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Héctor Segundo Poblete Gómez con SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN Rol: A80-09

Consejo para la Transparencia, 20/11/2009

Se solicita amparo en contra del Registro Civil por denegación de acceso a la información relativa al número de suspensiones y cancelaciones de licencias de conducir, rechazo fundado en inexistencia de la información. El Consejo acoge parcialmente el amparo ya que estimó que el Servicio sólo posee parte de la información requerida y su recolección, procesamiento y sistematización para entregarla en los términos solicitados, sin embargo, no implicaría la creación de información y tampoco una distracción indebida de sus funcionarios de sus labores habituales, de forma tal que resulta improcedente la causal invocada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime)
  • Roberto Guerrero Valenzuela (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL A80-09

Entidad pública: Servicio de Registro Civil e Identificación

Requirente: Héctor Segundo Poblete Gómez

Ingreso Consejo: 11.06.2009

En sesión ordinaria N° 104 de su Consejo Directivo, celebrada el 20 de noviembre de 2009, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol A80-09.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; la Ley N° 20.285, de 2008, sobre acceso a la información pública; la Ley N° 19.880, del 2003, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285 y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El día 7 de mayo de 2009 don Héctor Segundo Poblete Gómez solicitó al Director del Servicio Registro Civil e Identificación (en adelante Registro Civil) de la II Región, la siguiente información:

a) Número de conductores que en el año 2007 y 2008, en la II Región de Antofagasta, se les suspendió su licencia de conducir por:

i. Manejo bajo la influencia del alcohol,

ii. Estado de ebriedad,

iii. Exceso de velocidad.

b) Número de conductores que en el año 2007 y 2008, en la II Región, se les canceló definitivamente su licencia de conducir por acumulación de faltas gravísimas, como conducir bajo la influencia del alcohol, estado de ebriedad, exceso de velocidad, luz roja y disco pare.

c) Número de conductores a los que, en el año 2007 y 2008, de la II Región y del total general, se les suspendió su licencia de conducir por faltas gravísimas como: bajo la influencia del alcohol, estado de ebriedad, exceso de velocidad, luz roja, disco pare. Consultó, además, cuántos de ellos eran reincidentes con 2, 3 y 4 infracciones gravísimas.

2) RESPUESTA: El Registro Civil respondió mediante escrito de 25 de mayo de 2009, notificado el 27 de mayo, según reconoce el propio reclamante, indicando que:

a) Se le informó a don Héctor Poblete que el requerimiento, luego de ser analizado, no corresponde a lo contemplado por la Ley de Transparencia y que se ingresó como consulta y que sería respondida, por lo tanto, según los procedimientos y plazos estipulados por la Ley 19.880.

b) En relación a su consulta, se le informó que la Ley N° 18.290, de Tránsito, encomendó al Registro Civil mantener el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, cuyo objetivo, conforme al artículo 210, es “reunir y mantener los antecedentes de los conductores de dichos vehículos e informar sobre ellos a las autoridades competentes”. Asimismo, el artículo 211 de la Ley en comento, señala en la parte que: “El Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados deberá:

1. Enrolar a los conductores de vehículos motorizados de todo el país, registrando sus datos personales y la modificación de ellos;

2. Registrar las sentencias ejecutoriadas en que se condene a una persona por delitos, cuasidelitos, faltas, infracciones gravísimas o graves, tipificadas en esta ley sea que tengan o no licencia de conducir;

3. Anotar las condenas por el delito de conducir en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes o sustancias sicotrópicas;

4. Registrar las condenas por cancelación o suspensión de la licencia de conducir;

5. Comunicar al Juzgado de Policía Local respectivo, los antecedentes para la cancelación o suspensión de la licencia de conductor, por reincidencia en infracciones o contravenciones a esta la ley;

6. Remitir la información que les sea requerida por los Tribunales de Justicia, Carabineros de Chile o los Departamentos de Tránsito y Transporte Público Municipal, y

