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Alejandro Rojas Santander con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII) Rol: C660-15

Consejo para la Transparencia, 21/07/2015

Se dedujo amparo en contra del Servicio de Impuestos Internos, fundado en la denegación de la información requerida por parte de dicho órgano referente a una funcionaria. En particular, requirió «1.- Detalle de la declaración de patrimonio de los años 2012, 2013 y 2014. 2.- Detalle mensual de las remuneraciones bruta y líquida de los años 2012, 2014 y 2015». El Consejo acoge parcialmente el amparo, toda vez que se configuran las causales de secreto alegadas. En efecto, no es posible divulgar las declaraciones de patrimonio requeridas sin la autorización de sus titulares, pues no han sido obtenidas de una fuente accesible al público. Respecto al detalle de las remuneraciones, son improcedentes las causales de reserva alegadas, respecto a la remuneración liquida, no así en relación a los restantes descuentos voluntarios.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C660-15

Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos

Requirente: Alejandro Rojas Santander

Ingreso Consejo: 26.03.2015

En sesión ordinaria N° 633 del Consejo Directivo, celebrada el 21 de julio de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C660-15.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Alejandro Rojas Santander, mediante presentación de 24 de febrero de 2015, solicitó al Servicio de Impuestos Internos, en adelante también SII, información sobre una funcionaria de dicho organismo. En particular, requirió «1.- Detalle de la declaración de patrimonio de los años 2012, 2013 y 2014. 2.- Detalle mensual de las remuneraciones bruta y líquida de los años 2012, 2014 y 2015».

2) RESPUESTA: El SII, mediante Resolución Exenta N° 0007807 de 25 de marzo de 2015, evacuó respuesta al referido requerimiento, señalando en síntesis lo siguiente:

a) La solicitud de información fue puesta en conocimiento de la interesada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, quién se opuso a la entrega de la información. Por tal razón, y atendido los efectos que dispone el citado artículo 20, dicho órgano se encuentra impedido de acceder a la entrega de lo requerido.

b) Sin perjuicio de lo anterior, y en lo referido al detalle mensual de las remuneraciones consultadas, hizo presente que los datos sobre la remuneración bruta mensualizada se encuentran disponible en su portal electrónico -http://www.sii.gob.cl/transparencia/contrata_historico.html-, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley de Transparencia. Por lo anterior, estima que respecto de lo solicitado en el numeral 2° de la solicitud de información, ha cumplido su obligación de informar en los términos dispuestos en el artículo 15 del mismo cuerpo normativo ya citado.

3) AMPARO: El 26 de marzo de 2015, don Alejandro Rojas Santander, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del SII, fundado en la denegación de la información requerida por parte de dicho órgano.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación el referido amparo y, mediante Oficio N°2.233, de 1° de abril de 2015, confirió traslado al Sr. Director del Servicio de Impuestos Internos, solicitándole que: (1°) se refiriera a la eventual concurrencia de una causal de secreto o reserva de la información solicitada; (2°) señalara si la información requerida, a su juicio, afectaría derechos del tercero interesado; (3°) acompañara todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a la funcionara consultada, incluyendo copia de la respectivas comunicaciones, de los documentos que acrediten su notificación y del escrito de oposición presentado por el tercero; (4°) proporcionara los datos de contacto; nombre, dirección, número teléfono y correo electrónico del tercero, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; y, (5°) indicara las razones por las cuales no se otorgó respuesta oportuna al requerimiento.

