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Héctor Livio con CORPORACION MUNICIPAL DE SAN BERNARDO Rol: C1865-15

Consejo para la Transparencia, 02/10/2015

Se dedujo amparo en contra de la Corporación Municipal de San Bernardo, fundado en la denegación de la información por no poseerla referente a: "Copia de documento donde conste la caución entregada por quién se indica, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley N° 10.336, de acuerdo a lo señalado en el Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 8, del Informe Final N° 44, de 2014, que reconoció esta obligación de caución respecto de los directores de establecimientos educacionales que administran dineros del programa PIE." El Consejo rechaza el amparo, por no obrar en poder del órgano reclamado, copia del documento donde conste la caución en cuestión.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1865-15

Entidad pública: Corporación Municipal de San Bernardo

Requirente: Héctor Livio

Ingreso Consejo: 12.08.2015

En sesión ordinaria N° 651 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de octubre de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1865-15.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 10 de junio de 2015, don Héctor Livio solicitó a la Municipalidad de San Bernardo, la siguiente información:

"Copia de documento donde conste la caución entregada por doña Paulina Maragaño Arenas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley N° 10.336, de acuerdo a lo señalado en el Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 8, del Informe Final N° 44, de 2014, que reconoció esta obligación de caución respecto de los directores de establecimientos educacionales que administran dineros del programa PIE."

Con fecha 11 de junio de 2015, el Municipio informó al peticionario que su solicitud fue derivada a la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, en adelante también denominada la Corporación o la Corporación de San Bernardo, debido a que la información solicitada es de competencia de dicha institución.

2) PRÓRROGA DEL PLAZO: Mediante correo electrónico, de fecha 07 de julio de 2015, la Corporación informó al reclamante que de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2°, del artículo 14 de la Ley de Transparencia, el plazo para otorgar respuesta a la solicitud de información se prorrogaba en 10 días hábiles, correspondiendo el nuevo plazo para dar respuesta a su solicitud el 24 de julio de 2015.

3) RESPUESTA: El 23 de julio de 2015, la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo respondió a dicho requerimiento, mediante correo electrónico de misma fecha, informando que no posee los antecedentes solicitados y que su materialización se encuentra en trámite.

4) AMPARO: El 12 de agosto de 2015, don Héctor Livio dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, fundado en la denegación de la información por no poseerla.

Al respecto señala que en las páginas 11 y siguientes del Informe Final N° 44, de auditoría, del año 2014, emitido por el Órgano Contralor, al Programa de Integración Escolar (PIE), de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Conchalí, se establece claramente la obligación de dicha Corporación de exigir la caución regulada en el artículo 68, de la Ley N° 10.336, de la Contraloría General la República, a los directores de establecimientos educacionales que administran dineros provenientes del PIE, lo cual fue reafirmado por el Dictamen N° 12.548, de 13 de febrero de 2015, del mimo Órgano.

Indica que estas consideraciones son plenamente aplicables a la Corporación Municipal de San Bernardo, quienes deben exigir la caución del artículo 68, de la citada ley, a los directores de establecimientos educacionales de la comuna que administran dineros provenientes del PIE, como ocurre con la Directora de la Escuela Cardenal Antonio Samoré, Sra. Patricia Maragaño Arenas.

Agrega que la Corporación de San Bernardo le notificó prórroga del plazo para dar respuesta al requerimiento, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14, de la Ley de Transparencia, con lo cual se podría esperar que, en virtud de esa norma, existían circunstancias que hacían difícil reunir la información solicitada, sin embargo, días después señaló que "los antecedentes solicitados no los posee la Corporación y su materialización se encuentra en trámite".

De acuerdo al informe y dictamen citado, no cabe duda que la exigencia de caución corresponde a esta Corporación, por tanto, no basta señalar que ésta no obra en su poder (pues por sus propias competencias debe poseerlo), sino, que además se deben señalar las razones por las cuales no la posee, o al menos acreditar la búsqueda de los antecedentes solicitados, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10, más aún si debió existir una búsqueda exhaustiva que justifique la prórroga comunicada.

Por último, se pregunta qué significa que su materialización se encuentra en trámite y si ello se referirá a las actas de búsqueda de los antecedentes requeridos.

Por tanto, atendido que los antecedentes solicitados corresponden a competencias de la Corporación, según se desprende del informe y del dictamen aludido, viene en interponer el presente amparo con el fin que sea entregada la documentación requerida.

DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación este amparo y, mediante Oficio N° 6380, de 19 de agosto de 2015, confirió traslado a la Sra. Alcaldesa y Presidenta de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, solicitándole que al formular sus descargos: (1°) se refiera a las circunstancias de hecho que hagan procedente la denegación de la información reclamada; y, (2°) se refiera a la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información reclamada.

Con fecha 08 de septiembre de 2015, se recepcionó en esta sede escrito de la Corporación, que evacúa traslado y presenta descargos, señalando en síntesis que:

La Corporación no posee los antecedentes solicitados, es decir, las cauciones de doña Patricia Maragaño, Directora de la Escuela Cardenal Samoré. Al respecto indica que en virtud del principio básico "que a lo imposible nadie está obligado", no podría exigirse la entrega de documentación que transparentemente declaran no poseer, con lo cual, el Sr. Livio sintió que se le estaba negando una información o antecedente que de haber obrado en su poder, le habría sido entregado sin lugar a dudas.

