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Álvaro Pérez Castro representante de UNACO-Chile o Crawford Chile con SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS Rol: C570-11, C571-11 y C572-11

Consejo para la Transparencia, 19/08/2011

Se dedujeron tres amparos en contra de la Superintendencia de Valores y Seguros por la no entrega de información sobre todos los antecedentes de siniestros denunciados con ocasión del terremoto de 27 de febrero de 2010, distintos de vivienda y con reserva pendiente, que al 27 de febrero de 2011 estén registrados en la SVS con prórroga acogidas al D.S N° 863 con una serie de datos relacionados. El Consejo estimó que Superintendencia de Valores y Seguros no cuenta con un registro de los siniestros denunciados ante las compañías aseguradoras, SVS ha hecho saber que la solicitud le resulta imposible, dada la forma en que administra la información concerniente a las prórrogas aplicadas por las compañías aseguradoras o los liquidadores, puntualizando que ello le impide efectuar e forma desagregada las distinciones comprendidas en la solicitud, por lo que se concluye que la divulgación de la información solicitada, importaría una afectación a la honra de las personas jurídicas, debiendo estimarse reservada la información requerida.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Justicia
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Ausente)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Concurrente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO C570-11, C571-11 y C572-11
 
Entidad Publica: Superintendencia de Valores y Seguros
 
Requirente: Álvaro Pérez Castro en representación de UNACO-Chile o Crawford Chile
 
Ingreso Consejo: 11.05.2011

En sesión ordinaria N° 275 del Consejo Directivo, celebrada el 19 de agosto de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de los amparos Roles C-570-11, C571-11 y C572-11.

VISTOS:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUDES DE ACCESO: Don Álvaro Pérez Castro, invocando la calidad de representante de UNACO-Chile o Crawford Chile, a través de tres presentaciones distintas, dos de ellas de fecha 25 de marzo de 2011 (que dieron lugar, respectivamente, a los amparos Roles C570-11 y C572-11), y otra de 5 de abril de 2011 (que dio lugar al amparo Rol C571-11), solicitó a la Superintendencia de Valores y Seguros ––en lo sucesivo indistintamente SVS–– idéntica información consistente en todos los antecedentes de siniestros denunciados con ocasión del terremoto de 27 de febrero de 2010, distintos de vivienda y con reserva pendiente, que al 27 de febrero de 2011 estén registrados en la SVS con prórroga acogidas al D.S N° 863, separada por montos superiores o inferiores a 1.250.000 UF, e indicando región del siniestro, nombre, RUT, dirección, teléfono, e-mail, del asegurado, corredor de seguros y liquidador de siniestros. Adicionalmente, solicitó se le informara la reserva del siniestro, separada por las coberturas afectadas, pago de anticipo de indemnización y estado actual del siniestro.

Cabe hacer presente que en la solicitud que dio lugar al amparo Rol C570-11, el peticionario requirió que la información le fuera remitida en formato digital a través de archivos PDF; a su turno, en las solicitudes que motivaron los amparos Roles C571-11 y 572-11, el peticionario requirió que la información respectiva le fuera proporcionada en formato digital a través de planillas Excel. Para tales efectos señaló adjuntar a las solicitudes respectivas CDs.

2) RESPUESTAS: La SVS respondió a las antedichas solicitudes a través de distintos Oficios Ordinarios, a saber:

a) Mediante el Oficio Ordinario N° 9.611, de 7 de abril de 2011, la SVS respondió conjuntamente a las solicitudes que motivaron los amparos Roles C570-11 y C571-11, señalando al peticionario que:

i. Los antecedentes solicitados no se encuentran en una base de datos que maneje la SVS, sino que se encuentran en medios físicos, sin que se cuente con un sistema de identificación de cada prórroga presentada, y sin poder distinguir por montos asegurados, región del siniestro u otro de los datos solicitados.

ii. Adicionalmente, el hecho de que estos antecedentes se encuentren en medios físicos hace imposible su separación de los antecedentes personales que, según la legislación vigente, tienen el carácter de reservados.

b) Mediante el Oficio Ordinario N° 10.706, de 14 de abril de 2011, la SVS respondió a la solicitud de información que motivó el amparo Rol C572-11, adjuntándole al peticionario un CD e informándole que éste contenía la información solicitada, con excepción de los datos de carácter personal.

3) AMPARO: El 11 de mayo de 2011, don Álvaro Pérez Castro, invocando las representaciones ya indicadas, dedujo tres amparos a su derecho de acceso a la información, todos ellos en contra de la Superintendencia de Valores y Seguros, los cuales fueron ingresados a este Consejo bajo los Roles C570-11, C571-11 y C572-11, respectivamente. Los dos primeros amparos se fundaron en la falta de respuesta a las solicitudes de información, mientras que el último amparo se fundó en la misma razón, indicando, además, el reclamante que la información entregada no corresponde a la solicitada, por cuanto le fue remitido un CD que incluía un cuadro resumen de 4 páginas en donde no se incluía el detalle de lo solicitado.