El Subdirector Jurídico del Servicio de Impuestos Internos, mediante presentación de 20 de abril de 2015, junto con reiterar lo expuesto en su respuesta, evacuó sus descargos y observaciones, señalando en síntesis lo siguiente:

a) La declaración de patrimonio que la funcionaria consultada ha efectuado anualmente, no es aquella dispuesta en la ley N° 18.575. En efecto, la funcionaria por la cual se requiere información no reúne las calidades exigidas en el citado cuerpo normativo, razón por la cual se encuentra exenta de la obligación impuesta en dicho cuerpo legal. Luego, la declaración que obra en su poder es aquella que exige el artículo 41 de la Ley Orgánica del SII, la cual no está sujeta al régimen de publicidad fijado por la referida Ley de Bases Generales de la Administración.

b) Dicha declaración se encuentra protegida por el deber de reserva dispuesto en el artículo 61 letra j) del Estatuto Administrativo.

c) Por lo anterior, la declaración requerida se encuentra amparada por la hipótesis de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia en concordancia con lo dispuesto en la ley N° 18.834.

d) Respecto del detalle de las remuneraciones líquidas, hizo presente que ha sido el propio Consejo para la Transparencia quien ha reservado toda aquella información que permita determinar descuentos distintos a los establecidos en la ley.

e) Por último, señaló que dio respuesta al requerimiento una vez vencido el plazo legal por un error involuntario.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INVOLUCRADO: En virtud de lo previsto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento, el Consejo Directivo de este Consejo, mediante Oficio N° 2.238, de 1° de abril de 2015, notificó al tercero involucrado, a fin que presentara sus descargos y observaciones.

La funcionara involucrada, mediante presentación de 16 de abril de 2015, señaló en síntesis que la información solicitada debía mantenerse en reserva, por cuanto contiene información que puede afectar su vida privada, describiendo en detalle dichas circunstancias y acompañado documentos fundantes e hizo presente que los antecedentes requeridos son reservados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, con antelación al análisis de fondo del presente amparo, es preciso indicar que el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de la misma. No obstante ello, en el presente caso, la solicitud en análisis no fue respondida dentro del plazo legal indicado, el cual vencía el 24 de marzo de 2015. En razón de lo anterior, este Consejo representará al Sr. Director del Servicio de Impuestos Internos, en lo resolutivo de la presente decisión, la infracción tanto a la precitada disposición, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h) del cuerpo legal citado.

2) Que del análisis de los antecedentes remitidos por la reclamada en esta sede, este Consejo ha podido constatar, que dicho órgano infringió lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, por cuanto comunicó la solicitud de información al tercero interesado en exceso del plazo de dos días hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud -24 de febrero de 2015-, lo que se verificó sólo el 16 de marzo del mismo año, esto es, al decimocuarto día hábil siguiente a la recepción del requerimiento. La referida infracción, le será representada a la parte requerida, en lo resolutivo de la presente decisión.

3) Que la solicitud de información que dio origen al amparo en análisis, tiene por objeto la entrega por parte del Servicio de Impuestos Internos de información sobre las declaraciones de patrimonio de una funcionaria de dicho organismo como de las remuneraciones percibidas por ésta.

4) Que, al efecto, cabe señalar que el SII se negó a la entrega atendida la oposición formulada por la funcionaria respectiva -de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia- quien estimó que la divulgación de la información pedida, afectaría su vida privada. En tal sentido, agregó que la funcionaria consultada no se encuentra afecta a la obligación de presentar declaración de patrimonio de conformidad a la ley N° 18.575, sino en virtud de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de dicho organismo, razón por la cual el régimen de publicidad dispuesto en el primer cuerpo normativo aludido no le es aplicable. Conjuntamente con lo anterior, hizo presente que la información sobre la declaración de patrimonio era reservada de conformidad a lo preceptuado en el Estatuto Administrativo en el artículo 61 letra j) en concordancia con lo señalado en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia.

