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Miguel Torres Sagredo con SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN Rol: C2625-14

Consejo para la Transparencia, 07/07/2015

Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Educación Escolar, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada referente al acceso y copia de todas las resoluciones exentas que resuelven procesos administrativos por contravención a la normativa educacional en materia de acoso escolar o maltrato escolar, y discriminación, durante el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2013 a la fecha de la solicitud de acceso. Además, solicitó que en caso que cualquier documento contuviera información personal de terceros que pudiere afectarlos, se tarjen tales datos en virtud del artículo 11, letra e) de la Ley de Transparencia. Por último, indicó el correo electrónico como formato de entrega. El Consejo acoge el amparo, toda vez que el órgano reclamado no logro acreditar la causal de secreto invocada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2625-14

Entidad pública: Superintendencia de Educación Escolar.

Requirente: Miguel Torres Sagredo.

Ingreso Consejo: 09.12.2014

En sesión ordinaria N° 630 del Consejo Directivo, celebrada el 7 de julio de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información rol C2625-14.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 21 de octubre de 2014, don Miguel Torres Sagredo solicitó a la Superintendencia de Educación, en adelante e indistintamente, la Superintendencia, el acceso y copia de todas las resoluciones exentas que resuelven procesos administrativos por contravención a la normativa educacional en materia de acoso escolar o maltrato escolar, y discriminación, durante el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2013 a la fecha de la solicitud de acceso. Además, solicitó que en caso que cualquier documento contuviera información personal de terceros que pudiere afectarlos, se tarjen tales datos en virtud del artículo 11, letra e) de la Ley de Transparencia. Por último, indicó el correo electrónico como formato de entrega.

2) RESPUESTA: El 3 de diciembre de 2014, mediante correo electrónico, la Superintendencia dio respuesta a la solicitud de acceso, adjuntando una planilla en formato Excel informando lo solicitado.

3) AMPARO: El 9 de enero de 2014, don Mabuel Torres Sagredo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada. Lo anterior, fundado en que lo solicitado fueron copias de las resoluciones exentas especificadas en la solicitud de acceso, y lo entregado fue un cuadro en formato Excel de procesos por maltrato o discriminación, lo cual, según sostiene, contravendría el principio de máxima divulgación.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación este amparo y, mediante Oficio N° 7240, de 17 de diciembre de 2014, confirió traslado al Sr. Superintendente de Educación Escolar, solicitándole que al formular sus descargos: (1°) adjunte comunicación remitida al reclamante mediante la cual se informa el uso de la prórroga del plazo para dar respuesta, de conformidad al artículo 14 de la Ley de Transparencia; (2°) señale si, a su juicio, la información proporcionada satisface el requerimiento del recurrente; y (3°) se refiera a la eventual concurrencia de una causal de secreto o reserva de la información solicitada.

Mediante Ord. N° 0002, de fecha 5 de febrero de 2015, dicha autoridad presentó sus descargos y observaciones, señalando en síntesis que:

a) El 19 de noviembre de 2014, se envió correo electrónico al reclamante prorrogando el plazo de respuesta, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14 inciso 2° de la Ley de Transparencia.

b) El 3 de diciembre de 2014, se envió un correo electrónico al reclamante con la respuesta a la solicitud de información, indicándole que "se adjunta planilla en Excel, que informa lo solicitado". Lo anterior, fundado en lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

c) Si bien en la respuesta remitida al solicitante, no se expresaron los motivos y fundamentos de hecho y de derecho que sirvieron base para la denegación de la información de la manera que le requirente lo solicita, se adjuntó una planilla Excel que contiene datos sobre la Región, N° de acta de fiscalización, tipo de acta, nombre del establecimiento, estado del proceso en primera instancia, resultado sanción de primera instancia y monto de la multa.

d) Estima que la entrega de las resoluciones exentas constituye una violación grave de los derechos de los menores de edad involucrados en los procedimientos administrativos, los que muchas veces se refieren a situación de acoso, violencia y abusos. En el marco del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media, creado por la ley N° 20.529, las denuncias del tenor solicitado, involucran siempre a menores de edad y, específicamente a datos referidos a maltratos físicos o sicológicos entre pares o entre alumnos y adultos y, asimismo, materias relativas a discriminación sufridas por los alumnos/as.