7. Otorgar los certificados solicitados por los conductores inscritos.”

c) Agrega que el Registro Civil, como servicio público que integra la Administración del Estado, se encuentra regido por la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de las Bases Generales de la Administración del Estado, que en su artículo 2°, establece el principio de la legalidad. En atención a ello, estiman que el Servicio no tiene facultades para entregar la información solicitada, ya que las personas naturales de conformidad al artículo 211 N° 6 de la Ley del Tránsito, no están contempladas dentro de las entidades que le pueden solicitar información determinada sobre el Registro Nacional de Conductores.

d) Además, hacen presente que los datos del Registro General de Condenas, de conformidad al art. 7° del Decreto Supremo N° 64 son de carácter confidencial, esto es, todo lo relativo a delitos, cuasidelitos o faltas; por lo que la información contenida en ese registro sólo se puede dar a las autoridades señaladas en la norma ya citada.

e) Finalmente y en atención a la Ley de Transparencia, estiman que es importante señalar lo establecido por el artículo 21 letra c) de la Ley N° 20.285, situación que a su juicio acontece en este caso.

Por otra parte, en carta del 28 de mayo de 2009 , se señala lo siguiente:

a) En relación a la consulta del reclamante, la información solicitada no está disponible en el Servicio, ya que el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados toma nota de las suspensiones, retenciones y cancelaciones de licencias de conducir, pero no se anotan las razones por las cuales se adopta tal medida, por lo que podrían, eventualmente, hacerse cruzamientos de la información, pero ello significaría dedicar personal exclusivamente para ello, y tal situación escapa por completo a las posibilidades de dicho Servicio.

b) Que además, la Ley de Tránsito, que creó el Registro de Conductores, le encomienda la entrega de información a reparticiones públicas, pero no a particulares, sean éstos personas naturales o jurídicas. Agrega que la información requerida que podría entregarse, es solamente la que tiene disponible, y no información que deba producirse, porque ello es función de otras reparticiones, como el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y que en ese sentido, algunas entidades privadas suscriben convenios con el Registro Civil para la entrega de informaciones estadísticas y otros informes, caso en el cual se debe tomar contacto con la Unidad de Atención a Instituciones.

c) Por último indican que, adicionalmente, la información estadística que sí elabora el Servicio, en cuanto a conductores, y que no requeriría un procesamiento especial, abarca tres categorías: licencias otorgadas (por clases); eliminación de infracciones y bloqueos de licencias de conducir (bloqueos hechos por el usuario, no por la Justicia), pero que tal información es reservada y para su entrega se requiere autorización expresa del Director Nacional del Servicio.

3) AMPARO: Don Héctor Segundo Poblete Gómez interpuso amparo por denegación de acceso a la información, el 11 de junio de 2009, en contra del Registro Civil, fundamentándolo en que es miembro de una organización llamada Agrupación Protección Al Peatón de Antofagasta, la que lleva casi 5 años solicitando información pública, al Registro Civil de Antofagasta, pidiendo solamente estadísticas, y que con fecha 25 de mayo del 2009, el Ministerio de Justicia y el Registro Civil de Santiago le responden que no es posible entregar la información solicitada porque fue reclasificada y será respondida según la Ley N° 19.880. Asimismo agrega que lo solicitado es información pública, que no está sujeta a ninguna causal de secreto o reserva y que debió haber sido entregada, en aplicación de los principios consagrados en el artículo 11 de la Ley de Transparencia.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: En sesión N° 59, de 16 de junio de 2009, el Consejo Directivo estimó admisible este amparo y procedió a notificarlo mediante Oficio N° 263, de 14 de julio de 2009, al Director Nacional del Registro Civil. Éste contestó mediante escrito de 3 de agosto de 2009, realizando los siguientes descargos:

a) Respecto de la calificación del requerimiento:

i. Señalan que lo que el reclamante solicita es información que no se encuentra disponible al interior del Registro Civil y, en consecuencia, no se encuentra amparada por dicha normativa legal. En efecto, la presentación efectuada no tiene el carácter de solicitud de acceso conforme a la Ley de Transparencia y su Reglamento, pues de la lectura de la petición se puede afirmar que el recurrente no solicitó que se le proporcionara acceso a documentación en posesión del Registro Civil, sino por el contrario, solicita que dicha dependencia prepare un documento que cruce y arroje en forma desagregada y a manera de estadística, cierta información contenida como datos correspondientes a diversos Registros de dicho Servicio como lo son el Registro General de Condenas y el Registro de Conductores.