5) Que sobre el particular, cabe tener presente lo dispuesto en las siguientes disposiciones:

a) Artículo 57 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, que fijó el texto refundido de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado: el Presidente de la República, los Ministros de Estado, los Subsecretarios, los Intendentes y Gobernadores, los Secretarios Regionales Ministeriales, los Jefes Superiores de Servicio, los Embajadores, los Consejeros del Consejo de Defensa del Estado, el Contralor General de la República, los oficiales generales y oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y niveles jerárquicos equivalentes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los Alcaldes, Concejales y Consejeros Regionales deberán presentar una declaración de intereses, dentro del plazo de treinta días contado desde la fecha de asunción del cargo. Igual obligación recaerá sobre las demás autoridades y funcionarios directivos, profesionales, técnicos y fiscalizadores de la Administración del Estado que se desempeñen hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente.

b) Artículo 41 del Decreto con Fuerza de Ley N° 7, que fijó el texto de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos preceptúa que: las personas que ingresen a los escalafones del Servicio deben presentar antes de su nombramiento una declaración jurada de su patrimonio y del de su cónyuge aun cuando se encuentren separados de bienes. Dicha declaración deberá renovarse anualmente. El incumplimiento de esta obligación así como la omisión de bienes en la declaración en un porcentaje superior al 20% en valor respecto del total de bienes que debieren manifestarse, podrá ser sancionada hasta con la destitución.

c) Artículo 61 letra j) del Decreto con Fuerza de Ley N° 29 que fijó el texto refundido, de la ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, dispone que serán obligaciones de cada funcionario: proporcionar con fidelidad y precisión los datos que la institución le requiera relativos a situaciones personales o de familia, cuando ello sea de interés para la Administración, debiendo ésta guardar debida reserva de los mismos.

6) Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8° de la Carta Fundamental. Por tanto, si bien artículo 61 letra j) del Decreto con Fuerza de Ley N° 29 que fijó el texto refundido, de la ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material).

7) Que, la reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8° de la Constitución, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Pues bien, con respecto a la afectación de éstos, y de lo expuesto precedentemente por el Servicio de Impuestos Internos, se colige que la información relativa a la declaraciones de patrimonio de la funcionaria consultada, son antecedentes que han sido obtenidos por la reclamada con la finalidad de ejercer un control permanente de los incrementos del patrimonio de sus funcionarios. Lo anterior, a fin de detectar y evitar cualquier tipo de enriquecimiento que responda a un uso de las prerrogativas e información privilegiada a la que se tiene acceso al desempeñarse como funcionario del Servicio de Impuesto Internos. Asimismo, para ejercer la acciones administrativas y penales que correspondan en el evento de detectarse la comisión de infracciones administrativas o de algún hecho punible. Luego, en la especie resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 9° de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. Dicha disposición señala que "los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público". Por lo anterior, la entrega de la información de la funcionaria del Servicio vulneraría sus derechos y con ello se generaría la hipótesis del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

8) Que en dicho contexto, la requerida se encuentra impedida de divulgar las declaraciones de patrimonio requeridas sin la autorización previa de sus titulares - de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4° de la referida ley-, por cuanto no han sido obtenidas de una fuente accesible al público, sino con ocasión de la pertenencia de los funcionarios consultados a la dotación del Servicio de Impuesto Internos. Por tal razón, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 61 letra J) del Estatuto Administrativo.

9) Que confirma lo antes expuesto, la circunstancia de que el propio legislador cuando así lo ha estimado necesario, ha señalado de modo expreso cuales son las declaraciones de patrimonio afectas a un régimen de publicidad, por ejemplo, aquellas exigidas a los funcionarios enunciados en el artículo 57 de la Ley de Bases Generales de la Administración citado en el considerando 5° a) precedentemente. En consecuencia, se rechazará el amparo respecto de la información en comento, por resultar aplicable la hipótesis dispuesta en el artículo 21 N° 2 y 5 de la Ley de Transparencia en concordancia con lo dispuesto en el Estatuto Administrativo.

