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Ariel Reyes Díaz con SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN Rol: C1519-15

Consejo para la Transparencia, 06/10/2015

Se dedujo amparo en contra del Servicio Registro Civil e Identificación, fundado en que dio respuesta negativa a una solicitud de información referente a "toda la información que tenga esta unidad referente a mi persona, todos los datos (información anexa) respecto además a las personas que se indican. El Consejo rechaza el amparo, toda vez que la Ley de Transparencia no constituye la vía idónea para acceder a la información que consta anotada en los registros públicos.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Resoluciones Sumarios Administrativos


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1519-15

Entidad pública: Servicio Registro Civil e Identificación

Requirente: Ariel Reyes Díaz

Ingreso Consejo: 06.07.2015

En sesión ordinaria N° 652 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de octubre de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1519-15.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 9 de junio de 2015, don Ariel Reyes Díaz solicitó al Servicio de Registro Civil e Identificación "toda la información que tenga esta unidad referente a mi persona, todos los datos (información anexa):

a) Ariel Nelson Reyes Díaz, R.U.T. que indica (además me puedo identificar en algún centro de registro civil para comprobar mi identidad para que se me entregue mi información).

b) Los datos de mis padres (Benita Díaz Estay, José Mario Reyes Gaete) que ud (sic) manejen de mis padres.

c) Conjuntamente con los datos que tengan de mis abuelos maternos y paternos".

2) RESPUESTA: El 1 de julio de 2015, el Servicio de Registro Civil e Identificación respondió a dicho requerimiento de información mediante carta R.C.T. N° 3655 de la misma fecha, señalando, en síntesis, que:

a) El Servicio elabora redes familiares y entrega información de las personas, acerca del parentesco y estados civiles, a los Tribunales de Justicia y a las Instituciones Públicas en general que lo requieran para sus propios fines.

b) Las funciones encomendadas al Servicio se encuentran establecidas en el artículo 4 de la ley N° 19.477, que Aprueba Ley Orgánica del Servicio de Registro Civil, enumeración en la cual no se encuentra lo solicitado.

c) El Servicio no posee un sistema computacional que en forma automática, a partir de un RUN, entregue los familiares del titular de dichos datos, por lo cual toda red familiar implica que el funcionario a cargo, luego del examen de diversa información interna, concluye el eventual parentesco que existe entre la persona cuyos datos se proporcionan y los eventuales parientes que se pueden asociar a su persona.

d) Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente que mediante el RUN de los titulares de las partidas, es posible obtener certificados de nacimiento, matrimonio y defunción gratuitos vía online a través de la página web www.srcei.cl.

3) AMPARO: El 6 de julio de 2015, don Ariel Reyes Díaz dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió una respuesta negativa a su solicitud.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Directora Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, mediante Oficio N° 005241 de 17 de julio de 2015.

Mediante DN Ord. N° 0801 de 7 de agosto de 2015, la Sra. Director Nacional (s) del Servicio de Registro Civil e Identificación, presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que:

a) No se entregó una respuesta denegatoria, toda vez que se le informó al solicitante el procedimiento para obtener la información requerida. En cuanto al fondo, la información solicitada dice relación con datos de carácter personal, por cuanto aquella acredita oficialmente el estado civil de una persona, situación que según la ley, se prueba con las inscripciones de hechos vitales y actos de matrimonio que lleva el Servicio, según lo señala el artículo 305 del Código Civil. En consecuencia, lo solicitado no se trata de información pública, sino que de información personal que contiene incluso datos sensibles que administra el Servicio, y que se encuentran contenidos en una fuente que no es accesible al público, por cuanto para acceder a la información contenida en ella, se requiere el suministro previo de ciertos datos de entrada.

b) Dada la amplitud de la solicitud, esta implica proporcionar información del estado civil y relaciones de parentesco (datos personales y sensibles), de cada una de las personas requeridas, así como de sus cónyuge, hijos, padres y abuelos, por lo que habría sido necesario realizar una serie de actuaciones para construirla (tratamiento de datos tanto de carácter automatizado como manual), cuyo producto final se ha denominado operativamente "red familiar", que se entrega sólo a requerimiento de los entes públicos (judiciales y administrativos) que, en base a sus propias potestades, lo solicitan.

c) A su vez, en el caso que la información requerida hipotéticamente esté en una base de datos, en definitiva, se trataría igualmente de una información que no se encuentra disponible para los usuarios en general, debido a que ella se mantiene en fuentes que no son accesibles al público, salvo a través de las respectivas partidas de nacimiento o certificados, a los cuales se puede acceder previo aporte de datos de entrada o de acceso, como el nombre completo de la persona o el RUN, o los datos de la partida, tales como el número, el año y la circunscripción. En efecto, el legislador no contempló dentro del ámbito de competencias del Servicio, elaborar y otorgar redes familiares al público general.

d) Particularmente, en lo que respecta al Servicio, el artículo 3° de la Ley N° 19.477, Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación establece que: "El Servicio (...) tendrá por objeto principal registrar los actos y hechos vitales que determinen el estado civil de las personas y la identificación de las mismas. Le corresponderá, también, llevar los registros y efectuar las actuaciones que la ley encomiende".

