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Pedro Anguita Ramírez con CARABINEROS DE CHILE Rol: A91-09

Consejo para la Transparencia, 14/08/2009

Se solicita amparo en contra Subsecretaria de Carabineros por denegar solicitud de acceso a información relativa reclamos o denuncias presentados por ciudadanos con motivo u ocasión de una actuación o diligencia policial. El Consejo acoge parcialmente el amparo ya que estimó que en caso de los reclamos o denuncias presentados por autoridades públicas, o por funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo o función pública, no puede sostenerse que la revelación de sus identidades fuese a causarles algún perjuicio la identidad deberá ser revelada sin más, entregando los nombres completos, si los particulares notificados se oponen a la entrega de la información en tiempo y forma, la Subsecretaría deberá denegar el acceso a la información en los términos del art. 20 de la Ley. En caso contrario deberá entregar su identidad al reclamante.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Raúl Urrutia Ávila (Ausente)
  • Roberto Guerrero Valenzuela (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL A91-09

Entidad pública: Subsecretaría de Carabineros

Requirente: Pedro Anguita Ramírez

Ingreso Consejo: 12.06.2009

En sesión ordinaria N° 76 de su Consejo Directivo, celebrada el 14 de agosto de 2009, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol A91-09.

VISTOS:

El artículo 8° de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; la Ley Nº 19.733, de 2001, sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo; y el D.S. N° 13/2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285.

TENIENDO PRESENTE:

1) Solicitud de Acceso: El 30 de abril de 2009 don Pedro Anguita Ramírez solicitó a la Subsecretaría de Carabineros los reclamos o denuncias presentados por ciudadanos con motivo u ocasión de una actuación o diligencia policial que hubiese recibido dicha Subsecretaría durante el año 2008, con las siguientes menciones:

a) “Nombre completo de la persona que interpuso el reclamo o la denuncia”;

b) “El motivo que originó la presentación del reclamo o la denuncia”;

c) “La indicación en cada reclamo, si fue presentada por carta, teléfono, correo electrónico u otra vía”;

d) “La indicación si el reclamo fue remitido o reenviado y por qué vía –carta, correo electrónico o teléfono– a la Dirección General de Carabineros”; y

e) “La sugerencia recomendada en cada reclamo o denuncia remitida a la Dirección General de Carabineros”.

2) Respuesta de la Subsecretaría de Carabineros: La Subsecretaría de Carabineros respondió dentro de plazo, mediante Ordinario N° 1245, de 26 de mayo de 2009, señalando que:

a) Remite la nómina de los reclamos o denuncias presentadas durante el año 2008, con indicación del motivo que las originó, de la vía a través de la cual se presentaron y de la vía por la cual fueron remitidos o reenviados a la Dirección General de Carabineros.

b) Omite la individualización de los recurrentes en virtud de lo previsto en el artículo 21 N° 1 letra a) y N° 2 de la Ley de Transparencia, pues la “obtención y entrega del nombre completo de cada uno de los denunciantes, implica distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales tanto por el alto número de presentaciones relacionadas con Carabineros de Chile, incluyendo reclamos y denuncias, como por el reducido número de personal designado para estas tareas. / Además, la petición implica una afectación a la vida privada de los denunciantes que habría obligado a solicitar su autorización para entregar su individualización, como también efectuar las averiguaciones de las correspondientes direcciones para las notificaciones que contempla la Ley, puesto que muchas de esas presentaciones ingresaron por correo electrónico sin indicar domicilio. Todo lo cual, igualmente conllevaría distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales”.

c) En cuanto al último punto de la petición del solicitante sostiene que “al remitirse o reenviarse denuncias o reclamos sea a la Dirección General u otras instituciones no se efectúan sugerencias o recomendaciones alguna por parte de esta Repartición solicitándose, únicamente, que se proporcionen antecedentes para dar debida y oportuna respuesta al peticionario o bien, se responda directamente a dicho interesado, con copia a esta repartición ministerial” (subrayado en el original).

