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Martín Covacevich Jara con SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN Rol: C1345-15

Consejo para la Transparencia, 25/09/2015

Se dedujo amparo en contra de la Subsecretaría de Educación, fundada en la denegación de la información solicitada referente a las declaraciones de patrimonio e intereses que debieron completar sus funcionarios con ocasión del Instructivo Presidencial N° 2 de 19 de marzo de 2015. En particular, requirió copia de las declaraciones. El Consejo acoge el amparo, toda vez que el órgano reclamado no logró acreditar la causal de secreto invocada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1345-15

Entidad pública: Subsecretaría de Educación

Requirente: Martín Covacevich Jara

Ingreso Consejo: 17.06 de 2015

En sesión ordinaria N° 649 del Consejo Directivo, celebrada el 25 de septiembre de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1345-15.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 4 de mayo de 2015, don Martín Covacevich Jara, solicitó a la Subsecretaría de Educación -en adelante también Subsecretaría- información sobre las declaraciones de patrimonio e intereses que debieron completar sus funcionarios con ocasión del Instructivo Presidencial N° 2 de 19 de marzo de 2015. En particular, requirió copia de las declaraciones.

2) RESPUESTA: La Subsecretaría, mediante Resolución N°4.603 de 12 de junio de 2015, indicó al solicitante en síntesis, que no le era posible acceder a lo requerido, atendido que ello implicaba distraer a sus funcionarios del cumplimiento de sus funciones habituales. Lo anterior, de conformidad a la hipótesis de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. Agregó, que el número de declaraciones consultadas ascienden a 879, relativas a "funcionarios y servidores a contrata de esta cartera de estado.... [Por lo mismo] dar cumplimiento a lo solicitado implicaría disponer de funcionarios que se dedicaran a la impresión de cada una de las declaraciones indicadas...".

Por último, hizo presente en el portal electrónico http://dpi.minsegpres.gob.cl/instituciones, se encuentran disponibles sólo las declaraciones de los ministros y subsecretarios. En tal sentido, señaló que próximamente estarán disponibles las declaraciones solicitadas por el reclamante en el sitio electrónico aludido de conformidad a lo dispuesto en el instructivo presidencial.

3) AMPARO: El 17 de junio de 2015, don Martín Covacevich Jara, dedujo amparo en contra de la Subsecretaría, fundado en la denegación de la información solicitada. Al efecto, agregó que la causal invocada era improcedente.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación el referido amparo y, mediante el Oficio N° 4.770, de 1° de julio de 2015, confirió traslado a la Sra. Subsecretaria de Educación, solicitándole que: (1°) se refiriera a la eventual concurrencia de una causal de secreto o reserva de la información solicitada; y, (2°) señalara cómo la divulgación de la información pedida afectaría el debido cumplimiento de sus funciones.

La Subsecretaria, mediante presentación de 15 de julio de 2015, evacuó sus descargos y observaciones, reiterando lo ya expuesto en su respuesta a la solicitud de información y señalando en síntesis, que la búsqueda de cada uno de las declaraciones, las que posee en archivo digital, configuraría la distracción indebida de su personal.

Y CONSIDERANDO:

1) Que la Subsecretaría de Educación indicó que no le era posible entregar la información objeto del presente amparo, por estimar aplicable lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. Lo anterior, por cuanto recabar la información respecto del universo total funcionarios consultados, podría entorpecer el debido cumplimiento de sus funciones. Al efecto, precisó que la referida distracción se configuraba por la necesidad de destinar a parte de su personal para recabar cada una de las 879 declaraciones solicitadas. Agregó, que en el sitio web http://dpi.minsegpres.gob.cl/instituciones, prontamente se encontraría disponible la información solicitada.

