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Diego Grez Cañete con MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU Rol: C1665-15

Consejo para la Transparencia, 20/10/2015

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Pichilemu, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a las "cartas, memorándums y solicitudes de transparencia realizadas por la persona que se indica, con cualquier destinatario, del presente año". Asimismo hace presente que la extensión del plazo en diez días no correspondería por cuanto se trata de documentos de este año y que la información sea enviada a la dirección que indica en formato impreso. El Consejo acoge el amparo. Por una parte, no se da lugar a la oposición del tercero, toda vez que no se aprecian antecedentes que den cuenta de lo indicado por el tercero, por cuanto de los documentos acompañados por él -publicaciones en "Diario El Marino"- no se aprecian en ellas frases o expresiones que puedan ser calificadas de vulneradoras de su honra o dignidad. Luego, la circunstancia que la información obtenida por el requirente sea publicada o difundida en un medio de comunicación digital no puede ser entendido como fundamento para negar el acceso a la información requerida. Por otro lado, el Consejo no tienen antecedentes que justifiquen el importe cobrado, debiendo el órgano reclamado hacer entrega al recurrente de las copias de todos los documentos solicitados, previo pago de los costos directos de reproducción, pero ajustando los mismos a lo dispuesto en la Ley de Transparencia, su Reglamento y la Instrucción General N° 6 del Consejo, particularmente, en el numeral 5 de esta última.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1665-15

Entidad pública: Municipalidad de Pichilemu

Requirente: Diego Grez Cañete

Ingreso Consejo: 22.07.2015.

En sesión ordinaria N° 656 del Consejo Directivo, celebrada el 20 de octubre de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1665-15.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 03 de junio de 2015, don Diego Grez Cañete solicitó a la Municipalidad de Pichilemu, en adelante también la Municipalidad o el Municipio, la siguiente información: "cartas, memorándums y solicitudes de transparencia realizadas por el señor Hugo Toro Galaz, con cualquier destinatario, del presente año". Asimismo hace presente que la extensión del plazo en diez días no correspondería por cuanto se trata de documentos de este año y que la información sea enviada a la dirección que indica en formato impreso.

2) PROROGA DE PLAZO: Por correo electrónico, de fecha 02 de julio de 2015, el Municipio notificó al solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, por tratarse de documentos que han debido ser localizados desde archivos físicos no informatizados.

3) RESPUESTA: Por correo electrónico de fecha 22 de julio de 2015, la Municipalidad remite al solicitante copia de Ord. 787, de 21 de julio de 2015 que da respuesta a su solicitud, en que señala, en síntesis, que:

a) Remite copia de 20 solicitudes de información por Ley de Transparencia, pertenecientes al Sr. Hugo Toro Galaz, Concejal de la I. Municipalidad de Pichilemu, que a continuación individualiza y adjunta en formato digital.

b) El Sr. Hugo Toro Galaz no ha hecho memorándums de ningún tipo en lo que va del año.

c) Respecto a las cartas realizadas al Municipio por el Sr. Hugo Toro Galaz, informa que aquel se opuso a la entrega de la información y adjunta carta de oposición. En dicha carta, el tercero involucrado señala: "vengo a solicitar oposición de entrega información al Sr. Diego Grez Cañete, puesto que, todo lo que yo he solicitado este Joven lo publica en internet a través de un diario virtual de su propiedad, llamado "diario El Marino", donde saca partido y tergiversa toda la información, por lo tanto me opongo de forma rotunda se entregue cualquier información solicitada por este joven.".

Luego, en el aludido correo electrónico, hace presente que la documentación se encuentra disponible para su retiro en Oficina de Partes, previo pago de $30 pesos por hoja fotocopiada.

4) AMPARO: El 22 de julio de 2015, don Diego Grez Cañete dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Al efecto, señala "el razonamiento para la oposición del señor Hugo Toro Galaz, (...) no tiene ningún tipo de base, ya que Toro es concejal de la comuna, por lo tanto la información que él maneja, y general en el municipio como parte de sus labores edilicias debiera ser eminentemente pública; dificulta las labores informativas e investigativas de un cierto medio de comunicación porque supuestamente este "tergiversa" los hechos".

Agrega además que el municipio solicitó el pago de 30 pesos por cada hoja fotocopiada y, en tal sentido, señala "[a]quí apelo al sentido común. 44 páginas fotocopiadas no supondrán un gasto "excesivo" o "no previsto" para el presupuesto del Municipio de Pichilemu".