3) Amparo: Que, en virtud de lo anterior, don Pedro Anguita Ramírez interpuso ante este Consejo el 12 de junio de 2009 amparo por denegación de acceso a la información en contra de la Subsecretaría de Carabineros indicando que:

a) Sólo había recibido respuesta parcial a su solicitud al omitirse los nombres completos de las personas que interpusieron los reclamos o denuncias con motivo u ocasión de una actuación policial durante el año 2008.

b) En cuanto a la causal del artículo 21 N° 1 letra c), invocada por el órgano reclamado para esta entrega parcial, argumenta que:

i) Resulta extraño que se alegue dado que el trabajo de recopilación fue hecho y la inclusión de los nombres que faltan supondría un tiempo marginal.

ii) El órgano reclamado debería, necesariamente, elaborar periódicamente una nómina como la que se requiere puesto que constituye un antecedente de primera magnitud para evaluar el desempeño institucional.

iii) Sería inadmisible alegar el reducido personal de la Subsecretaría como causal de reserva, pues en tal caso toda institución requerida en virtud de la Ley de Transparencia podría sostener lo mismo para incumplir con los deberes que tiene toda institución pública, quedando sin aplicación en la práctica el principio de probidad y transparencia recogido en la Constitución.

iv) Toda solicitud de acceso a la información implica trabajo, pero nunca o sólo en casos calificadamente excepcionales podría aceptarse que éste afectase las funciones del órgano requerido, puesto que dentro de las funciones esenciales de toda institución estatal está la de dar respuesta oportuna de las solicitudes presentadas por los ciudadanos, especialmente después de la introducción del artículo 8° de la Constitución y la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia. Cumplir con el deber de incluir el nombre de los denunciantes no puede entenderse como una distracción indebida de sus funcionarios.

c) En cuanto a que la publicación de los nombres de los denunciantes podría afectar los derechos de terceros, específicamente el derecho a la vida privada de los denunciantes que resguarda el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, lo que exigiría notificarlos en virtud del artículo 20 de la Ley de Transparencia, cuestión que implicaría distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, el reclamante señala que:

i) No advierte cómo el conocimiento de la identidad de las personas que durante el año 2008 presentaron una denuncia o un reclamo con motivo u ocasión de una actuación policial puede afectar sus derechos y, menos aún, su vida privada.

ii) Señala, además, que la autoridad requerida incumple por tal motivo con el artículo 16 de la Ley de Transparencia que exige que la negativa a la entrega de la información debe ser "fundada" especificando la causal y "las razones que en cada caso motiven su decisión".

iii) Afirma que la denuncia o reclamo que presenta una persona constituye un acto público. Asimismo, señala que si la institución denunciada es una entidad pública, integrada por funcionarios públicos y si las conductas sobre las cuales recae un reclamo de aquellos funcionarios o la entidad pública, dichas denuncias o reclamos son necesariamente públicos, no pudiendo bajo ninguna hipótesis advertirse que la revelación de la identidad de los denunciantes pudiera afectar sus derechos, y menos aún su derecho a la vida privada.

iv) A mayor abundamiento, indica que algunos de los reclamos que presentan los ciudadanos se fundan en procedimientos policiales mal adoptados, muchos de los cuales aparecen recogidos en los medios de comunicación del país puesto que esa es la forma más eficiente en que se corrijan o enmienden las inadecuadas conductas de funcionarios policiales.

d) Por lo anterior, solicita se acoja su amparo y se ordene a la Subsecretaría de Carabineros la entrega del nombre completo de las personas que interpusieron el reclamo en las 315 denuncias presentadas durante el año 2008 con motivo u ocasión de una actuación policial. Además, solicita el inicio de una investigación sumaria en contra de la Sra. Subsecretaria de Carabineros para aplicarle una multa equivalente al 50% de su remuneración.

