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Pedro Anguita Ramírez con DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Rol: A90-09

Consejo para la Transparencia, 23/02/2010

Se formuló amparo en contra de la DNSC, ya que solicitó información sobre el proceso de selección implementado para proveer los cargos de Director Jurídico y Director de Estudios del Consejo para la Transparencia y, específicamente, la evaluación de sus antecedentes y su puntaje, así como la evaluación y puntaje de los antecedentes de las personas que fueron incluidas en las nóminas de candidatos elegibles para ambos cargos. El Consejo estimó que deben mantenerse en reserva los antecedentes referidos a la evaluación sicológica, la evaluación descriptiva de atributos y la conclusión del informe sicolaboral de los participantes en los procesos de selección, además estima que existan derechos de la consultora HK Human Capital que pudieran verse afectados por la entrega de la información requerida por el reclamante. (Con voto dirimente y disidente)


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Trabajo
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 




Consejeros:

  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Dirimente), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Disidente)
  • Raúl Urrutia Ávila (Disidente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL A90-09 

Entidad pública: Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC)

Requirente: Pedro Anguita Ramírez

Ingreso Consejo: 12.06.2009

En sesión ordinaria N° 127 de su Consejo Directivo, celebrada el 23 de febrero de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol A90-09.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 y 19 N° 14 de la Constitución Política de la República; la Ley N° 20.285, de 2008, sobre acceso a la información pública; la Ley N° 19.880, del 2003, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 19.628, sobre protección de datos personales; la Ley N° 19.882, que regula la nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285 y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 30 de abril de 2009, don Pedro Anguita Ramírez solicitó a la Dirección Nacional del Servicio Civil (en adelante DNSC) información sobre el proceso de selección implementado para proveer los cargos de Director Jurídico y Director de Estudios del Consejo para la Transparencia y, específicamente, la evaluación de sus antecedentes y su puntaje, así como la evaluación y puntaje de los antecedentes de las personas que fueron incluidas en las nóminas de candidatos elegibles para ambos cargos.

2) RESPUESTA: La solicitud de acceso a la información, fue respondida por la Directora Nacional del Servicio Civil, mediante Resolución Exenta N° 333, de 29 de mayo de 2009, que deniega la solicitud de acceso a la información por las causales que resumidamente se indican a continuación:

a) Afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política (artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia y artículo 7° de su Reglamento): Para explicar la concurrencia de esta causal se describe, primero, la función que realiza la DNSC, que es principalmente asegurar y garantizar el eficaz y eficiente funcionamiento del Sistema de Alta Dirección Pública (en adelante SADP), cuya piedra angular es el proceso de selección de directivos. La reserva se fundaría en que:

i) El art. 55 de la Ley N° 19.882 señala que el proceso de selección de los altos directivos públicos “tendrá el carácter de confidencial”, lo que obligaría a disponer las medidas necesarias para mantener en reserva la identidad de cada participante.

ii) La selección de las personas implica evaluar rigurosamente competencias para un cargo, lo que incluso incluye aspectos de la personalidad desconocidos por los mismos participantes.

iii) El proceso considera la opinión de consultoras externas y terceros que ofrece como referencia cada candidato para contrastar los elementos curriculares con el saber práctico que exhibe el desempeño pasado de la persona. Estas opiniones calificadas deben ser resguardadas del interesado y de terceros con el objeto de darles mayor imparcialidad y objetividad.

iv) La confidencialidad es una cláusula esencial incorporada en las bases de licitación y los contratos de prestación de servicios suscritos con las empresas expertas en selección de personal, debiendo entenderse que este marco contractual incluye lo establecido en el art. 55 de la Ley N° 19.882.

v) Existen prácticas y estándares internacionales en materias de selección y reclutamiento que exigen confidencialidad de la actividad desarrollada por head hunters y evaluadores de selección de personal, fundadas en dotarlos de objetividad para discriminar al postulante que se acerca al perfil del cargo definido por el mandante. De no garantizarse esta condición se moderarían los juicios y observaciones respecto del candidato; de igual modo, podría exponerse a quienes emitan unos y otras a presiones que conviene evitar.

vi) La reserva o confidencialidad constituiría un estándar profesional y un imperativo legal cuya vulneración lesionaría principios básicos de los postulantes y de los consultores, e importaría un detrimento que el legislador buscó evitar al otorgar el carácter de reservado al proceso de selección del SADP, pues impediría que la Dirección contase con las empresas expertas que necesita para llevar a cabo su labor.

vii) En definitiva, acceder a la solicitud atentaría contra el debido funcionamiento de la Dirección, puesto que el cumplimiento de su mandato legal (“seleccionar”) se apoya en una labor considerada por la ley como confidencial en atención a su naturaleza y a la eficacia de la misma.

b) Afectación de los derechos de las personas (artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y artículo 7° N° 2 de su Reglamento): En una triple perspectiva:

i) Derechos de las personas directamente afectadas: La protección de la salud, la integridad síquica y la dignidad de los postulantes exigen no entregar estos antecedentes, pues sólo pueden revelarse en un entorno clínico y con la asistencia profesional pertinente. Por otro lado, las opiniones vertidas por los expertos para un contexto laboral específico no pueden darse a conocer al evaluado, pues perderían todo sentido y efectividad en el cumplimiento de la función de seleccionar, interfiriendo en el proceso de selección que debe discriminar quienes son los mejores para ocupar cargos públicos adscritos al SADP. Las opiniones de los expertos deben ser resguardadas por la confidencialidad, incluso del mismo referido, quien fuera de contexto, puede ver afectada su integridad síquica y su dignidad. Por lo anterior, no correspondería entregar los informes sicolaborales al propio postulante, máxime si el titular de dicho informe no es éste, sino la autoridad que solicitó asesoría profesional para evaluar si un individuo posee las competencias necesarias para desempeñarse en un plaza concursada.

ii) Derechos de otros postulantes (distintos del postulante requirente de la información): Los informes de evaluación psicolaboral serían reservados por contener datos sensibles, considerando que el artículo 2° g) de la Ley N° 19.628, sobre protección de datos personales, define como tales los datos personales “que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como… los estados de salud físicos o psíquicos…”. Para arribar a esta conclusión, debe considerarse que esta misma ley agregó un nuevo inciso al art. 127 del Código Sanitario, en cuya virtud “las recetas médicas y análisis o exámenes de laboratorios clínicos y servicios relacionados con la salud son reservados” debiendo incluirse en este supuesto los informes emitidos por psicólogos conforme a lo señalado por los arts. 112 y 113, inc. 3°, del Código Sanitario. Dado que los datos sensibles no pueden ser tratados sino en las situaciones excepcionales del artículo 10 de la Ley N° 19.628, que no concurren en este caso, no sería factible entregar esta información, tal como ha reconocido el Dictamen N° 31.250/2008, de la Contraloría General de la República, que en un caso concreto prohibió entregar a terceros los informes psicológicos de los candidatos a un cargo público. A mayor abundamiento, el reclamado señala que la confidencialidad del artículo quincuagésimo quinto de la Ley 19.882 impide que la DNSC, incluso con la aceptación del evaluado, proporcione los antecedentes de su informe psicolaboral, ya que la ley exige resguardar su identidad y el tratamiento confidencial de los elementos constitutivos del proceso de selección. Lo anterior se vería reforzado porque los candidatos postulan bajo la premisa de participar en un proceso de selección de carácter confidencial, cuestión que se vincula no sólo a la protección de su vida privada, sino que también a la seguridad en el empleo, ambos derechos de rango constitucional. En efecto, debe protegerse la legítima posibilidad que tiene una persona de buscar nuevos puestos de trabajo sin afectar el que tiene.