En las presentaciones mediante las cuales interpuso los amparos Roles C570-11 y C571-11 el reclamante señaló lo siguiente:

a) La explicación que entregó la SVS le parece insólita pues indica que la información si se encuentra disponible, pero en medios físicos sosteniendo la que a la luz de la legislación vigente tiene el carácter de reservada. Tal planteamiento es un insulto a la institucionalidad y al sentido común pues no existe tal legislación vigente.

b) Resulta una verdadera vergüenza visualizar que la SVS tiene por costumbre negar acceso a la información pública, al amparo de la ignorancia de la opinión pública, a quienes pretende engañar al indicarles que la “legislación vigente” le otorga el carácter de reservada a información que y documentación que es constitucionalmente definidos como públicos y no existe legislación vigente que avale tales afirmaciones formuladas por el Sr. Superintendente de Valores y Seguros.

Por otra parte, en la presentación mediante la cual dedujo el amparo Rol C572-11 el reclamante indicó:

a) La SVS indica que la información solicitada debe ser omitida por así determinarlo la Ley de Transparencia, en circunstancias que dicha ley en parte alguna establece la omisión de actos de terceros, salvo oposición expresa del mismo.

b) Es la tercera vez que la SVS envía información que no corresponde a la solicitada, sino a un cuadro resumen que no comprende el total de la documentación existente en la SVS, y que corresponde precisamente a la documentación que se deniega una y otra vez, de tal manera que ello parece una burla de la SVS. Hace referencia a las decisiones de amparos Roles C891-10 y C56-11.

4) SUBSANACIÓN: El 18 de mayo de 2011, el Consejo Directivo de esta Corporación, conforme a lo previsto en el artículo 46, inciso segundo, del Reglamento de la Ley de Transparencia, dispuso requerir al Sr. Álvaro Pérez Castro subsanar su amparo, solicitud que se realizó a través de los Oficios N°s 1170 (en relación al amparo Rol C572-11) y 1171 (en relación a los amparos Roles C570-11 y C571-11), en los cuales se le requirió que acompañara los antecedentes que permitieran acreditar las fechas en que efectivamente le fueron notificadas las respuesta evacuadas por la SVS, toda vez que al formular sus amparos no acompañó la documentación pertinente. El peticionario dio cumplimiento a lo anterior acompañando la documentación solicitada el 1° de julio de 2011, incluyendo el CD a que hizo referencia en sus amparos.

5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo estimó admisible los amparos mencionados, trasladándolos al Sr. Superintendente de Valores y Seguros, a través de Oficios N° 1340 y 1387, de 6 y 8 de junio de 2011, respectivamente, quien, por su parte, formuló las observaciones y descargos que se indican a continuación con respecto a cada amparo:

a) Respecto de los amparos Roles C570-11 y C571-11: La SVS formuló sus descargos a través del Ordinario N° 17.234, de 23 de junio de 2011, señalando que:

i. La SVS no cuenta con un registro de los siniestros denunciados.

ii. En cuanto a las prórrogas de los plazos para la liquidación de los siniestros, estos pueden prorrogarse sucesivamente por periodos iguales, lo cual debe ser comunicado al asegurado y a la SVS, quien puede dejar sin efecto la prórroga por causales calificadas.

iii. En la práctica, los liquidadores y las Compañías de Seguros informan a la SVS cuando se dispone la prórroga de un plazo, siendo tales comunicaciones recibidas por medios físicos (papel), sin contar con ninguna referencia más que el número de prórroga que se comunica en cada ocasión, las que pueden contener una comunicación de prórroga y sin límite del número de ellas.

iv. Estas comunicaciones no son procesadas ni ingresadas en ninguna base de datos que permita distinguir entre ellas, automáticamente o de manera simple, si pertenecen a seguros de primer o segundo grupo, a qué ramos de seguros corresponden, tampoco indican los montos asegurados, ni mayores detalles de los siniestros por los cuales se informa la prórroga.

v. En consecuencia, al no encontrarse procesadas estas comunicaciones en una base de datos, no es posible acceder a la solicitud del Sr. Pérez, por cuanto, en primer término, no es posible distinguir sin procesar la información, si corresponde a siniestros derivados del terremoto, y tampoco se informan los montos asegurados, sino que contienen un monto estimado de los perjuicios. Las comunicaciones tampoco contienen la región del siniestro, la dirección, teléfono, ni e-mail del asegurado, ni otros antecedentes solicitados por el Sr. Pérez Castro.

vi. Adicionalmente, atendido que estas comunicaciones ingresan a la Oficina de Partes de la SVS en medios físicos (papel) no es posible separarlas de los antecedentes personales de los asegurados que contienen, tales como el nombre, RUT, y domicilio.