4) Traslado: En sesión ordinaria N° 59, de 16 de junio de 2009, el Consejo Directivo estimó admisible este amparo y procedió a dar traslado a la Sra. Subsecretaria de Carabineros mediante Oficio N° 281, de 23 de julio de 2009, quien contestó dentro de plazo, mediante oficio de 11 de agosto de 2009, cuyo contenido se sintetiza a continuación:

a) Afirma que el reclamante nunca definió o precisó el alcance o lo que entendía por “actuaciones o diligencias policiales”. A su juicio, por tales debería entenderse aquellos reclamos o denuncias derivadas de la función o actuación policial propiamente tal, en su sentido más puro. En otras palabras, la actividad fundamental que desarrolla Carabineros de Chile, a saber, mantener el orden público, prevenir la comisión de ilícitos y faltas administrativas, proteger la seguridad e integridad de las personas y de sus bienes, contribuir a mantener el orden jurídico y la paz social y limitar las conductas de las personas al cumplimiento de la legislación vigente, a fin de hacer valer el interés general sobre el particular. En consecuencia, quedarían fuera de tal definición las tareas administrativas internas de Carabineros, como labores de apoyo o logística, formación y educación de Policías, etc. Dada la indefinición de lo pedido por parte del requirente en la respuesta a su solicitud se le entregó la totalidad de los 315 reclamos o denuncias recibidas durante el año 2008, sin entrar a interpretar o distinguir si éstos o aquéllas decían relación con actuaciones policiales con lo que, en estricto rigor, se habría entregado más información de la que fue solicitada.

b) Reconoce que omitió una parte de lo pedido: el nombre completo de la persona que interpuso cada reclamo o denuncia. La razón para ello fue cautelar, principalmente, la privacidad de terceros, lo que se fundaría en dos causales del artículo 21 de la Ley de Transparencia: el Nº1, letra c) y el N° 2. Al tomar esa decisión no sólo se ponderó la incapacidad material que se tenía para sistematizar la información solicitada, sino que también, y mucho más importante que lo anterior, se intentó conciliar dos valores altamente relevantes y que a menudo se contraponen entre sí: la transparencia del actuar de la administración pública y el respeto a la privacidad o a la vida privada de las personas.

c) Antes de argumentar cada una de estas causales plantea como “alegación de previo y especial pronunciamiento” que, de acuerdo al artículo 4°, inc. 2º, de la Ley de Transparencia, el principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los “actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley". Interpretando esta norma a contrario sensu, los reclamos o denuncias presentados por privados no podrían considerarse, en modo alguno, como "actos, resoluciones, procedimientos o documentos de la Administración...", pues estarían fuera de dicha clasificación y, por lo mismo, no regiría respecto de ellos el deber de publicidad. Agrega que:

i) Si bien el artículo 5° de la Ley de Transparencia amplía el ámbito de la información pública a todo antecedente que obre en poder de la Administración dicho artículo no contiene elementos que delimiten con precisión dicho aspecto, que indudablemente no podría entenderse en toda su extensión.

ii) Lo público sería lo que interesa —o debiera interesar— a todos los ciudadanos, como lo asuntos del Estado y lo que está a disposición de cualquiera. En ello no estarían comprendidos los reclamos o denuncias. Por ello estima que el contenido detallado, específico y particular de los reclamos, quejas, denuncias o peticiones singulares, como los requeridos en este caso, no serían susceptibles de ser comunicados.

iii) Reforzaría lo anterior el artículo 10 de la Ley de Transparencia. De la interpretación armónica de éste y el artículo 4º de la misma Ley concluye que los reclamos o peticiones que formulan los privados a la Administración no son "información" de carácter pública y, por lo tanto, no habría obligación de entregarla a cualquier persona. Refuerza este punto señalando que el artículo 10 tendría un carácter de norma especial y, por lo tanto, preferente, frente a las disposiciones generales de la Ley de Transparencia.