iii) Derechos del evaluador (consultora especializada): La publicidad de la información solicitada afectaría los derechos e intereses del evaluador, cuyo trabajo sería expuesto a un escrutinio descontextualizado y generalmente realizado por quienes carecen del conocimiento y las habilidades necesarias para dimensionarlo en forma adecuada, haciendo inútil la participación de las empresas consultoras expertas y, más aún, imposibilitando dicha participación al vulnerarse la regla del sigilo presente en el desarrollo de sus actividades y en la reserva del proceso de selección, que permite que todos estén dispuestos a concursar y que cada postulante sea evaluado en forma rigurosa y profesional.

c) Afectación de la seguridad e interés nacional (artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia y artículo 7° N° 4 del Reglamento de dicha Ley): La DNSC señala que pueden existir casos concretos de procesos de selección de altos directivos cuyo sigilo pueda sustentarse en la causal de seguridad nacional frente a requerimientos precisos de acceso a la información. En tanto, el interés nacional también justificaría las características de secreto o reserva del nuevo proceso de selección de los altos directivos públicos “al menos en esta etapa fundacional”. El proceso de selección regulado por la Ley N° 19.882 sería un caso excepcionalmente caracterizado por su carácter secreto, como rasgo instrumental para el desempeño eficaz y eficiente de un mecanismo de selección exigente, profesional y calificado por sus resultados, orientado a incorporar al servicio público a personas altamente capaces. En ese contexto la confidencialidad tendría un valor instrumental para lograr un cambio profundo en la provisión de cargos públicos altamente relevantes, con criterios y estándares exigentes, mejorando la gestión de los servidores públicos y con ello la del Estado, todo lo cual estaría justificado en el interés nacional. En el mismo sentido se explica que la confidencialidad sería básica en los procesos homólogos de reclutamiento de directivos para el sector privado — protegiendo a las personas más idóneas del escrutinio público, sobre todo si no resultan seleccionadas pese a sus méritos —, por lo que en el mundo público debería replicarse el mismo rasgo para obtener el mismo éxito, especialmente porque sería una condición necesaria para contar con el apoyo de consultoras especializadas en estos procesos. Por lo mismo, divulgar esta información desarticularía al SADP en su base, alejando de él a los mejores postulantes y a las consultoras especializadas, máxime si los interesados en obtener esta información carecerían de conocimientos especializados para evaluarla o entorpecerían, al conocerla, la acción estatal. Se añade que también sería de interés público resguardar a la autoridad, a través de esta reserva, de presiones indebidas que no consideren los principios de mérito y de responsabilidad política que inspiran al SADP.

3) COMUNICACIÓN A TERCEROS SEGÚN ART. 20 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA:

a) OPOSICIONES AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

i) OPOSICIÓN DE HK HUMAN CAPITAL:

1. La consultora HK Human Capital fue notificada del requerimiento, mediante el Ord. N° 618, de 5 de mayo de 2009. La empresa se opuso a la entrega de la información requerida, mediante carta de 12 de mayo de 2009. Las razones de su oposición fueron:

2. Señala que ha realizado un servicio de búsqueda y selección de candidatos bajo el principio de confidencialidad, que sin estar reñido con la probidad y la transparencia, les impide revelar lo solicitado.

3. El principio de confidencialidad les vincula doblemente: la compromete con su cliente, la DNSC y con los candidatos en los procesos de selección.

4. Indica que se ha comprometido a guardar la confidencialidad en razón de los siguientes documentos: “Compromiso de Confidencialidad de la información. Lineamientos Operacionales para la Contratación de Servicios de Búsqueda y Evaluación de Altos Directivos” de Marzo de 2008, asumiendo HK: “el compromiso de resguardar la confidencialidad y reserva estricta de los antecedentes de postulación” y “Convenio Marco de Marzo de 2009”, que entre otras materias, indica lo siguiente: “2.2.1. Principios del Sistema de Alta Dirección Pública que deben ser garantizados a través del contacto y relación que se establezca con los/as candidatos/as. Los procesos de selección de altos directivos públicos se han organizado en etapas independientes y consecutivas, las cuales, en base a los estipulado por la ley N° 19.882, deben implementar procedimientos que garanticen ciertos principios considerados fundamentales que son: (…) La confidencialidad que se traduce en mantener en reserva la identidad de cada candidato/a”.

5. Señala que ni los candidatos ni quienes facilitaron referencias sobre los mismos, tenían conocimiento que sus nombres, su postulación o sus opiniones podrían llegar a ser públicas. Por consiguiente, no pueden vulnerar la confianza depositada en HK. Sólo se podrían revelar los antecedentes personales de los candidatos y sus referencias con la autorización expresa de cada uno de ellos.

6. A su entender, la divulgación o comunicación de los datos a terceros podría afectar sus derechos, acarrearles importantes daños económicos y en sus relaciones laborales, pudiendo ver sus actuales puestos de trabajo afectados de manera importante, lo que ha sido reconocido por la Ley de Transparencia en su artículo 21 N° 2.

7. Agrega que la confidencialidad constituye un “activo” de trabajo relevante en las empresas como HK. De hecho, manifiesta que la consultora podrá realizar su tarea de búsqueda de altos directivos para la provisión de cargos con personas adecuadas a los perfiles solicitados, en la medida que pueda asegurar la más completa confidencialidad de su participación a los postulantes y a aquellos a quienes la consultora proponga formar parte del proceso de selección.

8. Señala que la ausencia de riesgo futuro de verse constreñidos a dar publicidad a los procesos de selección, asegura la autonomía de los evaluadores que podrán conceptuar a los candidatos de acuerdo con los requerimientos de la DNSC. En definitiva, la reserva facilita la selección que haga el órgano para proveer los cargos con las personas más adecuadas para los mismos, lo que redunda en una gestión pública más eficaz.

9. La evaluación y selección se hace entre los candidatos que compiten para la provisión de un cargo. Por ello, señala, dichos procesos no pretenden una objetividad de cada candidato, sino que su fin es determinar las cualidades y las debilidades de éstos, lo que se va ponderando en función del grupo concreto de candidatos que postulan al mismo cargo.

10. Agrega que no ve oportuno comunicar los resultados de una evaluación a un candidato que lo requiera, porque se trata de resultados que se hacen en consideración a las competencias de los competidores para el cargo que se quiere proveer, de modo que no considera exclusivamente las destrezas y habilidades reales de una persona, sino que éstas se ponderan en función del cargo.

11. Indica que entregar dichos resultados puede causar más daño que beneficio al mismo solicitante. Por ejemplo, señala, una persona puede ser marginada de un proceso porque ha debido competir con otros candidatos mucho más calificados que él o porque, aunque es una persona muy valiosa, no cumple con el perfil adecuado para el cargo que se presentó.

12. Agrega que, de conformidad con los procedimientos establecidos por la DNSC, HK no tiene conocimiento de la nómina de candidatos elegibles, por ser una tarea que compete al Consejo de Alta Dirección Pública, por lo que no podría entregar dicha información.