e) En esta materia se involucra la ley N° 19.628, sobre Protección a la Vida Privada, la cual en su artículo 2, letra g) define lo que debe entenderse por datos sensibles. En mérito de tal definición, las denuncias realizadas a este Servicio, según el requerimiento de información, se refieren a circunstancias de la vida privada, pues se denuncian vulneraciones a la integridad física y síquica de los alumnos/as, que muchas veces tiene su origen en características particulares de los alumnos víctimas, como es su orientación sexual, religiosa o características físicas. Esto se reafirma por cuanto los menores de edad se encuentran padeciendo generalmente consecuencias sicológicas derivadas de las conductas de maltrato o discriminación, lo que impide entregar el contenido de las resoluciones exentas solicitadas.

f) Por lo anterior, la entrega de la información en los términos de la solicitud de acceso, contravendría lo dispuesto en la Convención de los Derechos del Niño, específicamente en su artículo 16, que señala "1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o a su reputación. 2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques." En virtud del numeral 2 citado, tomó las medidas apropiadas para que los niños y niñas se vean protegidos en todos los aspectos de su vida, pues de entregarle dicha información al solicitante, se desconocen los motivos y los cauces que esta información pueda tomar y, según lo establecido en el artículo 22 del Reglamento N° 13, de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la entrega de la información es sin condiciones, lo que evidentemente podría vulnerar los derechos de los menores, lo que estaría en plena contradicción con la Convención de Derechos del Niño.

g) Por otro lado, el solicitante pidió que se tarjaran algunos datos, lo que lleva a la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia. En efecto, la solicitud de acceso, si bien indica año y materia, no indica el número de las resoluciones exenta requeridas, por lo que se debe buscar a nivel nacional considerando que existe un total de 80 procesos administrativos, en los cuales se debe revisar detalladamente los datos referentes a los niños involucrados, debiendo tachar numerosos datos, lo que acarrearía distraer indebidamente de sus funciones a gran cantidad de personal que no se encuentra en el área de transparencia. Por ello, en lugar de tarjar numerosos datos, se procedió a entregar por medio de una planilla Excel, datos que sí pueden ser entregados.

Y CONSIDERANDO:

1) Que la información objeto del presente amparo consiste en copia de todas las resoluciones exentas que resuelven procesos administrativos por contravención a la normativa educacional en materia de acoso escolar o maltrato escolar, desde el 1° de enero de 2013 a la fecha de la solicitud de acceso, esto es, 21 de octubre de 2014, información que no fue entregada por el órgano requerido, el que optó por hacer entrega de una planilla Excel con información estadística sobre los procedimientos administrativos aludidos, razón por la cual el requirente solicitó a este Consejo amparo a su derecho de acceso a la información fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada.

2) Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 48 de la ley N° 20.529, que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización, corresponde a la Superintendencia de Educación fiscalizar el cumplimiento de la normativa educacional. Por su parte, el decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, Ley General de Educación, en sus artículos 16 A al 16 E regula la convivencia escolar, es particular el acoso y maltrato escolar, estableciendo un procedimiento de investigación en caso de contravención y su sanción, por aplicación del artículo 50 del mismo cuerpo legal, que otorga a la Superintendencia de Educación la competencia para substanciar el respectivo procedimiento y aplicar la sanción que corresponda, a través de sus direcciones regionales.

3) Que, cabe hacer presente a la Superintendencia de Educación que, de estimar la procedencia de alguna de las causales de reserva previstas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 inciso 3° del mismo cuerpo legal, debe consignarlo en la respuesta otorgada al reclamante, cuestión que no ocurrió en el presente caso y que, por tanto, le será representada en lo resolutivo de la presente decisión.

4) Que, en sus descargos, el órgano requerido, indica que no resulta posible entregar la información en los términos que ha sido requerida en atención a que, en su opinión concurre la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en tanto los procedimientos consultados contienen datos sensibles -a la luz de la definición prevista en el artículo 2°, letra g) de la ley N° 19.628- de menores de edad, referidos a circunstancias de su vida privada, como a su integridad física que síquica.