iv) Argumenta, además, que si se concluyera finalmente por este Consejo que las denuncias, reclamos o quejas formuladas ante un órgano de la Administración tienen el carácter de información pública, resultaría procedente, de todas formas, reservar al menos la entrega de los nombres de los denunciantes y cautelar su identidad particular, pues carecería de toda relevancia en la medida que, en los casos en cuestión, difícilmente existe un interés público comprometido que diga relación con individualizar a los eventuales reclamantes. En efecto, la información de fondo fue la que se entregó, constituida por el contenido o motivo de las denuncias. En este punto existiría efectivamente un interés y, eventualmente, una necesidad de control social o público, pues permite rendir cuenta de la naturaleza, cantidad, destino y resoluciones adoptadas frente a dichos reclamos. Incluso esto le ayudaría a mejorar su labor.

v) Saber o conocer los nombres de los denunciantes, continúa, no agrega nada a la información de fondo divulgada y sólo podría tener como resultado que, en el futuro, las personas se abstengan de reclamar o denunciar ante el justo temor de ver su nombre expuesto públicamente.

vi) En efecto, los reclamos y denuncias, en general, son mecanismos que suponen necesariamente rangos mínimos de confiabilidad, toda vez que quien pretende dar a conocer hechos eventualmente irregulares normalmente no quiere enfrentar directamente a los responsables o que sus identidades trasciendan a los posibles involucrados o responsables de esas irregularidades. Es decir, generalmente, quien reclama o denuncia busca soluciones pero en la medida que ello se concilie adecuadamente con mínimos estándares de seguridad o confidencialidad en cuanto a su individualización. De omitirse o no respetarse esas circunstancias disminuirían los mencionados reclamos o denuncias reduciéndose, invariablemente, la posibilidad de conocer hechos y situaciones que ameriten una investigación o sanción administrativa o judicial a través de las instancias competentes.

d) Luego se refiere a la primera causal invocada, esto es, la establecida en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.

i) Explica que de manera periódica la Subsecretaría de Carabineros elabora registros y nóminas para diferentes efectos, entre las que se incluyen las peticiones, denuncias y reclamos presentados los que, casi en un cincuenta por ciento, no indican dirección postal o solamente consignan un correo electrónico. Por ello, no es efectivo que notificarles la solicitud como indica el artículo 20 de la Ley de Transparencia fuese una tarea fácil o que implicase invertir sólo un tiempo marginal, como señala el reclamante en su amparo, tanto porque la información solicitada comprende todo el año 2008 como porque la averiguación de los domicilios de quienes no los indicaron o únicamente incluyeron sólo un correo electrónico exigiría destinar a esa tarea un número proporcionalmente significativo de funcionarios y, además, un periodo de tiempo considerable por sobre el destinado a sus funciones habituales.

ii) Luego describe las especiales características de la Subsecretaría de Carabineros señalando que a diferencia de cualquier otro órgano público, carece de planta propia, no tiene tampoco funcionarios a contrata ni personal contratado bajo las normas del Código del Trabajo. Sólo cuenta con personal de Carabineros en comisión de servicio y personal contratado sobre la base de honorarios, los cuales no cumplen labores administrativas, sino que asesorías profesionales especializadas. Señala que la oficina a cargo de la tramitación administrativa cuenta solamente con tres funcionarios que, además de toda la labor administrativa de la Subsecretaría, deben desarrollar las funciones derivadas de la Ley de Transparencia. A dichos funcionarios les correspondería atender público, recibir, registrar y clasificar la documentación recibida, preparar materialmente todos los documentos derivados de la documentación y antecedentes recibidos, así como la relativa a estudios y otras actuaciones inherentes a la labor de la Subsecretaría, despachar correspondencia y registrarla, realizar actuaciones derivados de compras y licitaciones públicas y cumplir, como ya se dijo, con los requerimientos materiales de la Ley de Transparencia.