13. Finalmente, recalca que la calidad y éxito de los procesos de selección se basan en que la consultora llegue a individualizar con el mayor realismo posible, las fortalezas y debilidades de los candidatos para determinar su adecuación al puesto que debe proveerse. Para ello, manifiesta, es fundamental que tanto los candidatos y quienes den sus referencias tengan confianza en la profesionalidad y confidencialidad de la empresa que realiza la búsqueda del personal.

ii) OPOSICIÓN DE TERCERO : El tercero, fue notificado del requerimiento, mediante Ord. N° 614, de 5 de mayo de 2009, oponiéndose mediante carta de 11 de mayo de 2009, por las siguientes razones:

1. Se opone a la entrega de la información relacionada con su persona en el concurso para proveer el cargo de Director de Estudios del Consejo para la Transparencia.

2. Su oposición se fundamenta en que la entrega de sus antecedentes podría provocarle conflicto de intereses respecto al ejercicio de su profesión y las personas y empresas para las que presta servicios. Señala que la participación en el proceso de selección requiere de la más alta confidencialidad, la que se le planteó y ofreció por la consultora contratada por la DNSC

3. Ejerce su derecho de oposición no sólo respecto del requerimiento de don Pedro Anguita Ramírez, sino también respecto de otras solicitudes futuras relacionadas con su participación en proceso de selección para el cargo de Director de Estudios del Consejo para la Transparencia.

b) TERCEROS QUE NO SE OPUSIERON DENTRO DEL PLAZO DEL ART. 20: Cuatro terceros no se opusieron a la entrega de la información, no obstante ser comunicados del requerimiento mediante Oficios de la DNSC N°s 615, 617, 619 y 621, todos de 5 de mayo de 2009.

c) TERCEROS QUE ACCEDIERON A LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN: Dos terceros accedieron expresamente a la entrega de la información requerida, habiendo sido comunicados por la DNSC mediante Oficios N°s 620 y 616, ambos de 5 de mayo de 2009: Se trata de don Enrique Rajevic Mosler (carta de 12 de mayo de 2009) y don Eolo Díaz-Tendero (carta de 13 de mayo de 2009). Cabe señalar que se trata de los candidatos que fueron elegidos para desempeñar los cargos concursados.

4) AMPARO: Don Pedro Anguita Ramírez, en virtud de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el art. 24 de la Ley de Transparencia, formuló amparo ante este Consejo por denegación de acceso a la información, el 12 de junio de 2009, en contra de la DNSC, fundamentando dicho amparo en los siguientes argumentos:

a) Señala que la primera causal invocada por la DNSC, el art. 21 N° 1 letra b), es errada debido a que intenta asociar el “deber de confidencialidad” como una hipótesis de secreto y reserva, interpretación desafortunada, dado que se trata de términos disímiles. Si el legislador le hubiese querido dar el carácter de “reserva o secreto” habría empleado tales conceptos. En caso de admitir la interpretación dada por el Consejo de la Alta Dirección Pública, los órganos estatales estarían facultados para “decretar la reserva o secreto” de toda la información que detentan de modo subjetivo o caprichoso, desvirtuando con ello el espíritu de la Ley de Transparencia.

b) Por otra parte, agrega que el deber de “confidencialidad” que posee el órgano requerido recae al tiempo del “proceso de selección”, por lo que una vez finalizado, la obligación cesa. La solicitud de información, en el caso, fue presentada una vez que el proceso había terminado, por lo que el supuesto deber de confidencialidad ya no existe.

c) Con respecto a que la divulgación de la información requerida afectaría al SADP debido a que su función de seleccionar personas idóneas con libertad y de un modo objetivo y ecuánime, señala el reclamante que resulta un argumento inadmisible, dado que no puede advertirse la relación de causa y efecto de tal afirmación. Así, lo que sostiene el órgano requerido es una especie de petición de principios, en que “se pretende asociar la eficacia y eficiencia al total secretismo” con que debían estar revestidos estos procesos de selección, dado que las empresas de recursos humanos involucradas en estas elecciones de los cargos de la Administración del Estado y el mismo Consejo de la Alta Dirección Pública, podrían verse afectadas.

d) Señala que no pueden advertirse las razones por las cuales los consultores externos tengan que "moderar sus juicios y observaciones" y que se vean expuestos a presiones por parte de los postulantes, en el caso que éstos accedan a sus evaluaciones, particularmente, cuando el proceso de selección ha finalizado.

e) Manifiesta que la Ley N° 19.882, facultó al SADP para la contratación de empresas de recursos humanos, por lo que si una solicitud como la que motiva el presente amparo afecta su labor, el órgano requerido debería prescindir de sus servicios y buscar a aquellas consultorías externas que puedan realizar las tareas requeridas con la transparencia que se exige constitucional y legalmente en el ejercicio de la función pública. Sólo así se podría compatibilizar, indica, el funcionamiento del SADP con el derecho de acceso a la información de las personas.

f) En cuanto a la segunda causal invocada por la DNSC, el artículo 21 N° 2, señala que es la causal “más excéntrica”, puesto que el órgano reclamado defiende su negativa debido a que afectaría la dignidad, la protección de la salud y, por último, la integridad psíquica de las personas.

i) En relación con los derechos de los mismos postulantes: El reclamante, señala en su amparo, que no se hace cargo del “absurdo” y el “desinteresado” interés del órgano reclamado en proteger el equilibrio y estabilidad emocional del mismo reclamante, para no proceder a entregarle la información solicitada, pero dado que se trata de proteger sus derechos, estima que no hay una persona que se encuentre en una mejor posición para evaluar sobre lo que le puede afectar en sus derechos que su titular, que en el caso es el mismo reclamante. Por otra parte, indica que le resulta extraño que existieran informes psicoIaborales de su persona, puesto que nunca fue entrevistado en el proceso de postulación y entiende que la entrevista previa debería ser un requisito para poder ser emitidos.

ii) En cuanto a la alegación del órgano sobre que éste sería el titular de la información requerida, el reclamante señala que este punto es absolutamente irrelevante puesto que al tenor de la Ley de Transparencia, se presume pública toda la información en poder de los órganos del Estado y que el derecho de acceso a la información que tiene todo ciudadano, comprende el derecho a solicitar toda aquella información elaborada con presupuesto público. Señala que la circunstancia que la DNSC crea suya esta información que en su momento encargó a un tercero (consultora especializada) es una demostración “palmaria” de una equivocada interpretación que se le está dando a la Ley, afectando no sólo al requirente, sino a todo el sistema administrativo sujeto a su dirección.

iii) En cuanto a la alegación del órgano que la entrega de la información requerida puede afectar los derechos de los demás postulantes del concurso público, el reclamante señala que, en este caso, el órgano requerido no cita los derechos que supuestamente se vulneran de dichas personas. Sostiene que los informes psicoIaborales que emitirían los consultores externos, contendrían datos sensibles los cuales se encontrarían protegidos por la Ley N° 19.628. Agrega que resulta inimaginable que una entrevista laboral indague y, por lo mismo, recopile y procese datos sensibles.

iv) El reclamante destaca que la DNSC en su sitio institucional publica que en el contexto del sector público chileno, sus políticas de recursos humanos deben considerar en su elaboración, el marco general que contenga entre otras normas, el Código de Buenas Prácticas Laborales, el cual en su punto 1 titulado “Procesos de reclutamiento y selección”, en su letra b, expresa que “Los procesos de reclutamiento y los llamados a concurso no deberán contener sesgos de ningún tipo, ni emplear lenguaje discriminatorio, ni requerir antecedentes personales que excedan las exigencias del cargo y no estén referidas directamente a éste”.