5) COMPLEMENTACIÓN DE AMPARO: Por medio de presentación de fecha 22 de julio de 2015, don Diego Grez Cañete complementó su amparo, haciendo presente que el Municipio no habría respetado los plazos que señala la Ley de Transparencia para efectuar el traslado al tercero, y por tanto la denegación fundada en la oposición del mismo sería "ilegal".

6) AUSENCIA DE DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Pichilemu, mediante Oficio N° 5.835, de 05 de agosto de 2015. En atención a que dicha autoridad no dio respuesta dentro del plazo legal, este Consejo, por medio de correo electrónico de 03 de septiembre de 2015, le concedió un plazo de carácter extraordinario de cinco días hábiles a partir de la fecha de su envío, para contestar el referido traslado. No obstante lo anterior, a la fecha de la presente decisión, la reclamada aún no ha evacuado sus descargos.

7) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INVOLUCRADO: En virtud de lo previsto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento, el Consejo Directivo de este Consejo, mediante Oficio N° 5.836, de 05 de agosto de 2015, notificó al tercero involucrado, a fin que presentara sus descargos y observaciones, haciendo mención expresa de los derechos que le asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida.

Don Hugo Toro Galaz, por medio de presentación de fecha 19 de agosto de 2015, reiteró su oposición a la entrega de la información solicitada por el Sr. Diego Grez Cañete, señalando al efecto, lo siguiente:

a) Que en la realización de las tareas de concejal, se requieren de contar con información fidedigna previo a los procesos de fiscalización, información que continuamente solicita en las reuniones de concejo municipal las que no siempre son facilitadas con la oportunidad y rapidez que quisiera, motivo por el cual se he visto en la obligación de solicitar dicha información por transparencia. Asimismo indica: "cuando me han llegado diferentes rumos de malas prácticas realizadas por la municipalidad en sus diferentes departamentos, me he visto en la obligación de solicitar información que me permita tener una opinión certera de la situación, la que podrá o no ser objeto de posteriores gestiones. Cabe señalar que la mayor de las veces no tienen mayores fundamentos por tanto solo han permitido poder aclarar dicha situación. El tema es que si mis investigaciones se hacen públicas solo ocasionaran incertidumbre en algunos involucrados lo que en nada ayuda a mi labor como concejal, me parece serio tener opinión previa a la investigación de datos específicos y fidedignos".

b) Que, el Sr. Grez ha manifestado una continua persecución a la labor que él desempeña como concejal y su vida privada, señalando al efecto "no es de mi interés proporcionar información a quien yo sé solo la ocupará para mayor desprestigio a mi condición política (en el entendido que los concejales somos autoridades políticas) y denostación continua y permanente".

c) Junto a sus descargos acompaña dos impresiones de pantalla correspondientes a notas públicas en "Diario El Marino".

Y CONSIDERANDO:

1) Que del análisis de los antecedentes del caso, este Consejo ha podido constatar, que el órgano reclamado infringió lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, por cuanto dio respuesta a la solicitud de información en exceso del plazo de 10 días hábiles luego de aplicada la prórroga a que se refiere el numeral 2° de lo expositivo, lo que se verificó sólo el 22 de julio del mismo año, esto es, al tercer día hábil siguiente al vencimiento del plazo que correspondía al 17 de julio de 2015. La referida infracción, le será representada a la parte requerida, en lo resolutivo de la presente decisión.

2) Que de conformidad a los dichos del reclamante, anotados en el numeral 4° de lo expositivo, el presente amparo se encuentra circunscrito a la información relativa a las cartas o comunicaciones intercambiadas entre la Municipalidad de Pichilemu y don Hugo Toro Galaz, actual concejal de dicho Municipio y al valor de los costos de reproducción que el órgano cobró para hacer efectiva la entrega de la información, en el formato solicitado.

3) Que, en cuanto a las cartas o comunicaciones solicitadas, consta que el órgano reclamado denegó el acceso a la misma, por haber informado el tercero involucrado su oposición a la entrega de lo solicitado, esto es, de conformidad al artículo 20 de la Ley de Transparencia. La precitada disposición establece que si la solicitud de información pudiese afectar los derechos de terceros, el órgano requerido, dentro del plazo de 2 días hábiles deberá comunicar a la o las personas la facultad de oponerse a la entrega de los documentos solicitados, oposición que deberán ejercer dentro del plazo de 3 días hábiles contados desde su notificación, por escrito y requerirá expresión de causa.

