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Carlos Mera González con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SP) Rol: C2008-15

Consejo para la Transparencia, 04/12/2015

Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Pensiones, fundado en la denegación de la información solicitada respecto a los trabajadores de la empresa Inversiones Quilapilun S.A. El Consejo rechaza el amparo, por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2008-15

Entidad pública: Superintendencia de Pensiones

Requirente: Carlos Mera González

Ingreso Consejo: 26.08.2015

En sesión ordinaria N° 667 del Consejo Directivo, celebrada el 4 de diciembre de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2008-15.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 26 y 27 de julio de 2015, don Carlos Mera González, solicitó a la Superintendencia de Pensiones -en adelante e indistintamente Superintendencia o SP-, información respecto de los trabajadores de la empresa Inversiones Quilapilun S.A. En particular requirió:

a) "El monto mensual de las cotizaciones previsionales obligatorias (período mes a mes). El período consultado es del 01 de abril del 2011 hasta el 31 de julio del 2011";

b) "El Rut del empleador cotizante o seguro de salud si aplica en períodos de licencia médica El período consultado es del 01 de abril del 2011 hasta el 31 de julio del 2011 (según el oficio ordinario de la Superintendencia de Pensiones N° 10.574 del 11 de mayo del 2015, indica que son 76 trabajadores de Quilapilun con domicilio en la sexta región)";

c) "Indíqueme si existen y cuántos son los trabajadores de Quilapilun con domicilio en la sexta región, en que el monto de su cotización previsional obligatoria correspondiente al mes de mayo del 2011 haya sido modificado o rectificado con posterioridad...."; y,

d) "Indíqueme si existen y cuántos son los trabajadores de Quilapilun con domicilio en la sexta región, en que el monto de su cotización previsional obligatoria correspondiente al mes de junio del 2011 haya sido modificado o rectificado con posterioridad".

2) RESPUESTA: El 24 de agosto de 2015, la Superintendencia de Pensiones respondió a dicho requerimiento de información mediante Oficio N° 18.830, señalando, en síntesis, que ante idéntico requerimiento el Consejo para la Transparencia en su decisión recaída en el amparo Rol N° 575-15, rechazó la solicitud de don Carlos Mera González. Lo anterior, en aplicación de la hipótesis de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 26 de agosto de 2015, don Carlos Mera González, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Superintendencia, fundado en la denegación de la información solicitada.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo a la Sra. Superintendenta de Pensiones, mediante Oficio N° 6.899 de 7 de septiembre de 2015 quien presentó sus descargos y observaciones, por medio del Oficio N° 21.599 de 23 de septiembre de 2015, reiterando lo señalado en su respuesta.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, ante idénticos requerimientos de don Carlos Mera González en contra de la Superintendencia, este Consejo ya se ha pronunciado, rechazándolos en las decisiones de amparo Roles Nos C572-15 y C1293-15. En dichas decisiones se expuso que «conocer el monto de las cotizaciones previsionales pagadas a cada uno de los trabajadores de dicha empresa, permitiría conocer la estructura de remuneraciones de la empresa en cuestión (...) ya que al estar definido mediante la ley el monto de la cotización previsional, conocer esta última cifra, permitiría conocer con precisión la remuneración pagada a cada trabajador o, al menos, en ciertos casos, que la remuneración respectiva se trata de una cifra superior a aquel monto máximo imponible que fija la ley». Asimismo, concluyó que la referida información es de aquellos antecedentes estratégicos que de manera razonable y predecible cada empresa intenta mantener dentro de la esfera de su privacidad y que no se divulgue a terceros. Del mismo modo «que el órgano reclamado deba informar si una empresa en particular si ha incurrido o no en errores al momento de efectuar el pago de las cotizaciones previsionales de sus trabajadores, sin precisar qué tipo de error se trata, ni la magnitud del mismo, puede implicar una afectación del prestigio de la misma, en circunstancias que el error pudo haber sido subsanado de inmediato o haberse tratado de un error más bien formal al efectuar la declaración y pago de las cotizaciones. Esto, indudablemente, podría traer aparejado una afectación también de sus derechos económicos y comerciales, en tanto la afectación de su prestigio podría limitar su posibilidad de negocios a futuro».

2) Que, en consecuencia, y a la luz del criterio señalado en el considerando precedente se rechazará el presente amparo en virtud de la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Carlos Mera González, en contra de la Superintendencia de Pensiones, por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Carlos Mera González, y a la Sra. Superintendenta de Pensiones.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza, y por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.