e) La forma en que la ley establece al Servicio, hacer fe de los hechos y actos jurídicos que consten en sus registros, no es otra que a través de certificados o copias autorizadas de las mismas inscripciones, tal como expresamente lo indican el N° 7 del artículo 4° y el N° 3 del artículo 33 de la Ley N° 19.477.

f) La base de datos del Servicio, que se implementó a partir de 1982, es una herramienta informática, no un registro, que permite la emisión de certificados computacionales de las inscripciones que se llevan, siempre y cuando los datos de éstas hayan sido previamente ingresados a dicho sistema computacional y los titulares de dichas inscripciones se les haya asignado un RUN, al cual estén asociadas dichas partidas.

g) Lo anterior, con la finalidad de facilitar el cumplimiento, frente a la demanda creciente del público usuario por dichos certificados, de acuerdo con el artículo 4°, N° 7, de la Ley N° 19.477, ya señalado. El público en general, actualmente, puede obtener estos certificados vía on line, en forma gratuita de ciertos productos específicos, mediante el RUN del titular de los datos. Sin perjuicio de lo indicado, de este sistema computacional no es posible extraer copias de las partidas, sea de nacimiento, matrimonio y defunción las cuáles, por expresa disposición legal, se conservan en libros físicos.

h) Es preciso detallar la diferencia entre solicitar los datos de las inscripciones que registra una determinada persona, proporcionando los datos de entrada correspondientes, caso en el cual, el Servicio, de acuerdo a la ley, debe entregar la información por medio de un certificado; de la solicitud de una red familiar, actuación ésta última que no está contemplada en la ley y que exige el tratamiento de datos, ya que no se entrega la información concreta y objetiva de un registro, sino que ello exige efectuar un cruce de información en la base de datos a partir de los RUNES, que solo eventualmente permite hacer las conexiones de parentesco.

i) En tal sentido, se deben distinguir algunas situaciones, como por ejemplo, la solicitud de partidas de registro civil, donde se puede observar lo siguiente:

i) Si los hechos vitales (nacimiento, defunción) y/o actos de matrimonio se han incorporado al sistema computacional, éste arrojará las respectivas inscripciones que se encuentren asociadas a los antecedentes de entrada que previamente aportó el propio solicitante, tales como los datos de la respectiva partida (número, año y circunscripción).

ii) Respecto de las inscripciones que no se encuentren ingresadas al sistema computacional, el propio interesado deberá proporcionar el nombre exacto de la persona y además disponer de los datos precisos de la inscripción (número, año y circunscripción), y en tal caso, la vía para obtener la información, es concurrir a cualquiera de las oficinas presenciales del Servicio, a fin de solicitar copia oficial de la partida correspondiente pagando el importe respectivo.

iii) Si el requirente no suministra previamente los datos determinados de la partida, por ejemplo, porque no los conoce (número de la partida, año y circunscripción), a fin de agotar la vía administrativa, deberá solicitar la búsqueda manual de la inscripción de que se trate en la oficina donde puede haberse registrado el hecho vital y/o acto de matrimonio de que se trate, proporcionando los antecedentes de que disponga y un parámetro acotado de años para su búsqueda, siendo este el procedimiento establecido para estos casos.

j) Respecto del tratamiento de datos contemplado en la ley N° 19.628 Sobre Protección de la Vida Privada, una prueba y ejemplo fehaciente y concreto de que el Servicio no puede efectuar un tratamiento de éstos fuera de sus competencias, no autorizado por ley, como el solicitado en este caso, aun cuando se trate de los datos contenidos en sus propios registros, no accesibles al público, y aunque el interesado o sus familiares sean los titulares de los datos involucrados, es el caso de las posesiones efectivas intestadas, a cargo del Servicio desde el año 2004, en donde el legislador tuvo que incluir una disposición expresa en la Ley N° 19.903, sobre Procedimiento para el Otorgamiento de la Posesión Efectiva de la Herencia, para poder efectuar un tratamiento de datos de estas características, la que se encuentra contenida en el inciso 1°, del artículo 6° de dicho texto, el que a su saber indica que: "La posesión efectiva será otorgada a todos los que posean la calidad de herederos, de conformidad a los registros del Servicio de Registro Civil e Identificación, aun cuando no hayan sido incluidos en la solicitud y sin perjuicio de su derecho a repudiar la herencia de acuerdo a las reglas generales".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el artículo 3° de la ley N° 19.477, Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación, establece que corresponderá a dicho Servicio "llevar los registros y efectuar las actuaciones que la ley encomiende". Asimismo, los numerales 1 y 7 del artículo 4° del mismo cuerpo legal prescriben, respectivamente, que son funciones del Servicio formar y mantener actualizados los registros que indica, entre ellos, el "De Nacimiento, Matrimonio y Defunción"; y "otorgar certificados que den fe de los hechos y actos jurídicos que consten en los registros que mantiene el Servicio". A su vez, el artículo 33 de la ley citada señala que son obligaciones de los oficiales civiles "otorgar certificados o copias autorizadas de las inscripciones existentes en los registros a su cargo".