4) Que, del tenor de la oposición del tercero anotada en la letra c) del numeral 3° de lo expositivo, se evidencia que ella se funda en la identidad del solicitante y en la circunstancia de que este último publicaría la información obtenida, en un medio digital de su titularidad llamado "Diario El Marino". Asimismo, con ocasión de sus descargos y observaciones a que se refiere el numeral 7° de lo expositivo, el tercero alegó que la información sería utilizada por el requirente para desprestigiar su condición política y denostarlo.

5) Que, en relación a esta última alegación, cabe hacer presente que no obran en poder de este Consejo antecedentes que den cuenta de lo indicado por el tercero, por cuanto de los documentos acompañados por él -publicaciones en "Diario El Marino"- no se aprecian en ellas frases o expresiones que puedan ser calificadas de vulneradoras de su honra o dignidad. Luego, la circunstancia que la información obtenida por el requirente sea publicada o difundida en un medio de comunicación digital no puede ser entendido como fundamento para negar el acceso a la información requerida, toda vez que ello forma parte de la esfera de protección de la garantía constitucional del artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República, esto es, "[l]a libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado". Por su parte el artículo 11, letra g) de la Ley de Transparencia, consagra el principio de la no discriminación, en virtud del cual "los órganos de la Administración del Estado deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud". Por tanto, la calidad de propietario o director de un medio de comunicación digital del solicitante, es indiferente y no obsta la posibilidad de poder ejercer el derecho de acceso a la información que el artículo 10 de la Ley de Transparencia reconoce a "todas las personas".

6) Que, por otra parte, del tenor de los descargos y observaciones formuladas por el tercero involucrado, este Consejo concluye que la información solicitada dice relación con comunicaciones destinadas a concretizar las funciones públicas que la ley encomienda al tercero involucrado en su calidad de concejal. A mayor abundamiento, el tercero en sus descargos señala: "cuando me han llegado diferentes rumores de malas prácticas realizadas por la municipalidad en sus diferentes departamentos, me he visto en la obligación de solicitar información que me permita tener una opinión certera de la situación, (...) me parece serio tener opinión previa a la investigación de datos específicos y fidedignos". Por tanto, resulta plausible que las cartas solicitadas se encuentren circunscritas al ejercicio de las atribuciones que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en su artículo 79, otorga al Concejo Municipal, en especial, la establecida en la letra l) "[f]iscalizar las unidades y servicios municipales".

7) Que, en consecuencia, tratándose de comunicaciones -en la especie, materializadas en un formato de carta- efectuadas por el tercero involucrado, en el ejercicio de las funciones y atribuciones que la ley le encomiendan en su calidad de Concejal, y en el entendido de que ellas sólo corresponden a una herramienta que permita el intercambio eficaz de información en el ejercicio de funciones públicas, estas se encuentran sujetas al escrutinio y control social que la ciudadanía pueda hacer de las mismas, en los términos dispuestos en los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia y 8° de la Constitución Política de la República. Por el contrario, de estimarse que las cartas enviadas y recibidas por servidores públicos respecto de materias propias del desempeño de sus funciones son comunicaciones de carácter privado, se crearía un canal secreto que transformaría en reservados documentos esencialmente públicos por el puro hecho de ser remitidos por esa vía, en circunstancias que el secreto o la reserva de la información dependen del contenido y no del continente.

8) Que, lo anterior no obsta, a que en el evento, de que obren en poder de la Municipalidad cartas remitidas por don Hugo Toro Galaz en el ámbito de su intimidad o vida privada, ellas deban ser reservadas de conformidad a lo dispuesto en la ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada, el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y, especialmente, el artículo 19 N° 5 de la Constitución, por tratarse de comunicaciones que escapan al ámbito de publicidad consagrado en la Carta Fundamental y las leyes.

9) Que, en consecuencia, se procederá a acoger el amparo en este punto y se ordenará al órgano hacer entrega al solicitante de todas las cartas o comunicaciones formales remitidas por don Hugo Toro Galaz entre el 1° de enero de 2015 y la fecha de presentación de la solicitud de acceso -3 de junio del mismo año- a través de las cuales haya ejecutado alguna de las funciones o atribuciones que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades le otorga, sin perjuicio de la prevención efectuada en el considerando anterior y la que se hará a continuación.