10) Que, en lo referido al detalle de las remuneraciones -monto bruto y líquido- de la funcionaria singularizada en el requerimiento, cabe tener presente lo ya resuelto por este Consejo en la decisión recaída en el amparo Rol N° C2069-14. En dicha decisión, se expuso que "(...) los descuentos realizados a dicho funcionario, y que son de naturaleza personal, así como el monto de los mismos, no guardan relación alguna con el desempeño de su cargo público y de sus funciones, de modo que dichos descuentos no constituyen sino un dato de contexto que, por lo demás, se refiere a la esfera de la vida privada del funcionario y es un dato de carácter personal, en los términos establecidos en la letra f) del artículo 2° de la Ley N° 19.628, sobre Protección de datos de carácter personal" (considerando 14°). Luego, la remuneración líquida obtenida de deducir del monto bruto únicamente los montos correspondientes a descuentos legales, es información de naturaleza pública de conformidad a lo dispuesto en los artículos 5°, 7° y 10° de la Ley de Transparencia. En efecto, y de conformidad a lo dispuesto en el punto 4 de la Instrucción General N° 11 de esta Corporación, se considerará como buena práctica incluir en el portal electrónico de los órganos de la Administración del Estado "Un link respecto de cada funcionario a un documento que contenga su remuneración mensual bruta y líquida, las asignaciones mensuales que le correspondan, el monto de cada una de ellas y los descuentos legales o incorporar esta información directamente en la plantilla de personal respectiva. Para el cálculo de la remuneración líquida sólo se considerarán los descuentos legales de carácter estrictamente obligatorio, como por ejemplo, los que se efectúan por concepto de impuestos, cotizaciones previsionales y de salud obligatorias, etc.". En consecuencia, las hipótesis de reserva invocadas para denegar la entrega de la información en comento, son improcedentes respecto de la remuneración líquida que se calcula descontando a la remuneración bruta solo los descuentos legales, no así en relación con los restantes descuentos de naturaleza voluntaria.

11) Que por lo anterior, y teniendo presente este Consejo que el portal electrónico de la reclamada detalla el monto bruto de las remuneraciones de la funcionaria - de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley de Transparencia-, se acogerá el amparo en aquella parte referida únicamente al monto líquido de las remuneraciones consultadas. Sobre el particular, se hace presente al SII que sólo deberá entregar la remuneración líquida obtenida de deducir del monto bruto únicamente los montos correspondientes a descuentos legales. Finalmente en relación con el monto bruto, se tendrá por entregada la información respectiva, con la notificación de la presente decisión, toda vez que esos antecedentes se encuentran permanentemente disponibles en la página web del servicio, específicamente en el link http://www.sii.gob.cl/transparencia/2015/per_contrata_jun.html, dando con ello aplicación al artículo 15 de la Ley de Transparencia.

12) Que por último, este Consejo estima necesario hacer presente al tercero involucrado, que aquella información referida a sus remuneraciones, es información de naturaleza pública de conformidad a lo dispuesto en los artículos 5°, 7° y 10° de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Alejandro Rojas Santander, en contra del Servicio de Impuestos Internos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir Sr. Director del Servicio de Impuestos Internos que:

a) Entregue a don Alejandro Rojas Santander la remuneración líquida percibida por la funcionaria consultada los años 2012, 2014 y 2015. Lo anterior, de conformidad a lo señalado en los considerandos 10° y 11° de esta decisión.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.

III. Representar al Sr. Director del Servicio de Impuestos Internos:

a) Que al no haber dado respuesta a la solicitud de información del requirente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, ha vulnerado dicha disposición, y asimismo, ha transgredido el principio de oportunidad, razón por la cual, deberá adoptar la medidas administrativas que sean necesarias para que, en lo sucesivo, dé respuesta a las solicitudes de información que reciba, dentro del plazo establecido en la norma citada.

b) La infracción a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, atendido lo expuesto en el considerando segundo de esta decisión. Lo anterior, a fin que arbitre las medidas pertinentes para dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la referida norma, respecto de las nuevas solicitudes que se le formulen.

IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Alejandro Rojas Santander, al Sr. Director del Servicio de Impuestos Internos y a al tercero interesado en el presente procedimiento.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza y los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.