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Mariano Díaz Martin con SEREMI DE SALUD REGIÓN DE LA ARAUCANÍA Rol: C33-15

Consejo para la Transparencia, 28/04/2015

Se dedujo amparo en contra de la SEREMI de Salud de la Región de la Araucanía, fundado en la denegación de la información solicitada en el literal b) referente a la copia de la última acta de fiscalización levantada en la unidad de farmacia. El Consejo acoge el amparo, toda vez que no se advierte una afectación a los derechos del tercero que se señala, en los términos señalados por el órgano reclamado. En efecto, el acta de fiscalización remitida por la reclamada sólo da cuenta de determinadas observaciones efectuadas por el ministro de fe y las acciones que el establecimiento debía realizar con el objeto de subsanar tales constataciones dentro del plazo que ahí se señala.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C33-15

Entidad pública: SEREMI de Salud de la Región de la Araucanía

Requirente: Mariano Díaz Martin

Ingreso Consejo: 06.01.2015

En sesión ordinaria N° 613 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de abril de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C33-15.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 18 de noviembre de 2014, don Mariano Díaz Martin solicitó a la SEREMI de Salud de la Región de la Araucanía:

a) "Copia de la autorización sanitaria obtenida por el Cesfam o Policlínico Metodista de Temuco;

b) Copia de la última acta de fiscalización levantada en la unidad de farmacia.

c) Copia de la correspondiente autorización sanitaria, la que contando con medicamentos controlados, dosis unitaria, fraccionamiento y personal no calificado, ha funcionado durante años sin observaciones que sugieran dar cumplimiento a la norma que se desprende del dictamen de Contraloría 22.256, la circular A15/N° 28 del 2009 y sobre la calificación personal de farmacia 1.704. De ello es posible constatar que las farmacoterapias no tienen control alguno por parte del profesional farmacéutico según lo señala el DS 466, Reglamento de Farmacia, con los riesgos que esa mala práctica constituye para el paciente."

2) RESPUESTA: El 17 de diciembre de 2014, la SEREMI de Salud de la Región de la Araucanía respondió a dicho requerimiento de información señalando, en síntesis, que:

a) Adjunta Resolución N° 1273 de fecha 09 de septiembre de 1983, que autoriza la instalación y funcionamiento del Policlínico de la Iglesia Metodista de Temuco;

b) Adjunta Resolución N° 3992 del 19 de octubre de 2005, que autoriza las instalaciones y el funcionamiento del Botiquín Farmacéutico del Centro de Salud Familiar Policlínico Metodista.

c) Respecto de la solicitud del acta de fiscalización, informa que por el momento no es posible acceder a lo solicitado, debido a que se encuentra aún en proceso el sumario sanitario respectivo. Una vez dictada y notificada la correspondiente sentencia y encontrándose ejecutoriada, se podrá entregar copia de las actas respectivas.

3) AMPARO: El 6 de enero de 2015, don Mariano Díaz Martin dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de la información solicitada en el literal b) de la solicitud.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región de la Araucanía mediante Oficio N° 919 de 3 de febrero de 2015, quien, a través del Oficio N° 566 de 25 de febrero de 2015, presentó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis que:

a) El fundamento de la denegación es que en las actas de fiscalización sólo se constatan hechos que eventualmente pueden constituir infracciones sanitarias, las cuales, durante la tramitación del respectivo sumario sanitario, podrían ser desvirtuadas o subsanadas por el infractor, por lo que en definitiva, la sentencia que resuelve aquél podría no sancionar todas aquellas infracciones que se informaron en el acta de fiscalización. Actuar en sentido contrario -entregando las actas de fiscalización antes de la dictación de sentencia-, podría implicar que el solicitante o terceros estimen que los hechos constatados en las actas de fiscalización constituyen en sí una infracción, sin antes esperar que esa autoridad sanitaria se pronuncie sobre ellas de acuerdo al procedimiento establecido en el Código Sanitario, lo que atentaría contra el derecho de presentar descargos que se consagra al infractor y en definitiva, al debido proceso, entendiendo por tal, aquella garantía de carácter fundamental, que protege al ciudadano de cualquier tipo de arbitrariedad en que pudiera eventualmente incurrir la autoridad jurisdiccional, en lo referente a la solución del conflicto sometido a su decisión. De no ser respetada esta garantía, podría darse el absurdo que el infractor sea sancionado "socialmente" en forma previa, sin que antes haya un pronunciamiento formal al respecto, lo que claramente atentaría con los principios que orientan nuestro ordenamiento jurídico.

b) De este modo, la denegación de las actas de fiscalización, sino hasta que se encuentren resuelto el sumario sanitario, encuentra su sustento legal en el artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia.

5) TRASLADO AL TERCERO: En la sesión ordinaria N° 608, de 14 de abril de 2015, el Consejo Directivo acordó, como medida para mejor resolver el presente amparo, conferir traslado al Centro de Salud Familiar Metodista a fin de que se pronuncie señalando si accede a la entrega del documento solicitado, o si, por el contrario, se opone a ello, trámite que se materializó a través del Oficio N° 2.477 de 14 de abril de 2015.

6) GESTIÓN OFICIOSA: A fin de resolver acertadamente el presente amparo, este Consejo solicitó al órgano reclamado, copia del acta de fiscalización a que se refiere la controversia, mediante correo electrónico de 27 de abril de 2014, el cual fue proporcionado en la misma fecha por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de la Araucanía.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo recae en la copia de la última acta de fiscalización elaborada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de la Araucanía respecto del "Centro de Salud Familiar Policlínico Metodista". Conforme con lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia dicha información, en principio, es de naturaleza pública salvo que concurra a su respecto una causal de secreto o reserva.

