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Gonzalo Gaete Romeo con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII) Rol: C644-15

Consejo para la Transparencia, 21/07/2015

Se dedujo amparo en contra del Servicio de Impuestos Internos, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitud de referente a la base de datos completa asociada al formulario 22 entre los años 2003 y 2014, fundado, entre otras razones, en que dicha información "ya había sido entregada a otros investigadores anteriormente, en particular a don Cristóbal Marshall para realizar su tesis de Magister llamada "Is the tax credit for SME in Chile an Effective Policy to boost investment?", en el cual utiliza la información del formulario 22 comprendida entre los años 2006 y 2008; y a Dina Pomeranz, para realizar el trabajo titulado "No Taxation without Information: Deterrence and Selfenforcement in the Value Added Tax". El Consejo rechaza el amparo, toda vez que la información solicitada no obra en poder del órgano reclamado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C644-15

Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos

Requirente: Gonzalo Gaete Romeo

Ingreso Consejo: 24.03.2015

En sesión ordinaria N° 633 del Consejo Directivo, celebrada el 21 de julio de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C644-15.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) CONTEXTO PREVIO: Mediante solicitud de acceso de 28 de julio de 2014, don Gonzalo Gaete Romeo solicitó al Servicio de Impuestos Internos -en adelante e indistintamente SII- la base de datos completa asociada al formulario 22 entre los años 2003 y 2014, fundado, entre otras razones, en que dicha información "ya había sido entregada a otros investigadores anteriormente, en particular a don Cristóbal Marshall para realizar su tesis de Magister llamada "Is the tax credit for SME in Chile an Effective Policy to boost investment?", en el cual utiliza la información del formulario 22 comprendida entre los años 2006 y 2008; y a Dina Pomeranz, para realizar el trabajo titulado "No Taxation without Information: Deterrence and Selfenforcement in the Value Added Tax".

En su respuesta a la mencionada solicitud, el SII denegó la entrega de la información señalando que dichos investigadores se encontraban vinculados contractualmente con la institución, y que por lo tanto el acceso a los datos no fue contrario al deber de reserva de la información tributaria.

2) SOLICITUD DE ACCESO: El 20 de enero de 2015, don Gonzalo Gaete Romeo solicitó al Servicio de Impuestos Internos "copia de los contratos que vinculaban a Cristóbal Marshall y a Dina Pomeranz para la realización de los trabajos anteriormente nombrados.".

3) RESPUESTA: El 11 de marzo de 2015, el Servicio de Impuestos Internos respondió a dicho requerimiento de información señalando, en síntesis, que:

a) En la respuesta a la solicitud de 28 de julio de 2014, lo que se consignó fue lo siguiente: "16° Que, finalmente, respecto a lo afirmado por el peticionario en su solicitud sobre el haberse entregado con anterioridad a otros investigadores la base de datos del Formulario N° 22, se hace presente que las dos personas que individualizó en su requerimiento, a la fecha en que accedieron a los referidos registros, no eran ajenas al Servicio de Impuestos Internos, en cuanto se encontraban vinculadas contractualmente con el mismo, para la realización de estudios específicos que se les encargaron en su oportunidad, por lo cual su acceso a los datos no fue contrario al deber de reserva de la información tributaria.".

b) En consecuencia, no cabe confundir el acceso que este organismo haya otorgado a los consultores, respecto de antecedentes necesarios para el desempeño de sus respectivos cometidos, que es lo señalado por esta repartición, con el encargo de los dos trabajos que el ocurrente menciona por sus títulos en inglés.

c) Por lo tanto, informa que no cuenta con contratos que vinculen a Cristóbal Marshall y a Dina Pomeranz para la realización de trabajos denominados específicamente, "Is the tax credit for SME in Chile an Effective Policy to boost investment?" y "No Taxation without Information: Deterrence and Self-Enforcement in the Value Added Tax", que es lo que taxativamente se solicita; sino que con nombramientos para consultorías identificadas de manera diversa.

4) AMPARO: El 24 de marzo de 2015, don Gonzalo Gaete Romeo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitud. Al efecto, el reclamante hizo presente lo siguiente:

a) En la primera página del trabajo de Cristóbal Marshall, se señala que los derechos de propiedad del estudio son de él y del presidente de los "Fellows de Harvard College", y no del SII. Además, la investigación realizada por Dina Pomeranz está pronto a aparecer en una nueva versión de "American Economic Review", la cual es una revista especializada que pertenece a la "American Economic Association", y por la cual hay que pagar para descargar cada una de las publicaciones que ahí se encuentran. Por lo tanto, queda claro que el derecho de propiedad de estos estudios no son del SII, sino que de personas privadas. Esta situación contractual de los investigadores con el órgano reclamada es aún menos clara dado que los trabajos en cuestión de son propiedad de aquéllos (y de "Harvard College" y la "American Economic Association"), y no del SII.

