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Carlos Saldivia Aravena con MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA Rol: C889-15

Consejo para la Transparencia, 27/08/2015

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Providencia, fundado en que dio respuesta incompleta a una solicitud de información referente a la "ficha número N° 1454250, creada o abierta en la Dirección de Seguridad Ciudadana (inspección ciudadana o unidad de seguridad). Esta ficha fue abierta el 25 de febrero de 2015". El Consejo rechaza el amparo, por concurrir la causal de secreto de los artículos 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C889-15

Entidad pública: Municipalidad de Providencia.

Requirente: Carlos Saldivia Aravena.

Ingreso Consejo: 24.04.2015

En sesión ordinaria N° 643 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de agosto de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información, rol C889-15.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 15 de abril de 2015, don Carlos Saldivia Aravena, solicitó a la Municipalidad de Providencia, en adelante e indistintamente, la Municipalidad o el Municipio, la siguiente información: "ficha número N° 1454250, creada o abierta en la Dirección de Seguridad Ciudadana (inspección ciudadana o unidad de seguridad). Esta ficha fue abierta el 25 de febrero de 2015".

2) RESPUESTA: Mediante Oficio N° 3237, de fecha 21 de abril de 2015, la Municipalidad de Providencia informó al solicitante, en síntesis, que "adjunto remito a Ud., copia de ficha de procedimiento N° 1.454.250 de fecha 25 de febrero de 2015, sobre vehículo mal estacionado en calle (...). Los datos de carácter personal concernientes a personas naturales han sido protegidos según lo dispuesto en la ley N° 19.628".

3) AMPARO: El 24 de abril de 2015, don Carlos Saldivia Aravena dedujo amparo a su derecho de acceso a la información, en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta incompleta a su solicitud de información. Agrega además, en síntesis, que "la información se me entregó solo parcialmente. Se oculta la identidad del denunciante, elemento clave para conocer posible irregularidad en el procedimiento (...). Me niegan también el teléfono desde el cual se hace el llamado de denuncia. No indican si el llamado se hizo desde una repartición pública o desde un celular de una persona natural".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo y, mediante Oficio N° 3.134, de fecha 6 de mayo de 2015, confirió traslado a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Providencia, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones.

Mediante Oficio N° 4.750, de fecha 5 de junio de 2015, el órgano solicitó "para una adecuada respuesta y la recopilación de antecedentes lo más amplia posible en relación a la materia planteada por el señor Saldivia, agradeceré otorgarnos un plazo adicional de cinco días para presentar los descargos pertinentes o el plazo adicional que estime prudencial según el mérito de lo solicitado".

Posteriormente, por medio del Oficio N° 4.065, de fecha 10 de junio de 2015, este Consejo confirió al órgano un plazo extraordinario que finaliza el día 15 de junio de 2015, a fin de que presente sus descargos y observaciones.

Efectivamente, mediante Oficio N° 4.801, de fecha 9 de junio de 2015, la Municipalidad de Providencia, junto con reiterar lo indicado en su respuesta, evacuó sus descargos y observaciones, señalando en síntesis, que:

a) Respecto a información entregada, señala que "el procedimiento efectuado y que se registra en la ficha requerida, se enmarca dentro de un procedimiento de infracción a la Ley N° 18.290, en lo concreto, por estacionar en un lugar reservado (...) constatándose tal situación por el Inspector Municipal, cursándose el parte con la boleta N° 94. Precisar además, que el procedimiento se originó por una denuncia a la línea telefónica municipal, que dio inicio al procedimiento de constatación de la infracción por los funcionarios municipales".

b) Luego, con relación al amparo, agrega que "el fundamento del amparo discurre en una entrega parcial de la información, lo cual es efectivo, sólo en cuanto se procedió a tachar aquellos datos de carácter personal de la persona que efectuó la denuncia, aplicando el principio de divisibilidad establecido en el artículo 11 letra E de la Ley de Transparencia, por lo tanto, en esta parte, la Municipalidad se ha ceñido a lo estrictamente indicado en la Ley, salvaguardando, por una parte, la apertura de la información, pero por la otra, cautelando la protección de datos personales en los términos de la Ley N° 19.628".

c) Asimismo, expone que "por otra parte, aplica en este caso la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, fundada en la afectación de los derechos de las personas tratándose de seguridad y la esfera de su vida privada (...) lo que se está resguardando es la identidad de la persona denunciante, ya que de publicarse se inhibiría que cualquier ciudadano pudiera en el futuro realizar denuncias".

d) Igualmente, en tal sentido, señala el órgano que "por lo mismo, también cabe la aplicación de la causal de reserva del artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia, en cuanto las denuncias recibidas permiten, en base a estimaciones, servir de base para realizar las investigaciones y fiscalizaciones correspondientes destinadas a esclarecer las irregularidades que pudiere existir, de manera que revelar la identificación del denunciante, afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, junto con además, inhibir realizar futuras denuncias que den origen a procedimientos sancionatorios en base a información aportada por terceros".

e) Acto seguido, indica que "no resulta de interés público la revelación del nombre del denunciante ni su teléfono, por cuanto aquellas personas merecen que su identidad sea protegida más allá que la denuncia sea o no plausible".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el amparo se funda en la respuesta incompleta por parte de la Municipalidad de Providencia, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, el requerimiento de información se refiere a copias de la ficha N° 1454250 generada a raíz de una denuncia presentada en contra del propio solicitante, precisando en su amparo, que no estaba conforme con la información entregada, por cuanto en ella se ocultaba la identidad y el teléfono del denunciante. Al respecto, el órgano señaló, tanto en su respuesta como en sus descargos, que los datos de carácter personal han sido protegidos según lo dispuesto en la ley N° 19.628, y que entregar el nombre del denunciante inhibiría a que cualquier ciudadano pudiera realizar denuncias, lo que, en definitiva, terminaría afectando las funciones propias del órgano en cuanto a su rol fiscalizador.

2) Que, respecto la información solicitada, cabe señalar que este Consejo ha razonado, a partir de las decisiones recaídas en los amparos rol C520-09, C302-10 y C13-12, entre otros, que ante solicitudes de información referidas al nombre de las personas que han efectuado denuncias ante organismos públicos, cabe resguardar la identidad del denunciante, a fin de evitar la afectación de bienes jurídicos, tales como su seguridad y su vida privada, y que éstos se "...inhiban de realizar futuras denuncias e impedir que los órganos de la Administración, (...) realicen las fiscalizaciones necesarias que surgen de dichas denuncias..." (considerando 7° de la decisión del amparo Rol 520-09). En efecto, la entrega de la identidad de los denunciantes puede conllevar a que aquellos que pretenden formular futuras denuncias ante los órganos y servicios de la Administración del Estado se inhiban de realizarlas, impidiendo con ello que tales órganos y servicios cuenten con un insumo inestimable que les sirva de base para efectuar las fiscalizaciones necesarias destinadas a esclarecer los hechos o irregularidades de que éstas puedan dar cuenta, y de esta forma, incluso, afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano, en los términos establecidos en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

3) Que, respecto del presente caso, este Consejo reitera los argumentos expuestos estimando que de revelarse la identidad o teléfono particular del reclamante, se afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, por concurrir la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. En consecuencia, por los motivos precedentemente expuestos, estimando aplicables las causales de reserva consagradas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada y habiéndose respondido la solicitud dentro del plazo legal dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Carlos Saldivia Aravena, en contra de la Municipalidad de Providencia, por concurrir las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Carlos Saldivia Aravena, y a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Providencia.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. La Presidenta del Consejo Directivo doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.