10) Que, con todo, todos aquellos casos en que la información cuya entrega se ordena contenga datos de contexto de personas naturales, tales como por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, estos deberán ser previamente tarjados por el órgano, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 19.628 y en aplicación del principio de divisibilidad en materia de acceso a la información pública, consagrado en el artículo 11 de la Ley de Transparencia.

11) Que, en cuanto al valor de los costos de reproducción cobrados por el Municipio -$30 pesos por cada hoja-, cabe hacer presente que conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Transparencia, "[l]a información solicitada se entregará en la forma y por el medio que el requirente haya señalado, siempre que ello no importe un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional (...)". En la especie, el requirente solicitó que la información le fuera enviada en formato papel.

12) Que, sobre el particular, cabe manifestar que en virtud del principio de gratuidad establecido en el artículo 11, letra k), de la Ley de Transparencia, el acceso a la información de los órganos de la Administración es gratuito, sin perjuicio de lo establecido en esta ley, agregando el artículo 18 que "sólo se podrá exigir el pago de los costos directos de reproducción y de los demás valores que una ley expresamente autorice cobrar por la entrega de la información solicitada". En este sentido, el artículo 20 del Reglamento de la Ley de Transparencia señala, en lo que interesa, lo siguiente: "(...) se entenderá por costos directos de reproducción todos aquellos que sean necesarios para obtener la información en el soporte que el requirente haya solicitado, excluyendo el valor del tiempo que ocupe el o los funcionarios para realizar la reproducción".

13) Que, la Instrucción General N° 6, sobre gratuidad y costos directos de reproducción, emitida por este Consejo, señala en su numeral I.4. que se "entenderá por costos directos de reproducción todos los costos asociados al proceso de copiado de un documento u otro tipo de soporte, en la medida que sea necesario incurrir en ellos para obtener la información en el soporte que el requirente haya solicitado"; fijando asimismo criterios para definir aquellos que pueden cobrar los órganos de la Administración, sujetos a la Ley de Transparencia en su numeral 1.5. Luego, el numeral 1.9, de la Instrucción General hace presente que el cobro de valores superiores a los que resulten de las contenidas en la misma contraviene los principios de facilitación, oportunidad y gratuidad establecidos en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y, además, los criterios del artículo 20 del Reglamento de la misma. En consecuencia, se entenderá que representan una forma de obstaculizar la entrega de información carente de fundamento legal para los efectos de lo dispuesto en el Título VI de la misma Ley.

14) Que, no habiendo aportado el Municipio antecedentes que acrediten el valor de los insumos que formarían parte, en su caso, de los costos directos de reproducción que a su juicio procedería cobrar, y por tanto, no obrando en poder de este órgano antecedentes que justifiquen el importe cobrado, se procederá a acoger el amparo en este punto y se requerirá a la Sr. Alcalde de la Municipalidad de Pichilemu, hacer entrega al recurrente de las copias de todos los documentos solicitados, previo pago de los costos directos de reproducción, pero ajustando los mismos a lo dispuesto en la Ley de Transparencia, su Reglamento y la Instrucción General N° 6 del Consejo, particularmente, en el numeral 5 de esta última.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Diego Grez Cañete en contra de la Municipalidad de Pichilemu, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Pichilemu:

a) Entregar a don Diego Grez Cañete la información relativa a todas las cartas o comunicaciones formales remitidas por don Hugo Toro Galaz entre el 1° de enero de 2015 y la fecha de presentación de la solicitud de acceso -3 de junio-, a través de las cuales haya ejecutado alguna de las funciones o atribuciones que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades le otorga; lo anterior con las prevenciones efectuadas en los considerandos 8) y 10) de esta decisión. Luego, tanto dicha información como las solicitudes de información vía Ley de Transparencia de don Hugo Toro Galaz, deberá ser entregada en el formato papel, previo pago de los costos directos de reproducción, determinados de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Transparencia, su Reglamento y la Instrucción General N° 6 de esta Corporación.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Representar al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Pichilemu la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, toda vez que no dio respuesta al requerimiento de información que se le formulara en el plazo previsto en la disposición antedicha. Lo anterior, a fin de que adopte las medidas necesarias para evitar que ante nuevas solicitudes de información la referida infracción vuelva a reiterarse.

IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Diego Grez Cañete, al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Pichilemu y al Sr. Hugo Toro Galaz, este último en su calidad de tercero involucrado.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. La Presidenta del Consejo Directivo doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina