° 682 y el Ordinario N° 772, de 20 de noviembre de 2014, ambos de Secretaría Municipal, siendo la misma información que se acompaña a este Consejo. Se hace presente que lo remitido es toda la documentación existente en el municipio.

c) Mediante Oficio Ordinario N° 772, de 20 de noviembre de 2014, se remitió al solicitante copia de Memorándum N° 216 de 19 de noviembre de 2014, de la Directora de Desarrollo Comunitario y Memorándum N° 25, de 19 de noviembre de la Encarga de Organizaciones Comunitarias. Por medio de este último documento se remitió al reclamante: Copia de acta de actualización período 2009-2011, y período 2011-2013, así como copia del registro de socios actualizado con fecha 31 de marzo de 2014.

Y CONSIDERANDO:

1) Que en forma previa al análisis del fondo del presente amparo, se debe indicar que las materias requeridas se encuentran reguladas por el decreto supremo N° 58 "Fija Texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.418, sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias". Respecto del rol que cabe a las municipalidades en relación a las organizaciones comunitarias, el artículo 6° prescribe: "Para los efectos de esta ley, las municipalidades llevarán un registro público, en el que se inscribirán las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias que se constituyeren en su territorio, así como las uniones comunales que ellas acordaren. En este registro deberán constar la constitución, las modificaciones estatutarias y la disolución de las mismas (...) La municipalidad deberá otorgar, a quienes lo soliciten, copia autorizada de los estatutos, de las inscripciones y demás anotaciones practicadas en los registros públicos de organizaciones y directivas previstos en este artículo, las que serán de costo del solicitante".

2) Que atendida la referida disposición legal y la naturaleza de los antecedentes requeridos en la solicitud de información objeto de amparo, dicha información debe obrar en poder de la reclamada, por expreso mandato legal, por lo que se trata de información pública, al tenor del artículo 5° de la Ley de Transparencia, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado.

3) Que atendido lo expresado por el reclamante en su presentación, el objeto del presente amparo se circunscribirá a la falta de satisfacción con la respuesta entregada por el municipio en los literales a), b) y c) de la solicitud, por lo que se procederá a realizar un análisis de conformidad objetiva entre la información requerida y aquella que fuere entregada por la reclamada.

4) Que en relación al literal a), el municipio reclamado explicó al reclamante que la ley N° 20.500 modificó el artículo 19 de la ley N° 19.418, estableciendo que las organizaciones comunitarias serán dirigidas por un directorio compuesto, a lo menos, por tres miembros titulares, elegidos (...) por un período de tres años. Cabe hacer presente que previo a la modificación legal, ese mínimo lo conformaban cinco miembros que duraban dos años en sus cargos. Por su parte, el artículo 15 inciso 2° de la ley N° 20.500, estableció que, por el sólo ministerio de la ley tienen carácter de interés público las organizaciones comunitarias funcionales constituidas conforme a la ley N° 19.418, rigiéndose, en consecuencia, por la ley N° 20.500. Posteriormente, la Directiva de la organización comunitaria analizada, habría informado en determinada fecha que en marzo de 2013, en Asamblea General Extraordinaria se acogieron a la ley N° 20.500. Por lo anterior, el municipio informa que la Directiva del Comité en cuestión tiene una vigencia de 3 años contados desde su constitución, esto es, 03 de diciembre de 2011, debiendo por tanto, permanecer vigente hasta el 3 de diciembre de 2014.

5) Que tras el análisis de los antecedentes, y más allá de valorar los esfuerzos del municipio reclamado por ocuparse de esta parte del requerimiento, este Consejo estima que esta presentación, en los términos formulados, tiene por objeto obtener un pronunciamiento del órgano respecto de las normas que facultarían al municipio para la emisión de un certificado respecto de una directiva que habría "transgredido" determinadas normas legales, calificativo que implicaría para la reclamada emitir un pronunciamiento al respecto. Por lo anterior, lo requerido no dice relación con el derecho de acceso a la información pública, por cuanto no se refiere a un acto, documento o antecedente determinado en poder de la Administración del Estado, que obre en alguno de los soportes indicados en el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia y el artículo 3°, letra e), del Reglamento de la misma ley; por lo tanto, no se enmarca en el ejercicio del derecho de acceso a la información sino que en el ámbito del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, por lo que se rechazará el amparo respecto de este literal, por improcedente.

