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Roberto Muñoz Torres con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE CORDILLERA (PUENTE ALTO) Rol: C1893-15

Consejo para la Transparencia, 24/11/2015

Se dedujo amparo en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Cordillera, fundado en la denegación de la información solicitada respecto a la copia del registro de firmas de votantes y el acta de escrutinio de la elección del 30 de junio del Sindicato de Establecimiento de Trabajadores Terminal Puente Alto de la Empresa Subus Chile S.A. El Consejo acoge parcialmente el amparo. Respecto a la causal de secreto invocada, se desecha de plano las alegaciones vertidas por el tercero interesado, atendido que no posee legitimación activa para invocar la concurrencia de alguna de las hipótesis de reserva enunciadas a modo ejemplar en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. No obstante lo anterior, la divulgación de firmas consultado, atenta contra la autonomía y libertad sindical protegidas en la Constitución Política de la República y Tratados Internacionales, , pues, la conformación de toda organización sindical es, precisamente, una cuestión interna del respectivo sindicato, no existiendo ningún tipo de interés público en que ella sea conocida por un tercero. VOTO DISIDENTE


Tipo de solicitud y resultado:

  • Resoluciones Sumarios Administrativos


Descriptores analíticos:

Tema Trabajo
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1893-15

Entidad pública: Inspección Provincial del Trabajo de Cordillera

Requirente: Roberto Muñoz Torres

Ingreso Consejo: 14.08.2015

En sesión ordinaria N° 664 del Consejo Directivo, celebrada el 24 de noviembre de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1893-15.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 20 de julio de 2015, don Roberto Muñoz Torres, solicitó a la Inspección Provincial del Trabajo de Cordillera- en adelante e indistintamente Inspección o IPT-, copia del registro de firmas de votantes y el acta de escrutinio de la elección del 30 de junio del Sindicato de Establecimiento de Trabajadores Terminal Puente Alto de la Empresa Subus Chile S.A.

2) RESPUESTA: La IPT, por medio de Resolución N° 193 de 31 de julio de 2015, indicó al solicitante que atendida la oposición del Sindicado consultado -formulada mediante presentación de 28 de julio de 2015 en respuesta a traslado conferido por la IPT por Oficio N° 534 de 22 de julio de 2015-, dicho órgano en conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, se encuentra impedido de acceder a la entrega de los antecedentes requeridos.

3) AMPARO: El 14 de agosto de 2015, don Roberto Muñoz Torres dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la IPT, fundado en la denegación de la información solicitada. En tal sentido agregó, que la información requerida era relevante para determinar el número de trabajadores que participó en el proceso eleccionario. Lo anterior, a fin de impugnar las elecciones de la actual directiva.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación el referido amparo y, mediante Oficio N° 6.565, de 26 de agosto de 2015, confirió traslado al Sr. Inspector Provincial del Trabajo de Cordillera, solicitándole que al formular sus descargos: (1°) se refiriera a las causales de hecho, secreto o reserva legal, que a su juicio harían procedente la denegación parcial de la información solicitada; (2°) acompañara todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación y del escrito de oposición presentada por éste; y, (3°) proporcionara los datos de contacto; nombre, dirección, número teléfono y correo electrónico del tercero involucrado, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en artículo 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

El Inspector Provincial del Trabajo de Arica, mediante el Oficio N° 709, de 23 de septiembre de 2015, evacuó sus descargos y observaciones, reiterando lo expuesto en su respuesta al requerimiento de información.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INVOLUCRADO: En virtud de lo previsto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento, el Consejo Directivo de esta Corporación, mediante Oficio N° 7.550, de 30 de septiembre de 2015, notificó a la directiva del Sindicato de Trabajadores Terminal Puente Alto de la Empresa Subus Chile, a fin que presentara sus descargos y observaciones, dentro del plazo de diez días hábiles contados desde la notificación.

La Directiva del Sindicato, mediante presentación de 5 de octubre de 2015, indicó en síntesis que la información solicitada debía mantenerse en reserva, condición indispensable para el éxito del proceso en trámite ante el Tribunal Electoral Metropolitano. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en la hipótesis de reserva dispuesta en el artículo 21 N°1, letra a), de la Ley de Transparencia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo se funda en la denegación que efectuara la parte reclamada de la información requerida. Al efecto, la Inspección indicó que no lo era posible entregar los datos consultados atendida la oposición del tercero de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, por cuanto el Sindicato de Trabajadores Terminal Puente Alto S.A, estimó que los antecedentes solicitados, esto es, el registro de firmas de quienes votaron en la elección de renovación de su directiva como del acta de escrutinio del referido acto eleccionario, podría afectar el desarrollo del proceso judicial substanciado ante el Tribunal Electoral Metropolitano. Por lo anterior, estimó aplicable la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia.

2) Que, la causal de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1, tiene por objeto proteger el debido cumplimiento de las funciones del órgano de la Administración del Estado requerido, en consecuencia es privativa de éste. Así lo ha resuelto este Consejo en la decisión del amparo Rol C641-10, de 14 de enero de 2011 (considerando 13°), en el sentido que "...la causal de reserva invocada, en cuanto protege el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido (...), es privativa de dicho órgano, pues se estima que precisamente él se encuentra en la posición adecuada para ponderar la medida en que la divulgación de los antecedentes (...) puede afectar el debido cumplimiento de éstas". En consecuencia, no cabe sino desechar de plano las alegaciones vertidas por el tercero interesado, atendido que no posee legitimación activa para invocar la concurrencia de alguna de las hipótesis de reserva enunciadas a modo ejemplar en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.