v) El reclamante agrega que no advierte qué relación pudiese existir entre una entrevista laboral y el diagnóstico de estados de salud físicos, ni menos psíquicos y no aprecia en qué forma la solicitud de información pudiese afectar los datos sensibles de los postulantes que fueron incluidos en la nómina entregada a la autoridad encargada de su nombramiento. Indica que, ciertamente, el acceso a la información requerida implicará que el reclamante pueda conocer la identidad de los postulantes, sus antecedentes curriculares y su evaluación, una vez finalizado el proceso de selección, lo cual todo candidato a un cargo público debe necesariamente tener presente. A diferencia de la postulación a un puesto o cargo en una empresa privada, todo concurso público, a una función o cargo público debe estar revestido de publicidad desde la definición del perfil, el llamado a desempeñarlo, las funciones, las remuneraciones y también su resolución.

vi) En cuanto a los derechos del evaluador y de la consultora especializada, el reclamante manifiesta que la DNSC no sólo reclama un secretismo mal entendido para el ejercicio de sus funciones, sino que lo extiende más allá de “lo razonable” a las empresas de recursos humanos a quienes contrata para que evalúen a los postulantes interesados en concursar a altos cargos de la Administración del Estado. En cuanto a este punto de que el trabajo de las consultoras externas puede ser expuesto a escrutinio público y que se afectaría su libertad para una evaluación rigurosa, objetiva y profesional de los postulantes, lo que haría inútil su participación, el reclamante afirma que la Ley de Transparencia, sin embargo, exige la afectación de derechos de las personas, no la mera posibilidad de su afectación. El órgano requerido, continúa el reclamante, conjetura sobre la posibilidad que ocurra, al plantear que “...dicha publicidad afectaría los derechos del evaluador...” o que “...el conocimiento por parte de los candidatos de sus respectivos informes, puede afectar la libertad y objetividad con que el especialista (consultor externo) emite juicios respecto de los mismos”. Aparte de plantearlo como una probabilidad, recalca el reclamante que la DNSC no indica el derecho afectado con la revelación de la información solicitada. Ninguno de los derechos que destaca el legislador en la causal consagrada en el art. 21 N° 2 se afectarían: ni la vida privada, tampoco su seguridad o salud, - derechos cuyos titulares solo pueden ser personas naturales- ni tampoco derechos de carácter comercial o económico. Asimismo, advierte que claramente, no se afectaría derecho alguno de las empresas consultoras externas.

g) En relación con el art. 21 N° 4, invocado por la DNSC, el reclamante declara que ignora cómo una postulación a un cargo como el comentado, pudiera afectar el interés nacional. La Ley exige, agrega, la vulneración no de un derecho sino a un interés general, más allá del individual o de cualquier tipo o entidad. El mismo órgano requerido reconoce la dificultad de alegar tal causal y plantea también la posibilidad de lesionar el interés nacional, no una afectación de éste. Indica que se formula una hipótesis especial del interés nacional muy alejado de las descritas a modo ejemplar por el legislador: la salud pública, relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país, ninguno de los cuales se lesionaría o afectaría. Agrega que la DNSC, conjetura también que el acceso a la información requerida acarrearía que las empresas consultoras externas se abstendrían de seguir participando en los procesos de selección. El reclamante manifiesta, en definitiva, que lo argüido por la DNSC en este punto, es una “auténtica razón de Estado para no acceder a la información”.

h) Señala que si la solicitud de información tiene la aptitud de provocar los efectos que injustificadamente teme la DNSC, significa que la base sobre la cual descansa todo el SADP es extremadamente frágil. Agrega que resulta curioso, en este sentido, que el órgano requerido califique el requerimiento de acceso a la información como la representación de un interés puramente privado, mientras que el interés público o nacional estaría, según la DNSC, asociado al sigilo y secreto que reclama para no revelar la información.

i) Indica que no hay mejor forma de servir al interés nacional que asegurar que la función pública se ejerza con transparencia, cuestión que a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia constituye un rasgo esencial de toda la actividad estatal y gubernamental. En virtud del principio de la transparencia de la función pública se debe permitir y promover el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de ella. En este sentido, señala que toda autoridad y funcionario de la Administración del Estado debe dar estricto cumplimiento al principio de transparencia de la función pública, que consiste en el deber de respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información.

j) El reclamante expresa que la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia configuró una nueva relación entre el Gobierno y las instituciones públicas y los ciudadanos. De la letra y espíritu de la Ley, se deduce que la regla general en la actuación de los órganos públicos es la transparencia en su funcionamiento y el acceso a la información de los órganos del Estado, salvo las excepciones legales. En consecuencia, las excepciones a la regla general de acceso a la información deben ser fundadas, con objeto que los ciudadanos puedan entenderlas y reclamar contra ellas, si corresponde. Cita en este punto los arts. 5°, inc. 2°, y 10 de la Ley de Transparencia, y el art. 8° de la Constitución.

k) Señala que la autoridad requerida invocó la confidencialidad para denegar la entrega de los antecedentes solicitados, causal que no se adecúa ni encuentra fundamento normativo en ninguna de las excepciones que establece la ley. La única vinculación del deber de confidencialidad que tiene el órgano requerido podría ser la afectación de los derechos de las personas, específicamente, la esfera de su vida privada. Sin embargo, tal argumento no tiene respaldo jurídico alguno, puesto que toda persona que postula a un cargo público en un concurso público debe necesariamente saber que los postulantes o cualquier persona podrían interesarse en comprobar la corrección y justicia del resultado. Para tal propósito, necesariamente se debe poder acceder a todos los antecedentes del proceso, su evaluación, ponderación y puntaje obtenido, tanto a los propios como de los demás partícipes.

l) El reclamante manifiesta que en Chile la elección de los más altos cargos de la República tiene una amplia publicidad y cobertura en donde se exponen públicamente los antecedentes curriculares y trayectorias profesionales de los candidatos, si se aplica tales estándares a las más elevadas magistraturas del país, ¿qué motivos habría para rebajarlos respecto a las personas que aspiran a desempeñarse en la Alta Dirección Pública? Agrega que sería un contrasentido que respecto de altos cargos directivos de instituciones estatales, particularmente en el mismo Consejo para la Transparencia, se impida el examen de los antecedentes que la DNSC se niega a entregar.

m) El reclamante indica que sin el acceso a la información básica y esencial, que está solicitando, no se puede ejercer el derecho de reclamación que confiere la Ley N° 19.882.

n) Finalmente, el reclamante afirma que de acuerdo a los antecedentes fácticos y jurídicos descritos, la DNSC ha incurrido en una infracción al denegar la información requerida, sin justificación plausible al invocar arbitraria y abusivamente de causales que no se adecúan a las descritas en el art. 21 de la Ley de Transparencia, impidiendo en consecuencia el acceso a la información requerida, razón por la cual solicita, además, la aplicación de sanciones.

