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Sabiñe Susaeta Herrera con CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO (CDE) Rol: C2702-15

Consejo para la Transparencia, 22/12/2015

Se dedujo amparo en contra del Consejo de Defensa del Estado, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente al "estudio/ informe: "Definición de criterios y metodologías de valoración económica del daño ambiental", realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo de Defensa del Estado, Chile, en Santiago, octubre del año 2002. El Consejo acoge el amparo, toda vez que se trata de información que debe obrar dentro de la esfera de control del órgano reclamado, especialmente cuando se trata de antecedentes que se han tenido en consideración o a la vista para desempeñar las específicas labores que conforme a la ley debe desempeñar. En efecto y para este caso específico, los temas ambientales forman parte relevante de las labores que realiza el CDE, particularmente en materia de daño ambiental, cuestión que justifica el desarrollo y levantamiento de dicho estudio. En este sentido, el informe fue elaborado por profesionales que habrían sido contratados por el órgano requerido, para el cumplimiento de sus funciones, luego, el CDE se encuentra habilitado para requerirle a quienes elaboraron el informe o al Banco Interamericano del Desarrollo, la remisión de la documentación solicitada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Medio Ambiente
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2702-15

Entidad pública: Consejo de Defensa del Estado. (CDE)

Requirente: Sabiñe Susaeta Herrera

Ingreso Consejo: 02.11.15

En sesión ordinaria N° 671 del Consejo Directivo, celebrada el 22 de diciembre de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2702-15.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Consejo de Defensa del Estado, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Consejo de Defensa del Estado, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 7 de agosto de 2015 doña Sabiñe Susaeta Herrera, realizó una solicitud de información al Consejo de Defensa del Estado, en adelante e indistintamente CDE, requiriendo el "estudio/ informe: "Definición de criterios y metodologías de valoración económica del daño ambiental", realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo de Defensa del Estado, Chile, en Santiago, octubre del año 2002.".

2) RESPUESTA DEL ÓRGANO: En virtud de ordinario oficio ordinario N° 5080, de 6 de octubre de 2015, el CDE comunica oportunamente a la reclamante, la prórroga del plazo para responder el requerimiento, debido a que se no se encontró la información en las oficinas centrales, y debía proseguirse con la búsqueda en el archivo central. Mediante oficio ordinario N° 5268, de 16 de octubre de 2015, el órgano responde a la solicitud, informando a la reclamante que, buscado el informe tanto en las dependencias del nivel central como en el archivo o depósito documental situado fuera de ellas, este no fue habido, pese a haber sido buscado acuciosamente por personal de la Unidad de Medio Ambiente. Por lo que, no pueden entregar la información ya que ésta no obra en su poder.

3) AMPARO: El 2 de noviembre de 2015, doña Sabiñe Susaeta Herrera dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Consejo de Defensa del Estado, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y confirió traslado al Sr. Presidente del Consejo de Defensa del Estado mediante oficio N° 9028, de 17 de noviembre de 2015, solicitándole que evacúe sus descargos.

Con fecha 4 de diciembre de 2015, el órgano remite oficio ordinario N° 6348, de 3 de diciembre de 2015, indicando, en resumen, lo siguiente.

a) Realizada una primera búsqueda de la documentación requerida, que data del año 2002, en las oficinas centrales, ésta no arrojó resultados positivos. Se comunica la prórroga y la respuesta, denegando la entrega en virtud que tampoco se encontró la documentación en el archivo o depósito documental.

b) Como consta en certificado emitido el 3 de diciembre de 2015, por la abogada jefa de la Unidad de Medio Ambiente, la secretaria de esa Unidad, concurrió al archivo o depósito documental con que cuenta el CDE en dependencias de la DIBAM (Archivo Nacional) y retiró cajas con documentación para revisar si se encontraba el informe solicitado. La revisión de estos antecedentes fue realizada por propia Jefa de la Unidad de Medio Ambiente, quien tras revisar la documentación existente no encontró el informe en cuestión.

c) Cabe tener en consideración que la Unidad de Medio Ambiente cambió de oficinas durante el año 2008, trasladándose del 2° al 7° piso del edificio institucional, lo que derivó en una reducción del espacio con el que contaba para almacenar documentos de trabajo, motivo por el que se trasladaron documentos al archivo de este servicio ubicado en calle Agustinas N° 3250 en dependencias de la DIBAM.

d) El 7 de marzo de 2009 se produjo un incendio en los pisos 6° y 7° del edificio institucional, resultando afectadas oficinas de la Unidad de Medio Ambiente, entre otras.

e) De acuerdo a lo informado por dicha Unidad, el mayor traslado de documentos al archivo se produjo precisamente entre los años 2008 y 2009 y, con posterioridad, se han efectuado readecuaciones al espacio existente en dicho archivo, lo que ha motivado el reordenamiento de cajas de las distintas Unidades del Servicio. Este año la mencionada Unidad de Medio Ambiente reordenó sus cajas a fin de contar con un mejor orden de sus documentos.

f) En cuanto al procedimiento de búsqueda realizado por la Unidad de Medio Ambiente en el Archivo de este Consejo, cabe mencionar lo siguiente:

i. La jefa de la Unidad de Medio Ambiente solicitó a la encargada de Oficina de Partes, Archivo General e Informaciones, sus gestiones para que la secretaria de la citada unidad, concurriera al archivo que arrienda este servicio a DIBAM a buscar la documentación solicitada.

