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Marcelo Marambio Reyes con SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR (SENAMA) Rol: C828-15

Consejo para la Transparencia, 11/08/2015

Se dedujo amparo en contra del Servicio Nacional de Adulto Mayor, fundado en que el órgano denegó la información solicitada referente al "listado de funcionarios (as) del SENAMA contratados bajo cualquier calidad jurídica (Planta, Contrata u Honorarios, Código del trabajo u otro) al 28 de febrero de 2015, que presenten alguna discapacidad, ya sea física, auditiva, visual, cognitiva, intelectual u otra. Se solicita que la información sea entregada en formato digital (Planilla Excel), la que debe contener al menos los siguientes campos: a) Correlativo; b) Sexo del (la) funcionario(a); c) Edad del (la) funcionario(a); entre otros. El Consejo rechaza el amparo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7°, en concordancia con el artículo 10 de la ley N° 19.628.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C828-15

Entidad pública: Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA)

Requirente: Marcelo Marambio Reyes

Ingreso Consejo: 17.04.2015

En sesión ordinaria N° 639 del Consejo Directivo, celebrada el 11 de agosto de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C828-15.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 10 de abril de 2015, don Marcelo Marambio Reyes solicitó al Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) un "listado de funcionarios (as) del SENAMA contratados bajo cualquier calidad jurídica (Planta, Contrata u Honorarios, Código del trabajo u otro) al 28 de febrero de 2015, que presenten alguna discapacidad, ya sea física, auditiva, visual, cognitiva, intelectual u otra. Se solicita que la información sea entregada en formato digital (Planilla Excel), la que debe contener al menos los siguientes campos:

a) Correlativo;

b) Sexo del (la) funcionario(a);

c) Edad del (la) funcionario(a);

d) Calidad jurídica del funcionario(a) (Planta, Contrata, Código del trabajo u otra);

e) Estamento al que pertenece (Auxiliar, Administrativo, Técnico, Profesional, Directivo u otro);

f) Grado EUS (si corresponde);

g) Profesión o Título Técnico del (la) funcionario (si es que posee);

h) Tipo de Discapacidad (Física, Auditiva, Visual, Cognitiva, Intelectual, otra); y,

i) Antigüedad del (la) funcionario(a) en el SENAMA".

2) RESPUESTA: Mediante carta N° 493, de 16 de abril de 2015, SENAMA denegó el acceso a la información requerida, en consideración al artículo 7° punto 2 del Reglamento de la Ley de Transparencia, y de la ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada. Lo anterior ya que, si bien es cierto no se solicita nombre, los antecedentes requeridos permitirían la fácil individualización del/la funcionario/a en situación de discapacidad ya sea física, sensorial, cognitiva, intelectual u otra, por lo que concluyen que se trata de información sobre datos sensibles, que le otorga a las personas un título de derecho, por lo que el Servicio deniega el acceso a la información solicitada.

3) AMPARO: El 17 de abril de 2015, don Marcelo Marambio Reyes dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que el órgano denegó el acceso a la información solicitada.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Directora Nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor, mediante Oficio N° 2.911, de 29 de abril de 2015. Mediante Oficio Ordinario N° 578, de 6 de mayo de 2015, SENAMA presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que:

a) El Servicio, haciendo una revisión de la normativa legal y reglamentaria que rige el proceso de acceso a la información pública, así como de los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, en torno al tema, esto es "la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad" determinó no dar lugar a la solicitud.

b) Sobre el particular, cita la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en concordancia con el artículo 7° N° 2 del Reglamento de la citada Ley. Asimismo, se cita la definición de datos sensibles, contenida en el artículo 2° letra g) de la ley N° 19.628.

c) Por su parte, respecto a la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, promulgada el 25 de agosto de 2008 y publicado en el Diario Oficial de 17 de septiembre del mismo año, hace presente, en síntesis, las siguientes disposiciones: artículo 1° inciso 1° (propósito de la Convención); artículo 12 N° 2 (Igual reconocimiento como persona ante la Ley); artículo 22 (Respecto de la privacidad); y, artículo 27 N° 1 (Trabajo y empleo).

d) El Servicio considera que otorgar respuesta al minucioso detalle de la información requerida, considerando que SENAMA tiene una baja dotación de personal (285 funcionarios, incluyendo personal de planta, contrata y honorarios), permitiría fácilmente la identificación de las personas con las características solicitadas. Se ha estimado que entregarla, afectaría la esfera de la vida privada, sus datos sensibles, esto es, datos personales que se refieren a características físicas o morales de las personas. Lo anterior se encuentra consagrado en la legislación nacional, de acuerdo a las normas transcritas.

e) Por su parte, se atentaría contra el igual reconocimiento ante la ley de las personas con discapacidad, establecido en el artículo 12 N° 2 de la Convención, que establece que los Estados parte reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que los demás en todos los aspectos de la vida. Asimismo, se violaría el respeto a su privacidad consagrado en el artículo 22 de la Convención, por cuanto ninguna persona con discapacidad puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada y el derecho a trabajo y empleo, por cuanto los estados parte tienen la obligación de reconocer el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con los demás.

f) Finalmente indica que, no obstante lo argumentado, si el Consejo lo estima pertinente, aplicando el principio de divisibilidad de la información, el Servicio podría entregar aquella información que esta Corporación estime.