Atendido lo señalado, indica que a partir del 28 de julio de 2015, la Dirección Jurídica inició un proceso de obtención de dichas cauciones, tanto por parte de la Directora Maragaño, como asimismo, de todos los demás directores de los establecimientos de educación que la Corporación administra.

Agrega que el fundamento para no contar con tales cauciones se explica, pues hasta los dictámenes de agosto de 2014 y febrero de 2015 la posición de las Corporaciones era que no correspondía solicitarlas por cuanto los directores de los establecimientos educacionales no eran funcionarios públicos propiamente tales, cuestión que la Contraloría recién vino a interpretar como erróneo a principios de este año en febrero de 2015. En este sentido, la Corporación nunca ha cuestionado en estas materias los dictámenes de la Contraloría General de la República, los que entiende tienen un carácter imperativo.

En consecuencia, la expresión "se encuentra en trámite" implica que como lo demuestran las copias del Mémorandum N° 82 que se acompaña, la Corporación está en vías de obtener de sus directores la cauciones y cuando ello ocurra, sin duda, serán entregadas al Sr. Livio y/o a cualquier otro miembro de la comunidad que lo requiera. En todo caso, se debe dejar en claro que la Corporación no posee actualmente dichos antecedentes.

Finalmente invoca la normativa y los principios que inspiran el derecho de acceso a la información, los cuales evidencian que con su respuesta dio cumplimiento estricto a los artículos 10 y 11 de la Ley 20.285 y en consecuencia solicita se tenga a bien rechazar el amparo en todas sus partes.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Memo N° 82, de 28 de julio d 2015, del Director Jurídico de la Corporación de San Bernardo, dirigida a los Directores de Educación, solicitando caución en razón de su cargo.

- Mandato Judicial del Director Jurídico para representar a la Corporación de San Bernardo.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto, la entrega por parte de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, la copia del documento donde conste la caución entregada por la Directora de la Escuela Cardenal Antonio Samoré, en su calidad de directiva de un establecimiento educacional que administra dineros provenientes del Programa de Integración Escolar (PIE).

2) Que, en términos generales, el Programa de Integración Escolar (PIE) es una estrategia inclusiva del sistema escolar cuyo propósito es entregar apoyos adicionales a los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales. El decreto N° 170 de 2009, del Ministerio de Educación, establece el Reglamento que regula los requisitos que deben cumplir los establecimientos educacionales para impartir este tipo de Programas y dispone en qué ítems se pueden utilizar los recursos que el Estado entrega para la atención de estos estudiantes.

3) Que, según dispone el artículo 68, inciso primero, de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, "Todo funcionario que tenga a su cargo la recaudación, administración o custodia de fondos públicos o bienes del Estado, de cualquiera naturaleza, deberá rendir caución para asegurar el correcto cumplimiento de sus deberes y obligaciones....".

4) Que, la norma citada resulta plenamente aplicable en la especie, por aplicación del dictamen N° 12.548, de 13 de febrero de 2015, de la Contraloría General de la República, que conociendo de una solicitud de reconsideración al Informe Final N°44, de auditoría al Programa PIE de la Corporación Educacional de Conchalí, se pronunció en los siguientes términos: "(...).....procede exigir la póliza regulada en el artículo N°68, inciso primero, de la ley N° 10.336 a los directores educacionales adscritos al Programa de Integración Escolar, respecto de los bienes que se les hayan entregado en uso - y que no ingresaron al patrimonio de la referida corporación- motivo por el cual, no habiéndose aportado antecedentes que permitan variar el criterio sustentado, se desestima la solicitud de reconsideración formulada, ratificándose en lo pertinente, el Informe Final N° 44, de esta Contraloría General.".

5) Que, conforme con lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia dicha información es de naturaleza pública a menos que concurra alguna causal de secreto o reserva, respecto de la cual, en la especie, no se ha alegado la procedencia de alguna de ellas. En efecto, si bien la Corporación reconoce la obligación legal de exigir caución a los directivos de los establecimientos educacionales adscritos al Programa PIE, el órgano denegó la entrega de la información requerida fundada en que no posee los antecedentes solicitados, pues éstos no existen en su poder.

6) Que, en cuanto a la información que la reclamada no habría entregado, se debe hacer presente que constituye un presupuesto básico para el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública el que ésta exista en poder del órgano solicitado, conforme preceptúan los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia. En consecuencia, atendido que el órgano reclamado explicó que lo solicitado no existe, no resulta posible requerir la entrega de ésta, puesto que no constan en este expediente antecedentes que permitan controvertir la alegación de inexistencia. Por tanto, en razón de lo señalado se rechazará el presente amparo.

7) Que, no obstante lo señalado, considerando que la información requerida reviste un evidente interés para el control social de los recursos públicos destinados a programas escolares, y que por mandato legal ésta debe obrar en poder del órgano, este Consejo ha estimado necesario remitir los antecedentes referidos al amparo C1865-15 a la Contraloría General de la República, para los fines que estime pertinentes, de acuerdo a lo expresado en los considerandos 3° y 4° precedentes.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Héctor Livio, en contra de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, por no obrar en su poder la información requerida, esto es, copia del documento donde conste la caución entregada por la Directora de la Escuela Cardenal Antonio Samoré, en el marco de ejecución del Programa PIE.

II. Encomendar al Director General de este Consejo, remitir los antecedentes de este caso a la Contraloría General de la República, conforme a lo señalado en el considerando 7° de esta decisión.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Héctor Livio y a la Sra. Alcaldesa y Presidenta de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza, y por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.