vii. Para ilustrar lo anterior acompaña copia de comunicaciones en que se informan variadas cantidades de prórrogas por parte 5 Compañías de Seguros distintas.

viii. Finalmente, acompaña los comprobantes respectivos que dan cuenta del envío al peticionario de los Oficios Ordinarios N°s 9175 y 9611, ambos de 2011.

b) Respecto del amparo Rol C572-11: La SVS formuló sus descargos a través del Oficio Ordinario N° 17.738, de 17 de junio de 2011, en los siguientes términos:

i. Señala que mediante el Oficio Ordinario N° 10.706, de 14 de abril de 2011, se dio respuesta a la solicitud del reclamante, adjuntándole un CD con la información requerida, en la cual se omitieron los datos de carácter personal por encontrarse protegidos por la Ley N° 19.628, ya que no cabe su tratamiento o cesión en este caso, conforme a lo señalado por el Consejo para la Transparencia en la sesión ordinaria N° 606, de 10 de diciembre de 2010, en que se resolvió la reposición del amparo Rol C521-10.

ii. Adjunta copia de la solicitud de don Álvaro Pérez Castro, del Oficio Ordinario N° 10.706, de 14 de abril de 2011, de la planilla Excel remitida por CD y del comprobante de envío.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en primer término, en conformidad al principio de economía procedimental, consagrado en el artículo 9° de la Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado y, atendido el hecho que en los amparos Roles C570-11, C571-11 y C572-11, existe identidad respecto del reclamante, de la autoridad requerida, y de la materias sobre que los que éstos versan, este Consejo, para facilitar la comprensión y resolución de los mismos –en virtud del citado principio– ha resuelto acumular los amparos señalados, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto.

2) Que, en síntesis, la información solicitada por el reclamante dice relación con los antecedentes de las prórrogas que, al 27 de febrero de 2011, habían sido comunicadas a la SVS por las compañías aseguradoras o por liquidadores de seguros con respecto al plazo para emitir los informes de liquidación de los siniestros denunciados ante esas mismas compañías, requiriendo el solicitante que se le informe, en particular, acerca de: ramo o naturaleza del seguro (daños excluyendo las viviendas); tipo del siniestro (todos aquellos generados con ocasión terremoto de 27 de febrero de 2010); región del siniestro; monto del siniestro (distinguiéndose entre superiores e inferiores a 1.250.000 UF); reserva del siniestro; pago de anticipo de indemnización del siniestro; estado actual del siniestro; coberturas afectas. Además requirió la indicación de ciertos datos concernientes a los asegurados, liquidadores y corredores relacionados con esas mismas prórrogas1.

El peticionario requirió que la información en comento le fuera entregada digitalizada bajo un formato particular ––planillas Excel o archivo PDF––, haciendo uso de la facultad contemplada en los artículos 17 de la Ley de Transparencia y 33 de su Reglamento.

3) Que el acceder al requerimiento en cuestión, en los términos solicitados, a juicio de este Consejo, si bien no supondría que el órgano de la Administración del Estado elabore información (aplica criterio adoptado en la decisión de amparo Rol A80-09 para un caso similar), sí requiere que éste efectúe una labor de tratamiento y/o procesamiento de la información pertinente, realizando las búsquedas respectivas en sus soportes, registros o bases de datos para luego sistematizar sus resultados y así encontrarse en condiciones de informar respecto de los distintos tópicos que interesan al solicitante con respecto a las prórrogas.

4) Que, entonces, a efectos de resolver sobre el requerimiento planteado, se hace necesario determinar, primeramente, si la SVS posee o debe poseer la información cuyo tratamiento le permitiría satisfacer la solicitud de acceso, particularmente en relación con:

i. La información que proporcionan las compañías aseguradores o los liquidadores de seguros a la SVS, con ocasión de las prórrogas aplicadas respecto del plazo establecido para emitir los informes finales de liquidación de cada siniestro.

ii. Si la SVS cuenta con algún registro, base de datos o soporte que le permita conocer información detallada relativa a los siniestros que son denunciados ante las compañías aseguradoras.

iii. Si la SVS cuenta con los datos señalados por el peticionario con respecto a los asegurados, corredores y liquidadores de los seguros que se otorgan, y en tal caso, si procede su divulgación.

5) Que en lo que respecta al primer asunto planteado ––4° punto i)–– cabe señalar que la Superintendencia de Valores y Seguros, a propósito de los amparos Roles C570-11 y C571-11, ha aseverando que las comunicaciones a través de las cuales los interesados informan acerca de las prórrogas aplicadas le son efectuadas mediante presentaciones escritas que no son procesadas, ingresadas base de dato alguna, ni son automatizadas, de tal suerte que no le es posible acceder a lo solicitado, por cuanto ello supone un tratamiento que no efectúa. A efectos de ilustrar lo anterior, la SVS acompañó copia de las comunicaciones escritas relativas a prórrogas que le fueron remitidas por cinco compañías aseguradoras distintas.