iii) Agrega que afirmar que esta causal sería inadmisible porque toda institución pública podría alegar que no cuenta con personal suficiente, como afirma el reclamante, no puede aplicarse a la Subsecretaría de Carabineros pues esta institución ni siquiera cuenta con una planta de personal, como puede corroborarse en el sitio web de la Subsecretaría de Carabineros (www.subsecar.cl), caso único o muy excepcional en la administración pública. A modo ejemplar explica que durante 2009, sin contar ni considerar la documentación recibida y los trámites derivados de Chile Compra y de la propia Ley de Transparencia, se han despachado 1902 Oficios, 431 Oficios y documentación de carácter interno y 543 Decretos, Resoluciones y Órdenes Ministeriales, lo que exige además el registro, despacho y seguimiento de los mismos.

iv) Como la carga administrativa indicada detalladamente se encuentra a cargo de tres funcionarios administrativos fácilmente puede apreciarse que la actividad administrativa normal de la Subsecretaría de Carabineros impide efectivamente atender requerimientos como el que se discute en este procedimiento, sin afectar gravemente el cumplimiento de las demás funciones habituales del órgano, con lo cual se configuraría en forma real y clara, la causal de reserva invocada contenida en el artículo 21 N° 1 letra c).

e) La segunda causal de reserva invocada no es formal, y, por lo mismo, sería anterior a la primera en jerarquía, fundándose “en los principios y valores que rigen a la sociedad, y que es el sagrado derecho a la vida privada e intimidad”. Se refiere a establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Señala a este respecto que:

i) No hay consenso en la definición del concepto de "vida privada", tanto en la doctrina y jurisprudencia nacionales como internacionales. Recurre, para fortalecer sus afirmaciones, a la versión adaptada, corregida y puesta al día de la tesis doctoral del reclamante, don Pedro Anguita Ramírez, titulada “La Ley N° 19.628 sobre Protección de Datos de Carácter Personal (Protección de la Vida Privada) a la Luz del Derecho Español y Comunitario", en la que se menciona, dentro de las conclusiones, que la doctrina jurídica chilena es muy escasa en relación el derecho a la vida privada, pese a que han transcurrido más de 25 años de la Constitución de 1980. En el mismo sentido menciona la investigación del mismo reclamante sobre “Jurisprudencia Constitucional sobre el Derecho a la Propia Imagen y a la Vida Privada en Chile (1981-2004): Un Intento de Sistematización”, en la que asume la ausencia de investigaciones y estudios sobre el alcance del derecho a la vida privada y ordena y sistematiza la jurisprudencia recaída en esta materia, incluyendo sentencias de Tribunales Superiores en que se delimita la vida privada en términos similares a los expuestos en los descargos de la Subsecretaría de Carabineros para invocar tal derecho como causal de reserva para entrega de información.

ii) No obstante lo anterior, habrían algunos consensos básicos en esta materia. Así, la jurisprudencia nacional y extranjera, como igualmente la doctrina, consideran que la individualización de una persona está comprendida efectivamente dentro del derecho a la vida privada, y, en esa medida, queda al margen del conocimiento público. Por lo demás, esta materia ha sido objeto de regulación específica en nuestro país, con la dictación de la la Ley N° 19.628, de 1999, sobre protección de la vida privada.

iii) En la petición original del solicitante la cuestión central radica en conocer la existencia de denuncias por actuaciones o intervenciones policiales, los hechos o circunstancias denunciadas y el destino que tuvieron esas denuncias o cómo se remitieron a quien correspondía conocerlas. Por ello, se insiste en que la identidad del reclamante sería un elemento adjetivo, secundario e irrelevante para propósito perseguido.

iv) Concluye que la causal del artículo 21 N° 2 tiene el sentido y alcance que le otorgan los criterios jurisprudenciales y doctrinarios vigentes, contenidos, entre otros, en tesis, investigaciones y trabajos académicos del propio reclamante, justificando plenamente que el derecho a la vida privada de pie para denegar los nombres de los denunciantes o reclamantes en este caso.

v) Finalmente, se ejemplifican algunos reclamos o denuncia para demostrar los efectos que provocaría divulgar los nombres solicitados:

? Reclamo por denegarse la reincorporación a Carabineros de un funcionario debido a su orientación sexual;

? Presentación que expone precaria situación económica y solicita incorporación a Carabineros, eximiendo al solicitante de todos los desembolsos que ello conlleva.