b) Por último solicita evidencia probatoria de que tanto Cristóbal Marshall como Dina Pomeranz estuvieron vinculados a la institución; y, que se ponga a su disposición la base de datos completa del formulario 22 entre los años 2003 y 2014, información que anteriormente ya fue facilitada a otros investigadores y que la utilizaron para estudios de su propiedad y no del SII.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, mediante Oficio N° 2.191 de 31 de marzo de 2015. Mediante escrito ingresado con fecha 17 de abril de 2015 Subdirector Jurídico presentó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis que:

a) No concurren los presupuesto contemplados en el artículo 24 de la Ley de Transparencia para la interposición del presente amparo por cuanto la solicitud fue respondida dentro de plazo y tampoco ha existido denegación de información, puesto que no puede denegarse la entrega de lo que no existe, como acontece en la especie, en que reitera que no se celebraron contratos para la realización de los trabajos que menciona el reclamante.

b) El solicitante tampoco controvierte la inexistencia de la información, por el contrario, aporta un nuevo elemento en abono a lo informado por ese organismo en cuanto a la inexistencia de los contratos solicitados, al señalar que de los datos que expresa, "queda bastante claro que el derecho de propiedad de estos estudios no son de propiedad del SII".

c) La solicitud de información del reclamante fue muy clara y precisa y se circunscribe a la entrega de dos supuestos contratos que ese Servicio habría suscrito con determinadas personas, para determinados objetos. Por tanto no habría cabido que ese organismo hubiese pedido aclaración con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Transparencia.

d) Sin embargo, de la sola lectura de los fundamentos del amparo es posible advertir que el peticionario ha ampliado su requerimiento más allá de lo previsto por el mismo en su solicitud original, exigiendo expresamente "evidencia probatoria", así como la entrega de una base de datos, que no fue solicitada en el requerimiento que dio origen al presente amparo.

e) Tal como se informó oportunamente al solicitante, no existen contratos celebrados entre el Sr. Cristóbal Marshall o doña Dina Pomeranz, que hayan tenido por objeto los estudios señalados por el solicitante, y, en consecuencia, no existe ningún soporte documental que contenga alguno de los dos contratos de servicios señalados, por cuanto los mismos no existen.

f) Por último, solicita que este Consejo fije audiencia a fin de rendir la prueba necesaria para la resolución del presente amparo.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, la solicitud de información que dio origen al presente amparo tuvo por objeto acceder a la copia de los contratos que vinculaban a Cristóbal Marshall y a Dina Pomeranz para la ejecución de las investigaciones singularizadas por el solicitante en su anterior requerimiento deducido con fecha 28 de julio de 2014.

2) Que, tanto en su respuesta a la solicitud el órgano reclamado como en sus descargos, señaló que no obran en su poder los contratos solicitados mediante los cuales haya encomendado la ejecución de las investigaciones consignadas por el reclamante. En su amparo, el reclamante formula ciertos juicios acerca de la propiedad de los estudios señalados en su requerimiento, solicita "evidencia probatoria" sobre el vínculo de los investigadores con la reclamada, y, además, requiere "la base de datos completa del formulario 22 entre los años 2003 y 2014".

3) Que, conforme ha resuelto previamente este Consejo la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente. Al respecto, la Instrucción General N° 10, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información, en el acápite sobre búsqueda de la información requerida, numeral 2.3, en su párrafo segundo, dispone que, en caso de no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, si el órgano público constata que no posee la información, luego de realizada su búsqueda, deberá agotar todos los medios a su disposición para encontrarla y, en caso de estimar que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio.

4) Que, en la especie, se advierte del tenor expreso de la solicitud que ésta tenía por objeto acceder a los contratos que hubieren vinculado al SII con los consultores señalados en la solicitud. Al efecto la reclamada ha señalado de manera consistente que no obran en su poder los referidos acuerdos de voluntades, no contando este Consejo con antecedentes diversos que permitan controvertir lo alegado por reclamada en relación a la inexistencia de la información solicitada en los términos indicados por el peticionario en su solicitud. Asimismo, consta que en su amparo el reclamante alteró el objeto de su solicitud extendiéndolo a aspectos no planteados en su requerimiento de acceso como acontece con la base de datos que requiere así como la "evidencia probatoria" a que alude. En consecuencia, conforme con lo señalado precedentemente, se rechazará el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Gonzalo Gaete Romeo, en contra del Servicio de Impuestos Internos por la inexistencia de la información requerida, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Gonzalo Gaete Romeo, y al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza y los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.