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Lionel de la Maza Villalobos con GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DEL BÍO BÍO Rol: C1403-15

Consejo para la Transparencia, 08/09/2015

Se dedujo amparo en contra del Gobierno Regional Región del Biobío, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a "la nómina de personas que ha percibido honorarios de las instituciones beneficiarias con cargo a la subvención de seguridad ciudadana 2014, indicando para cada persona, si posee calificación profesional, cuál es ella y el código del proyecto al que se le cargó el pago correspondiente, como asimismo el monto del pago, a qué valor hora corresponde y a cuántas horas de trabajo. Todo esto con fecha de corte al 22 de mayo de 2015." El Consejo acoge el amparo, toda vez que no se acreditó la causal de secreto alegada., pues no se señalo de manera precisa de que manera la entrega de la información distraería el cumplimiento regular de las funciones del órgano.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1403-15

Entidad pública: Gobierno Regional Región del Biobío

Requirente: Lionel de la Maza Villalobos

Ingreso Consejo: 24.06.2015

En sesión ordinaria N° 646 del Consejo Directivo, celebrada el 8 de septiembre de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1403-15.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 23 de mayo de 2015, don Lionel de la Maza Villalobos solicitó al Gobierno Regional Región del Biobío "la nómina de personas que ha percibido honorarios de las instituciones beneficiarias con cargo a la subvención de seguridad ciudadana 2014, indicando para cada persona, si posee calificación profesional, cuál es ella y el código del proyecto al que se le cargó el pago correspondiente, como asimismo el monto del pago, a qué valor hora corresponde y a cuántas horas de trabajo. Todo esto con fecha de corte al 22 de mayo de 2015.".

2) RESPUESTA: El 22 de junio de 2015, el Gobierno Regional de la Región del Biobío respondió a dicho requerimiento de información mediante Oficio N° 2106 de 22 de junio de 2015 señalando, en síntesis, que:

a) El Departamento de Inversiones y Municipalidades como asimismo el Departamento de Finanzas de ese servicio, no cuenta con la sistematización de la información solicitada como una base de datos, dado que el Gobierno Regional lleva sólo el registro de los beneficiarios de la subvención y no de las contrataciones de terceros.

b) La relación contractual del recurso humano es directamente establecida entre la institución beneficiaria y los profesionales a contratar, y por ello adjunta el listado con las instituciones que hasta el periodo de corte solicitado están en ejecución, para el solicitante, si lo estima pertinente, se contacte con ellas y obtenga la información requerida.

3) AMPARO: El 24 de junio de 2015, don Lionel de la Maza Villalobos dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la respuesta negativa a su solicitud.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Intendente de la Región del Biobío mediante Oficio N° 4.970 de 8 de julio de 2015 , quien presentó sus descargos y observaciones a través de escrito ingresado con fecha 28 de julio de 2015 a este Consejo , señalando, en síntesis que:

a) No tiene la información sistematizada en la forma requerida por el solicitante, es decir la información está dispersa en cada una de las carpetas que contiene cada una de las iniciativas que fueron beneficiadas con la subvención de seguridad ciudadana, ya que en las rendiciones de cuentas que hacen las entidades beneficiadas con subsidios del FNDR incorporan información que respaldan los gastos relacionados con el proyecto, pero en dicha documentación, como las boletas de honorarios, no se precisa todas las veces la profesión, como tampoco el valor hora y horas de trabajo, por lo tanto se tendría que haber destinado a un funcionario para construir una base de datos que no tiene obligación de llevar.

b) En tal contexto, se configura la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, ya que al no estar consolidada la información en la forma requerida, ello habría significado destinar a un funcionario exclusivamente para buscar y sistematizar la información, distrayéndolo de sus labores habituales.

c) Acceder a la entrega de la información requerida por el solicitante implicaría necesariamente la labor de elaborar y sistematizar datos dispersos que no constan en su totalidad en los expedientes administrativos del Gobierno Regional y construir un producto final que no existe en los archivos del Gobierno Regional del Biobío, desviando el ejercicio de la función pública a satisfacer un requerimiento no previsto dentro de las funciones propias de ese servicio.