? Presentación a través de la cual un funcionario dado de baja por robo solicita su reincorporación a Carabineros.

? Presentación por la cual un funcionario dado de baja por imposibilidad física, determinada por la Comisión Médica respectiva (desorden depresivo con desarrollo paranoico, fobia laboral, desorden de personalidad y retardo mental), solicita su reincorporación a Carabineros.

? Reclamo de la cónyuge de un funcionario por actos de violencia intrafamiliar.

? Reclamo por presuntas violencias innecesarias en contra de imputado por agresión sexual.

vi) Lo anterior demostraría que más allá de la discusión académica o doctrinaria difícilmente podría estimarse divulgar los nombres completos no afectaría la vida privada de los reclamantes o denunciantes.

f) Por último, se solicita desechar el amparo interpuesto y la solicitud de iniciar una investigación sumaria en contra de la Sra. Subsecretaria de Carabineros.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en primer lugar, debe señalarse que las denuncias o reclamos presentados ante la Subsecretaría de Carabineros son públicos a la luz de la Ley de Transparencia. En efecto, se trata de información pública en los términos del artículo 5° de la Ley y, por lo tanto, cualquier ciudadano puede acceder a ellas. Por lo mismo la Sra. Subsecretaria de Carabineros entregó el listado completo de las denuncias y reclamos solicitados, dentro de las cuales se encuentran las que se han interpuesto con motivo u ocasión de una actuación o diligencia policial.

2) Que el asunto sometido a este Consejo es si también son públicos —y por ello, deben entregarse a quien los solicite— los nombres completos de las personas que han efectuado denuncias o reclamos durante 2008 con motivo u ocasión de una actuación o diligencia policial, pues el resto la información solicitada, conforme se expuso, ya ha sido entregada.

3) Que la Sra. Subsecretaria recurrida ha planteado una “alegación de previo y especial pronunciamiento” y luego ha invocado dos causales de secreto o reserva, que deberán ser analizadas.

4) Que la “alegación de previo y especial pronunciamiento” consiste en afirmar que los reclamos o denuncias presentados por privados no podrían considerarse, en modo alguno, como "actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración..." regidos por el principio de transparencia o publicidad. Se sugiere que el art. 5º, inc. 2º, que declara pública “toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración” sería una norma general que, en lo tocante al derecho de acceso a la información, se vería desplazada por el art. 10 que inicia el Título IV, referido al procedimiento de acceso, pues éste sólo se refiere a “las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público”. Sin embargo, esta visión restrictiva es contradictoria con los principios del derecho de acceso a la información que regula el art. 11, en el mismo Título IV. En efecto, según el principio de relevancia “se presume relevante toda información que posean los órganos de la Administración del Estado” (literal a), sin distinguir la fuente. Y los principios de libertad de información y apertura o transparencia (literales b) y c) se refieren a la información que obre en poder de los órganos de la Administración. De igual manera la Sra. Subsecretaria señala que no existiría un interés público comprometido en conocer los nombres solicitados, cuestión que se analizará a propósito de la causal del art. 21 Nº 2.

5) Que las causales invocadas por la Sra. Subsecretaria de Carabineros para no entregar el nombre completo de los denunciantes son las establecidas en el N° 1 letra c) y el N° 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia. En efecto, esta autoridad estimó que, por un lado, dicha entrega podría afectar la vida privada de aquéllos y, por otro, notificarles a los denunciantes su derecho de oponerse a esta solicitud en virtud del artículo 20 habría afectado las funciones de dicha Subsecretaría distrayendo indebidamente a sus funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.

