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Nicolle Peña López con MINISTERIO DE HACIENDA Rol: C2642-14

Consejo para la Transparencia, 26/06/2015

Se dedujo amparo en contra del Ministerio de Hacienda, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada referente a el nombre de todos los proyectos de inversión detectados y en conocimiento de dicho ministerio, que cumplan con las siguientes condiciones: a) Contar con resolución de calificación ambiental. b) No tener causas judiciales pendientes. c) Que pueda comenzar a desarrollarse en 2015. d) Que tenga trámites pendientes, ya sea para su ejecución o para su entrada en funcionamiento, con alguna agencia pública del nivel central. El Consejo rechaza el amparo, toda vez que entregar la información solicitada podría generar un efecto adverso en su implementación debido a que el conocimiento de los nombres de los proyectos en una etapa en que aún deben llevarse a cabo diversas actuaciones de los órganos competentes en su tramitación puede dar origen a la interposición de recursos judiciales o administrativos que afecten la celeridad en la concreción de la medida adoptada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2642-14

Entidad pública: Ministerio de Hacienda

Requirente: Nicolle Peña López

Ingreso Consejo: 10.12.2014

En sesión ordinaria N° 627 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de junio de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2642-14.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 13 de noviembre de 2014 doña Nicolle Peña López requirió al Ministerio de Hacienda le proporcionara el nombre de todos los proyectos de inversión detectados y en conocimiento de dicho ministerio, que cumplan con las siguientes condiciones:

a) Contar con resolución de calificación ambiental.

b) No tener causas judiciales pendientes.

c) Que pueda comenzar a desarrollarse en 2015.

d) Que tenga trámites pendientes, ya sea para su ejecución o para su entrada en funcionamiento, con alguna agencia pública del nivel central.

2) RESPUESTA: El 4 de diciembre de 2014, el órgano reclamado dio respuesta al solicitante, mediante Oficio N° 2514, del Subsecretario de Hacienda, señalando lo siguiente:

a) El requerimiento se vincula con el Plan de Reforzamiento de la Inversión 2014, anunciado por la Presidenta de la República, el que consideró iniciativas que debían reunir las siguientes características principales: contar con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y no tener causas judiciales pendientes.

b) Atendidos los criterios referidos, se puede acceder a la información solicitada mediante datos provenientes del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) y del poder judicial, en los sitios electrónicos que indica, todas fuentes de libre acceso, que se encuentran permanentemente a disposición del público.

c) Adicionalmente, puede accederse a la información proporcionada por la Corporación de Desarrollo Tecnológico de Bienes de Capital (CBC), en el sitio electrónico que indica.

3) AMPARO: El 10 de diciembre de 2014, doña Nicolle Peña López dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Ministerio de Hacienda, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada. En efecto, señala que pidió detalle con los nombres de los proyectos (es información que tiene el Ministerio de Hacienda), y no la dirección con los sitios electrónicos cuyas bases de datos se deben cruzar para obtener la información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Hacienda, mediante Oficio N° 7270, de 17 de diciembre de 2014.

Dicho Oficio fue respondido por el Subsecretario de Hacienda, quien mediante Oficio N° 10, de 5 de enero de 2015, presentó sus descargos y observaciones al presente amparo, señalando, en síntesis, lo siguiente:

a) Tal y como se señaló a la solicitante en la respuesta, el requerimiento dice relación con un Plan para reactivar la economía, que comprende medidas guiadas por seis ejes principales: a) reforzar y acelerar los planes de inversión pública 2014; b) empresas públicas capitalizadas para dinamizar la economía; c) plan de concesiones en infraestructura; d) estímulo a la concreción de proyectos e inversiones del sector privado; e) planes de reconstrucción de Arica, Iquique y Valparaíso; y, f) potenciar exportaciones con énfasis en Pymes.

b) Dicho plan tiene como objetivo acelerar los proyectos de inversión a través de medidas de gestión y cambios normativos. Se trata de una iniciativa para dar un nuevo impulso a las inversiones públicas y privadas. El plan se enfoca en la gestión, en resolver problemas de proyectos específicos, y también algunos cambios de normativa que dependen del ejecutivo. Esto da cuenta que el programa requiere de una serie de medidas para llevar a cabo sus finalidades, las cuales no se han adoptado a la fecha de manera completa. Las medidas proyectadas requieren la adopción de modificaciones para perfeccionar la normativa, lo cual se llevará adelante en un plan de cinco meses, contados desde el anuncio del plan. También se ha comprometido un plazo de seis meses para informar los avances en la agilización de proyectos de inversión privada.

c) Atendido lo anterior, el "listado de proyectos" a que hace referencia la solicitante, corresponde más bien al conjunto de iniciativas de inversión que cumpla con los criterios definidos por el ejecutivo y que, por lo tanto, es susceptible de experimentar modificaciones. Por consiguiente, no se trata de información estática sobre la materia, sino que de antecedentes que pueden experimentar modificaciones conforme se vayan efectuando los trámites pendientes para su materialización o, por cierto, si van cambiando las condiciones a que hace referencia la requirente, lo que puede incluso suceder diariamente. En otros términos, y conforme al estado dinámico de la nómina conforme se ha señalado, no ha sido posible dar a conocer la información vinculada a la solicitud en los términos requeridos, pues se trata de datos sin fijar y susceptibles de ser alterados en el tiempo.