5) Que, al respecto, el solicitante indicó expresamente en su requerimiento que en caso que cualquier documento contuviera información personal de terceros que pudiere afectarlos, se tarjen tales datos en virtud del artículo 11, letra e) de la Ley de Transparencia, de manera que, la información que se pide, si bien pude contener datos personales o sensibles, debe aplicarse, previo a la entrega, el procedimiento de disociación de tales datos, que de acuerdo a la letra l) del artículo 2° de la ley N° 19.628, persigue que la información no pueda ser asociada a una persona determinada o determinable.

6) Que, además, el organismo requerido sostiene que el esfuerzo tendiente a disociar los datos personales, esto es, tacharlos en la documentación, configuraría el supuesto fáctico de la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. Lo anterior, por cuanto se debe buscar a nivel nacional considerando que existe un total de 80 procesos administrativos, en los cuales se debe revisar detalladamente los datos referentes a los niños involucrados, debiendo tachar numerosos datos, lo que acarrearía distraer indebidamente de sus funciones a gran cantidad de personal que no se encuentra en el área de transparencia.

7) Que, este Consejo, ha señalado reiteradamente en sus decisiones que la causal alegada sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado".

8) Que, a fin de ponderar la concurrencia de la causal, resulta necesario revisar el volumen y naturaleza de la información requerida. En la especie, el propio organismo requerido indicó que a nivel nacional existirían 80 procedimientos sobre las materias consultadas, y que atender la solicitud implica revisar esos expedientes y proceder a tarjar los datos personales. Como ya se señaló, la Ley General de Educación, en sus artículos 16 A y siguientes, y en su artículo 50, otorga al Director Regional de la Superintendencia de Educación la aplicación de la respectiva sanción. De lo anterior se colige que, si bien la información se genera en las diferentes regiones, esta resulta identificable para cada Dirección -de hecho, esto haría posible su sistematización en una nómina como la entregada- por lo que su revisión y resguardo de datos personales supone un adecuado esfuerzo de coordinación con el nivel central. Además, en vista que lo pedido son sólo las Resoluciones Exentas que resuelven tales procedimientos, esto es, los actos administrativos finales, la revisión destinada a tarjar los datos personales y sensibles no se aplica a la totalidad del expediente de la investigación, sino sólo a dicha resolución, lo que, en opinión de este Consejo, no supone un esfuerzo desproporcionado ni configura la distracción indebida de los funcionarios.

9) Que, por todo lo razonado, se acogerá el presente amparo y se requerirá al Sr. Superintendente de Educación Escolar la entrega de la información que se ha requerido en el presente amparo.

10) Que, finalmente, teniendo en cuenta la especial protección que nuestro sistema jurídico otorga a los menores de edad, particularmente cuando el artículo 16 de la Convención de Derechos del Niño, ratificada por nuestro país el año 1990, indica que "1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. / 2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques"; corresponderá que el órgano requerido tenga presente el interés superior del niño, lo que supone un especial cuidado en el tratamiento de todo antecedente que forme parte de su esfera íntima, resguardando cualquier dato que se refiera a sus características físicas o morales, o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Miguel Torres Sagredo en contra de la Superintendencia de Educación Escolar en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Superintendente de Educación Escolar:

a) Hacer entrega a la reclamante de la información solicitada al Sr. Torres, esto es, de las resoluciones que resuelven los procedimientos sobre acoso y maltrato escolar a nivel nacional desde el 1° de enero de 2013 hasta la fecha de la solicitud de acceso que motivó el presente amparo, tarjando previamente los datos de carácter personal y sensible que en ellos se consigne y teniendo presente lo señalado en el considerando 10°.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Representar a la Sr. Superintendente de Educación la infracción al artículo 16 de la Ley de Transparencia, al no consignar en la respuesta otorgada al reclamante, la respectiva causal de secreto o reserva. Lo anterior con la finalidad de que se tomen las medidas pertinentes para que no se produzca dicha circunstancia en el futuro.

IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Miguel Torres Sagredo y al Sr. Superintendente de Educación Escolar.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza, y por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.