6) Que, de lo anterior, en especial, del examen de la documentación acompañada, en relación con lo establecido en la Circular N° 1116/1993 de la SVS, que reglamenta la obligación de informar con respecto al procedimiento de liquidación, cabría extraer las siguientes conclusiones:

a) Las compañías aseguradoras o liquidadores que aplican prórroga con respecto a los plazos establecidos para evacuar los informes de liquidación de siniestros, deben comunicar tales hechos a la SVS, lo que realizan a través de presentaciones escritas en formato papel.

b) La SVS no sistematiza dichas presentaciones a través de una base de datos, sino sólo ingresa y registra tales comunicaciones mediante soportes físicos, de la misma forma que son presentadas.

c) A través de dichas comunicaciones se informa a la SVS con respecto a: la compañía aseguradora o el liquidador, motivos fundados de la liquidación y tiempo de prórroga. En la documentación acompañada por la SVS se aprecia que, además, en general que las compañías informan con respecto a: número, fecha del siniestro y de su denuncia a la compañía, fecha de nombramiento del liquidador, monto estimado de los perjuicios, número de póliza, ramo del seguro y, nombre y RUT del asegurado.

7) Que, en relación al segundo punto planteado ––4° punto ii)–– conviene ante todo observar el siguiente marco normativo:

a) El artículo 4°, literal d), del D.L. N° 3.538 del Ministerio de Hacienda, que crea la Superintendencia de Valores y Seguros, establece como una facultad de dicho organismo, enmarcada en su función de velar porque las personas o instituciones fiscalizadas, desde su iniciación hasta el término de su liquidación, cumplan con el marco normativo que les resulta aplicable: «Examinar todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos documentos de los sujetos o actividades fiscalizados y requerir de ellos o de sus administradores, asesores o personal, los antecedentes y explicaciones que juzgue necesarios para su información». A su turno, el párrafo tercero de la misma norma establece que: «Salvo las excepciones autorizadas por la Superintendencia, todos los libros, archivos y documentos de las entidades o personas fiscalizadas deben estar permanentemente disponibles para su examen en la sede principal de sus negocios».

b) En concordancia con la norma citada, el artículo 17 del D.S N° 863/1989 del Ministerio de Hacienda, que establece el Reglamento de los Auxiliares de Comercio de Seguros, dispone: «Los liquidadores y las compañías aseguradoras deben mantener actualizado un libro o registro de denuncias y liquidaciones de siniestros, el que estará a disposición de la Superintendencia, en el que deberán anotarse, a lo menos, los siguientes datos: individualización de la compañía aseguradora, nombre y RUT del asegurado o beneficiario y del conductor si procede, tipo y número de la póliza, número asignado al siniestro y a la liquidación consiguiente, fecha del siniestro y de su denuncia a la compañía, fecha de nombramiento de liquidador, en su caso, fecha de emisión del informe de liquidación, debiendo, además, mantener una carpeta con todos los antecedentes requeridos para practicar la liquidación»2.

8) Que, de las normas citadas, se desprende claramente que la Superintendencia de Valores y Seguros no cuenta con un registro de los siniestros denunciados ante las compañías aseguradoras, tal como lo hizo presente en sus descargos a propósito de los amparos Roles C570-11 y C571-11. Ello, sin perjuicio que en el ejercicio de sus potestades fiscalizadoras, le asiste la facultad de acceder –cuando así lo estime– al contenido del libro o registro de denuncias y liquidaciones de siniestros que deben llevar las compañías aseguradores ––el cual contiene parte de la información que interesa al peticionario–– pero de ello no cabe concluir que dicha información “obre en poder” del órgano reclamado, en los términos del artículo 5° de la Ley de Transparencia, conforme al criterio adoptado por la opinión mayoritaria de este Consejo en la decisión de amparo Rol C457-10, de 16.10.2010, a efectos de fijar el alcance de la expresión en comento.

9) Que, no obstante lo anterior, a fin perfeccionar la estadística sobre siniestros la SVS pronunció con fecha 11.06.1993 la Circular N° 1.127, mediante la cual impartió instrucciones con respecto a la información que en materia de siniestros denunciados deben remitir a dicho órgano fiscalizador las compañías aseguradoras del primer tipo (seguros generales). Al efecto, las normas pertinentes de la Circular establecen:

Artículo 1°: “Las compañías aseguradoras deberán informar a la Superintendencia, a más tardar el día 15 de cada mes o al día hábil siguiente, acerca de todos los pagos de siniestros realizados durante el mes inmediatamente anterior y sobre la provisión de siniestros al último día del referido mes según las instrucciones contenidas en los anexos de la misma Circular.