ii. Que el hecho de calificar su requerimiento como una consulta no implicó una denegación de información, ya que analizado el requerimiento al amparo de la Ley de Transparencia, se llegó a la conclusión de que no constituye información pública que el órgano esté obligado a elaborar para entregar al solicitante y el calificarlo como consulta no constituye una vía para denegar información.

b) Inexistencia de la información:

i. Precisan que la información solicitada por el peticionario en los términos señalados no se posee al interior del Registro Civil y que requerido el Departamento de Informática respecto a la disponibilidad de dicha información, éste señaló que sólo es posible elaborar información sobre el número total de suspensiones de licencias de conducir, pero que no es posible clasificar de acuerdo a los motivos de esta suspensión, esto es, si corresponden a: 1) manejo en estado de ebriedad; 2) manejo bajo la influencia del alcohol, ya que dicho parámetro no se encuentra establecido como factor de búsqueda en el sistema informático actualmente operativo en el Servicio.

ii. Agregan que la base de datos del Registro General de Condenas almacena las causas que conforman el prontuario de una persona en formato texto, es decir no están codificadas, por lo tanto, la búsqueda de ciertos delitos requiere generar un proceso que analice cada registro de la base para determinar si dentro de los 3.500 caracteres en que se guarda la causa se encuentra el texto “Manejo en estado de ebriedad” o “Manejo bajo la influencia del alcohol”, en forma idéntica o parecida, pudiendo no estar dentro de esta cantidad, los caracteres ya indicados, en cuyo caso debe procederse a una búsqueda manual.

iii. Por esto indican que la información en los términos requeridos por el solicitante no existe como tal documento que obre en los archivos del Servicio, por lo que únicamente puede obtenerse directamente de cada una de las sentencias. Para acreditar lo señalado acompañan Manual de Procedimiento elaborado por el Departamento de Archivos, donde se indican los campos a completar y donde se evidencia que el motivo o razón por la cual se anotó la suspensión de licencia no queda registrado como uno de ellos.

iv. En definitiva, concluyen, la información en los términos requerida, no existe al interior del Servicio sino que requiere de un proceso de generación que comprende la adecuación de su sistema informático, construcción de nuevas aplicaciones y ejecución de acciones, todas las que además de impactar en los procesos normales de funcionamiento, requeriría de varios días, pudiendo degradar los tiempos de respuesta en la atención de usuarios y usuarias, poniendo en riesgo la labor diaria del Registro Civil.

v. Que respecto de la infracción gravísima de conducir a exceso de velocidad señalan que es una información que se inscribe en el Registro Nacional de Conductores pero que no se encuentra ya generada en la forma requerida por el solicitante, pero a diferencia de la anterior es posible de generar, toda vez que esta infracción se encuentra codificada, es decir es factible identificar este parámetro de búsqueda, aunque para ello se requiere hacer uso de recursos destinados a otros fines propios del Registro Civil. Se acompaña Manual de Procedimiento, referente al Registro Nacional de Vehículos Motorizados, donde aparece codificada la información relativa a la conducción a exceso de velocidad y que constituye la única de las causales indicadas por el solicitante que es posible de identificar.

vi. Respecto de las cancelaciones de la licencias de conducir señalan que el motivo de ésta, al igual que en el caso de las suspensiones, no se encuentra codificado, por lo que no es posible individualizar el motivo o causal por la que se produjo la mencionada cancelación, toda vez que el motivo de cancelación, que corresponde no sólo a los señalados por el requirente, se encuentra dentro del texto de la sentencia lo que requiere de un trabajo informático y manual de revisión de cada una de las sentencias registradas, para identificar el motivo de ella.