5) DESCARGOS U OBSERVACIONES AL AMPARO:

a) DEL ORGANISMO: En sesión ordinaria del Consejo Directivo N° 59, de 16 de junio de 2009, se estimó admisible este amparo y se procedió a notificar el reclamo antedicho y a conferir traslado a la Directora Nacional del Servicio Civil, al tercero y a la consultora HK Human Capital, mediante Oficios N° 181 y N° 182, de 2 de julio de 2009 y N° 410, de 14 de agosto de 2009, respectivamente. Mediante Ord. N° 839, de 13 de julio de 2009, la Directora Nacional del Servicio Civil, evacuó el traslado conferido en el que reitera en su totalidad los argumentos de la denegación de acceso a la información, sin agregar nuevas afirmaciones. Acompaña a su traslado la resolución denegatoria de la información requerida.

b) DE LA CONSULTORA HK HUMAN CAPITAL: Mediante escrito de 28 de agosto de 2009, el representante legal de HK Human Capital, formuló los siguientes descargos u observaciones al amparo:

i) En primer término, señala que le llama la atención que el reclamante pretenda obtener información privada acerca de las personas que participaron en el proceso de selección, toda vez que ellas simplemente no fueron elegidas, en virtud de lo cual no pudo haber sido afectado en modo alguno por su participación en el referido proceso.

ii) Indica que la participación de las personas no elegidas constituye un hecho privado resguardado por normas de confidencialidad destinadas a proteger el derecho a la intimidad, mismo que pretende ser vulnerado por el recurrente intentando abusar de las normas sobre transparencia. Al mismo tiempo, la persona elegida para el cargo detenta un currículum público, que puede ser debidamente verificado por el reclamante.

iii) Agrega que, de acuerdo a los principios generales que informan nuestro ordenamiento jurídico, sería conveniente que el reclamante señale en primer término, el real y verdadero interés que le asiste para solicitar antecedentes privados de las personas que participaron en un proceso de selección, en circunstancias que la mayoría de ellas no fueron elegidas para el cargo y la persona elegida detenta un currículum público.

iv) Manifiesta que la Ley N° 19.882 encomienda al Consejo de Alta Dirección Pública que, a través de la DNSC, lleve a cabo la selección de los altos directivos públicos. Para ello esta última contrata empresas consultoras que llevan a cabo la primera etapa del proceso de selección. El art. 55 de la citada ley dispone expresamente que el proceso de selección tendrá el carácter de confidencial, manteniéndose en reserva la identidad de cada candidato. La DNSC debe disponer de las medidas necesarias para garantizar dicha condición.

v) Señala que la referida confidencialidad no se extinguiría al finalizar el proceso de selección, tal como erradamente pretende el reclamante. Ello, porque la ley establece el principio de confidencialidad sin la pretendida limitación. Cita el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que define como confidencial aquello “que se hace o se dice en confianza o con seguridad recíproca entre dos o más personal”. En los procesos de selección de personal, la confidencialidad supone un entendimiento mutuo de reserva absoluta acerca de la participación misma en el proceso de selección, así como respecto de los antecedentes de las personas.

vi) De aceptarse la interpretación del reclamante, agrega, la referida norma no produciría el efecto perseguido, cual es el de permitir la participación de personas idóneas en los referidos procesos de selección, sin afectar sus derechos. Muchos de los participantes detentan trabajos vigentes, en virtud de lo cual HK tiene la obligación permanente de mantener en absoluta reserva su participación en el referido proceso de selección, ya que de saberse su postulación por sus respectivos empleadores ponen en serio riesgo su continuidad laboral.

vii) Señala que es de conocimiento general que parte del éxito de las búsquedas de ejecutivos se basan en la confidencialidad, en virtud de la cual las empresas de "head hunting" garantizan a quienes participan en los procesos de selección o a quienes proporcionan referencias acerca de los candidatos, que lo hacen bajo la condición de que sus nombres no serían dados a conocer a personas distintas de quienes tienen la tarea de decidir en el proceso.

viii) En lo demás, reitera los argumentos con ocasión de su oposición ante la DNSC, la que ya fue reseñada en el numeral 2) anterior.

c) DEL TERCERO QUE SE OPUSO EXPRESAMENTE A LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN: Mediante escrito de 22 de julio de 2009, el tercero evacuó el traslado conferido señalando que se opone a la entrega de cualquier dato relativo a su participación en el proceso de selección que entregue su nombre, entendiéndose con ello, los antecedentes de su postulación, evaluaciones sicológicas, entrevistas personales y otras, ya que cabrían dentro de la esfera de su vida privada e involucrarían, además, datos sensibles que podrían poner en riesgo su actual estabilidad laboral y económica, con las consecuencias que ello implica para su vida personal y familiar.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el SADP fue creado en 2003 por la Ley N° 19.882 para dotar a la Administración Pública chilena de un sistema integral de selección, formación, evaluación y desarrollo de altos directivos —jefes superiores y directivos de segundo nivel jerárquico— de cerca de un centenar de servicios de la Administración del Estado, con el propósito de favorecer la calidad, eficiencia y eficacia de su gestión y su modernización estructural.

2) Que el reclutamiento y selección de los cargos sometidos a este sistema es conducido por el Consejo de Alta Dirección Pública, órgano autónomo y desconcentrado situado en la estructura de la DNSC, que encarga parte de este proceso a empresas especializadas en selección de personal, según lo permite expresamente el artículo cuadragésimo segundo de la misma ley.

3) Que el art. 55 de la Ley N° 19.882 dispone que el proceso de selección de los altos directivos públicos “…tendrá el carácter de confidencial, manteniéndose en reserva la identidad de cada candidato” y añade que la DNSC “dispondrá las medidas necesarias para garantizar esta condición”. La misma reserva se establece en el art. 50 para la nómina de candidatos que seleccione el Consejo de Alta Dirección Pública en un concurso de primer nivel jerárquico, como también para los antecedentes profesionales y laborales de éstos.

4) Que el presente caso se refiere a los concursos para los cargos de Director Jurídico y Director de Estudios del Consejo para la Transparencia, solicitando el reclamante su propia evaluación personal —pues postuló a ambos llamados— y la evaluación y puntaje de los antecedentes de las personas que fueron incluidas en las nóminas de candidatos elegibles para ambos cargos que seleccionó el Consejo de Alta Dirección Pública. En relación a la entrega o reserva de la evaluación personal de los postulantes a un concurso desarrollado por la DNSC, es posible distinguir los siguientes elementos de tales evaluaciones:

a) Evaluación Sicológica;

b) Referencias de terceros;

c) Evaluación de atributos con puntaje;

d) Descripción de la motivación; y

e) Conclusión (síntesis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas).

5) Que la regla general en materia de acceso a la información administrativa se encuentra en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, según los cuales son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictación, salvo las excepciones que establece la misma Ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado. Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas.

6) Que en este caso se han planteado las siguientes causales de secreto o reserva para no divulgar la información solicitada:

a) La afectación del debido cumplimiento de las funciones que la ley le encomienda a la DNSC;

b) La afectación de los derechos de las siguientes personas:

i) El propio requirente, según plantea la DNSC;

ii) Los postulantes seleccionados para los cargos de Director Jurídico y Director de Estudios del Consejo para la Transparencia, quienes no se han opuesto a la entrega de información al requirente;

iii) El postulante para el concurso para proveer el cargo de Director de Estudios quien no fue seleccionado para el cargo y que se ha opuesto a la entrega de información al requirente; y

iv) La empresa especializada en selección de personal que llevó el proceso y que también se ha opuesto expresamente a la entrega de la información.

c) La afectación de la seguridad de la Nación y el interés nacional.

