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Mireya Paz Valdebenito Verdugo con SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Rol: C2273-15

Consejo para la Transparencia, 27/11/2015

Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a "las bases de datos y cuestionarios de la serie de "estudio de percepción del cliente de las empresas sanitarias" que efectúa la superintendencia de servicios sanitarios desde el año 2008. se solicitan las bases de datos nacionales de las encuestas del año 2008 a 2014 (total 7 bases de datos) en formato spss o en su defecto en formato excel con diccionario de variables y los cuestionarios utilizados en cada año (total 7) en formato word o pdf". El Consejo acoge el amparo, toda vez que se desestima la causal de secreto alegada, por no configurarse uno de sus requisitos copulativos, vale decir, la existencia de un proceso de deliberación pendiente.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Servicios Básicos
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Ausente)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2273-15

Entidad pública: Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Requirente: Mireya Paz Valdebenito Verdugo.

Ingreso Consejo: 22.09.2015.

En sesión ordinaria N° 665 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de noviembre de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C2273-15.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de julio de 2015, doña Mireya Paz Valdebenito Verdugo, solicitó a la Superintendencia de Servicios Sanitarios -en adelante e indistintamente Superintendencia o SISS-, la siguiente información: "las bases de datos y cuestionarios de la serie de "estudio de percepción del cliente de las empresas sanitarias" que efectúa la superintendencia de servicios sanitarios desde el año 2008. se solicitan las bases de datos nacionales de las encuestas del año 2008 a 2014 (total 7 bases de datos) en formato spss o en su defecto en formato excel con diccionario de variables y los cuestionarios utilizados en cada año (total 7) en formato word o pdf".

2) PRORROGA DEL PLAZO Y RESPUESTA: El 19 de agosto de 2015, mediante correo electrónico, el órgano notificó a la solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en diez días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

El 01 de septiembre de 2015, la Superintendencia, señaló en síntesis que se ha resuelto denegar parcialmente el requerimiento, considerando lo dispuesto en el artículo 14 de la ley N° 20.285 que regula el principio de divisibilidad de la información, a saber: si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda. En la especie, se ha considerado que los antecedentes contenidos en el Estudio SISS "Percepción de la Calidad de Servicio de las Empresas Sanitarias" años 2008 a 2014, se encuentran amparados por la causal de reserva contenida en el artículo 21 no 1 letra a) de la Ley ya referida, puesto que en este caso, la publicidad del Estudio solicitado afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente si se trata de antecedentes que previos a la adopción de una medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicos una vez adoptadas.

En particular, se ha considerado que la información solicitada habilita a la Superintendencia para adoptar las medidas que permitan introducir elementos de comparación en un mercado monopólico, retroalimentar procesos de capacitación e información de los consumidores y perfeccionar las instrucciones que dicta esta Superintendencia en el ejercicio de sus funciones y permiten adoptar políticas de fiscalización anuales que se realizan hacia las empresas sanitarias, por lo que su conocimiento entorpecerá una de las funciones más importes de este Servicio.

Sin embargo, este razonamiento no es extensible a la solicitud de información recaída en el cuestionario del Estudio, ya que ésta es una información pública que se adjunta a la presente respuesta.

3) AMPARO: El 22 de septiembre de 2015, doña Mireya Valdebenito Verdugo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. Agregó que se realizó una entrega parcial de información, puesto que no se entregaron las bases de datos de las encuestas realizadas entre el año 2008 y 2014, aduciendo que esta última información afectaba el debido cumplimiento del órgano en cuestión, lo que el órgano no acreditó.

Asimismo, refirió que no se comprende la negativa de la Superintendencia, siendo que se encuentran publicados actualmente los resultados obtenidos con las bases de datos en la página web del SISS, mostrando gráficos, tablas y reseñas con la descripción de los resultados para diferentes dimensiones del servicio y empresas.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Superintendenta de Servicios Sanitarios, mediante Oficio N° 7554, de 30 de septiembre de 2015, quien mediante Ordinario N° 4246, de fecha 16 de octubre de 2015, presentó sus descargos y observaciones, en el cual señaló en síntesis que la ley N° 18.902, encomienda a la Superintendencia de manera exclusiva la fiscalización de los servicios sanitarios que operan en los territorios urbanos del país. En este contexto, se elaboró el "Estudio de Percepción del Cliente de las Empresas Sanitarias" como una herramienta que le permitiera fiscalizar a los concesionarios sanitarios mediante la obtención de información directa de los usuarios de los servicios de elaboración y distribución de agua potable y de recolección y tratamiento de las aguas servidas, puesto que obtienen una tarifa por la prestación de dichos servicios que tiene un carácter monopólico. En la especie, mediante la aplicación de este estudio se busca velar por la calidad de la atención que realizan los servicios concesionados, respecto de los clientes que reciben dicha prestación.

Por otro lado, y en cuanto a la información solicitada, este órgano considera necesario no entregarla, ya que su conocimiento afectaría el debido cumplimiento de las funciones de fiscalización que debe ejercer este Organismo de acuerdo a su mandato legal, puesto que del cruce de las respuestas obtenidas se elaboran parte de los programas o políticas de fiscalización que se desarrollan anualmente al interior de este Servicio. En consecuencia, el conocimiento anticipado de determinadas acciones de fiscalización por parte del universo de nuestros fiscalizados entorpecería la labor que se realiza restándole el elemento sorpresa que debe contener cualquier procedimiento de fiscalización.