c) Respecto de la obligación del órgano de generar información:

i. Considera que este es el tema de fondo que debe discutirse en el presente amparo de acceso a información pública, esto es, si el órgano público se encuentra o no obligado por la Ley de Transparencia a generar información, es decir a elaborar un documento que no se encuentra en forma previa, disponible al interior del órgano y que en este caso además, a su juicio, en nada transparenta la labor del órgano administrativo, por cuanto no se refiere a actos o antecedentes de la Administración Pública sino a hechos de particulares.

ii. Estiman que el acceso a la información pública no implica la elaboración de trabajos de investigación, estadísticas, puntos de vista o pronunciamientos, que no existan como tales con anterioridad al interior del órgano, porque: a) según se desprende de la Ley, esto no constituye información pública, b) porque no se encuentra dentro de las funciones de órgano, c) porque no se desprende de la historia fidedigna de la Ley, ni del Reglamento, d) porque no es considerada como tal por la Corte Interamericana de Derecho Humanos en su pronunciamiento sobre el Derecho de Acceso a Información y finalmente e) porque tampoco se estima de esta forma, por la jurisprudencia de otros organismos similares al Consejo para la Transparencia, como el Instituto Federal de Acceso a Información Pública de México. IFAI).

d) Distracción de los funcionarios a los que se refiere la búsqueda de información:

i. Señalan que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley 20.285 y sobre la base del razonamiento relativo a que la Ley de Acceso a la Información Pública no obliga al órgano a elaborar información, cuando ésta no se encuentra disponible de la forma requerida por el solicitante, estiman que la causal de reserva precedentemente señalada se encuentra contemplada para aquellos casos en que la información sí se encuentra al interior del órgano, es decir, existe como tal, pero su búsqueda u otros factores pueden hacer que el acceso sea demasiado gravoso y que en definitiva su atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento de sus labores habituales.

ii. Con el objeto de demostrar que dicha posibilidad tampoco es factible en el caso en comento, señalan que el diseño de la actual infraestructura tecnológica que posee el Servicio debe destinarse a los siguientes usos: memoria RAM, procesador, discos y comunicaciones, permitiendo que cada una de estas áreas puedan desarrollar sus tareas y que dentro de esta multiplicidad de usos de la plataforma, existe una prioritaria, orientada a la atención de requerimientos provenientes de usuarios del Servicio que atienden las solicitudes: a) de los ciudadanos y las ciudadanas que concurren diariamente a las 396 Oficinas distribuidas a lo largo del país, y b) de un sinnúmero de usuarios pertenecientes a entidades externas gubernamentales que utilizan la información alojada en su base de datos para proporcionar atención a quienes concurren a sus dependencias, entre las cuales se pueden mencionar 200 Municipalidades, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República, Ministerio de la Vivienda, Instituto de Normalización Previsional, Fondo Nacional de Salud, las Fiscalías del Ministerio Publico, Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, Servicio Médico Legal, Ministerio de Justicia, Sename, Gendarmería, etc. La atención dispensada por el sistema central del Servicio es “en línea” y en modalidad 7x24, es decir todos los días del año durante las 24 horas.