Para facilitar el análisis, cada una de ellas se tratará por separado.

7) Acerca de la afectación del debido cumplimiento de las funciones que la ley encomienda a la DNSC. El reclamado invocó esta causal constitucional en la hipótesis prevista en el art. 21 N° 1 b) de la Ley de Transparencia, esto es, cuando la publicidad, comunicación o conocimiento de la información requerida “…afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente… tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas”. Lo anterior, a juicio de la DNSC, se vería reforzado por el ya citado art. 55 de la Ley N° 19.882 que establece la confidencialidad de los procesos de selección en el SADP. A este respecto, debe tenerse presente que:

a) Las evaluaciones del requirente y de la persona designada en el cargo son antecedentes que sirven de fundamento para adoptar el acuerdo con la nómina de candidatos que el Comité de Selección del concurso propondrá a la autoridad competente.

b) De acuerdo a la DNSC esta reserva sería la piedra angular en el proceso de selección pues resguardaría la objetividad de los evaluadores, constituyendo un estándar en la actuación profesional de éstos.

c) Este Consejo estima que en el presente caso deben mantenerse en reserva los antecedentes referidos a la evaluación sicológica, la evaluación descriptiva de atributos y la conclusión (síntesis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) del informe sicolaboral de los participantes en los procesos de selección a que se refiere este caso, aplicando los criterios adoptados en la decisión que resolvió los recursos de reposición interpuestos en contra de las decisiones recaídas en los amparos Rol A29-09 y A35-09, de 30 de diciembre de 2009, y que se pasan a transcribir:

« a. La evaluación de los antecedentes señalados corresponde a un examen en un momento determinado y sobre la base de los atributos definidos por un mandante, todo lo cual dificulta medirlos en términos objetivos y supone la emisión de opiniones por parte de las consultoras dedicadas al reclutamiento de personal (head hunters), cuya claridad y asertividad es esencial para una debida prestación de sus servicios, tanto en el mundo público como en el privado, y de evidente utilidad para quienes deben decidir qué persona contratar. De allí que la DNSC se refiera a ellos como un “juicio de expertos”, difícilmente objetivable. Lo anterior hace que de difundirse esas opiniones se produzcan cuestionamientos difíciles de dirimir y que, además de no generar valor al sistema de reclutamiento, pueden provocar serios entorpecimientos en su funcionamiento regular.

b. Que precisamente el rol del Consejo de Alta Dirección Pública es administrar este sistema de selección con una visión de Estado cuestión que, entre otras cosas, supone velar por el adecuado desempeño de las empresas consultoras que elaboran estos informes. Para ello este organismo cuenta con una autonomía resguardada por el sistema de selección y permanencia de sus autoridades, ya que cuatro de sus consejeros/as deben ser ratificados por los cuatro séptimos de los senadores en ejercicio, duran 6 años en sus cargos y sus causales de cese son objetivas, según lo establecido en los artículos cuadragésimo tercero y siguientes de la Ley N° 19.882, de 2003;

c. Que, en estas circunstancias, de entregarse estos antecedentes el Sistema de Alta Dirección Pública se vería sometido a una magnitud de cuestionamientos cuyo volumen atentaría contra su debido funcionamiento. Previsiblemente, en muchos casos no se dejaría satisfechos a los interesados lo que podría llevar a mermar la claridad y asertividad de los informes, transformándolos en herramientas poco útiles. De allí que se estime que respecto de estos antecedentes deba aplicarse el art. 21 Nº 1 de la Ley de Transparencia, de manera de armonizar la transparencia con este especial sistema.

d. Por todo lo anterior, (…) se declarará la reserva de la evaluación sicológica, la evaluación descriptiva de atributos y la conclusión (síntesis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) del informe pues, aplicado el test de daño, se estima que el beneficio público resultante de conocer esta información es inferior al daño que podría causar su revelación».

d) Que, en conclusión, este Consejo estima que la entrega de los antecedentes que componen la evaluación personal de los postulantes a los concursos para selección de un cargo de Alta Dirección Pública afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la DNSC configurándose, entonces, la causal de secreto o reserva establecida en el art. 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia. Sin perjuicio de lo anterior, este Consejo requirió en la decisión comentada sobre los recursos de reposición interpuestos en contra de las decisiones recaídas en los amparos A29-09 y A35-09 que la DNSC elaborase una versión pública de los criterios que fundan la calificación final, tal como ofreció la Directora Nacional del Servicio Civil y Presidenta del Consejo de Alta Dirección Pública en el texto a través del cual interpuso dichos recursos.

e) En cambio, en la misma decisión el Consejo estimó que a todo evento debe entregarse un conjunto de información que volverá a requerir en este caso, estimando que tiene carácter público, que su difusión no afecta el debido cumplimiento de las funciones de la DNSC y que constituye, además, un medio indispensable para permitir el control de los procesos de selección y la retroalimentación de los postulantes. Se trata de los siguientes antecedentes:

i) La historia curricular del candidato;

ii) La descripción de la motivación;

iii) El puntaje asignado a cada atributo del perfil por la consultora; y

iv) El puntaje asignado a cada atributo del perfil por el Comité de Selección o el Consejo de Alta Dirección, según corresponda.

8) Acerca de la afectación de los derechos del propio requirente: Ante la petición de la evaluación y puntaje del propio solicitante en los referidos procesos de selección la DNSC ha invocado la causal constitucional de afectación de los derechos de las personas, prevista también en el art. 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, argumentando que entregar al requirente su propia información le afectaría, pues ésta sólo podría revelarse en un entorno clínico y con la asistencia profesional pertinente. Agregó que el titular de los informes sicolaborales no era el postulante a que se referían, sino la autoridad que solicitó la asesoría profesional para efectuar dicha evaluación. Al respecto este Consejo estima que:

a) Aunque el informe haya sido encargado por la DNSC el titular de los datos allí contenidos es la persona a que se refieren dichos datos, en este caso, el postulante requirente. Ello, por aplicación del art. 2° ñ) de la Ley N° 19.628, sobre protección de datos personales, que entiende por “titular de los datos” a “la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal”.

b) En consecuencia, el requirente tiene derecho a conocer su evaluación personal. Sin embargo, este Consejo estima necesario declarar la reserva de los siguientes antecedentes:

i) Las referencias de terceros dentro del proceso de selección. En efecto, estas opiniones deben mantenerse en reserva aún cuando se haya adoptado la decisión pues, en caso contrario, la sinceridad de estos testimonios se reduciría y les quitaría buena parte de su valor, de manera que el daño que originaría su difusión superaría a las ventajas de divulgar la información, lo que afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la DNSC.

ii) La evaluación sicológica, la evaluación descriptiva de atributos y la conclusión (síntesis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) del informe sicolaboral, por los mismos fundamentos señalados en el considerando anterior.