La información solicitada corresponde a todos los ramos D y se excluye exclusivamente el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales”.

Artículo 2°: La información deberá ser enviada en cinta magnética grabada a 1600 bpi, sin rótulos internos, o bien, en diskette DOS, tamaño 3.5, adjuntando una carta del Gerente de Siniestros con los siguientes datos: mes al que corresponde la información; número de siniestros denunciados en el mes; número de siniestros pendientes a fin de mes (pendientes, liquidados parciales y controvertidos; total de pagos efectuados en UF; total de previsiones en UF; total de recuperos recibidos en UF).

10) Que el examen de la precitada Circular N° 1.127/1993 ––especialmente el de sus anexos A, B, C y D3–– permite presumir que los antecedentes sobre siniestros que las compañías de seguros generales deben remitir a la SVS comprenden la información sobre siniestros que interesa al peticionario ––sin perjuicio de lo que se dirá más adelante–– por lo que ha de concluirse que dicha información debiese obrar en poder de la SVS, con las menciones especificadas ya descritas para cada siniestro.

Conforme a lo expuesto, ha de entenderse que la alegación formulada por la SVS en orden a que no cuenta con un registro de los siniestros denunciados, parece referida al registro que sobre las denuncias respectivas deben llevar las compañías aseguradoras conforme al artículo 17 del D.S 863/1989, conforme a lo indicado en el considerando 8° precedente.

11) Que, en lo concerniente al tercer punto planteado ––4° punto iii)–– los datos solicitados por el peticionario con respecto a los asegurados, liquidadores y corredores comprenden, para todos ellos, el nombre, RUT, dirección, número telefónico, y correo electrónico.

12) Que, respecto de los corredores y liquidadores de seguros cabe consignar que el artículo 4°, literal m) del D.L N° 3538 ya citado, establece como una de las atribuciones de la SVS la de llevar los registros públicos de profesionales o de información que las leyes le encomienden. Asimismo, el D.F.L N° 251, dispone en su artículo 3° letra g) que son atribuciones y obligaciones de la SVS, entre otras, mantener un registro de los auxiliares de comercio de seguros, en el que deberán inscribirse quienes deseen desarrollar la actividad de corredor de seguros o liquidador de siniestros, debiendo cumplir con los requisitos que establece dicho cuerpo legal. En aplicación de dichas normas, el artículo 6° del D.S 863/1989 establece que el registro público de auxiliares del comercio de seguros que la SVS debe llevar en forma permanente y actualizada debe incluir la indicación de los nombres y domicilios de las personas que figuren en él, debiendo inscribir en el mismo a las personas naturales o jurídicas que cumplan los requisitos establecidos en la ley y en el reglamento para ejercer la actividad de corredor o liquidador de seguros.

Así, la revisión el sitio web de la SVS http://www.svs.gob.cl/sitio/mercados/seguros.php evidencia que, respecto de liquidadores y corredores de seguros, dicha entidad cuenta con información relativa a su nombre, RUT, dirección y número teléfono, la cual publica por la misma vía. Sin embargo, no existe constancia que dicho organismo cuente con información relativa la dirección de casilla electrónica de los mismos agentes.

13) Que, de esta forma, la información relativa a los auxiliares de comercio de seguros que obra en poder de la SVS reviste el carácter de pública, inclusive aquella referida a personas naturales, pues en este caso, aún cuando se trata de datos personales a la luz de lo dispuesto en el artículo 2°, letra f) de la Ley N° 19.628, debe tener lugar lo preceptuado en el artículo 5°, inciso 4° del mismo cuerpo legal, conforme al cual tratándose de una fuente de acceso público no se requiere el consentimiento expreso del titular para tratar los datos personales allí contenidos; así lo ha resuelto anteriormente este Consejo en la decisión de amparo Rol C521-10, de 01.10.2010 respecto de esta misma materia.

14) Que, en lo que concierne a los mismos datos de los asegurados, cabe consignar que si bien no existe norma alguna que obligue a la SVS a contar con un registro público que incluya con respecto a dichas personas los datos de interés del peticionario, dicho organismo, con ocasión de las información relativa a los siniestros que le remiten las compañías aseguradoras de acuerdo a la Circular N° 1.127, como asimismo en razón de los antecedentes que incluyen las comunicaciones sobre prórrogas, al menos podría contar con información relativa nombre y RUT de dichas personas. Que, en cuanto al análisis en torno a la publicidad o reserva de dichos datos, éste se hará al final de esta decisión.

15) Que, en suma, el análisis anterior lleva a concluir que la SVS cuenta o debiese contar con la información base cuyo tratamiento sistematizado le permitiría satisfacer la pretensión de información de la especie. Lo cual, en todo caso excluye los datos personales que no obran en poder de dicho organismo, según lo señalado en los dos considerandos precedentes y sin perjuicio de lo que se dirá respecto del resguardo de aquellos concernientes a los asegurados.