iii. Agregan que eI sistema centralizado de la base de datos realiza mensualmente, en promedio, más de 100 millones de transacciones alcanzando un peak transaccional de alrededor de 110 Transacciones Por Segundo (TPS), ocupando un 60% de la capacidad actual del sistema, sólo en requerimientos efectuados ante el Servicio de Registro y Civil, el porcentaje restante debe quedar disponible para los requerimientos efectuados por las otras vías ya señaladas y para permitir el funcionamiento de los otros usos (memoria RAM, procesador, discos, comunicaciones). Asimismo señalan que esta infraestructura debe soportar diariamente los requerimientos de procesamiento batch, los que provienen de la operación interna del Servicio, como de entidades externas gubernamentales o privadas que requieren de información de las bases de datos alojadas en su infraestructura. La demanda en este esquema es de alta frecuencia y se encuentran orientadas principalmente a apoyar los programas de políticas públicas, tales como la provisión de datos de los beneficiarios de los programas de la Superintendencia de Seguridad Social, en la que el Servicio ha debido procesar, sólo en el último periodo más de 9 millones de registros en pos de dichos programas. Estos procesos, deben ser ejecutados una vez terminada la actividad diaria en cada una de las Oficinas del Servicio, es decir la actividad se inicia a partir de las 19:00 horas. Un proceso batch promedio, como es el del tipo rutificación (entregar información específica dado un RUT) puede llegar a ocupar entre 10% y el 20% de la capacidad total de procesamiento del sistema. Si esta situación ocurre en un horario de alta demanda (entre las 8:00 y las 18:00), puede dejar indisponible una de las unidades de procesamiento, lo que dejaría sin sistema hasta la 1/4 parte de las estaciones en línea (tanto de atención a público como de procesamiento BackOffice del Servicio), por lo que dada esta situación el Servicio tiene la política de realizar la ejecución de estos procesos fuera del horario mencionado. Se realizan en promedio mensual más de 40 procesos de Rutificacion, 10 procesos de Vehículos, además se realizan en promedio 30 procesos de investigaciones pedidas tanto por las Policías, el Ministerio Público como por sumarios internos y todas estas peticiones se realizan bajo demanda tanto de instituciones gubernamentales, empresas, como también debido requerimientos internos del Servicio de acuerdo a las políticas ya mencionadas.

iv. Indican, asimismo, que para la gestión del Servicio se realizan procesos de estadísticas mensuales, que individualizan en documento acompañado a su presentación, procesos que son consumidores de recursos y que deben ser ejecutados durante un fin de semana completo, para dar cumplimiento a los plazos exigidos y no ocupar durante el sistema durante los horarios hábiles y que no menor, es la cantidad de información solicitada por otras instituciones en el marco de los convenios que el Servicio suscribe y en que los plazos comprometidos son reducidos.

v. Señalan que un aspecto importante de mencionar, es su obligación de mantener operativa y en condiciones de dar respuesta en tiempos oportunos a todas las consultas que ejecutan en línea los 7 días durante las 24 horas, a Carabineros, Policía de Investigaciones y a las 160 Fiscalías, por la importancia que reviste la tarea que realizan dichas instituciones.

vi. Acompañan un Informe de Rendimiento elaborado por el proveedor de servicios informáticos del Registro Civil, en el mes de enero de 2009, donde se concluye que la carga actual de trabajo permite el funcionamiento de todas las tareas, pero que un aumento de ellas recargaría y pondría en riesgo el sistema. Igualmente se acompaña informe donde se muestra la situación en la que se ejecutaron dos procesos batch durante la atención de público, teniendo como resultado un aumento explosivo en el uso de las CPU, que alcanza a una utilización hasta el 80 % de la CPU y memoria, lo que afecta inmediatamente a los tiempos de respuestas a las aplicaciones que se utilizan en las oficinas y a los requerimientos de las entidades que se encuentran trabajando en línea con el Servicio.

vii. Concluyen que en el escenario precedentemente descrito, destinar funcionarios a crear un proceso informático que permita elaborar la información en los términos especificados por el solicitante y suponiendo que efectivamente es posible efectuar los cruces de información, implica costos excesivos, tanto humanos como técnicos lo que al tenor de la Ley de Transparencia significa necesariamente distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, debiendo utilizar un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo y sus funciones habituales.