9) Acerca de la afectación de los derechos de los postulantes que fueron seleccionados para desempeñar los cargos concursados: En relación a la evaluación y puntaje de los antecedentes de los postulantes seleccionados para desempeñar los cargos de Director Jurídico y Director de Estudios del Consejo para la Transparencia debe señalarse que:

a) La DNSC señala que el acceso a la información solicitada expondría a los candidatos seleccionados a un escrutinio descontextualizado que afectaría sus derechos. Además, vulneraría el carácter de datos sensibles —y, por ello, reservados— que tendrían sus informes sicolaborales y contravendría, por último, la exigencia de reserva dispuesta en el art. 55 de la Ley N° 19.882 (“El proceso de selección tendrá el carácter de confidencial, manteniéndose en reserva la identidad de cada candidato. La Dirección Nacional del Servicio Civil dispondrá las medidas necesarias para garantizar esta condición”).

b) Por su parte, los dos candidatos elegidos para desempeñar los cargos que han motivado el presente amparo aceptaron expresamente que la información referente a ellos fuera entregada, sin invocar la afectación de alguno de sus derechos.

c) Que respecto a la alegación del art. 55 de la Ley Nº 19.882 cabe remitirse a lo señalado en la decisión recaída en el amparo A29-09, de 11 de agosto de 2009, específicamente su considerando 8º, principalmente a que la interpretación armónica de la Ley de Transparencia y la Ley N° 19.882 lleva a concluir que la confidencialidad de los procesos de selección de altos directivos públicos termina al finalizar éstos, vale decir, al determinarse la nómina de candidatos a proponer al jefe superior del servicio que corresponde —o al Presidente de la República, en su caso— y seleccionar éste último a uno de los candidatos. Producido lo anterior se aplica plenamente la regla general de publicidad establecida en el artículo 5° de la Ley de Transparencia, pues como afirma el propio art. 21 N° 1 b), los fundamentos de las decisiones son “públicos una vez que sean adoptadas”.

d) Que, no obstante lo anterior, en la decisión de este Consejo que resolvió las reposiciones interpuestas en contra de las decisiones recaídas en los amparos A29-09 y A35-09, de 30 de diciembre de 2009, se estableció que, no obstante la relevancia de las funciones públicas que deben desempeñar este tipo de cargos, deberían mantenerse en reserva los siguientes antecedentes de estas personas:

i) Las referencias de terceros dentro del proceso de selección, por las razones ya apuntadas en el considerando precedente.

ii) La evaluación sicológica, la evaluación descriptiva de atributos y la conclusión (síntesis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) del informe sicolaboral, por los mismos fundamentos señalados en el considerando 7º.

e) Para declarar esta reserva se tiene en consideración, además, que resulta plausible que la difusión completa de tales informes podría someter a estos directivos a situaciones inconvenientes para la gestión pública y el interés general. Por último, no debe olvidarse que aunque este Consejo ha declarado que la esfera de privacidad de los funcionarios públicos es más reducida que la del resto de las personas, en virtud de la función que ejercen (entre otras, decisión del amparo A47-09, de 15 de julio de 2009) no queda anulada y debe, en este caso, ser amparada.

f) En consecuencia, sólo debe entregarse la información a la que se ha hecho referencia en los literales d) y e) del considerando 7° de esta decisión. Es decir, la versión pública de los criterios que fundan la calificación final de las evaluaciones de los seleccionados, su historia curricular, la descripción de la motivación, el puntaje asignado a cada atributo del perfil correspondiente por la consultora y el Consejo de Alta Dirección Pública. En cambio, se estima que no pueden entregarse el resto de los informes y las referencias de terceros por las razones señaladas en los demás literales del mismo considerando y en el considerando 8º.

g) Se consigna que el punto anterior fue acordado en votación dividida resuelta por el voto dirimente del Presidente del Consejo, acompañado del voto del Consejero don Roberto Guerrero Valenzuela y con el voto en contra de los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don Raúl Urrutia Ávila, cuyo fundamento se inserta al final de esta decisión.

10) Acerca de la afectación de los derechos de los postulantes a los respectivos cargos que fueron incluidos en la nómina seleccionada por el Consejo de Alta Dirección Pública pero no resultaron elegidos en los cargos: En lo referente a este punto la invocación se basa en el art. 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

a) Como ya se dijo, la DNSC se opone a entregar la información de estas personas argumentando que expondría los candidatos a un escrutinio descontextualizado, vulneraría datos sensibles y la exigencia de reserva dispuesta en el art. 55 de la Ley N° 19.882 y expondría la seguridad en el empleo de los candidatos que no fueron seleccionados.

b) Por otro lado, uno de los candidatos de la nómina elegible se opuso a la entrega de su información a un tercero argumentando que sus evaluaciones, antecedentes y puntajes serían parte de su vida privada e involucrarían, además, datos sensibles que podrían poner en riesgo su actual estabilidad laboral y económica, con las consecuencias que ello implicaría para su vida personal y familiar. Añadió que durante el proceso de selección se le habría planteado que éste era confidencial.

c) Dado que dicho candidato no fue seleccionado ni pasó a ser un funcionario público este Consejo considera que se encuentra en una situación diferente a la de quienes si fueron elegidos. Como afirmamos en la decisión A35-09, de 11 de agosto de 2009, también dictada a propósito de un concurso de alta dirección pública, este Consejo, los postulantes no seleccionados tienen:

«…derecho a oponerse a la difusión de su identidad pues ella constituye un dato de carácter personal o dato personal, esto es, relativo “a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables”, según señala el art. 2° f) de la Ley N° 19.628, de 1999, sobre protección de la vida privada o protección de datos de carácter personal. Siendo así se aplicaría el artículo 7° de la misma ley, que obliga a quienes trabajen “en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados… a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público”, como sería el caso. Cabe recordar a este respecto que el artículo 33 m) de la Ley de Transparencia encarga a este Consejo “Velar por el adecuado cumplimiento de la ley Nº 19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado”».

d) A lo anterior debe añadirse que la decisión de postular a un cargo no tiene porque exponerse ante la comunidad en caso de no resultar ésta exitosa. Por lo anterior, este Consejo protegerá esta información del escrutinio público.

e) A mayor abundamiento puede señalarse que un criterio semejante ha sido adoptado por el Instituto Federal de Acceso a la Información de México (IFAI) en su resolución N° 3192/07, de 28.11.2007 (Carlos Ramírez con Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA), en la que optó por la reserva de la información de postulantes a un concurso público que no habían sido seleccionados, afirmándose que: “…la divulgación de los datos curriculares así como la información relativa a la decisión personal de concursar en una plaza y los resultados obtenidos por un individuo que no resultó ganador queda fuera de los objetivos de la Ley, ya que dicha información no trasciende al ámbito público y, en consecuencia, su difusión no contribuye a transparentar la gestión pública ni propicia la rendición de cuentas” (cons. 10°).

f) Que, en cambio, tratándose de los terceros que no se opusieron a la entrega de la información solicitada dentro del dentro del plazo del art. 20 se aplicará el tenor literal de su inciso final, esto es, que de no deducirse la oposición “se entenderá que el tercero afectado accede a la publicidad de dicha información”.