2) Que, la ley N° 19.628 define las fuentes accesibles al público, como "los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados, de acceso no restringido o reservado a los solicitantes". En consecuencia, y de acuerdo a lo señalado por esta Corporación en la decisión rol C1335-13, para categorizar un banco de datos como fuente accesible al público, la legislación nacional exige que cualquier persona pueda acceder, sin restricciones, a los elementos contenidos en dicho banco, caso en el cual no existe limitación en el uso que se les pueda dar.

3) Que, si el legislador hubiera querido identificar todo "registro público" con una "fuente accesible al público", habría bastado que señalara que éstas son "los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados" sin que tuviera sentido alguno incorporar la frase final de esa oración: "de acceso no restringido o reservado a los solicitantes" que es la que acota su interpretación. En este sentido, conviene tener presente a título ejemplar, que en el caso español, la Ley Orgánica de Protección de Datos enumera taxativamente qué fuentes tienen la característica de ser accesibles al público, para luego señalar en su reglamento que para que puedan considerarse como tales "será preciso que su consulta pueda ser realizada por cualquier persona, no impedida por una norma limitativa, o sin más exigencia que, en su caso, el abono de una contraprestación". Es decir, en el derecho español las fuentes accesibles al público están sujetas a un doble requisito, primero, son única y exclusivamente las que constan en la lista tasada que señala la norma respectiva y, segundo, son consideradas tales en cuanto su consulta pueda ser realizada por cualquier persona sin que se lo impida una norma limitativa. En el caso de obtener datos personales de cualquier otra fuente de información, el responsable del fichero siempre debe obtener el consentimiento previo de su titular.

4) Que, en el caso en análisis, la circunstancia de que la información pedida en la solicitud de acceso que motivó el presente amparo se encuentre contenida en un registro público cuyo acceso está sometido a la restricción de aportar determinados datos, excluye la posibilidad de considerar a dicho registro como una fuente accesible al público, en los términos definidos en el artículo 2, letra i) de la ley N°19.628. En efecto, a pesar que la información solicitada obre en poder de la Administración y cualquiera pueda acceder a ella mediante un procedimiento de solicitud de certificado o de copia autorizada, de eso no se sigue que el legislador haya considerado que los datos que se consignan en cualquier registro, por público que éste sea, provienen de una fuente accesible al público como si hubiera pretendido asimilar ambas expresiones en los términos de la ley N°19.628.

5) Que, así las cosas, no obstante ser instrumentos públicos, la información del Servicio de Registro Civil e Identificación relativa a una persona, se entrega en forma individual mediante certificados y copias autorizadas, y en base al suministro previo de determinados datos, tales como el nombre o RUT, para poder acceder a los datos e información que en ellos se anotan. En consecuencia, el legislador ha fijado un régimen especial de acceso a la información que obra en esos registros públicos administrados por diversos servicios, y a ese régimen debe estarse.

6) Que, por otro lado, el Servicio se encuentra autorizado legalmente para proceder al cobro de los tributos respectivos relativos a la información de personas, entregados mediante certificados y copias autorizadas. En efecto, el decreto con fuerza de ley N° 1282 del Ministerio de Hacienda, publicado el 29 de noviembre de 1975, estableció el monto de impuestos y exenciones en actuaciones del Servicio de Registro e Identificación, reajustándose éstos mediante el decreto N° 649 exento del Ministerio de Justicia, publicado el 19 de febrero de 2009, según lo permite el decreto con fuerza de ley señalado.

7) Que, de este modo, el solicitante no puede utilizar la Ley de Transparencia para acceder a la información contenida en los registros públicos del Servicio requerido y obviar, de esta manera, la exigencia de proporcionar previamente ciertos datos para obtener la información que allí se encuentra. Asimismo, éste no puede obviar la exigencia de pagar los impuestos respectivos en los casos de certificados y copias autorizadas que correspondan, según la normativa antedicha.

8) Que, en consecuencia, dichos registros públicos no tienen el carácter de fuentes accesibles al público y, por ende, a ellos debe aplicarse el principio de finalidad consagrado en el artículo 9 de la ley N°19.628, por el cual los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados. En este caso concreto, según lo señala el artículo 4 de la ley N° 19.477, Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación, la finalidad de formar y mantener actualizados los registros que la ley le encomienda es "otorgar certificados que den fe de los hechos y actos jurídicos que consten en los registros que mantiene el Servicio".

9) Que, conforme con lo razonado precedentemente, la Ley de Transparencia no constituye la vía idónea para acceder a la información que consta anotada en estos registros públicos y, en consecuencia, corresponde el rechazo del amparo en análisis.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Ariel Reyes Díaz en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, toda vez que la Ley de Transparencia no constituye la vía idónea para acceder a la información que consta anotada en los registros públicos a que se refiere el presente amparo, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Ariel Reyes Díaz, y a la Sra. Directora Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza y los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.