5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: En Sesión Ordinaria N° 75, de 11 de agosto de 2009, el Consejo Directivo acordó, como medida para mejor resolver, solicitar al Registro Civil accediera a realizar una visita técnica por parte de funcionarios de este Consejo, en coordinación con funcionarios del Servicio, a fin de conocer en mayor profundidad y detalle las funcionalidades de la base de datos en donde consta la información relativa a las infracciones a la Ley del Tránsito y al Sistema de Condenas por los delitos vinculados a dicha normativa. Dicha visita técnica se llevó a cabo el día 21 de octubre de 2009, en las dependencias del Registro Civil asistiendo por parte del Consejo para la Transparencia don Andrés Herrera, Jefe de la Unidad de Reclamos y Gastón Avendaño, Ingeniero de Software de la Dirección de Procesos y Sistemas, y por parte del Registro Civil, don Daniel Rengifo, Jefe del Área de Ingeniería de Software, doña Macarena Rodríguez y don Jaime Lira Bruce, entre otros profesionales de dicho Servicio.

6) OBSERVACIONES DEL SERVICIO A MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Por su parte, el 28 de octubre de 2009, don Héctor Pino Ponce, abogado, en representación del Servicio de Registro Civil e Identificación, presentó un escrito con motivo de dicha visita técnica, acompañando los siguientes antecedentes:

a) Copia de presentación efectuada con ocasión de la visita técnica.

b) Impresión obtenida desde la base de datos del Registro Civil, que da cuenta de información que consta en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados (Certificado de Antecedentes de Conductor).

c) Copia de Oficio remitido al Registro Civil por la Sra. Juez Subrogante del Segundo Juzgado de Policía Local de Viña del Mar.

d) Copia de Oficio remitido al Registro Civil por el Sr. Juez del Juzgado de Policía Local de Vallenar.

e) Cuatro impresiones (N° 4 al N° 7) obtenidas desde la base de datos del Registro Civil, que dan cuenta de información que consta en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados (Certificado de Antecedentes de Conductor).

Y CONSIDERANDO:

1) Que en este caso lo solicitado es información pública, de acuerdo a lo prescrito por los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, no obstante lo cual el Registro Civil alega, en síntesis, que parte de ella no se encuentra en poder del Servicio y que entregar lo que sí contienen sus registros, del modo solicitado, implicaría una distracción indebida de las labores habituales de sus funcionarios, de acuerdo a la causal se reserva o secreto contemplada en el artículo 21 N° 1 letra c) de dicho cuerpo legal.

2) Que, establecido lo anterior, procede que este Consejo determine primeramente si la información requerida, total o parcialmente, obra en poder del reclamado, aunque sea en un formato distinto al solicitado, sea en registros, bases de datos o en otro soporte diverso. Luego, en caso de concluir que la información obra en poder del Registro Civil, distinguiendo si se encuentra o no tratada o sistematizada en la forma en que fue solicitada, cabe determinar en el segundo caso, a continuación, si recopilarla en la forma solicitada –dado lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Transparencia– implicaría la distracción indebida de sus funcionarios, de acuerdo a lo prescrito por el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia y el artículo 7 N° 1 letra c) de su Reglamento.

3) Que, al respecto, cabe tener especialmente presente que en el año 2005, la Dirección Regional del Registro Civil de la II Región, le proporcionó al reclamante información relativa a las anotaciones por infracciones gravísimas efectuadas en las hojas de vida de conductores de la II Región, relativa al número de éstas por cada comuna de dicha Región, y al total, según información contenida en la base de datos del Registro Nacional de Conductores, y que, por otra parte, según lo señala el propio Registro Civil en sus descargos, tiene disponible en su base de datos, y, por tanto, podrían suministrársela al requirente, la información relativa al número total de suspensiones, las suspensiones por exceso de velocidad y el número total de cancelaciones.