d) De lo expresado precedentemente se desprende que la información solicitada por el requirente no consta en ninguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia, ya que habría que elaborarla y sistematizarla en el formato solicitado. Y, se agrega además, que de elaborar el producto final solicitado, podría resultar uno distinto al requerido por el recurrente en atención a la carencia de la totalidad de los datos para elaborarlo.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en lo pertinente al presente amparo, cabe consignar que las Bases Técnico Administrativas de la Subvención de Actividades de Seguridad Ciudadana para el año 2014 del Gobierno Regional del Biobío, establecen que "el gasto en recursos humanos corresponde al financiamiento para el pago de honorarios o personal debidamente justificado que resulte indispensable para la ejecución de la iniciativa y que este directamente relacionado con las actividades de ésta. Para lo anterior se requiere que la institución suscriba un contrato a honorarios o ésta pague contra boleta de servicio el trabajo desempeñado. Cabe señalar, que antes de realizar las contrataciones de servicios para la ejecución de la iniciativa, se deberá remitir al Gobierno Regional para v° b°, el currículum y certificados de título de cada uno de los honorarios propuestos, que acredite su experticia en el tema por el cual fue contratado. La contratación deberá estar acorde con el honorario asignado en Ja iniciativa de acuerdo a su especialización. En este ítem deben incorporarse las retenciones legales del recurso humano. Enseguida se detallan los valores máximos a pagar según la calificación del profesional contratado." Agrega el referido documento, que "las Instituciones Privadas (Corporaciones. Fundaciones, Organizaciones Territoriales, etc.), que sean beneficiarias de esta subvención, deberán rendir mensualmente cuenta documentada en original, de sus gastos al Gobierno Regional del Biobío. Se deberán incorporar los contratos del recurso humano, certificaciones respectivas, Informe de Actividades del Periodo. Formularios 29 (según corresponda).".

2) Que, el órgano reclamado en su respuesta ha denegado la entrega de la información solicitada fundado en lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 literal c) de la Ley de Transparencia, que habilita para denegar su entrega cuando su publicidad "afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de requerimientos (...) cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento habitual de sus funciones". Dicha norma ha sido desarrollada en el artículo 7° letra c) del Reglamento de la citada ley, al establecer que "un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de estos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

3) Que respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, esta Corporación ha razonado que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado".

4) Que, el organismo reclamado no ha acreditado de manera precisa cómo la entrega de la información distraería el cumplimiento regular de sus funciones habituales. En efecto, ha señalado que la información se encontraría "dispersa en las carpetas que contiene cada una de las iniciativas que fueron beneficiadas con la subvención de seguridad ciudadana", señalando que ciertos datos que se solicitan no se encuentran entre la documentación que obra en su poder, y que tendría que destinar a un funcionario exclusivamente para atender la solicitud. Al respecto, se advierte que la dificultad que alega la reclamada además de derivar de un acto propio cual es el modo en que gestiona sus archivos no tiene una entidad suficiente para configurar la causal de reserva alegada máxime si la atención de la solicitud, según ha indicado, sólo involucra a un funcionario de su dependencia. Asimismo, tampoco ha explicitado el tiempo específico que el señalado servidor debería emplear, en relación con su jornada habitual de trabajo, para el desarrollo de dicha labor.

5) Que, en este sentido, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

6) Que, en consecuencia, y no habiéndose acreditado la causal de reserva invocada se acogerá el presente amparo y se requerirá a la reclamada que haga entrega de la nómina solicitada o bien podrá cumplir igualmente su obligación de informar sobre el particular entregando los soportes documentales en que los datos solicitados se encuentren tarjando previamente en aplicación del principio de divisibilidad, establecido en el artículo 11, letra e) de la Ley de Transparencia, todos aquellos datos personales de contexto, que en éstos se contengan tales como la fecha de nacimiento, nacionalidad, RUT, domicilio particular, teléfono, correo electrónico, etc. En el evento de que parte de la información solicitada no obre en su poder deberá señalarlo expresa y fundadamente al solicitante.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Lionel de la Maza Villalobos, en contra del Gobierno Regional Región del Biobío, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Intendente de la Región del Biobío:

a) Hacer entrega al reclamante de nómina solicitada o de los soportes documentales en que los datos solicitados se encuentren tarjando previamente en aplicación del principio de divisibilidad, establecido en el artículo 11, letra e) de la Ley de Transparencia, todos aquellos datos personales de contexto, que en éstos se contengan tales como la fecha de nacimiento, nacionalidad, RUT, domicilio particular, teléfono, correo electrónico, etc. En el evento de que parte de la información solicitada no obre en su poder deberá señalarlo expresa y fundadamente al solicitante.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Lionel de la Maza Villalobos, y al Sr. Intendente de la Región del Biobío.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. La Presidenta del Consejo Directivo doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.