11) Acerca de la afectación de los derechos de la Consultora HK Human Capital (empresa especializada en selección de personal que estuvo a cargo de este concurso): En este punto la empresa invocó la causal de reserva establecida en el art. 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, a saber, la afectación de sus derechos como persona:

a) La consultora se opuso a la entrega, como ya se indicó, alegando que los informes que se entregan a los clientes son confidenciales por contener información reservada de los propios postulantes y referencias de.

b) Por otro lado, la DNSC señala que de divulgarse la información requerida el trabajo del evaluador se vería expuesto a un escrutinio descontextualizado por parte de personas que carecen del conocimiento y las habilidades necesarias para dimensionarlo en forma adecuada.

c) En ambos casos se plantea que la confidencialidad de los procesos de selección de directivos realizados por consultoras especializadas (también conocidas como “head hunters”), como HK, sería parte de los estándares tanto nacionales como internacionales para desarrollar estos procedimientos.

d) Analizando el art. 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, este Consejo no estima que existan derechos de la consultora HK Human Capital que pudieran verse afectados por la entrega de la información requerida por el reclamante, al igual que el criterio adoptado en la Decisión N° A29-09, el que no fue modificado por la decisión de 30 de diciembre de 2009, que resuelve las reposiciones interpuestas en contra de las decisiones recaídas en los amparos A29-09 y A35-09. Sin embargo, en cuanto a la información que se requiere y que elabora la consultora, en este caso, ya se ha señalado en los considerandos 7° y 8° de esta decisión que se revelará bajo las condiciones indicadas, protegiendo no los derechos de la consultora per se, sino más bien su trabajo y el funcionamiento de la DNSC por las razones ya indicadas.

12) Acerca de la afectación de la seguridad de la Nación y el interés nacional: Finalmente, la DNSC alega esta causal, prevista en la Constitución y en el art. 21 N° 3 y N° 4 de la Ley de Transparencia. Respecto a ellas debe señalarse que:

a) La DNSC afirma que sólo en casos muy concretos la revelación de información sobre procesos de selección podría afectar la seguridad de la nación, sin señalar cuáles serían ni tampoco cómo ésta podría afectarse, si, como en el caso, se da a conocer la evaluación y antecedentes de los candidatos elegibles para los concursos para Director Jurídico y Director de Estudios del Consejo para la Transparencia, específicamente los seleccionados en dichos cargos. Por ello, se rechazará este argumento.

b) También afirma que la publicación o conocimiento de la información solicitada afectaría al interés nacional. Ello, porque la confidencialidad del proceso de selección de altos directivos públicos aseguraría que el mecanismo de selección fuese exigente, profesional, calificado y orientado a incorporar al servicio público a personas altamente capaces, generando un cambio profundo y mejorando la gestión de los servidores públicos y con ello, la del Estado. La divulgación dañaría todo lo anterior y, por lo mismo, el interés nacional. Este último es un concepto jurídico indeterminado que alude a la conveniencia o beneficio de toda la sociedad. La forma en que lo plantea la DNSC, sin embargo, parece reconducirse más bien a la causal del art. 21 N° 1 de la Ley de Transparencia (afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano), de la que ya nos hemos hecho cargo, pues no justifica que la divulgación de la información solicitada se refiriese, siguiendo el art. 21 N° 4 de la Ley de Transparencia, “a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país” ni tampoco la forma en que la publicidad del mecanismo de selección afecta o pudiera afectar dicho interés en forma diversa de la que ya había sido planteada a propósito de la ya citada causal del art. 21 N° 1. En consecuencia, al no acreditarse un perjuicio o menoscabo del interés nacional deberá rechazarse esa hipótesis de secreto o reserva.

13) Cabe señalar, por último, que este Consejo no confirió el traslado a que alude el art. 25 de la Ley de Transparencia a los terceros que accedieron expresamente a la entrega de su información y a los que no se opusieron dentro del plazo establecido en el art. 20, pues en este último caso la Ley entiende que accedieron a la publicidad. Lo anterior, por no existir en esos casos un conflicto jurídico por dirimir entre dichos terceros y el reclamante, en lo relativo a la entrega de la información solicitada.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y D) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el reclamo interpuesto por don Pedro Anguita Ramírez en contra de la Dirección Nacional del Servicio Civil y requerir a su Directora la entrega de la siguiente información:

1) Respecto del requirente y postulante a los cargos de Director Jurídico y Director de Estudios del Consejo para la Transparencia:

a) Elaboración de una versión pública de los criterios que fundan su calificación final;

b) Su historia curricular;

c) La descripción de la motivación; y

d) El puntaje asignado a cada atributo del perfil correspondiente a este cargo por la consultora y el Consejo de Alta Dirección Pública.

2) Respecto de las personas seleccionadas en los cargos de Director Jurídico y Director de Estudios del Consejo para la Transparencia:

a) Elaboración de una versión pública de los criterios que fundan su calificación final;

b) Su historia curricular;

c) La descripción de la motivación; y

d) El puntaje asignado a cada atributo del perfil correspondiente a este cargo por la consultora y el Consejo de Alta Dirección Pública.

3) Respecto de los postulantes no seleccionados para desempeñar los cargos de Director Jurídico y Director de Estudios del Consejo para la Transparencia que fueron incluidos en las nóminas respectivas, y que no se opusieron a la entrega de la información requerida al ser notificados conforme el art. 20 de la Ley de Transparencia:

a) Elaboración de una versión pública de los criterios que fundan su calificación final;

b) Su historia curricular;

c) La descripción de la motivación; y

d) El puntaje asignado a cada atributo del perfil correspondiente a este cargo por la consultora y el Consejo de Alta Dirección Pública.

II. Requerir a la Directora Nacional del Servicio Civil:

1) Que entregue la información referida en el numeral anterior al reclamante, don Pedro Anguita Ramírez, dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde que esta decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de proceder en conformidad con el art. 45 y ss. de la Ley de Transparencia.

2) Que remita copia de la información indicada en el numeral anterior a este Consejo al domicilio Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para verificar el cumplimiento de esta decisión.

III. Recomendar a la Directora Nacional del Servicio Civil:

1) Que realice en el futuro una versión pública de los informes de evaluación de la terna o quina propuesta al Presidente de la República o a los jefes superiores de los respectivos servicios y, en particular, de la persona finalmente designada en el cargo objeto de algún proceso de selección llevado a cabo por dicha Dirección.

2) Que ante requerimientos semejantes, cuando comunique a los terceros su derecho a oponerse a la entrega de la información requerida, les entregue, bajo los resguardos que estime conveniente, el informe de evaluación respectivo para que tengan conocimiento de su contenido y puedan adoptar una decisión fundada en cuanto a oponerse o no a la entrega de esta información.

IV. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Pedro Anguita Ramírez, al tercero que se opuso a la entrega de la información y a la Directora Nacional del Servicio Civil.

VOTO DISIDENTE

Decisión acordada con el voto disidente de los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don Raúl Urrutia Ávila sólo en lo relativo a la información de los candidatos seleccionados, quienes disienten de lo señalado en el considerando 9º por las siguientes razones:

1) Que la condición de alto directivo público es de evidente interés público pues, como se indicó en la decisión A29-09, de 11 de agosto de 2009, el ejercicio de dichas funciones públicas interesa a toda la comunidad lo que supone un estándar de escrutinio público en el que la privacidad debe ceder en pos del necesario control social que debe ejercerse, en primer lugar, respecto a los procesos de selección y nombramiento de tales cargos y, luego, en el ejercicio de su función, que también estará sujeta al principio de transparencia de la gestión pública.

2) Que si bien es cierto que la divulgación de parte de la evaluación podría afectar el debido cumplimiento de las funciones de la DNSC es improbable que surjan esos conflictos tratándose de los seleccionados dado que, casi por definición, sus informes debieran ser positivos y, en caso contrario, la sociedad tiene derecho a conocerlos dada la relevancia de las funciones que les tocará desempeñar, particularmente si se tratase de elementos negativos significativos.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Juan Pablo Olmedo Bustos y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don Raúl Urrutia Ávila. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.