En la especie, los antecedentes que se obtienen de la información contenida en la base de datos solicitada sirven de manera directa a la adopción de medidas de fiscalización de los prestadores sanitarios, por lo que su conocimiento anticipado podría entorpecer las acciones que realiza esta Superintendencia en el ejercicio de sus funciones, ese es el vínculo preciso de causalidad entre el antecedente o deliberación previa.

Termina señalando que existe certidumbre de la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial, puesto que las acciones de fiscalización como ya se ha expuesto, se adoptan anualmente por este Servicio al momento de realizar su planificación para el año siguiente, la cual se termina de confeccionar en el mes de enero de cada año.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto, la entrega por parte de la Superintendencia, de las bases de datos referentes a un estudio de percepción del cliente de las empresas sanitarias, realizado por el órgano entre los años 2008 a 2014, en la forma expuesta en el numeral 1°, de la parte expositiva de la presente decisión.

2) Que, lo solicitado corresponde, como se dijo, a un estudio confeccionado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, cuyos resultados actualmente se encuentran publicados en su web institucional. Así las cosas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, aquella información es de carácter público, salvo que concurra alguna causal de secreto o reserva.

3) Que, al efecto, el órgano sólo entregó al solicitante, las encuestas respectivas, mas no la base de datos obtenida a partir del referido estudio, sobre al cual negó la entrega alegando la configuración de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, a la luz de los fundamentos que se leen en el numeral 4°, de lo expositivo.

4) Que, en lo que atañe a la causal de secreto o reserva invocada, los organismos deben demostrar esencialmente, y de forma copulativa, las siguientes circunstancias:

a) Que lo solicitado esté constituido por antecedentes o deliberaciones previas que la autoridad respectiva tenga en cuenta para adoptar una determinada decisión, medida o política. Este requisito, según ha establecido la misma jurisprudencia de este Consejo, supone a su vez, la concurrencia de otros presupuestos, a saber:

i. Que el proceso deliberativo sea realmente tal, es decir, que se trate efectivamente de un proceso que se encuentra pendiente de decisión por parte de la autoridad que invoca la causal en examen.

ii. Que exista certidumbre en la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial. Esto no apunta a conocer el momento preciso en que se tomará la decisión, sino que a la existencia de una causalidad clara entre los antecedentes que se quiere reservar y la adopción de una decisión sobre la base de aquéllos, de manera que ésta última se vaya a producir y no sea solamente una posibilidad cuya probabilidad de concreción sea incierta. Con ello se ha buscado impedir que la causal pueda invocarse de manera permanente sin más, pues de lo contrario cualquier antecedente podría ser considerado posible fuente de una futura resolución y, por lo mismo, estimarse reservado.

b) Que la publicidad, conocimiento o divulgación de los antecedentes o deliberaciones previas vayan en desmedro del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido.

5) Que, en cuanto al requisito que se lee en el numeral i, de la letra a), del considerando anterior, se debe tener presente que el órgano refirió que las acciones de fiscalización -que se confeccionan a partir de los datos solicitados-, se adoptan anualmente por la Superintendencia al momento de realizar su planificación para el año siguiente, el cual se termina de confeccionar en el mes de enero de cada año. De aquello se sigue que, si el último periodo por el cual se solicitó información corresponde al año 2014, la lógica apunta a que en enero de 2015, ya se debieron adoptar las acciones o políticas de fiscalización.

6) Que, en este sentido, dado que el proceso deliberativo de las políticas o acciones de fiscalización destinadas a ser aplicadas durante año 2015, se decidieron en el mes de enero, se concluye que a la fecha de la solicitud de información, esto es, julio de 2015, éstas ya se encontraban adoptadas, habiéndose terminado el proceso de deliberación, por lo menos seis meses antes. Aquello con mayor razón se extiende a la base de datos de los años anteriores. Con todo, aun en el evento de encontrarse dicho proceso pendiente, en los hechos no se divisa afectación del órgano, atendiendo que lo solicitado por el reclamante no son las políticas o acciones de fiscalización que se pretenden llevar a cabo por la Superintendencia, sino las bases de datos obtenidas a partir de un estudio del órgano, cuyos resultados además, se encuentran publicados en la web institucional.

7) Que, en razón de lo expuesto precedentemente, este Consejo desestimará la causal de secreto alegada por el órgano, al no configurarse uno de sus requisitos copulativos, vale decir, la existencia de un proceso de deliberación pendiente.

8) Que, en mérito de lo expuesto en los considerandos anteriores, se acogerá el presente amparo, ordenándose la entrega de lo solicitado en el numeral 1°, de lo expositivo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Mireya Valdebenito Verdugo, en contra de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Superintendenta de Servicios Sanitarios que:

a) Entregue a la reclamante, copia de las bases de datos nacionales de las encuestas del año 2008 a 2014 (siete en total), del "estudio de percepción del cliente de las empresas sanitarias" en formato spss o en su defecto en formato excel con diccionario de variables y los cuestionarios -si es que no los ha entregado en su totalidad- utilizados en cada año (siete en total) en formato word o pdf.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento @consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a doña Mireya Valdebenito Verdugo y a la Sra. Superintendente de Servicios Sanitarios.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada. El Consejero del Consejo Directivo don José Luis Santa María Zañartu no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.