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Abel Sáez Maldonado con MINISTERIO DE BIENES NACIONALES Rol: C1045-15

Consejo para la Transparencia, 27/08/2015

Se dedujo amparo en contra del Ministerio de Bienes Nacionales, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a: a) los procedimientos administrativos que se señalan. b) Además, de los antecedentes fundantes que inciden en las peticiones de regularización de propiedades raíces rurales incoadas que se indican. El Consejo acoge el amparo. Respecto a la información del literal a), se acoge el amparo siendo pública la información referente al estado de tramitación y los demás antecedentes relativos a la propiedad. Aplicándose el principio de divisibilidad, respecto de todos los demás antecedentes referidos a las personas solicitantes y declarantes, que pudieran verse afectados, tales como su cédula nacional de identidad, domicilio particular, teléfono y correo electrónico, entre otros. Respecto a la solicitud de información del literal b), se acoge el amparo toda vez que tratándose de solicitudes en trámite y sus antecedentes relacionados, sobre las cuales no se ha adoptado una decisión final, no se observa afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Bienes Públicos
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1045-15

Entidad pública: Ministerio de Bienes Nacionales

Requirente: Abel Sáez Maldonado

Ingreso Consejo: 15.05.15

En sesión ordinaria N° 639 del Consejo Directivo, celebrada el 11 de agosto de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1045-15.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 6 de mayo de 2015 don Abel Sáez Maldonado, solicitó al Ministerio de Bienes Nacionales, la siguiente información:

a) Informe completo y detallado respecto de todos los procedimientos administrativos actualmente en tramitación o terminados seguidos ante el Ministerio de Bienes Nacionales y/o la Secretaría Regional Ministerial, en adelante e indistintamente Seremi Metropolitana u Oficina Provincial de la cartera que dirige, referidas a solicitudes de regularización de pequeñas propiedades raíces rurales conforme al sistema establecido por el decreto ley N° 2.695 de 1979, que forman parte de un predio rústico de mayor extensión denominado sitio 172, del proyecto de parcelación El Principal, y Las Casas de El Principal, signado con el rol de contribuciones 20-296, ubicado en la comuna de Pirque, Provincia Cordillera; y,

b) Copias íntegras de las solicitudes y de todos los antecedentes fundantes que inciden en las peticiones de regularización de propiedades raíces rurales incoadas conforme al decreto ley N° 2.695 de 1979 presentadas ante el Ministerio de Bienes Nacionales por doña Petronila De Las Mercedes, doña María Mercedes, doña Dorila Del Carmen y doña Mercedes Rosa Del Carmen, todas de apellidos Montecinos Pizarro, singularizadas administrativamente con los N° de postulación 623355, 624792, 624338 y 624670, todas de 2015

2) RESPUESTA DEL ÓRGANO: El órgano, con fecha 12 de mayo de 2015, a través del correo electrónico, da respuesta al requerimiento de información señalando que, respecto de lo solicitado en el literal a) del número 1 de esta decisión que el sistema informático no permite desagregar, debe indicar nombre y RUT del posible solicitante, y respecto del literal b) del número 1 de lo expositivo de esta decisión que no se puede informar porque son datos sensibles.

3) AMPARO: El 15 de mayo de 2015, don Abel Sáez Maldonado dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Ministerio de Bienes Nacionales, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información. Indica que la solicitud fue rechazada de forma arbitraria e ilegal sin fundamento ni causa legal.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y confirió traslado al Sr. Subsecretario de Bienes Nacionales mediante oficio N° 3547 de 22 de mayo de 2015. Solicitándole que: (1°) se refiera a la concurrencia de las circunstancias de hecho que hagan procedente la denegación de la información requerida; (2°) refiérase a la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada; (3°) indique si la información requerida, a su juicio, afectaba derechos de terceros y, en la afirmativa, si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (4°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y en la afirmativa acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación y de la oposición deducida; (5°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento-; y, (6°) acompañe copia de la Solicitud de Acceso a la Información Pública que originó la presente reclamación

Con fecha 5 de junio de 2015, el Ministerio de Bienes Nacionales remitió oficio ordinario N° 268, de misma fecha, señalando en síntesis que:

a) Con relación a la concurrencia de las circunstancias de hecho que hagan procedente la denegación de la información requerida, corresponde señalar que el sistema informático de tramitación de expedientes denominado SISTRED, no permite buscar solicitudes de saneamiento mediante los campos de búsqueda aportados por el reclamante, a saber, comuna, provincia, sitio, sector o rol de folio del eventual requirente de saneamiento.