6) Partiremos analizando la procedencia de la causal del artículo 21 N° 2, en cuanto a que si la entrega de los nombre de los denunciantes o reclamante afectaría sus derechos. A este respecto debemos considerar que el nombre de una persona natural es un dato personal del cual ella es titular, además de un atributo de su personalidad. Como dato personal se encuentra amparado por la Ley N° 19.628 y sólo con su consentimiento se puede entregar o publicar dicho dato, a menos que se obtenga de una fuente accesible al público. En el presente caso, y como lo señalan los ejemplos de denuncias que entrega la Subsecretaría de Carabineros en sus descargos (como la del funcionario a quien se le denegaría su reincorporación debido a su orientación sexual), la relación del nombre de un denunciante con las denuncias o reclamos puede, ciertamente, afectar derechos de los que es titular, como el derecho a la vida privada o privacidad o el derecho a su honra o imagen. Por lo anterior, este Consejo reconoce que la divulgación o entrega de los nombres de todos los denunciantes o reclamantes solicitados por el requirente podría inhibir futuras denuncias o reclamos ante la Subsecretaría de Carabineros, especialmente, en aquellas materias sensibles como las señaladas a modo ejemplar en los descargos.

7) Que, por otro lado, el artículo 20 de la Ley de Transparencia señala que cuando se soliciten documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros el organismo requerido deberá comunicar este hecho a dichos terceros, en este caso, a los denunciantes, para que éstos puedan ejerce el derecho a oponerse a la entrega de la información requerida. Sólo en caso que se produzca esta oposición la información se retendría y el solicitante podría interponer un amparo ante este Consejo para insistir en su petición.

8) Que esto hace necesario revisar la alegación de la causal del artículo 21 N° 1 letra c), pues precisamente se fundamenta en la falta de funcionarios para proceder a tales notificaciones en la Subsecretaría de Carabineros.

9) Que, el 13 de agosto de 2009, se revisó la “Dotación del personal para el año 2009” de la Subsecretaría de Carabineros en su página web (www.subsecar.cl), actualizada al 10 de agosto de 2009. Allí aparece que sólo la Sra. Subsecretaria es funcionaria de planta, que no existen funcionarios a contrata, que existen 12 funcionarios a honorarios y que no existen funcionarios contratados bajo las normas del Código del Trabajo. Por otro lado, la Sra. Subsecretaria hace referencia detallada al trabajo que deben desarrollar estos doce funcionarios. Ponderando estos antecedentes este Consejo estima que la aplicación del procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, para comunicar a los 315 denunciantes su derecho a oposición, supondría utilizar un tiempo excesivo de los funcionarios que trabajan en la Subsecretaría de Carabineros, distrayéndolos en forma indebida y afectando, con ello, el debido cumplimiento de las funciones institucionales.

10) Que, sin embargo, el interés público involucrado en la solicitud de acceso a la información del reclamante hace necesario examinar con mayor cuidado la nómina entregada. En efecto, saber quiénes tienen acceso a reclamar ante una autoridad y cuáles son los efectos de dichos reclamos permite que la sociedad controle el ejercicio de las funciones públicas, de manera que en virtud de los principios de facilitación y divisibilidad es preciso revisar si hay manera de, al menos, entregar parte de la información. Para ello este Consejo hará las siguientes distinciones:

a) En primer lugar, el Consejo ha revisado el listado de los 315 reclamos o denuncias comunicados y ha determinando que sólo 120 denuncias y reclamos (numerados en la lista entregada desde el N° 172 al N° 192) se refieren a presuntos procedimientos policiales mal adoptados. El resto, en cambio, se refiere a cuestiones administrativas internas que no parecen estar comprendidas en las “actuaciones o diligencias policiales” que dan origen a esta solicitud (problemas laborales, problemas familiares, pensiones, ascensos, etc.).

b) En segundo lugar, este Consejo estima necesario distinguir si la denuncia o reclamo presentado ante la Subsecretaría de Carabineros proviene de una autoridad pública o de un particular.