Lo anterior significa, en abstracto, que los flujos de información desagregados que dicho organismo recibe de las compañías aseguradoras respecto de los siniestros denunciados, podría ser contrastada o tratada conjuntamente con los soportes físicos que administra a propósito de las prórrogas que le son comunicadas por esas mismas compañías o por los liquidadores de seguros, para, de este modo y con la debida sistematización, acceder a entregar lo solicitado en los términos requeridos.

16) Que, sin embargo, a propósito de los amparos Roles C570-11 y C571-11, la SVS ha hecho saber a este Consejo que ello le resulta imposible, dada la forma en que administra la información concerniente a las prórrogas aplicadas por las compañías aseguradoras o los liquidadores, puntualizando que ello le impide efectuar e forma desagregada las distinciones comprendidas en la solicitud.

17) Que, a juicio de este Consejo, la antedicha alegación de la SVS debe ser reconducida al supuesto genérico de la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, de la Ley de Transparencia, en especial atención a la normativa que regula las funciones de la SVS con respecto a la información que debe divulgar dicho organismo en materia de seguros.

El precepto en comento establece:

«Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:

1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente: c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales».

18) Que, asimismo, cabe consignar lo preceptuado en el artículo 3°, literal l), del D.F.L N° 251/1931, del Ministerio de Hacienda ––que establece la “Ley de Seguros”–– referido a las atribuciones de dicho organismo en materia de seguros, a saber:

“Formar y publicar, anualmente, la estadística de todas las operaciones sobre seguros y reaseguros que efectúen las compañías, las listas de corredores de seguros y reaseguros, de liquidadores de siniestros y de compañías de seguros y reaseguros autorizados para operar en el país”.

19) Que, de lo anterior se colige que una de las funciones de la SVS es la de publicar periódicamente determinada información en materia de seguros, con el fin de que dicha información sea conocida por el mercado y terceros, permitiendo al organismo cumplir uno de sus objetivos centrales en orden a velar por la transparencia de los mercados que supervisa. Pues bien, del precepto en cuestión se advierte que la información objeto de publicación debe ser de naturaleza esencialmente estadística o agregada.

Por lo tanto, si bien la SVS a través de normas de carácter general ––Circular N° 1.127/1993–– ha instruido a las compañías aseguradoras la remisión de cierta información desagregada con respecto a los seguros y sus siniestros asociados, puede estimarse que la publicación de la misma por parte de la SVS debe necesariamente enmarcarse en el ejercicio de sus funciones en la materia, lo que no coincide con el nivel de detalles o desagregación solicitado en la especie.

Cabe mencionar que esta interpretación se recoge en la misma Circular N° 1.127, que en la parte donde explica la finalidad para la cual se requiere la remisión de cierta información relativa a siniestros por parte de las compañías de seguros, que señala «Esta Superintendencia, en uso de sus facultades legales, considerando la necesidad de perfeccionar la estadística de siniestros, ha estimado necesario impartir instrucciones sobre la información de siniestros que deben proporcionar las compañías, de acuerdo a lo siguiente».

20) Que, la SVS ha actuado en consonancia con el ejercicio de las función precedentemente descrita, por cuanto al responder la solicitud que motivó el amparo Rol C572-11, entregó al peticionario un CD que incluye cuatro planillas en formato Excel que contienen información consolidada y estadística con respecto a diversos aspectos de la actividad aseguradora, distinguiendo en planilla para seguros con coberturas mayores o menores de 1.250.000 UF, total del mercado y total por regiones grandes riesgos, e indicando para cada caso: compañía de seguros, cantidad de siniestros denunciados, inspeccionados, inspeccionados con anticipo, inspeccionados anticipos pagados, liquidados, pendientes de pago, liquidados pagados, porcentaje total pagado.

21) Que, en cambio, según se ha señalado, la información requerida en la especie no parece corresponderse con lo anterior, pues precisamente lo que se solicita es información desagregada y detallada con respecto a materias relacionadas con seguros, extendiéndose incluso a datos concernientes a personas identificadas o identificables, en circunstancias que, de conformidad a la definición legal que existe sobre datos estadísticos contempla la letra e) de la Ley N°19.628, éstos son aquéllos que, en su origen o como consecuencia de su tratamiento, no pueden ser asociados a un titular identificado o identificable.

22) Que, en consecuencia, resulta forzoso concluir que el acceder a la información requerida iría más allá del ejercicio de las funciones propias de la SVS en materia de publicación de información concerniente a seguros, de modo que se configura el supuesto genérico de la causal indicada.

23) Que, por otra parte, y a mayor abundamiento, este Consejo en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 33, literal j), de la Ley de Transparencia, en orden a velar por la debida reserva de los datos e información de los órganos de la Administración del Estado y sobre el cumplimiento de esta ley, estima pertinente pronunciarse a continuación en torno al carácter reservado de la información comprendida en la solicitud en cuanto concierne a los asegurados.