3) Que sin perjuicio de lo resuelto precedentemente, este Consejo ante requerimientos similares ha resuelto -en la decisión de amparo Rol C492-11 -, que en virtud de lo previsto en el artículo 7° de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, deberá guardarse secreto de las nóminas de las personas que forman parte de un sindicato o que concurrieron a su constitución, por ser dicha información un dato de carácter personal. Igualmente se resolvió, que el solo interés por parte del empleador de conocer las identidades de los trabajadores que conforman un sindicato y verificar con ello la existencia de un vínculo contractual entre la parte que representa y los afiliados sindicales, no justifica relevar el carácter reservado de dichos antecedentes, por cuanto ello no redunda en un beneficio indubitado que permita justificar su entrega. Por tal razón, en la ya referida decisión se resolvió, que la afiliación sindical de una persona natural constituye un dato personal cuya divulgación afectaría el derecho a la vida privada de quienes forman parte del sindicato, resultando aplicable, a su respecto, la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley N° 19.628. El referido pronunciamiento, ha sido refrendado por lo resuelto en las decisiones recaídas respecto de los amparos Roles Nos C904-12, C1391-12, C506-13, C1000-13 y C1401-14. Por tal motivo, y atendido que el registro de firmas requerido detalla la identidad de cada uno de los socios que tomaron parte en la elección de la nueva directiva del sindicato consultado, se rechazará el amparo en esta parte en aplicación de la causal de reserva citada. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia.

4) Que en tal sentido, cabe además señalar que la divulgación del registro de firmas consultado, atenta contra la autonomía y la libertad sindical protegidas en la Constitución Política de la República y en los Tratados Internacionales suscritos por Chile en la materia, pues, la conformación de toda organización sindical es, precisamente, una cuestión interna del respectivo sindicato, no existiendo ningún tipo de interés público en que ella sea conocida por un tercero. En efecto, la única que puede conocerla, con la debida reserva, es la autoridad laboral, para efectos de fiscalización, o los jueces para efectos de un juicio. Luego, a los terceros distintos de los miembros del respectivo sindicato les está vedado conocer la información materia del presente análisis.

5) Que aplicar divisibilidad respecto del registro de firmas, no sería útil, puesto que, dada la naturaleza de los datos alli consignados, el resultado seria la entrega de un documento que habría perdido su esencia y, por ende, no guardaría correspondencia con el tenor del requerimiento de don Roberto Muñoz Torres.

6) Que en concordancia con lo expuesto, es menester hacer presente al reclamante que la Ley de Transparencia no constituye la vía idónea para impugnar la conformación de la organización sindical consultada, debiendo para ello, concurrir ante la autoridad electoral pertinente. En efecto de conformidad a lo dispuesto en el artículo 10° de la ley N° 18.593, sobre Tribunales Electorales Regionales, corresponderá a dichos tribunales "conocer de las reclamaciones que se interpongan con motivo de las elecciones de carácter gremial y de las de cualesquiera otros grupos intermedios".

7) Que, finalmente, respecto del acta de escrutinio solicitada - la cual detalla el número de votos obtenidos por cada candidato al cargo de directos sindical-, se acogerá el amparo y conjuntamente con ello, se requerirá a la Inspección Provincial entregar al reclamante copia de dicho documento, previa anonimización de todo dato personal que permita identificar a sus titulares. Lo anterior, de conformidad al principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, y a lo preceptuado en la ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Roberto Muñoz Torres, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Inspector Provincial del Trabajo Cordillera que:

a) Entregue al reclamante copia del acta de escrutinio solicitada, una vez anonimizados todos aquellos datos que permitan identificar a los trabajadores que conforman el Sindicato de Trabajadores Terminal Puente Alto de la Empresa Subus Chile S.A. Lo anterior, de conformidad a lo resuelto en los considerandos 4° de esta decisión.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Roberto Muñoz Torres; al Sr. Inspector Provincial del Trabajo Cordillera y al Sindicato de Trabajadores Terminal Puente Alto de la Empresa Subus Chile S.A, este último en su calidad de tercero interesado.

VOTO DISIDENTE

Decisión acordada con el voto disidente del Consejero don Macelo Drago Aguirre, quien estima que el amparo debe acogerse totalmente, en virtud de las siguientes consideraciones:

1. Que si bien el registro de firmas contiene datos personales de quienes asistieron a la elección de la nueva directiva del Sindicato de Trabajadores Terminal Puente Alto de la Empresa Subus Chile S.A, ello no obsta a que en uso del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 literal e) de la Ley de Transparencia, la reclamada pueda hacer entrega de dicho documento habiendo anonimizado previamente todo dato personal que permita identificar a sus titulares. En efecto, de conformidad al citado principio, si un antecedente «....contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda». Luego, y aun cuando se hubiese tarjado todos y cada uno de los datos personales contenidos en el registro de firmas, igualmente se hubiese permitido al reclamante cotejar dicha información con aquella contenida en el acta de escrutinio, permitiéndole determinar de modo cierto el número efectivo de trabajadores que concurrieron a la elección del nuevo directorio del Sindicato de Trabajadores Terminal Puente Alto de la Empresa Subus Chile S.A, satisfaciéndose de dicho modo, el objeto del presente amparo.

2. En tal sentido, cabe además señalar que la divulgación de información como la requerida, permite el ejercicio de un control social sobre el cumplimiento efectivo de los quorum exigidos por la ley para la renovación de las directivas de las organizaciones sindicales, propendiéndose a la obtención de mayores niveles de transparencia en el desarrollo de procesos eleccionarios de grupos intermedios de gran relevancia social.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. La Presidenta del Consejo Directivo doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.