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Isabel Pilar Ortiz con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Rol: C614-09

Consejo para la Transparencia, 23/04/2010

Se dedujo amparo contra la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), frente a la respuesta parcial a solicitud de acceso a todos los antecedentes sicológicos y psiquiátricos referidos a ella que mantenga la PDI. El Consejo acoge el recurso porque no se respetó la forma de entrega requerida por la solicitante. Estima que la entrega de evaluaciones sicológicas y psiquiátricas no afectan el debido cumplimiento de las funciones de la PDI, porque este caso se trata de una evaluación síquica de la reclamante que no dice relación con un proceso concursal ni con la comparación del solicitante con otros postulantes y, que la entrega tampoco afecta los derechos de terceros, pues la requirente está legalmente autorizada a conocer y es titular de los datos de carácter personal que se contengan.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Documentación médica.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime)
  • Roberto Guerrero Valenzuela (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO C614-09
 
Entidad Publica: Policía de Investigaciones de Chile 
 
Requirente: Isabel Pilar Ortiz Cadena
 
Ingreso Consejo: 28.12.2009

En sesión ordinaria N° 143 de su Consejo Directivo, celebrada el 23 de abril de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C497-09.

VISTOS:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 23 de noviembre de 2009, doña Isabel Pilar Ortiz Cadena solicitó a la Policía de Investigaciones (en adelante también PDI), todos los antecedentes sicológicos y psiquiátricos referidos a ella, que mantiene la Institución, desde su postulación para efectuar su ingreso en la Escuela de Investigaciones Policiales hasta la fecha, en original o copias certificadas, cualquiera sea el formato o soporte en que se contengan.

2) RESPUESTA: La PDI respondió dicho requerimiento mediante escrito de 22 de diciembre de 2009, señalando que tras buscar en los registros de la Oficina de Admisión la información obtenida a través de la participación de la reclamante en el proceso de selección para Oficiales Policiales Profesionales, que finalmente devino en su incorporación a la PDI en la promoción 006-007, no pesquisó antecedentes que implicaran su no aptitud o impidieran su continuidad en dicho proceso. Se adjuntó a la respuesta el resultado obtenido por la requirente en el test “Inventario Multifásico de Personalidad Minnesotta” (M.M.P.I.), correspondiente a la primera etapa del proceso de selección, y las observaciones realizadas a partir de dichos resultados.

3) AMPARO: Doña Isabel Pilar Ortiz Cadena dedujo amparo a su derecho de acceso a la información ante este Consejo, el 28 de diciembre de 2009, fundamentado en que habría recibido respuesta negativa a su requerimiento que no correspondía a lo requerido. El día 21 de enero de 2010, la reclamante presentó escrito ante el Consejo por el cual señala que sólo se le entregaron 3 fotocopias que no forman el todo ni parte de lo solicitado, las que le fueron entregadas en la Dirección Jurídica de la Institución reclamada, por una secretaria, a la que requirió que le timbrase y escribiese de su puño y letra que las fotocopias acompañadas son todas la información que, según ella, se habrían enviado al domicilio de la requirente, lo que nunca recibió. Asimismo, hace presente que solicitó los antecedentes toda vez que posee vagos datos de un supuesto retiro que se le otorgó, bajo Informe Técnico (R) N° 212, de la Jefatura de Sanidad de la PDI, de 13 de agosto de 2009, cuya fotocopia conserva.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo trasladándolo, mediante Oficio N° 116, de 29 de enero de 2010, al Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, quien respondió mediante Ordinario N° 39, de 12 de febrero de 2010, de la Jefatura Jurídica de dicha Institución señalando que:

a) De acuerdo a los antecedentes recabados respecto del requerimiento de la reclamante se les informó que la solicitante participó en el proceso de selección para el ingreso al Escalafón de Oficiales Policiales Profesionales, de la promoción 006 y 007, rindiendo los exámenes sicológicos y físicos requeridos, los que finalmente devinieron en su incorporación en la PDI.

b) Como es de conocimiento de todo aquel que se encuentre interesado en postular al Escalafón de Oficiales Policiales Profesionales y que reúna los requisitos exigidos, los cuales se publican en la página institucional –www.escipol.cl- de manera previa al período de postulación, de debe concurrir a la Oficina de Admisión de la Escuela de Investigaciones Policiales y pagar la suma de $20.000.- por la adquisición de una clave de acceso, que habilita al postulante para rendir en la fecha que se le indique, un examen sicológico de modalidad on line.