b) Con relación a la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada. Se estimó que es aplicable el artículo 21, numeral 1, letra b) de la Ley de Transparencia. Lo anterior, toda vez que las solicitudes de saneamiento objeto de lo pedido, ingresadas a tramitación a través de la empresa contratista Luis Álvarez Mercado, están en la etapa inicial del procedimiento de regularización dispuesto en el decreto ley N° 2.695 de 1979, esto es, se encuentran en estado de "deliberaciones previas a la adopción de una resolución".

c) Con respecto a si la información requerida, afectaba derechos de terceros. Indican que, no fue objeto de análisis la procedencia de lo referido, toda vez que, por una parte, operó el impedimento de hecho señalado precedentemente y, por la otra, el impedimento legal ya citado.

d) En cuanto a la consulta referida a haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, y la eventual oposición de los terceros. Señaló que, dado que el artículo 20 referido no se aplicó al caso en comento, no procede respuesta a lo señalado en el presente punto.

e) En cuanto al punto a proporcionar los datos de contacto de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de transparencia y 47 de su Reglamento,Remiten los nombres y direcciones de los solicitantes.

5) GESTIÓN OFICIOSA: Con fecha 3 de agosto de 2015, se solicitó al organismo reclamado que precisara ciertos puntos en el siguiente sentido: (1°) Indique si la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia se aplica a la información solicitada tanto en el numeral 1) de la solicitud como en el 2). (2°) En caso de aplicarse diferentes causales de reserva para cada uno de los requerimientos, especifique cada una de ellas y fundamente. (3°) Indique si las solicitudes de la empresa contratista Luis Álvarez Mercado, se refieren a las individualizadas por el solicitante en el número 1 de lo pedido. (4°) Refiérase al estado de tramitación de las solicitudes indicadas en el numeral 1y las señaladas en el numeral 2 de la solicitud de información.

Con fecha 6 de agosto de 2015, el órgano responde al requerimiento indicando que:

a) Con los datos aportados por el solicitante solo es posible afirmar que la causal de reserva se aplica respecto de la solicitud 2);

b) La causal de reserva fue invocada en relación a la solicitud 2 por tratarse de deliberaciones previas a la adopción de una resolución. Respecto de la solicitud 1.- se respondió que el sistema informático de tramitación de expedientes denominado SISTRED, no permite buscar solicitudes de saneamiento mediante los campos de búsqueda aportados por el señor Abel Sáez, a saber, comuna, provincia, sitio, sector, o rol de folio del eventual requirente de saneamiento;

c) Las personas individualizadas por el solicitante corresponden a los casos tramitados por la empresa contratista Luis Álvarez Mercado;

d) Con los datos proporcionados por el señor Abel Sáez no es posible conocer el estado de tramitación de las solicitudes indicadas en el numeral 1. Respecto de la solicitud del numeral 2: La postulación de la señora Petronila Montecinos se encuentra en etapa de visación y firma de oficios por parte del Jefe de Regularización, mientras que las otras tres solicitudes se encuentran en la etapa de envío notificación de liquidación y cuponera de pago.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el reclamante requiere información respecto de las solicitudes de regularización de las propiedades que individualiza en el literal a) del número 1 de lo expositivo de esta decisión, y copia íntegra de las solicitudes y los antecedentes fundantes de las peticiones de regulación de las personas que señala en el literal b) del número 1 de lo expositivo de esta decisión. El organismo reclamado, respecto del primer requerimiento, alega una imposibilidad material de desagregar la información con los datos proporcionados, indicando que es necesario que se señale el nombre y rut del posible solicitante. Respecto de lo requerido en el literal b) del número 1 de lo expositivo de esta decisión indica que todos los antecedentes constituirían información sensible que no puede ser remitida al reclamante. El Sr. Abel Sáez fundamenta su amparo en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información. En sus descargos el órgano mantiene sus argumentos e indica que la causal de reserva que alega es la contemplada en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia. Con objeto de la gestión oficiosa establece que no fue posible identificar las solicitudes a las que se refiere en el primer requerimiento y respecto de la información del literal b) del número 1 de lo expositivo de esta decisión, señala que estas fueron tramitadas por la empresa contratista Luis Álvarez Mercado, y debido al estado de su tramitación se aplica la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia.