24) Que en lo que respecta a los asegurados personas naturales, los datos tales como el nombre, RUT, dirección teléfono, correo electrónico, merecen la calificación de datos personales a la luz de la definición contemplada en el artículo 2°, letra f) de la Ley N° 19.628; más aún, el hecho que una persona natural identificada o identificable haya contratado un seguro de determinadas características o haya sufrido ella misma o su entorno personal un siniestro de ciertas particularidades, también constituye un dato personal, de acuerdo a la mentada definición, pudiendo incluso, en su caso, tener la calificación de dato sensible, a la luz de lo establecido en el artículo 2°, letra ñ) del mismo cuerpo legal.

25) Que, el tratamiento de los datos en referencia ––lo que comprende su comunicación a terceros–– exige dar cumplimiento a la normativa contemplada en la Ley N° 19.628, pudiendo servir como criterio orientador para tal efecto aquel adoptado por este Consejo en decisiones anteriores (vgr. decisiones de amparos Roles C164-11 y C377-10) en el sentido que, para la comunicación de datos personales en poder de la Administración del Estado es menester verificar si de acuerdo a las circunstancias del caso concreto concurre un especial interés público que justifique su divulgación, pues, de lo contrario, resultara aplicable la regla de secreto contenida en el artículo 7° de la Ley N° 19.6284. Pues bien, en la especie, no se aprecia un especial interés público que justifique la divulgación de los datos en cuestión, de tal suerte que este Consejo en cumplimiento de la función que le atribuye el literal m) de la Ley de Transparencia en orden a velar por el adecuado cumplimiento de la Ley N° 19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado, debe proteger tales datos.

26) Que, en lo que respecta a los asegurados personas jurídicas, si bien estos no son titulares de datos personales, según se desprende de la definición que establece el artículo 2°, letra h) de la Ley N° 19.628, este Consejo considera que éstas encuentran protección en nuestro ordenamiento jurídico y, consecuentemente, su afectación puede constituir una causal para el secreto o reserva de la información, en el marco del derecho a la protección honra de dichas personas, toda vez que el constituyente no ha distinguido entre personas naturales y jurídicas en el encabezado del artículo 19 de la Constitución Política de la República y la honra respecto de dichas personas jurídicas se encuentra asociada a su buen nombre, reputación, fama o prestigio frente a los terceros con los que interactúan a objeto de desarrollar sus fines específicos. Al respecto, considera que dicha interacción podría resultar afectada o generarse un riesgo de afectación con la divulgación de cierta información concerniente a los seguros contratadas por las mismas, particularmente en lo relativo a los siniestros de diversa naturaleza que las han afectado durante un periodo determinado o que se encuentren cubiertos como riesgo, lo mismo con respecto a información concerniente a las coberturas asociadas a los riesgos o reservas, pues su conocimiento podría impedir el cabal desenvolvimiento de éstas en la vida económica, en tanto podría diezmar la posibilidad que celebren ciertos contratos o ejecuten ciertos negocios con terceros, quienes podrían dudar de la confianza y seguridad de dichas personas.

27) Que, al efecto, se estiman ilustrativos los argumentos expuestos por la Corte Suprema en una reciente sentencia en la materia, Rol N° 1736-2008, de 4 de junio de 2008, que resuelve el recurso de nulidad en materia penal interpuesto en contra de la sentencia del 15° Juzgado de Garantía de Santiago, por la que se rechaza la querella presentada por la empresa Mago Chic Aseo Industrial S.A. en contra de una de sus trabajadoras, por el delito de injurias leves. Al respecto, la Corte Suprema consideró:

a) «Que, hurgando en los numerales del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, es posible descubrir la existencia de algunas garantías que, por su naturaleza, son evidentemente extensibles a las personas jurídicas, como sucede, v. gr., con las de los ordinales 14º, 15º y 20º a 24º, todos inclusive, en tanto que otras, íntimamente asociadas a la dignidad de las personas naturales, tienen un alcance restrictivo, que sólo alcanza a estas últimas, como es ostensiblemente el caso del derecho a la vida y la integridad física y psíquica de las personas (Nº 1º) o a la libertad personal y seguridad individual (Nº 7º), el derecho a la protección de la salud (Nº 9º) o el derecho a la educación (Nº 10º). / Ese es el contexto en que debe interpretarse el acápite inicial del mencionado artículo 19, debiendo por tanto entenderse que el inventario de los derechos asegurados allí a “todas las personas”, alcanza tanto a las llamadas por el Código Civil personas “naturales”, como igualmente a las denominadas por ese cuerpo legal como “jurídicas”, en su artículo 545, pero, tratándose de esta categoría, sólo en la medida que los derechos correspondientes sean conciliables con su particular naturaleza» (considerando 6°).