c) Dicho examen sicológico, de carácter excluyente, evalúa los aspectos de personalidad de los postulantes, obedeciendo a parámetros y/o valores previamente establecidos, determinando la aptitud de los interesados y su consecuente continuidad dentro del proceso de selección.

d) La modalidad on line implica que el postulante responda directamente en el computador las preguntas que se les formulan, seleccionando la alternativa que más represente su juicio, la conducta que adoptaría frente a una determinada situación. Este examen, supervisado por sicólogos de la Escuela de Investigaciones Policiales, permite confeccionar con la puntuación obtenida por cada postulante, un Inventario Multifásico de Personalidad Minnesotta (M.M.P.I.), el cual determina si el postulante cumple con los parámetros establecidos para su selección. Los resultados numéricos obtenidos por cada postulante son tabulados e informatizados en una plataforma computacional, la cual discrimina de manera automática si el puntaje no cumple con los parámetros establecidos. Para su mayor entendimiento, los parámetros evaluados son los siguientes: mentiras, falseamiento, defensa sutil, hipocondría, depresión, histeria, desviación psicopática, masculinidad-femineidad, paranoia, psicastenia, esquizofrenia, manía, introversión social, blancos, de los cuales, cada uno arroja una determinada puntuación, en relación a las respuestas seleccionadas por el postulante. Dicho examen dura aproximadamente una hora y de acuerdo a la cantidad de postulaciones, las cuales superan las 1.500 por período, se desarrolla en la Escuela de Investigaciones Policiales durante dos semanas consecutivas.

e) A raíz de lo anterior, y considerando el alto número de postulaciones y el carácter excluyente, la Escuela de Investigaciones Policiales no almacena una base de datos con los exámenes sicológicos rendidos en cada postulación y por cada uno de los postulantes, sino que sólo se conserva los resultados de quienes aprobaron dicho examen, cuyos resultados se traducen en una puntuación para cada ítem que se evalúa, determinando de esta manera el perfil sicológico de quienes cumplen con los parámetros establecidos, materializado en el Inventario Multifásico de Personalidad Minnesotta (M.M.P.I.).

f) Considerando lo señalado precedentemente, el 22 de diciembre de 2009 el Servicio público requerido hizo entrega a la peticionaria, mediante carta respuesta enviada a su domicilio, los resultados que obtuvo en el Inventario Multifásico de Personalidad Minnesotta (M.M.P.I.), los cuales fueron puestos en su conocimiento, no existiendo otros antecedentes o exámenes sicológicos que se le hayan practicado a la solicitante.

5) TÉNGASE PRESENTE DE LA RECLAMANTE: El 12 de marzo de 2010 la reclamante presentó un escrito de téngase presente en el cual señala principalmente lo siguiente:

a) La respuesta dada al amparo por la PDI es “absolutamente jocosa”, toda vez que la solicitud fue demasiado clara y la respuesta no logró dar siquiera “una mediana justificación a la solicitud claramente incumplida, ya que se limitó a contestar largas evasivas que no tienen relación con la solicitud amparada y sólo admite el hecho de que se le hizo entrega de dos fotocopias, nada en original ni copias certificadas, de un supuesto Test de Minnesotta (M.M.P.I.), el cual determinaría que cumplió los parámetros para ser seleccionada en la Escuela de Investigaciones Policiales el año 2005”. No obstante ello, no se puede asegurar que corresponda a su persona, por tratarse de “burdas fotocopias que no corresponden a lo requerido”.

b) Acompaña la primera página del Informe Técnico de la Jefatura de Sanidad, N° 212, de 13 de agosto de 2009, mediante el cual se señala que la reclamante ha sido evaluada sicológica y siquiátricamente desde el 9 de febrero de 2009, contándose con el pronunciamiento inscrito en la ficha clínica correspondiente.

Y CONSIDERANDO:

1) Que la reclamante solicita todos los antecedentes sicológicos y psiquiátricos referidos a ella que mantenga la PDI. Esta institución le habría hecho entrega de los resultados que obtuvo en el test psicolaboral que se le realizó en el marco de su proceso de selección. Sin embargo, de la información aportada por la reclamante en su presentación de 12 de marzo de 2010, particularmente la primera página del Informe Técnico N° 212, de 13 de agosto de 2009, de la Jefatura de Sanidad de la PDI, se desprende que la reclamante fue evaluada sicológica y psiquiátricamente por la institución desde el 9 de febrero de 2009 en la PDI. Por ello, cabe entender que la información faltante y requerida consiste, al menos, en los antecedentes en los que se funda el Informe Técnico acompañado y que, según señala la misma reclamada, habrían llevado a que se le otorgase un “supuesto retiro”. En consecuencia, en este caso se requieren informes sobre el propio estado de salud.