2) Que, a modo de contexto y conforme lo establece el considerando 2 del decreto ley N° 2.695 de 1979, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella "se ha creado un sistema que la legislación ha denominado "saneamiento del dominio de la pequeña propiedad", que tiene por objeto regularizar la situación del poseedor material que carece de títulos o que los tiene imperfectos, lo que es previo, en el caso de la pequeña propiedad agrícola, a la elaboración de planes de desarrollo y de asistencia técnica o crediticia, así como a cualquier reordenamiento destinado a atacar e impedir el minifundio;"

3) Que, conforme lo indica la página web del Ministerio de Bienes Nacionales el trámite se inicia exclusivamente a través del ingreso de los antecedentes en las Secretarías Regionales Ministeriales, las oficinas provinciales del Ministerio de Bienes Nacionales o un punto de atención ChileAtiende. En cuanto a los documentos requeridos se indican como obligatorios: fotocopia de la cédula de identidad y certificado de nacimiento del solicitante; declaración jurada que describa cómo se originó la posesión material de la propiedad y que acredite la posesión de la propiedad por un período mínimo de cinco años; declaración de los vecinos colindantes o testigos que declaren que el solicitante es poseedor de la propiedad por un período mínimo de cinco años; certificado de residencia entregado por la Junta de Vecinos que acredite posesión material; croquis de la ubicación del inmueble; certificado de numeración domiciliaria emitido por la Dirección de Obras Municipales, en caso de que el inmueble sea urbano; rol de avalúo que indique la superficie de la propiedad; formulario de regularización de título de dominio.

4) Que, en virtud de lo señalado en el artículo 11 del decreto ley N° 2.695, antes individualizado, cumplidos los trámites de informe respecto de quien aparezca como propietario del inmueble y previo informe jurídico "El Servicio deberá pronunciarse denegando o aceptando la solicitud presentada. En este último caso la resolución respectiva deberá disponer que ella se publique por dos veces en un diario o periódico de los de mayor circulación en la región que determine el Servicio y ordenará, asimismo, fijar carteles durante 15 días en los lugares públicos que él determine. (...). Las publicaciones se harán indistintamente los días primero y quince del mes o en la edición inmediatamente siguiente si el diario o periódico no se publicare en los días indicados. Los avisos y carteles contendrán en forma extractada la resolución del Servicio, la individualización del peticionario, la ubicación y deslindes del inmueble, su denominación, si la tuviere, su superficie aproximada y la respectiva inscripción si fuere conocida, y en ellos deberá prevenirse que, si dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la publicación del último aviso, no se dedujere oposición por terceros, se ordenará la inscripción a nombre del solicitante."

5) Que, respecto de la información solicitada en el literal a) del número 1 de lo expositivo de esta decisión, el órgano no alegó ninguna causal de reserva, sino que se refirió a la imposibilidad material que implicaba la búsqueda de la información con los parámetros proporcionados por el reclamante. En este sentido, este Consejo debe indicar que al ingresar una solicitud de información, conforme se establece en el formulario de solicitud descargable de la página web del Ministerio de Bienes Nacionales, se deben indicar los datos del solicitante y los antecedentes de la propiedad, entre ellos, el tipo de inmueble, la ubicación, con especificación de la dirección, comuna, provincia y región. La información respecto de la propiedad fue proporcionada por el Sr. Abel Sáez al efectuar su solicitud ante el órgano reclamado, sin que se le hubiera requerido subsanar o completar en forma alguna su solicitud de acceso.

6) Que, en cuanto a las dificultades técnicas a las que se refiere el órgano, este Consejo estima que, el Ministerio de Bienes Nacionales no fundamentó debidamente en qué medida la búsqueda de las solicitudes de regularización, con la información proporcionada por el reclamante, no permitirían conocer su estado de tramitación. Tampoco alegó ni fundamentó como podría configurarse la causal del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, que dice relación con aquellos requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios en el cumplimiento de sus funciones.

7) Que, en torno a la interpretación de dicha causal, la profusa jurisprudencia del Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos significativamente tales, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad.

8) Que, en este sentido, el órgano no alegó expresamente causal de reserva alguna, ni acreditó de manera precisa cómo la entrega de la información distraería el cumplimiento regular de sus funciones habituales o haría imposible determinar las solicitudes de regularización asociadas a los terrenos indicados. En definitiva, la reclamada no ha explicitado las dificultades específicas que tendría en el acceso a la información que se pide, la forma en que ésta se encontraría registrada o archivada, como tampoco los recursos personales y materiales que se deban comprometer y el tiempo específico que sus funcionarios deberían emplear, en relación con su jornada habitual de trabajo, para el desarrollo de las mismas. En virtud de lo antes expuesto este Consejo descartará las alegaciones realizadas por el órgano en este sentido, y procederá a pronunciarse sobre la distinción entre los procedimientos de regularización que se encuentren en tramitación y aquellos que hayan finalizado, a objeto de determinar si debe acogerse el amparo o no.