b) «Que nuestro derecho positivo consulta la presencia de disposiciones que reconocen la titularidad del derecho al honor de las personas jurídicas privadas. Tal ocurre, por ejemplo, con el artículo 16 de la ley Nº 19.733 (4.06.2001), sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo –más conocida como ley de Prensa– que contempla el derecho de toda persona “natural o jurídica, ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, a publicar gratuitamente la aclaración o rectificación, en el marco que la norma determina» (Considerando 7°).

c) «Que, en definitiva, si bien el honor o la honra es un valor referible a personas individualmente consideradas, el derecho a la propia estimación o el buen nombre o reputación en qué consiste no es patrimonio exclusivo de aquéllas, de modo que este atributo, en su significado amplio, es predicable también de las personas jurídicas que, para el cumplimiento de sus fines específicos, dentro de la autonomía que la Carta dispensa a los grupos intermedios, necesitan de su buen nombre y prestigio, que no podrían quedar debidamente cautelados si se las marginara de la titularidad de dicha garantía» (Considerando 8°).

d) “Que, con el mérito del razonamiento precedente, no cabe sino concluir que las sociedades comerciales privadas están facultadas por nuestro ordenamiento constitucional para accionar, en sede jurisdiccional, en defensa de su reputación. Por ende, la ofensa a este bien jurídico es subsumible en el literal a) del artículo 373 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de lo que se resuelva en cuanto al fondo en la hipótesis penal específica de autos” (Considerando 9°).

28) Que, por las consideraciones anteriores, se concluye que la divulgación de la información solicitada, importaría una afectación a la honra de las personas jurídicas, debiendo estimarse reservada la información requerida, conforme a lo dispuesto por el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

29) Que, sin embargo, el Consejero don Juan Pablo Olmedo estima que la protección a la honra no se extiende a las personas jurídicas, por las razones que expresa en lo resolutivo de esta decisión, no obstante lo cual concurre a la decisión de rechazar el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Álvaro Pérez Castro en, representación de Crawford Chile o UNACO Chile, en contra de la Superintendencia de Valores y Seguros, por las consideraciones expuestas precedentemente.

II. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Álvaro Pérez Castro, y al Sr. Superintendente de Valores y Seguros.

VOTO CONCURRENTE:

Decisión acordada con el voto del consejero don Juan Pablo Olmedo Bustos, quien concurre a la decisión de rechazar el amparo pero no comparte en su totalidad los fundamentos contenidos en los considerandos 26º a 29º, por cuanto:

1) Considera que no es dable extender la protección de la honra a las personas jurídicas, toda vez que la imagen, buen nombre o crédito de las mismas, son dependientes de los fines específicos en que estas participan, los cuales son de naturaleza eminentemente comercial y económica. Consecuentemente, el eventual daño de aquella imagen, exige que la divulgación de la información importe una afectación a sus derechos comerciales y económicos, en los términos del artículo 21 N° 2, lo que a su juicio ocurre en este caso pues el conocimiento de cierta información detallada concerniente a los seguros contratados por una persona jurídica, como la descrita en el considerando 26° podría inhibir a terceros de contratar con estas o limitando a dichas personas para realizar ciertas operaciones comerciales lo que afectará derechos de orden económico o comercial, particularmente, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, sea persona natural o jurídica.

2) En lo que respecta a la inaplicabilidad del derecho a la honra de las personas jurídicas, cabe consignar lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Concepción en sentencia Rol N° 932-2003, de 17 de julio de 2003, caratulada “Inmobiliaria Edificio Los Conquistadores Limitada con Director Regional Tesorero de la VIII Región”, conformada por la Corte Suprema en sentencia Rol N° 1889-2003, de 22 de julio de 2003, donde sostuvo que “[c]onstituyendo la privacidad y el buen nombre de las personas valores propios de la personalidad humana, no cabe duda que las personas jurídicas se encuentran excluidas de la protección constitucional consagrada en el numeral en análisis, por lo que la conducta ilegal del Servicio de Tesorerías no ha podido vulnerar un derecho del cual carece” (Considerando 5°).

3) A mayor abundamiento, este Consejero estima que aunque las precitadas consecuencias de la divulgación de información supongan una afectación a los derechos comerciales y económicos, una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico en materia de datos de naturaleza económica obliga a concluir que habiendo el legislador dispuesto que sea lícita la divulgación de ciertos datos de carácter económico y comercial de las personas naturales, que singulariza el artículo 17 de la Ley Nº 19.628, debe entenderse que la divulgación de esos mismos datos respecto de las personas jurídicas también es lícita y no afecta sus derechos comerciales y económicos.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Se deja constancia que el Consejero don Alejandro Ferreiro Yazigi no concurre al presente acuerdo por encontrase ausente. Certifica don Enrique Rajevic Mosler, Director General (S) del Consejo para la Transparencia.