2) Que, en su respuesta, la reclamada denegó la entrega de la información solicitada fundado en que "se encuentra aún en proceso el sumario sanitario respectivo" en que incide el acta solicitada. Enseguida, con ocasión de sus descargos, la SEREMI de Salud de la Región de la Araucanía aduce que en la especie concurre la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia. Al efecto, manifestó que los documentos solicitados sólo constatan hechos que posteriormente durante el curso del procedimiento investigativo podrían ser desvirtuados, de modo que la divulgación de los antecedentes podría vulnerar el derecho del afectado a un debido proceso.

3) Que conforme con lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, se podrá denegar total o parcialmente la información cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente "tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicos una vez que sean adoptados".

4) Que, conforme a lo razonado sostenidamente por este Consejo para que se configure la causal de reserva en comento, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política, y b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.

5) Que, respecto al primero de los requisitos señalados en el considerando precedente, este Consejo ha estimado que debe existir un vínculo preciso de causalidad entre los antecedentes o deliberaciones previas y la resolución o medida a adoptar por dicho órgano. En la especie, la reclamada ha manifestado que en las actas de fiscalización se constatan hechos que eventualmente pueden constituir infracciones que son investigadas en el respectivo sumario sanitario. Sobre el particular, cabe agregar que el artículo 163 del Código Sanitario, previene que cuando se trate de sumarios sanitarios iniciados de oficio, deberá citarse al infractor después de levantada el acta respectiva. En dicho contexto, cabe colegir que el acta solicitada tiene el carácter de antecedente previo al pronunciamiento de la reclamada en el antedicho procedimiento investigativo.

6) Que, en relación al segundo de los requisitos, es dable consignar que el órgano reclamado no ha señalado en qué medida la entrega del acta solicitada afectaría el desarrollo del procedimiento sumarial en comento, o si, eventualmente, se entorpecería la adopción de la decisión que debe adoptar en el mismo. En consecuencia, el órgano reclamado no ha acreditado la concurrencia de la causal de reserva alegada en la especie, contemplada en el artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia.

7) Que, establecido lo anterior, se advierte que las alegaciones del órgano reclamado se vinculan más bien con la eventual afectación que la entrega de la información podría ocasionar a la persona jurídica a que se refiere el acta solicitada. A juicio de este Consejo, de haber estimado que la divulgación del documento solicitado tenía mérito suficiente para haber amagado algún derecho del mencionado centro de salud, no procedía que la reclamada se subrogara con sus alegaciones en los derechos del mencionado tercero, sino que debía dar aplicación al procedimiento previsto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia para que éste ejerciera su derecho de oposición, trámite que la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de la Araucanía no llevó a cabo en la especie y cuya omisión le será representada en lo resolutivo de la presente decisión.

8) Que, el Centro de Salud Familiar Metodista en respuesta al traslado que le fuera conferido por este Consejo se ha opuesto a la entrega de la información solicitada mientras no se afine el procedimiento administrativo en que incide. Al respecto, se advierte que más allá de manifestar su oposición a la entrega del documento solicitado, el aludido establecimiento de salud no ha señalado fundadamente de qué modo su divulgación pueda afectar sus derechos en los términos previstos en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, esto es, "cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico".

9) Que, para la debida ponderación de la afectación de los derechos del tercero involucrado debe tenerse presente la naturaleza del documento solicitado -acta de inspección-, el cual conforme con el Manual de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud, aprobado mediante resolución exenta N° 216 de 13 de abril de 2012, contiene, entre otras menciones, los "hechos que constituyen la eventual infracción a la normativa sanitaria presuntamente infringida y alusión a ésta, con su respectiva denominación si fuere posible." Agrega el mencionado manual, que "el acta evitará cualquier juicio de valor sobre los hechos, además de toda apreciación subjetiva de las circunstancias que rodean los hechos, los cuales serán señalados en la forma como fueron percibidos por los sentidos o los medios instrumentales que permitan su percepción."

10) Que, al efecto, cabe consignar que el acta de fiscalización remitida por la reclamada a este Consejo sólo da cuenta de determinadas observaciones efectuadas por el ministro de fe y las acciones que el establecimiento debía realizar con el objeto de subsanar tales constataciones dentro del plazo que ahí se señala. En dicho contexto, y atendido que el documento en análisis sólo tiene por objeto dejar constancia de circunstancias objetivas de carácter fáctico percibidas por el fiscalizador, sin atribuirles una calificación jurídica determinada, no se advierte una afectación a los derechos del tercero en los términos alegados por la reclamada.

11) Que, conforme con lo razonado precedentemente, se acogerá el presente amparo, y se requerirá a la reclamada que haga entrega al solicitante del documento solicitado, debiendo para ello tarjar previamente el número de cédula de identidad de las personas naturales que ahí se individualizan, en aplicación de los artículos 2°, letra f), 4° y 7° de la Ley N°19.628, sobre protección a la vida privada, así como por lo dispuesto por el principio de divisibilidad establecido por el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Mariano Díaz Martin, en contra de la SEREMI de Salud de la Región de la Araucanía, de acuerdo a los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región de la Araucanía:

a) Hacer entrega al reclamante de la información consignada en el literal b) de la solicitud tarjando previo a su entrega los datos señalados en el considerando 11 del presente acuerdo.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Representar al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región de la Araucanía la infracción al artículo 20 de la Ley de Transparencia, al no haber dado lugar al procedimiento de oposición reglado en dicho precepto.

IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Mariano Díaz Martin, al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región de la Araucanía, y al Centro de Salud Familiar Metodista, este último en su calidad de tercero interesado.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.