9) Que, respecto de los procedimientos para el saneamiento de un determinado bien raíz, estos finalizan con la dictación de un acto administrativo formal, lo que corresponde a información pública, junto con los antecedentes que se tuvieron a la vista para la toma de dicha decisión, salvo que se encuentre sujeto a alguna causal de secreto o reserva establecidas en la ley. Sobre dicha materia este Consejo ya se ha pronunciado, estableciéndose que la información requerida involucra un interés que justifica su comunicación, dado que posibilita a la ciudadanía conocer los fundamentos de la decisión de la autoridad. En consecuencia este Consejo acogerá el amparo en esta parte, referida a los procedimientos de regularización de pequeñas propiedades raíces rurales que se encuentren finalizados.

10) Que, respecto de los procedimientos de regularización que aún se encuentren pendientes, si bien el órgano no aplicó ninguna causal de reserva, es deber de este Consejo velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y la ley tengan carácter secreto o reservado, según lo ordena el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia. En este sentido es necesario distinguir por un lado, entre los datos que permiten individualizar las solicitudes de regularización y demás antecedentes que se vinculen con la propiedad, y por otro lado, todos los antecedentes que digan relación con datos personales del solicitante y declaraciones efectuadas por vecinos. Como se ha constatado en la página web del Ministerio, es pública la información referida al nombre del solicitante, el número de postulación, estado de avance del trámite y la fecha de ingreso del mismo.

11) Que, en este sentido, y manteniendo la línea de publicidad que el mismo órgano ha establecido, se acogerá el amparo y se ordenará la entrega de la información referida al estado de tramitación, y demás antecedentes relativos a la propiedad. Aplicándose el principio de divisibilidad, respecto de todos los demás antecedentes referidos a las personas solicitantes y declarantes, que pudieran verse afectados, tales como su cédula nacional de identidad, domicilio particular, teléfono y correo electrónico, entre otros.

12) Que, respecto de la información solicitada en el literal b) del número 1, el organismo reclamado, en sus descargos, invocó la causal de secreto o reserva regulada en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, señalando que las solicitudes ingresadas se encuentran en la etapa inicial de deliberación previo a la adopción de una decisión. Dicha causal de reserva permite denegar total o parcialmente la información que se solicite cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio de que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptados. Conforme lo establece el artículo 7° N° 1 letra b) del Reglamento, se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones, formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios.

13) Que, para este Consejo, la configuración de la causal de reserva indicada, requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, a saber: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y, b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.

14) Que, en cuanto al primer requisito, debe existir un vínculo preciso de causalidad entre el antecedente o deliberación previa y la resolución, debiendo dicho vínculo ser claro y evidente. En la especie, a juicio de este Consejo, debiendo tomarse por parte del Ministerio de Bienes Nacionales reclamado una decisión respecto de si aprobará o no la regularización de los terrenos, el vínculo entre la información requerida y dicha decisión resulta ser evidente y determinado, por cuanto es precisamente en virtud de las solicitudes de regularización, como de los documentos que se originaron en virtud del inicio de dicho procedimiento, que el órgano determinará si acoge o no la solicitud.

15) Que, en cuanto al segundo requisito, este Consejo estima que, tratándose de solicitudes en trámite y sus antecedentes relacionados, respecto de los cuales aún no se ha adoptado la decisión de final, no se observa afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano. Por lo que, se acogerá el amparo y se ordenará la entrega de la información en los mismos términos indicados en el considerando 11 de esta decisión.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por don Abel Sáez Maldonado en contra de Ministerio de Bienes Nacionales, por los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario de Bienes Nacionales, lo siguiente:

a) Entregar al reclamante copia de los expedientes administrativos de regularización de pequeñas propiedades raíces rurales, que hayan ingresado respecto de los predios individualizados en el literal a) del número 1 de lo expositivo de esta decisión que a la fecha de la solicitud de información se encontrasen finalizados y respecto de aquellos que se encuentren pendientes se requiere que los individualice e indique el nombre del solicitante, número del expediente y otros antecedentes relativos a la propiedad, además del estado de tramitación del mismo.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Abel Sáez Maldonado y al Sr. Subsecretario de Bienes Nacionales.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza y los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.