4) Que, por su parte, en la visita técnica realizada por personal de este Consejo, debidamente facultado por el Consejo Directivo de esta Corporación, a las oficinas del Servicio de Registro Civil e identificación, los funcionarios de éste informaron lo siguiente, respecto de lo que les fue consultado:

a) Es posible realizar trabajos en los servidores en los que se alojan los sistemas de registro, previa definición de horarios para su realización.

b) No existen los datos necesarios en los sistemas de registros para entregar la totalidad de la información solicitada por el reclamante.

c) Para el caso de las suspensiones y cancelaciones de licencias por acumulación de faltas gravísimas, no se registra el motivo de la respectiva suspensión o cancelación, toda vez que se indica sólo lo que señalan los oficios remitidos por los juzgados que las informan. Por lo tanto, no se puede generar la información solicitada relativa a estos casos.

d) De acuerdo a los sistemas de registro, se puede proporcionar información respecto de las suspensiones por manejo bajo la influencia del alcohol, manejo en estado de ebriedad y conducción a exceso de velocidad. Ello, con la salvedad de que se trataría de información del momento en que ella haya sido capturada -no se puede hacer cálculo histórico, pues por disposición legal los registros deben eliminarse- y además existiría un cierto margen de error en la búsqueda de la misma debido a la digitación existente y a la falta de estandarización de los oficios remitidos por los juzgados.

e) Finalmente, de acuerdo a lo solicitado por el reclamante, los sistemas cuentan con registros, a excepción de las relativas a acumulaciones, pero con las salvedades indicadas en el punto d) de las presentes conclusiones.

5) Que, por otro lado, de la misma visita técnica realizada al Registro Civil, y tal como consta en el Informe Técnico realizado con ocasión de ésta, en los registros y bases de datos de dicho Servicio puede concluirse que constaría información relativa a:

a) Número total de suspensiones de licencia de conducir en la II Región de Antofagasta.

b) Suspensiones de licencias por conducción bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad; en ambos casos con un margen de error en sus búsquedas y resultados, y sólo aquella correspondiente al período en que se realiza la búsqueda y no a la correspondiente a los años 2007 y 2008, tal como solicita el reclamante.

c) Suspensiones de licencias de conducir por exceso de velocidad, con un margen de error en sus búsquedas y resultados, y sólo aquella correspondiente al período en que se realiza la búsqueda y no a la correspondiente a los años 2007 y 2008, tal como solicita el reclamante.

d) Cancelaciones definitivas de licencias de conducir por acumulación de faltas gravísimas, correspondiente al período en que se realiza la búsqueda y no a la correspondiente a los años 2007 y 2008, como solicita el reclamante.

6) Que una vez identificada la información con la que se cuenta y que obra en poder del Registro Civil, en relación con lo solicitado, cabe determinar si el procesamiento de dicha información, en términos tales de efectuar búsquedas en sus diversos registros y bases de datos de acuerdo a determinados parámetros y, luego, sistematizar sus resultados, supone o no la elaboración o creación de información, de modo que pudiera estimarse, en la afirmativa, que la misma no obre en su poder. A este respecto, cabe destacar cierta jurisprudencia comparada sobre la materia:

a) El Information Commissioner’s Office (ICO), de Reino Unido, ha establecido en su jurisprudencia que, si bien bajo la vigencia de la Freedom of Information Act (2000) no existe obligación de crear información, una autoridad pública no está creando información cuando se le solicita que procese en forma de lista información que tiene; manipular información que se encuentra en sus archivos o extraer información de una base de datos electrónica mediante una búsqueda.

b) Así, ha establecido que el Comisionado reconoce que las autoridades públicas suelen recibir solicitudes de listas de información presentadas en virtud de la ley. En muchos casos, ha resuelto, ello no será información que la autoridad pública mantiene en forma de lista, pero partes constituyentes de esos datos, en cambio, estarán contenidas en una base de datos u otras fuentes dispares. Una respuesta común a esas peticiones es que la información simplemente no existe, porque, tal como se señaló anteriormente, la autoridad pública no está en posesión de una lista física, según lo solicitado. Varias de las autoridades públicas han sostenido que la respuesta a esa petición supondría la creación de nueva información. El Comisionado no ha aceptado esta posición y, en su lugar, es de la opinión de que, cuando una base de datos u otra fuente electrónica contiene la información registrada identificada en una solicitud, la información se posee, y la autoridad pública tiene la obligación de proporcionarla, a menos que esté exenta de ello. Además, el Comisionado considera que las acciones requeridas para acceder a la información específica constituyen la extracción o recuperación de información en lugar de la creación de nueva información, porque, simplemente, la información se tiene, aunque integrada dentro de una perspectiva más amplia de recursos de datos. Como la ley prevé un derecho de acceso a la información registrada, y esta información está registrada, la dificultad de la recuperación o proceso de extracción es irrelevante para la cuestión de si la información se mantiene. Sin embargo, la complejidad de este procedimiento, en términos del tiempo que se tardaría en encontrar y extraer la información solicitada, resulta claramente pertinente para la consideración de gastos de acuerdo con las regulaciones de las tasas.