d) Por otra parte, la solicitud se vincula con una importante proyección de presupuestos y montos para el desarrollo del Plan de Reactivación, que podrían encontrar trabas por circunstancias administrativas o reglamentarias, por lo que no parece razonable identificar proyectos, de manera previa a la aplicación de las medidas proyectadas, sin que se haya verificado previamente la factibilidad y pertinencia de una eventual agilización de orden administrativo. Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda actúa en calidad de coordinador de distintos servicios públicos, los que deben ponderar la adopción de las medidas de agilización administrativa en función de sus facultades y de su pertinencia. Por ello, la comunicación de un "listado de proyectos" de inversión privada podría afectar el normal funcionamiento de tales reparticiones.

e) La información puede obtenerse de fuentes de acceso público, y en ese contexto la Subsecretaría de Hacienda consideró la posibilidad de dar a conocer a la requirente las fuentes de acceso web, que contienen las bases de datos que fueron utilizadas para determinar preliminarmente los proyectos. Con todo, y como una manera de facilitar el análisis por parte de la solicitante, se adjuntan a los descargos un listado de proyectos que cuentan con resolución de calificación ambiental favorable y sin construcción al 30 de septiembre de 2014, listado que también se ha remitido a la solicitante.

f) En consecuencia, y en virtud de lo establecido por el artículo 15 de la Ley de Transparencia, se entiende que se da por cumplida la entrega de la información requerida, cuando se comunica a la solicitante la fuente, lugar y forma en que se puede acceder a la información que está permanentemente a disposición del público.

g) No obstante lo señalado anteriormente, se estima que respecto de la información solicitada resulta aplicable la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia. En efecto, la sola divulgación de nombres de proyectos en una etapa previa a la aplicación de las medidas destinadas específicamente a destrabar su implementación y desarrollo, ocasionaría el efecto inverso, pudiendo obstaculizar la correcta marcha del plan con el consecuente incumplimiento de la finalidad del mismo. A la fecha de la solicitud no se ha adoptado una decisión sobre la materia consultada en particular, revistiendo la individualización de proyectos solicitados por la requirente, la calidad de antecedente previo para adopción de la referida decisión, cual es, las medidas administrativas y normativas para destrabar proyectos. Tales medidas fueron anunciadas, mas no puestas en práctica de manera cabal, razón por la que se trata de información preliminar, susceptible de modificarse, en la medida que se vayan adoptando las medidas del plan de reactivación económica.

h) Por su parte, comunicar nombres de proyectos supone inmiscuirse en el ámbito de decisión de la autoridad en forma previa a la decisión que debe adoptar, afectando con ello el privilegio deliberativo. Conocer la información requerida puede, razonablemente, perjudicar los intereses de dicho órgano y, consecuencialmente, la reactivación económica del país, en tanto la finalidad del plan de reactivación económica con altas probabilidades, puede verse menoscabada, sin llegar a cumplir la finalidad específica que se tuvo en vista al comenzar la implementación del mismo. Esos datos permiten construir un panorama, en el que saber los detalles de proyectos puede hacer caer la finalidad perseguida, viéndose trabados los desarrollos económicos necesarios para contribuir a la reactivación económica de Chile.

i) En efecto, un listado preciso de proyectos, en conjunto con otros antecedentes que se recopilen, servirán de fundamento para decidir la procedencia de una modificación de orden reglamentario o legal, conforme a las facultades privativas de la autoridad, en este caso la Presidenta de la República, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 N°s 1 y 6 de la Constitución Política.

j) Por otra parte, y en relación con la misma causal de secreto o reserva invocada, atendida la facultad de dicho órgano para definir y delinear una resolución, medida o política pública, recabando y recopilando antecedentes que estime necesarios de parte de diversos agentes económicos, tanto públicos como privados, resulta esencial garantizar la reserva de dicha información, con el propósito de salvaguardar la función del poder ejecutivo en el diagnóstico, diseño e implementación de una política pública orientada a la reactivación de la economía.

Y CONSIDERANDO:

1) Que a modo de contexto respecto de la información solicitada cabe tener presente que de acuerdo con el comunicado de prensa emitido por el órgano reclamado con fecha 3 de noviembre de 2014 -disponible en http://www.hacienda.cl/sala-de-prensa/noticias/historico/ministro-de-hacienda-informo-que-se.html - en dicha data el Ministro de Hacienda de la época "entregó esta mañana el informe del Comité Económico de Ministros a la Presidenta Michelle Bachelet para agilizar iniciativas de inversión. Esta tarea había sido encomendada por la Mandataria el 1 de septiembre como parte de las medidas para dinamizar la economía. Precisa el mencionado comunicado que "Al comentar las medidas comprometidas como parte del Plan de Reforzamiento de la Inversión 2014 -anunciado el 1 de septiembre por la Mandataria-, el jefe del equipo económico del Gobierno detalló que detectaron proyectos que suman una inversión de aproximadamente US$ 6.000 millones -cerca de 2% del PIB- distribuidos en seis regiones y principalmente en los sectores de generación y transmisión eléctrica y minería." Asimismo, la referida autoridad informó que se establece un catastro de proyectos de inversión privada con trámites pendientes en organismos del Gobierno Central fundamentalmente "permisos de obras mayores o de obras hidráulicas, concesiones o materialización de venta de terrenos fiscales, otorgamiento de servidumbres de paso, y otros trámites y permisos administrativos". Además, se indica que "el paso siguiente será efectuar gestiones para agilizar de estos proyectos: Se establecerá una Secretaría Técnica que dependerá de los Ministerios de Hacienda y Economía y que contará con integrantes de cada uno de los ministerios que están acá y donde se radicará un cronograma de actividades para los próximos seis meses, donde iremos semanalmente viendo un control de gestión". Agregó que "nos juntaremos todos los meses a seguir el control de gestión de estos proyectos e informaremos cada 60 días a la Presidenta".

2) Que, en dicho contexto, se advierte que la solicitud de acceso que ha dado origen al presente amparo tuvo por objeto acceder al listado de proyectos que a juicio del "Comité Económico de Ministros" reunía determinados requisitos que hacían pertinente agilizar su tramitación, y que fuera puesta en conocimiento de la Presidenta de la República en la mencionada fecha, esto es, una semana antes de que el reclamante formulara su requerimiento de información. Conforme con lo señalado en los artículos 5°, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, el listado solicitado constituye información pública salvo que concurra a su respecto alguna causal de secreto o reserva.

3) Que, en su respuesta la reclamada informa al solicitante los vínculos en los cuales se encontraría la información, según indica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia. Al efecto, cabe hacer presente que la mencionada respuesta resultó del todo improcedente por cuanto la solicitud se refiere sólo a aquellos proyectos que fueran definidos en la mencionada instancia, en circunstancias que los links que informara la reclamada al reclamante corresponden a la página de inicio de tres sitios webs, sin aportar antecedente adicional alguno que haya podido permitir al reclamante acceder efectivamente a lo pedido.

4) Que, en sus descargos, el órgano reclamado invocó la causal de reserva prevista en el artículo 21 N°1, letra b), de la Ley de Transparencia, que permite denegar total o parcialmente la información que se solicite cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente "tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicos una vez que sean adoptados". Al respecto, y conforme lo establece el artículo 7° N° 1, letra b), del Reglamento del citado cuerpo legal, se entiende por "antecedentes" todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por "deliberaciones", las consideraciones, formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios.

5) Que, según la reiterada jurisprudencia de este Consejo para configurar la mencionada hipótesis de reserva se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, cuales son: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.

6) Que, en cuanto al primer requisito referido, puede constatarse de los antecedentes tenidos a la vista, que el listado de proyectos solicitado formaba parte de un proceso deliberativo en curso, por cuanto a la data solicitud de acceso -13 de noviembre de 2014- éste únicamente había sido informado a la Presidenta de la República existiendo con posterioridad a ello una serie de trámites que las distintas autoridades competentes debían llevar a cabo en las áreas en que incidían los referidos proyectos, contemplándose, por ejemplo, la necesidad de crear una Secretaría Técnica donde se radicaría el cronograma de actividades, informando de la gestión de los referidos proyectos de manera periódica a la máxima autoridad de la Nación.

7) Que, enseguida, respecto de la afectación de las funciones del órgano reclamado, a juicio de este Consejo atendida la finalidad de la medida en que se inserta la definición del listado de proyectos solicitado -agilización de inversiones- existe base suficiente para estimar que su divulgación afecte el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada en los términos señalados en el ya citado artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia. En efecto, exponer de manera prematura dicha información podría generar un efecto adverso en su implementación debido a que el conocimiento de los nombres de los proyectos en una etapa en que aún deben llevarse a cabo diversas actuaciones de los órganos competentes en su tramitación puede dar origen a la interposición de recursos judiciales o administrativos que afecten la celeridad en la concreción de la medida adoptada. Del mismo modo, la entrega de la información a la data en que fuera solicitada supone también inmiscuirse en el ámbito de decisión de la Presidenta de la República en forma previa a la adopción de una medida en particular sobre la materia, afectando con ello claramente el privilegio deliberativo que en tal sentido ha consagrado el legislador, así como también entrabar la coordinación de los distintos órganos públicos que debían intervenir en el referido proceso de toma de decisiones dentro de su esfera de atribuciones.

8) Que, por tanto, y en virtud de lo razonado precedentemente, se rechazará el presente amparo respecto de lo solicitado en los literales a) y b) de la solicitud, por estimar que concurre la causal de reserva o secreto del artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por doña Nicolle Peña López, en contra de la Subsecretaría de Hacienda, por concurrir la causal de reserva o secreto del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a doña Nicolle Peña López y al Sr. Subsecretario de Hacienda.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza, y por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.