ii. La secretaria concurrió el día 13 de octubre de 2015 acompañada de un auxiliar, para que la ayudara con las cajas de documentos y su traslado a la sede central del CDE, para, de esta manera, poder revisarlas más detenidamente.

iii. La propia jefa de la Unidad de Medio Ambiente, revisó los documentos existentes en las cajas correspondientes.

iv. No obstante la búsqueda efectuada, el documento requerido no fue encontrado.

v. De todo lo antes referido dan cuenta certificado emitido por la Sra. Ximena Silva Abranetto, Jefa de la Unidad de Medio Ambiente, con fecha 3 de diciembre de 2015; correo electrónico de la Sra. Teresa Muñoz Jiménez, secretaria de dicha unidad, de fecha 9 de octubre de 2015, dirigido a la Sra. Jacqueline Poch Salvo, Jefa de Oficina de Partes, solicitando gestionar la visita al archivo para el día 13 de octubre; y correo electrónico de la Sra. Poch, de fecha 9 de octubre de 2015, en que informa a la funcionaria del Archivo Nacional Sra. Emilia Beniscelli Troncoso que los funcionarios de este Consejo, Sra. Muñoz y Sr. Seguel concurrirán el día 13 de octubre a las dependencias del Archivo Nacional. Los mencionados documentos se acompañaron a este Consejo.

vi. Conforme a todo lo precedentemente señalado, este Consejo realizó la búsqueda del informe solicitado por la reclamante, no siendo posible encontrarlo y, por tal razón, no fue factible entregar la información requerida.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, la parte reclamante solicitó copia del informe final de estudio para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Consejo de Defensa del Estado (CDE). "Definición de Criterios y Metodologías de Valoración Económica del Daño Ambiental". En su oportunidad el órgano indicó que, efectuadas las búsquedas correspondientes no se encontró la información solicitada en dependencias del órgano. Más tarde con ocasión de sus descargos, acompaña el certificado emitido por la Jefa de la Unidad de Medio Ambiente, donde informan de las búsquedas efectuadas, conforme se indicó en el numeral 4 de lo expositivo de la presente decisión.

2) Que, conforme ha resuelto previamente este Consejo, la inexistencia de la información solicitada, constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente. Al respecto, resulta plausible para este Consejo las alegaciones efectuadas en relación a que luego de las búsquedas pertinentes está no fue habida en dependencias del órgano reclamado.

3) Que, no obstante lo indicado precedentemente y sin perjuicio de la circunstancia de que dicha información no obraría en poder del órgano, este Consejo a partir de las decisiones de los amparos Roles C1556-12 y C1574-12, ha señalado que existe determinada información que debe obrar dentro de la esfera de control del órgano reclamado, especialmente cuando se trata de antecedentes que se han tenido en consideración o a la vista para desempeñar las específicas labores que conforme a la ley debe desempeñar. En efecto y para este caso específico, los temas ambientales forman parte relevante de las labores que realiza el CDE, particularmente en materia de daño ambiental, cuestión que justifica el desarrollo y levantamiento de dicho estudio. En este sentido, el informe fue elaborado por profesionales que habrían sido contratados por el órgano requerido, para el cumplimiento de sus funciones, luego, el CDE se encuentra habilitado para requerirle a quienes elaboraron el informe o al Banco Interamericano del Desarrollo, la remisión de la documentación solicitada.

4) Que, en línea con lo señalado precedentemente, cabe indicar que el Presidente subrogante del Consejo de Defensa del Estado, el año 2012, en el balance anual de gestión integral del órgano, hizo énfasis en la difusión de dicho documento, señalando expresamente que: "Cabe resaltar en esta materia la realización del primer "Estudio de valorización económica de los daños ambientales", financiado con aportes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A su respecto, a fines del año 2002, el equipo de consultores, formado por connotados economistas y juristas ambientales hizo entrega del estudio "Definición de Criterios y Metodologías de Valorización Económica del Daño Ambiental". El contenido y alcance de este documento, primero en su especie en nuestro país, será difundido próximamente a abogados del CDE y jueces civiles de la Región Metropolitana. Asimismo se contempla una probable publicación del resumen ejecutivo del estudio.(el destacado es nuestro)".

5) Que, en consecuencia, se estima que el informe solicitado si bien no obraría en poder del órgano, este se encuentra habilitado para requerir dicha información a los profesionales que lo elaboraron o al Banco Interamericano del Desarrollo. Por lo que se acogerá el amparo ordenando la entrega de la información requerida.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por doña Sabiñe Susaeta Herrera en contra del Consejo de Defensa del Estado.

II. Requerir al Sr. Presidente del Consejo de Defensa del Estado, lo siguiente:

a) Entregar al reclamante copia del informe "Definición de criterios y metodologías de valorización económica del daño ambiental" del año 2012, luego de haberlo solicitado a quienes lo elaboraron o al Banco Interamericano de Desarrollo.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Sabiñe Susaeta Herrera y al Sr. Presidente del Consejo de Defensa del Estado.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza y los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.