2) Que sobre el particular, cabe tener presente que el Instructivo Presidencial N°2 de 19 de marzo de 2015, dispuso la actualización de la declaración de patrimonio e intereses por parte de aquellos funcionarios que de conformidad a la ley están obligados a efectuarla como el deber de completar dicha declaración a funcionarios que actualmente estaban exentos de dicha carga. En efecto, dicho instructivo en su punto a) precisa cuales son los funcionarios sobre los cuales recae la obligación de completar las declaraciones aludidas, entre otros, aquellos que estando contratados a honorarios, perciban regularmente un ingreso bruto o igual o superior al que corresponda al tercer nivel jerárquico del respectivo Ministerio, Servicio o Gobierno Regional. Asimismo, el instructivo en comento dispuso que el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, sería el órgano encargado de proporcionar la plataforma electrónica, por medio de la cual, cualquier persona podría acceder a las declaraciones aludidas. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada.

3) Que revisado por este Consejo (el 23 de septiembre del presente año) el portal electrónico informado por la Subsecretaria de Educación - anotado en el numeral 1° de lo expositivo-, se advierte que este sólo contiene la declaración de la Subsecretaria de Educación.

4) Que en cuanto a la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, invocada por la reclamada para justificar la denegación de la información solicitada, cabe tener presente que dicha causal permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido el artículo 7° numeral 1° letra c) del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento «requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales».

5) Que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva.

6) Que en el procedimiento de acceso a la información en comento, la requerida no ha acompañado ningún antecedente que permita a este Consejo estimar plausible su alegación y sostener de dicho modo, que por el hecho de divulgarse la información pedida en los términos planteados, se distraerá a sus funcionarios del debido cumplimiento de sus funciones.

7) Que en el mismo sentido la alegación de la Subsecretaría al indicar que la circunstancia de destinar a parte de su personal a la búsqueda de las 879 declaraciones consultadas, las cuales posee en formato digital, durante un lapso de tiempo no precisado, a juicio de este Consejo carece de la suficiencia necesaria para acreditar la distracción indebida alegada. Lo anterior por cuanto dicha alegación, requiere insoslayablemente proporcionar elementos de convicción cuya precisión tornen verosímil la hipótesis de reserva invocada. Luego y teniendo presente que la reclamada tiene pleno conocimiento del número de declaraciones que deberían ser revisadas para efecto de recopilar la información consultada en el amparo, la reclamada se encuentra en posición de satisfacer el objeto del reclamo en análisis en comento en el modo planteado por la parte requirente. Por tal razón, y no concurriendo los supuestos de hecho suficientes que justifiquen la hipótesis de reserva objeto de análisis, esta será desestimada, acogiéndose el amparo. Conjuntamente con lo anterior, se requerirá a la reclamada que haga entrega al solicitante la información consultada.

8) Que en concordancia con lo antes resuelto, cabe además agregar que la búsqueda y recopilación de las declaraciones consultadas, son acciones que la Subsecretaría debe efectuar a fin de cumplir con los plazos establecidos en el instructivo presidencial ya citado. En efecto, dicho cuerpo normativo dispone que las declaraciones deberán efectuarse antes del 30 de abril del año en curso. Luego, el conjunto de labores indispensables para recabar la información solicitada, sirven precisamente a que la Subsecretaría de Educación cumpla sus funciones de modo oportuno.

9) Que, no obstante lo antes resuelto, se hace presente al organismo requerido que en forma previa a la entrega de las declaraciones solicitadas, deberá tarjar los datos personales de contexto contenidos en éstas -domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, número de motor, número de chasis, fecha de inscripción y eventuales fechas de transferencias de los vehículos que se declaren, entre otros-. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada y en el Instructivo Presidencial N° 2 de 19 de marzo de 2015.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 8°, 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNAMINIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 8°, 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNAMINIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por don Martín Covacevich Jara, en contra de la Subsecretaría de Educación, por las razones precedentemente expuestas.

II. Requerir a la Sra. Subsecretaria de Educación que:

a) Entregue al reclamante las declaraciones solicitadas de conformidad a lo señalado en el considerando 8° del presente acuerdo.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a la Sra. Subsecretaria de Educación y a don Martín Covacevich Jara.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza y los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.