2) Que el inciso 2° del artículo 127 del Código Sanitario establece que “Las recetas médicas y análisis o exámenes de laboratorios clínicos y servicios relacionados con la salud son reservados. Sólo podrá revelarse su contenido o darse copia de ellos con el consentimiento expreso del paciente, otorgado por escrito. Quien divulgare su contenido indebidamente, o infringiere las disposiciones del inciso siguiente, será castigado en la forma y con las sanciones establecidas en el Libro Décimo”.

3) Que puede entenderse que las evaluaciones sicológicas y psiquiátricas que se han realizado por parte de la PDI a la reclamada, a partir del 9 de febrero de 2009, constituyen análisis y exámenes a que alude la norma precitada toda vez que, a diferencia de las evaluaciones sicolaborales de los concursos públicos —tratadas por este Consejo sobre todo en los casos A29-09 y A35-09—, estamos en presencia de una evaluación sobre la salud síquica de la reclamante que no dice relación con un proceso concursal ni con la comparación del solicitante con otros postulantes. En este caso no estamos frente a un examen realizado en un momento determinado, sobre la base de atributos definidos por el mandante para el desarrollo de un proceso de selección para un cargo público, por lo que no se ve cómo el conocimiento de dicha información podría afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado, ya que no se pondría en tela de juicio un procedimiento de selección pública. En efecto, se trata de evaluaciones sicológicas de una persona, que podrían tener efecto en su vida laboral e incluso podrían llevar a su retiro.

4) Que, de la misma manera, la Contraloría General de la República —en los dictámenes N°s 47.022/2000 y 10.808/1998, entre otros— ha establecido que las fichas o historias clínicas, por regla general, son confidenciales, toda vez que contienen datos sensibles. No obstante la persona a la que se refieren puede acceder a ellos, toda vez que las normas que establecen dicha reserva se orientan a la protección del interesado frente a terceros, lo que no puede implicar un impedimento para que el mismo acceda a la información relativa a su propia vida privada.

5) Que además el propio artículo 127 del Código Sanitario precitado permite entregar dicha información con el consentimiento del paciente, luego, con mayor razón, éste tiene derecho a conocer su contenido. A mayor abundamiento, el artículo 2° de la Ley N° 19.628 establece en la letra ñ) que el titular de los datos es la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal. Por ello, en este caso la titular de dichas evaluaciones es la reclamante que, como tal, tiene derecho a acceder a ellas.

6) Que en cuanto a la forma de entrega de la información requerida, esto es, los documentos originales o copia certificada de éstos, cabe tener presente lo acordado previamente en la decisión recaída en el amparo A243-09 contra el Ministerio de Salud y lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Transparencia que establece que "La informaciónsolicitada se entregará en la forma y por el medio que el requirente haya señalado (...)" (lo destacado es nuestro), por lo que se entendió que, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que en su 22° Edición, define forma como la "Configuración externa de algo", por lo que se entiende que la información pública que obra en poder de los órganos de la Administración del Estado puede solicitarse en original, en copia simple o en copia autorizada, toda vez que la autorización de las copias es la única manera de demostrar de manera indubitada el origen de la información ante terceros. De la misma manera, el otorgar copia de forma autorizada protege al órgano requerido de un mal uso de los documentos y a los requirentes, de su validez frente a terceros. Por esto, en el caso que nos ocupa cabe requerir a la PDI que haga entrega de dicha información en la forma solicitada, esto es, copia certificada.

7) Que en el caso que nos ocupa se desprende de los antecedentes aportados por las partes que la información relativa a la evaluación sicológica de la reclamante fue entregada en copia simple, motivo por el cual no se dio cumplimiento cabal a lo establecido en dicho artículo, toda vez que no se respetó la forma requerida por la solicitante.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I) Acoger el reclamo de doña Isabel Pilar Ortiz Cadena en contra de la Policía de Investigaciones, por los fundamentos señalados precedentemente y requerir al Director General de la Policía de Investigaciones de Chile que haga entrega al reclamante de copia certificada de todos los antecedentes sicológicos y pisquiátricos referidos a la reclamante, que mantenga dicha Institución.

II) Requerir al Director General de la Policía de Investigaciones de Chile:

a) Cumplir el presente requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

b) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III) Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente acuerdo a doña Isabel Pilar Ortiz Cadena y al Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Roberto Guerrero Valenzuela y don Raúl Urrutia Ávila. Se deja constancia que el Presidente del Consejo Directivo, don Juan Pablo Olmedo Bustos, no asiste a esta sesión. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.