6) Que sobre lo requerido en el literal b), este Consejo entiende que lo solicitado corresponde a una copia autenticada y autorizada del Registro Público en el que se hubiere inscrito la organización comunitaria materia de análisis. Al efecto, se debe tener presente lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 6° de la ley N° 19.418, que prescribe "Será obligación de las municipalidades enviar al Servicio de Registro Civil e Identificación semestralmente, y para efectos de mantener actualizado el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, una copia con respaldo digital de los registros públicos señalados en los incisos primero y segundo de este artículo" (el destacado es nuestro). Luego el inciso final dispone: "La municipalidad deberá otorgar, a quienes lo soliciten, copia autorizada de los estatutos, de las inscripciones y demás anotaciones practicadas en los registros públicos de organizaciones y directivas previstos en este artículo, las que serán de costo del solicitante". Sobre este punto, según se desprende de Memorándum N° 023, consta que el municipio habría remitido fotocopia simple de los siguientes documentos: estatutos de la organización, acta de reunión extraordinaria de 8 de abril de 2014, certificado de vigencia emitido con fecha 24 de abril de 2014 y de registro actualizado de los socios al 31 de marzo de 2014. Tras análisis de dichos antecedentes, este Consejo concluye que éstos no permiten dar por cumplida esta parte del requerimiento, por lo que, tratándose de información que existe y que debe obrar en poder del municipio, por mandato expreso del citado artículo 6° de la ley N° 19.418, se acogerá el amparo al respecto y se requerirá a la municipalidad que otorgue copia autorizada del registro público en que se hubiere inscrito el "Comité de Propietarios Irregulares Condominio Vallemar".

7) Que en cuanto a lo requerido en el literal c), el reclamante indica que la copia de los Estatutos entregados no tiene fecha de ingreso y de registro municipal. Sobre el particular, se debe tener presente que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8° de la ley N° 19.418, "Una copia autorizada del acta constitutiva deberá depositarse en la secretaría municipal respectiva, dentro del plazo de treinta días contado desde aquel en que se celebró la asamblea. constitutiva. Efectuado el depósito, la organización comunitaria gozará de personalidad jurídica propia". Asimismo, de acuerdo al artículo 6° del citado cuerpo legal "La municipalidad deberá otorgar, a quienes lo soliciten, copia autorizada de los estatutos (...)". Por lo anterior, y atendido que la municipalidad entregó copia simple de los antecedentes requeridos, se acogerá el presente amparo y se requerirá al municipio que entregue al reclamante copia autorizada del acta constitutiva y de los estatutos del "Comité de Propietarios Irregulares Condominio Vallemar".

8) Que finalmente este Consejo hace presente al reclamante que todas las alegaciones sobre irregularidades referidas a la Directiva de la organización comunitaria objeto de amparo no resultan atingentes en esta sede y resultan impertinentes, por no tratarse del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, escapando al ámbito de competencia de esta Corporación y respecto de las cuales no corresponde emitir pronunciamiento en esta instancia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Manuel Sánchez Torres, de 7 de noviembre de 2014, en contra de la Municipalidad de Cartagena, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Cartagena:

a) Hacer entrega al reclamante de copia autorizada del registro público en que se hubiere inscrito el "Comité de Propietarios Irregulares Condominio Vallemar".

b) Hacer entrega al reclamante de copia autorizada del acta constitutiva y de los estatutos del "Comité de Propietarios Irregulares Condominio Vallemar".

c) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

d) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Manuel Sánchez Torres y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Cartagena.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. La Presidenta del Consejo Directivo doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.