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Felipe Rossler Hargous con MINISTERIO DE EDUCACION Rol: C2019-15

Consejo para la Transparencia, 06/11/2015

Se dedujo amparo en contra del Ministerio de Educación, fundado en la denegación de la información solicitada referente a la «copia del informe "Hacia un sistema de costeo de la educación terciaria en Chile", elaborado por el Banco Mundial a solicitud del Gobierno de Chile». El Consejo acoge el amparo, toda vez que el órgano reclamado no logro acreditar la configuración de la causal de reserva invocada, esto es: (a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y (b) que su conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 


Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Inhabilitación)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2019-15

Entidad pública: Ministerio de Educación

Requirente: Felipe Rossler Hargous

Ingreso Consejo: 27.08.2015

En sesión ordinaria N° 660 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de noviembre de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2019-15.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de julio de 2015, don Felipe Rossler Hargous, solicitó al Ministerio de Educación -en adelante e indistintamente Ministerio o Mineduc- «copia del informe "Hacia un sistema de costeo de la educación terciaria en Chile", elaborado por el Banco Mundial a solicitud del Gobierno de Chile».

2) RESPUESTA: El 24 de agosto de 2015, el Ministerio respondió a dicho requerimiento mediante la Resolución Exenta N°5.813, señalando que no le era posible acceder a la entrega del informe consultado de conformidad a lo dispuesto en la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° letra b) de la Ley de Transparencia. Lo anterior, por cuanto dicho informe serviría de base a la elaboración de proyectos de ley.

3) AMPARO: El 27 de agosto de 2015, don Felipe Rossler Hargous, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Mineduc, fundado en la denegación de la información solicitada.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación el referido amparo y, mediante Oficio N°6.924, de 8 de septiembre de 2015, confirió traslado a la Sra. Subsecretaria de Educación.

El Jefe de la División Jurídica del Ministerio, evacuó sus descargos y observaciones mediante el Oficio N° 2038, de 24 de septiembre de 2015, señalando en síntesis que

a) El informe consultado formaría parte de un procedimiento de trabajo encaminado a la elaboración de normativa en el área educativa. Por lo anterior, no le es posible acceder a su entrega de conformidad a la hipótesis de reserva invocada con ocasión de su respuesta al requerimiento de información de don Felipe Rossler Hargous.

b) Permitir "el acceso a toda persona que así lo solicite, afectaría indudablemente el debido cumplimiento de las funciones que competen a esta Secretaría de Estado, pues daría lugar a diversas interpretaciones por parte de los distintos actores del sistema de educación superior chileno, en cuanto a las conclusiones alcanzadas en dicho trabajo, como asimismo, a especulaciones de cómo ellas influirán en las decisiones que el Ministerio adopte en la materia".

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo tiene por objeto, la entrega por parte de la reclamada de informe sobre el sistema de costeo de la educación terciaria en Chile, elaborado por el Banco Mundial a petición del Gobierno de Chile.

2) Que en tal sentido, la requerida indicó que no le era posible entregar la información consultada por cuanto su divulgación podría afectar el debido cumplimiento de sus funciones, toda vez que dicho documento es un insumo que serviría de base para la elaboración de proyectos de ley en el área educativa. Dicha alegación, se enmarca dentro de la hipótesis de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia.

3) Que respecto de la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1 letra b) invocada por la reclamada para justificar la denegación de la información consultada, cabe señalar que ésta permite denegar la información que se solicite, cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente «tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicos una vez que sean adoptados». Conforme lo establece el artículo 7° N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por "antecedentes" todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por "deliberaciones", las consideraciones, formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios.

4) Que a partir de las decisiones pronunciadas en los amparos Roles A12-09, A47-09 y A79-09, este Consejo ha sostenido reiteradamente que para configurar dicha hipótesis de secreto o reserva, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, a saber: (a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y (b) que su conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.

5) Que, respecto al primero de los requisitos señalados en el considerando precedente, este Consejo ha estimado que debe existir un vínculo preciso de causalidad entre los antecedentes o deliberaciones previas, en la especie, el informe cuya copia fuera solicitada, y los proyectos de ley que estaría elaborando la reclamada en materia educativa, de manera que sea claro que los antecedentes o deliberaciones originarán la resolución, medida o política de que se trata. En este caso, dicho requisito se ha verificado, dado que de conformidad a los dichos del Ministerio el informe solicitado formaría parte de aquellos antecedentes que servirán de sustento a los proyectos en desarrollo.

6) Que en cuanto al segundo requisito indicado, conviene tener presente que, según jurisprudencia reiterada de este Consejo, no basta con invocar una causal de secreto o reserva para eximir al órgano reclamado del cumplimiento de su obligación de entregar la información requerida, sino que, además, debe indicar los hechos que la configuran y aportar los antecedentes que la acrediten. Sin embargo, en el presente caso, la reclamada no aportó suficientes antecedentes que permitieran acreditar tal afectación. En efecto, el Ministerio se limitó a reproducir el contenido de la hipótesis de reserva en que fundó la denegación de la información solicitada, y a evidenciar su preocupación sobre las diversas opiniones que podrían surgir entre los diversos actores del sistema -acerca del modo de proceder de dicho organismo ante las futuras reformas-, alegación que si bien exterioriza un anhelo atendible, no permite tener por configurada una expectativa razonable de daño o afectación por el hecho de divulgarse la información pedida como exige la hipótesis de reserva en comento. Por otra parte, este Consejo no advierte en qué medida la entrega de los antecedentes al solicitante, pueda significar una obstrucción a la decisión de la autoridad. De esta forma, de acuerdo a los antecedentes tenidos a la vista, y no habiéndose acreditado la concurrencia de la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1, literal b), de la Ley de Transparencia, deberá acogerse el presente amparo, y consecuentemente con ello, se requerirá al Ministerio de Educación que entregue a don Felipe Rossler Hargous el informe materia del presente análisis.

7) Que a mayor abundamiento, es menester señalar además que la divulgación del informe solicitado permitirá dar a conocer un antecedente de interés general que hoy día forma parte esencial de la agenda pública, al cual ya habría tenido acceso un medio de prensa. En efecto, y según indicó el Diario la Tercera el 12 de abril de 2015 , dicho informe «de más de 100 páginas, entrega un análisis y recomendaciones para llegar a la meta que se fijó el gobierno y que apunta a "financiar en forma directa a la educación terciaria en el futuro a través de la aplicación de impuestos generales, con el supuesto que las instituciones (...) no podrán cobrar aranceles. Los expertos del BM describen en forma detallada al sistema y sus distintas falencias, entre ellas, por ejemplo, la variedad de aranceles de referencia, las bajas tasas de titulación y la falta de información fidedigna de parte de los planteles».

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Felipe Rossler Hargous, en contra del Ministerio de Educación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente

II. Requerir a la Sra. Subsecretaria de Educación que:

a) Entregue al reclamante copia del informe consultado.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a la Sra. Subsecretaria de Educación y a don Felipe Rossler Hargous.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que la Presidenta del Consejo Directivo doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente, asimismo, que el Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero, se abstuvo de participar en la discusión y resolución de conformidad al acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.