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Michel Figueroa con MUNICIPALIDAD DE CURACAVÍ Rol: C1394-15

Consejo para la Transparencia, 23/09/2015

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Curacaví, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a: a) Número total de infracciones de tránsito en la comuna de Curacaví, entre el periodo de enero a abril de 2015, ambas fechas inclusive; b) Número desglosado, clasificado o separado por motivo de infracciones de tránsito en la comuna de Curacaví, entre el periodo de enero a abril de 2015, ambas fechas inclusive (por ejemplo, número de infracciones de tránsito por exceso de velocidad, por vehículo mal estacionado, etc.); y, c) Monto de dinero ingresado a Tesorería Municipal bajo el concepto de pago de infracciones de tránsito en la comuna de Curacaví, entre el periodo de enero a abril de 2015, ambas fechas inclusive. El Consejo rechaza el amparo, toda vez que el órgano reclamado no se encuentra sujeta a la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Justicia
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1394-15

Entidad pública: Municipalidad de Curacaví

Requirente: Michel Figueroa

Ingreso Consejo: 23.06.2015

En sesión ordinaria N° 648 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de septiembre de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1394-15.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 27 de mayo de 2015, don Michel Figueroa solicitó a la Municipalidad de Curacaví la siguiente información:

a) Número total de infracciones de tránsito en la comuna de Curacaví, entre el periodo de enero a abril de 2015, ambas fechas inclusive;

b) Número desglosado, clasificado o separado por motivo de infracciones de tránsito en la comuna de Curacaví, entre el periodo de enero a abril de 2015, ambas fechas inclusive (por ejemplo, número de infracciones de tránsito por exceso de velocidad, por vehículo mal estacionado, etc.); y,

c) Monto de dinero ingresado a Tesorería Municipal bajo el concepto de pago de infracciones de tránsito en la comuna de Curacaví, entre el periodo de enero a abril de 2015, ambas fechas inclusive.

2) RESPUESTA: El 22 de junio de 2015, la Municipalidad de Curacaví respondió a dicho requerimiento de información mediante ORD. N° 351, de esa fecha, señalando que:

En relación con lo solicitado en las letras a) y b), del N°1, de lo expositivo, en virtud de lo preceptuado en el artículo 5° del Código Orgánico de Tribunales y lo señalado en la ley N° 15.231, sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local, no proceden las solicitudes de información de causas a través de la Ley de Transparencia, por tratarse de materias relativas a tribunales especiales respecto de los cuales no se aplica la ley N° 20.285.

En cuanto a lo requerido en la letra c), del N°1, de lo expositivo, se informa que el monto de dinero ingresado a la Tesorería Municipal bajo el concepto de pago de infracciones de tránsito en la comuna, entre el periodo de enero a abril de 2015, ambas fechas inclusive, asciende a $ 134.294.871.

3) AMPARO: El 23 de junio de 2015, don Michel Figueroa dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información, por no aplicarse de la Ley de Transparencia a los Juzgados de Policía Local.

El reclamante requiere que este Consejo se pronuncie sobre la aplicación de la Ley de Transparencia a los Juzgados de Policía Local.

4) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: Mediante Oficio N° 4980, de fecha 08 de julio de 2015, se solicitó subsanación al presente amparo, el cual fue respondido por el requirente, con fecha 13 de julio de 2015 por correo electrónico, en los siguientes términos:

a) Solicita un pronunciamiento sobre la aplicación de la Ley de Transparencia a los Juzgados de Policía Local, ya que sin bien, tal como el mismo Consejo señala en las decisiones C188-10, C220-11 y C1020-11, éste no tiene potestad para pronunciarse sobre los amparos interpuestos contra dichos organismos, sin embargo, la ausencia de potestad no lo exime, en su calidad de órgano encargado de tutelar el derecho, de pronunciarse sobre la aplicación de la Ley a dichos organismos.

b) Por otro lado, requiere pronunciarse sobre la negativa de entregar la información por parte del municipio, argumentando que a los Juzgados de Policía Local no se les aplica la Ley de Transparencia, en circunstancias que corresponde a una interpretación errónea de dicha Ley, pues los municipios tienen la obligación de dirigir y administrar dichos juzgados. Por tanto, la entidad dispone o puede disponer de la información requerida por el solicitante.

5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación este amparo y, mediante Oficio N° 5373, de 21 de julio de 2015, confirió traslado al Alcalde de la Municipalidad de Curacaví, solicitándole que al formular sus descargos: (1°) aclare si la información solicitada en los literales a) y b) de la solicitud obra en poder del órgano que representa, constando en el formato requerido por el recurrente o en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; y, (2°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida.

Mediante Ordinario N° 440, de fecha 10 de agosto de 2015, el Alcalde de la Municipalidad de Curacaví, presentó sus descargos señalando, en síntesis:

En virtud de lo dispuesto en el artículo 5° del Código Orgánico de Tribunales y lo señalado en la ley N° 15.231, sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local, estos últimos son tribunales especiales que dependen administrativamente de la Municipalidad respectiva y están sujetos a la supervigilancia directiva, correccional y económica de la respectiva Corte de Apelaciones.

A estos tribunales especiales, no son aplicables las normas establecidas en la ley N° 20.285 en su totalidad, ya que se contempla que aquellos sólo se encuentran obligados a cumplir con los deberes de transparencia activa señalado en el artículo 7° de dicha Ley. Asimismo el artículo 2° del Reglamento de la Ley de Transparencia, al referirse al ámbito de aplicación de dicho cuerpo legal señala expresamente que no se aplicarán sus disposiciones, entre otros, a los tribunales especiales.

De las normas citadas resulta claramente establecido que el ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia solo dice relación con los órganos que expresamente ésta señala, por ende, no procede el ejercicio del derecho de acceso a la información ante entidades que no revisten tal calidad.