c) En el caso de los reclamos o denuncias presentados por autoridades públicas, o por funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo o función pública, no puede sostenerse que la revelación de sus identidades fuese a causarles algún perjuicio. En efecto, conforme el art. 30, inc. 3º, letra a) de la Ley Nº 19.733, de 2001, sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, se consideran como hechos de interés público de una persona los referentes al desempeño de funciones públicas, de manera que si la denuncia o reclamo se efectúa invocado una función de esta naturaleza o detentando la calidad de autoridad (sea en el ámbito de la Administración del Estado, del Congreso Nacional o de cualquiera otra de las autoridades establecidas en la Constitución) la identidad deberá ser revelada sin más, entregando los nombres completos.

d) Tratándose de los reclamos o denuncias presentados por particulares la Subsecretaría de Carabineros deberá comunicarles, en caso que considere que la revelación de su identidad podría afectar sus derechos, deberá comunicarles la solicitud mediante carta certificada señalándoles la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de su identidad, en conformidad con el artículo 21 N° 2 y el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Se destaca el carácter excepcional de la comunicación pues el artículo 20 de la Ley se aplica una vez recibida la solicitud de acceso a la información, pero dadas las circunstancias de este caso se retrotraerá el procedimiento para aplicar el criterio que se ha definido.

e) Si los particulares notificados se oponen a la entrega de la información en tiempo y forma, la Subsecretaría deberá denegar el acceso a la información en los términos del artículo 20 de la Ley. En caso contrario deberá entregar su identidad al reclamante.

11) Lo anterior reducirá el número de comunicaciones a terceros que deban realizarse en virtud del artículo 20 de la Ley de Transparencia, con lo que este Consejo estima que no se distraerá en forma indebida a los funcionarios de las funciones del órgano reclamado ni se afectarán, en consecuencia, sus funciones habituales.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

1. Acoger parcialmente el reclamo interpuesto por don Pedro Anguita Ramírez en contra de la Subsecretaría de Carabineros, por los fundamentos señalados precedentemente.

2. Requerir a la Sra. Subsecretaria de Carabineros, conforme a lo señalado en el considerando 10, que respecto de los 120 reclamos y denuncias enumerados desde N° 172 al N° 292 en la nómina entregada por la Subsecretaría de Carabineros por presuntos procedimientos policiales mal adoptados:

a. Entregue los nombres completos de los denunciantes o reclamantes que sean autoridades públicas o funcionarios públicos (en este segundo caso, siempre que el reclamo o denuncia se haya realizado en ejercicio de las funciones del cargo), dentro del plazo de diez días días hábiles contados desde que esta decisión se encuentre ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo señalado en el art. 46 de la Ley de Transparencia;

b. Informe a este Consejo de la entrega de la información solicitada, ya sea por vía electrónica al correo cumplimiento@consejotransparencia.cl o a la dirección Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago, con el fin de verificar el cumplimiento de lo acordado.

c. Notifique de la solicitud de información a los denunciantes o reclamantes que no fueren autoridades públicas y cuyos derechos puedan verse afectados por la entrega de su identidad, en conformidad al procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Dichas comunicaciones excepcionales deberán realizarse dentro del plazo de dos días hábiles contados desde que esta decisión esté ejecutoriada, con copia a este Consejo ya sea por vía electrónica al correo cumplimiento@consejotransparencia.cl o a la dirección Morandé N° 115, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago, con el fin de verificar el cumplimiento de lo acordado. Si los terceros se oponen en tiempo y forma expresando causa la Subsecretaría de Carabineros quedará impedida de entregar dicha información al reclamante. De lo contrario, la información deberá ser entregada al reclamante dentro del mismo plazo y bajo el mismo apercibimiento establecido en la letra a), enviando copia a este Consejo por los medios ya señalados.

3. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a don Pedro Anguita Ramírez y a la Sra. Subsecretaria de Carabineros.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Juan Pablo Olmedo Bustos y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don Roberto Guerrero Valenzuela. El Consejero don Raúl Urrutia Ávila no concurre a este acuerdo por encontrarse fuera de la ciudad de Santiago. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.