c) Por su parte, en México, si bien el derecho de acceso a la información se satisface cuando se pone a disposición del solicitante, en la modalidad en que se encuentre, la información requerida, sin que tal derecho obligue a procesar la información solicitada, el Comité de Acceso a la Información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el criterio de que cuando se requiera información que se encuentra dispersa en distintas unidades administrativas y es obligación de algún órgano de ese Alto Tribunal tener un documento que concentre la misma, éste deberá generarla y ponerla a disposición del peticionario. En todo caso, cabe señalar que en la legislación mexicana no existe una disposición similar a nuestro artículo 17 de la Ley de Transparencia en cuanto a que se entregará la información solicitada de la forma y por el medio requerido, salvo la excepción establecida en la misma norma.

7) Que, precisado lo anterior, cabe agregar que el Registro Civil ha sostenido que recopilar la información en la forma requerida implicaría una recarga en su sistema que alcanza una utilización hasta del 80% de la CPU, lo que implicaría distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales. No obstante dicha afirmación, del Informe Técnico realizado por la Dirección de Procesos y Sistemas del Consejo para la Transparencia se desprende que ello no resulta efectivo toda vez que las búsquedas que se requieran se pueden programar para realizarse en horarios de menos congestión.

8) Que en virtud de lo señalado precedentemente, puede concluirse que el Registro Civil sólo posee parte de la información requerida y su recolección, procesamiento y sistematización para entregarla en los términos solicitados, aunque con las limitaciones anotadas, no implicaría la creación de información. Por otra parte, cabe ultimar que la misma recolección, procesamiento y sistematización de dicha información, en orden a que se entregue del modo requerido con las restricciones referidas, tampoco implica, a juicio de este Consejo, una distracción indebida de sus funcionarios de sus labores habituales, de forma tal que resulta improcedente la causal invocada.

9) Que, en virtud de lo anterior, se acogerá parcialmente este amparo respecto del número total de suspensiones de licencias en la II Región, en los años 2007 y 2008, información que deberá proporcionarse al reclamante en el plazo que se indica en el resuelvo II. b) de esta decisión. Que, respecto a las causales de suspensión y cancelación requeridas, y no obstante lo señalado precedentemente, dado que, por una parte, sólo se podría entregar la información relativa al momento de la consulta y, por otra, que el requirente ha pedido dicha información a los años 2007 y 2008, cabe rechazar el amparo en esta parte, no obstante consignar que la información actual referida a ello, con la que sí cuenta el órgano reclamado, puede ser requerida por el reclamante en los términos de lo dispuesto en la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Héctor Segundo Poblete Gómez en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación por las consideraciones señaladas en esta decisión.

II. Requerir al Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación:

a) Entregar a don Héctor Segundo Poblete Gómez la información relativa al número de conductores que en los años 2007 y 2008, en la II Región de Antofagasta, se les haya suspendido su licencia de conducir.

b) Cumplir el presente requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Héctor Segundo Poblete Gómez y al señor Director del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Juan Pablo Olmedo Bustos y los Consejeros don Roberto Guerrero Valenzuela, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don Raúl Urrutia Ávila. No firma el Consejero Roberto Guerrero V., pese a concurrir al acuerdo, por encontrarse fuera de la ciudad de Santiago. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.