5) GESTIÓN OFICIOSA: Por correo electrónico de 28 de julio de 2015, esta Corporación requirió a la reclamada que especificara el número de funcionarios que a la fecha requerida, esto es, al 28 de febrero de 2015, se encontraban en situación de discapacidad en el Servicio. Mediante correo electrónico de misma fecha, la encargada de la Unidad SIAC del SENAMA informó, en síntesis, que a la fecha de la solicitud, en el Servicio existía un escaso número de personas con discapacidad. . Agregó que "considerando que SENAMA no está oficialmente notificado de su condición de discapacidad, se optó por no consultarle a la o las personas en cuestión".

Y CONSIDERANDO:

1) Que la información requerida corresponde a un listado de funcionarios del Servicio que, a Febrero de 2015, presentaban algún tipo de discapacidad, desagregado según sexo, edad, calidad jurídica, estamento profesional, grado, profesión o título técnico, tipo de discapacidad y antigüedad. Al respecto, atendida la naturaleza de los antecedentes requeridos (información sobre funcionarios públicos del propio Servicio), éstos obran en poder del Servicio, por lo que dicha información es, en principio, pública, al tenor del artículo 5° de la Ley de Transparencia, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado.

2) Que del análisis de la respuesta otorgada al solicitante, como los descargos evacuados en esta sede, este Consejo concluye que, más allá de la afectación a la vida privada de los funcionarios que se encontraban en situación de discapacidad a la fecha requerida (causal del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia), en definitiva, el Servicio ha denegado el acceso a la información, con el nivel de desagregación solicitado, en atención a las disposiciones pertinentes sobre protección de datos personales, y específicamente, sobre datos sensibles, contenidos en la ley N° 19.628. Por lo anterior, el análisis del presente amparo se circunscribirá a la procedencia o no de la reserva de la información requerida por el reclamante, en relación a la normativa legal recientemente indicada.

3) Que para efectos de analizar la publicidad de la información requerida, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 2° letra f) de la ley N° 19.628, que al definir los datos de carácter personal o datos personales, se refiere a ellos como "los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables". Por su parte, el literal g) de la citada norma define los datos sensibles como "aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual" (el destacado es nuestro). De dichas disposiciones legales se sigue que la información requerida sobre funcionarios de SENAMA que presentan algún tipo de discapacidad, con la desagregación específica requerida por el reclamante, constituye datos sensibles a la luz de la definiciones legales citadas. A mayor abundamiento, sobre dichos datos se debe aplicar los principios de licitud, finalidad y confidencialidad en el tratamiento de datos personales, establecidos en los artículos 4°, 7° y 9° de la ley N° 19.628. Al efecto, corresponde especialmente aplicar en la especie la regla de reserva contemplada en el artículo 7° de la ley N° 19.628, que prescribe, en lo que interesa a este amparo que "Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público (...)".

4) Que a juicio de este Consejo, dentro de la información requerida se comprende especialmente el estado de salud físico o psíquico de personas naturales identificables, debiendo concordarse las normas legales citadas precedentemente con el artículo 10 de la misma ley, que establece que el tratamiento de los datos sensibles no está permitido, salvo que una ley lo autorice, exista consentimiento expreso del titular o se trate de datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares. En este caso particular, no consta que los datos personales de los funcionarios objeto de este requerimiento provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, y tampoco se desprende de los antecedentes tenidos a la vista, que existiere consentimiento expreso por parte del o los titulares de los mismos en el sentido de autorizar el tratamiento de los mismos.

5) Que con todo, y a efectos de ponderar la publicidad o reserva de la información requerida, la reclamada informó a este Corporación, con ocasión de la gestión oficiosa anotada en el numeral 5) de lo expositivo del presente acuerdo que, a la fecha requerida, esto es, a febrero de 2015, existiría un número escaso de funcionarios con dichas características. Por lo anterior, resulta plausible que, de accederse a la entrega de la información requerida, aun cuando no se requiera directamente el nombre del o los funcionarios con discapacidad, atendido el escaso número de éstos y la desagregación y especificidad de la información requerida, dichos datos permitirían al reclamante la identificación de la o las personas naturales que poseían algún tipo de discapacidad, a la fecha de la solicitud de información. Se debe agregar a lo anterior que, de conformidad al artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia, este Consejo tiene como atribución "Velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado". A mayor abundamiento, conforme la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad (promulgada el 25 de agosto de 2008 y publicada en el Diario Oficial de 17 de septiembre de 2008), su artículo 22 número 2 establece que "Los Estados Partes protegerán la privacidad de la información personal y relativa a la salud y a la rehabilitación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás".

6) Que por lo anterior, atendidas las disposiciones contenidas en los artículos 2° letras f) y g), 4°, 7° y 10 de la ley N° 19.628; la naturaleza de la información requerida; el escaso número de funcionarios sobre los cuales versan los datos requeridos; la desagregación de los datos requeridos, que permitiría la identificación de la o las personas naturales a que ellos hacen referencia; la ausencia de consentimiento expreso del o los titulares de los datos personales para el tratamiento de dicha información; y, la atribución que corresponde a este Consejo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia, se rechazará el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Marcelo Marambio Reyes, de 17 de abril de 2015, en contra del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), en virtud de lo dispuesto en el artículo 7°, en concordancia con el artículo 10 de la ley N° 19.628, de acuerdo a los fundamentos señalados precedentemente.

II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Marcelo Marambio Reyes y la Directora Nacional del Servicio del Adulto Mayor.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza y los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.