Respecto a lo requerido en los puntos a) y b), del N°1 de lo expositivo, indica que constituyen facultades propias de la organización de estos tribunales especiales, pues estas materias no se encuentran dentro de aquellas que están afectas a las solicitudes de transparencia pasiva, según las normas señaladas.

Por último, en relación con lo solicitado en letra c), del N°1, de lo expositivo, referente al monto de dinero ingresado a Tesorería Municipal bajo el concepto de pago de infracciones de tránsito en la comuna de Curacaví, entre el período de enero a abril de 2015, en cumplimiento con la Ley de Transparencia y los principios que la inspiran, remitió en su oportunidad la información al peticionario.

6) GESTION OFICIOSA: Por correo electrónico de fecha 08 de septiembre de 2015, este Consejo, solicitó al órgano precisar:

a) Si Tesorería Municipal mantiene algún registro de las multas cursadas por infracción a la ley de Tránsito al momento del pago. Específicamente, referirse a la información que dicha Unidad procesa al momento del pago de las mismas, y

b) Si los Juzgados de Policía Local correspondientes remiten alguna información al Municipio en relación a dichas multas para efectos de los pagos.

Mediante ORD. N° 541, de 11 de Septiembre de 2015, el órgano respondió lo siguiente:

Tesorería Municipal sólo mantiene un registro de pago de las multas cursadas por el Juzgado de Policía Local, recibiendo de éste el boletín (comprobante) que contiene el monto a pagar. Luego, dicho pago se ingresa al sistema contable en una cuenta genérica referida a ingresos por multas de tránsito.

El tribunal sólo redacta el boletín (equivalente al giro) para el pago de la respectiva multa, y el Municipio no recibe otra información en relación a ellas por parte de dichos tribunales para efectos del pago.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, atendida la respuesta otorgada oportunamente por el órgano reclamado al solicitante y según se desprende del numeral 4, letra b), de lo expositivo, el objeto del presente amparo dice relación con la respuesta negativa de la Municipalidad de Curacaví a la solicitud de acceso a la información presentada por don Michel Figueroa, específicamente, en lo que dice relación con la información requerida en las letras a) y b) del número 1° de lo expositivo, circunscribiéndose a dichos literales el presente pronunciamiento.

2) Que, al efecto, el órgano reclamado justificó la falta de respuesta a ambos literales, aduciendo que se trata de información que es competencia de otro órgano del Estado, a saber, los Juzgados de Policía Local de Curacacví, los que a pesar de depender administrativamente del Municipio son tribunales especiales no sujetos a la Ley de Transparencia.

3) Que, previo al pronunciamiento del fondo del asunto, cabe dejar establecido que lo solicitado por el recurrente consiste en el número total y desglose de las "multas" cursadas o impuestas con ocasión de "infracciones de tránsito" en la comuna en el periodo de enero a abril de 2015. Lo anterior es importante, por cuanto lo requerido dice relación con las multas que como sanción o pena a las infracciones a la ley N° 18.290, en adelante, Ley de Tránsito, fueron impuestas por el respectivo Juzgado de Policía Local de la comuna de Curacaví y no las infracciones que en el periodo de tiempo requerido hubiesen sido cursadas por funcionarios municipales o Carabineros de Chile en el marco de sus funciones de fiscalización que la aludida ley les entrega. En efecto, el artículo 4° de dicho cuerpo normativo dispone: "Carabineros de Chile y los Inspectores Fiscales y Municipales serán los encargados de supervigilar el cumplimiento de las disposiciones a que se refiere la presente ley, sus reglamentos y las de transporte y tránsito terrestre que dicte el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones o las Municipalidades, debiendo denunciar, al Juzgado que corresponda, las infracciones o contravenciones que se cometan."

4) Que, en consecuencia, se trata de información que no es elaborada por el órgano reclamando sino por los Juzgados de Policía Local de la comuna, los que de conformidad al artículo 5° del Código Orgánico de Tribunales tienen la categoría de tribunales especiales y respecto de los cuales la Ley de Transparencia solo contempla los deberes de transparencia activa señalados en el artículo 7° de dicho cuerpo normativo. Con todo, conforme con lo dispuesto en los artículos 5° y 10° de la misma ley, la información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea su origen, que obre en poder de los órganos de la Administración es de naturaleza pública, salvo que concurra a su respecto, alguna de las causales de reserva establecidas en la Constitución o en la ley. Por tanto, la circunstancia que su origen corresponda a decisiones judiciales dictados por los Juzgados de Policía Local de la comuna, no altera su naturaleza de información pública en la medida que aquella obre efectivamente en poder de la Municipalidad.

5) Que, de acuerdo a lo consignado en el numeral 6° de lo expositivo, con ocasión de una gestión oficiosa destinada a la mejor resolución del presente amparo, el órgano reclamado manifestó que la información solicitada no obra en su poder. En efecto, constituyendo un presupuesto básico para el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública el que la información requerida exista u obre en poder del órgano solicitado al momento de la solicitud y no contando este Consejo antecedente alguno que desvirtúe la alegación aducida por el órgano, se rechazará el presente amparo atendido que la información solicitada es inexistente.

6) Que, en lo que atañe a la solicitud contenida en el numeral 4°, letra a), de la parte expositiva, en orden a pronunciarse sobre la aplicación de la Ley de Transparencia a los Juzgados de Policía Local, es necesario señalar que ésta constituye una solicitud que excede el derecho de acceso a la información, regulado en los artículos 24 y siguientes de la mencionada Ley. Por tanto, esta sede, no constituye una vía para realizar peticiones de esa naturaleza.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Michel Figueroa en contra de la Municipalidad de Curacaví, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Michel Figueroa y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Curacaví.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza y los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.