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Luis González Álvarez con DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAÚTICA CIVIL Rol: C2552-15

Consejo para la Transparencia, 22/12/2015

Se dedujo amparo en contra de la Dirección General de Aeronáutica Civil, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente al accidente de la aeronave CASA C-212 ocurrido el día 02 de septiembre de 2011 en el aeródromo Isla Robinson Crusoe. El Consejo acoge el amparo, toda vez que no resulta posible estimar que la sola invocación de la existencia de un litigio, tenga el mérito suficiente para alterar la naturaleza pública de la información solicitada -acorde con lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia-, la que, además, ha sido elaborada en una fecha ostensiblemente anterior al inicio de la controversia en que la reclamada funda la causal de reserva alegada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Transporte
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 



Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2552-15

Entidad pública: Dirección General de Aeronáutica Civil

Requirente: Luis González Álvarez

Ingreso Consejo: 21.10.2015

En sesión ordinaria N° 672 del Consejo Directivo, celebrada el 22 de diciembre de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2552-15.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 4 de septiembre de 2015, don Luis González Álvarez solicitó a la Dirección General de Aeronáutica Civil información relativa al accidente de la aeronave CASA C-212 ocurrido el día 02 de septiembre de 2011 en el aeródromo Isla Robinson Crusoe. En particular, solicitó la siguiente información:

a) "Nombre, tipo de contrato, número de licencia aeronáutica y su vigencia a la fecha del accidente, habilitación para brindar el servicio AFIS y documentación completa sobre el proceso de habilitación del funcionario de turno en el aeródromo SCIR el día del accidente;

b) Los oficios y resoluciones que se dictaron a posteriori dirigidas a ordenar algún tipo de investigación sumaria administrativa a los funcionarios de la DGAC que estaban de turno el día del accidente o que tuvieron en forma directa o indirecta responsabilidad administrativa u operativa sea ésta desde la entrega de información hasta la entrega de los servicios de tránsito aéreo de la aeronave en cuestión; y,

c) Cuáles fueron las medidas tomadas por la DGAC para prevenir nuevos accidentes en el mismo aeródromo."

2) PRÓRROGA Y RESPUESTA: Mediante correo electrónico de 5 de octubre de 2015, la Dirección General de Aeronáutica Civil comunicó al solicitante la prórroga del plazo para pronunciarse respecto de su solicitud, según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia.

El 20 de octubre de 2015, la Dirección General de Aeronáutica Civil respondió a dicho requerimiento de información mediante correo electrónico, señalando, en síntesis, que:

a) Acompaña copia de las medidas tomadas por el Fisco de Chile para la mejora del aeródromo de Juan Fernández, con posterioridad al accidente ocurrido el 02 de septiembre de 2011.

b) En relación a su segunda consulta señalan que no existe oficio o resolución que ordenara investigaciones administrativas a funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil para hacer efectiva su responsabilidad administrativa u operativa por hechos ocurridos el 2 de septiembre de 2011 en el aeródromo de Juan Fernández.

c) Deniega la información sobre funcionario de turno en el aeródromo SCIR el día 02 de septiembre de 2011, por cuanto concurre la causal establecida por el artículo 21 N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia, por cuanto su publicidad, comunicación o conocimiento afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente si se trata de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales.

3) AMPARO: El 21 de octubre de 2015, don Luis González Álvarez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. Además, el reclamante hizo presente que:

a) La denegación es totalmente infundada y de interpretación abusiva, toda vez que el requirente no tiene juicios pendientes con la DGAC sobre la materia y en consecuencia no afectaría un eventual derecho jurídico a defensa.

b) En la propia respuesta de la DGAC menciona que no existe ninguna investigación sumaria administrativa en contra de ningún funcionario de esa institución, en consecuencia no debiera existir ningún proceso judicial actual o eventual sobre el tema.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo confirió traslado del presente amparo al Sr. Director General de Aeronáutica Civil, mediante Oficio N° 8.630 de 4 de noviembre de 2015, quien presentó sus descargos y observaciones, mediante Oficio N° 1410/ 7064 señalando, en síntesis que:

a) Sólo hubo una denegación parcial de información, relativa a la solicitud del literal a) del requerimiento, por cuanto se denegó la información sobre el funcionario de turno en el aeródromo SCIR el día 2 de septiembre de 2011, al estimar que concurría la causal establecida por el artículo 21 N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia, atendido que la publicidad, comunicación o conocimiento de los antecedentes requeridos del funcionario podría afectar el debido cumplimiento de las funciones de la DGAC- FISCO de CHILE, pues se trata de antecedentes necesarios para las defensas jurídicas y judiciales que está enfrentando el Fisco de Chile y en particular esa Institución.

b) Mediante el Oficio N° 4.876 de 22 de septiembre de 2015, el Consejo de Defensa del Estado, puso en conocimiento de esa autoridad una demanda por indemnización de perjuicios, interpuesta por familiares de uno de los fallecidos en el accidente mencionado, caratulado "Sanhueza Carrasco y otros con Fisco de Chile", Rol N° C-19371-2015, que se sigue ante el 25° Juzgado Civil de Santiago. Asimismo requirió para la adecuada defensa del interés fiscal involucrado en el juicio señalado, información y antecedentes al respecto a esta DGAC, sin perjuicio de coordinar con posterioridad, la prueba y otros antecedentes al efecto.

c) En la demanda se hace expresa referencia al supuesto actuar de la DGAC, por cuanto la demandante considera que el Aeródromo de Juan Fernández sería reconocidamente riesgoso y de difícil aterrizaje. Aduce que el día del accidente en particular habría sido operado sin las condiciones técnicas mínimas y con deficiente información de las condiciones meteorológicas existentes en esa zona. Así, la demandante imputa a la DGAC, entre otras supuestas negligencias que habría presentado la operación de ese aeródromo, que éste no disponía de instrumentos técnicos ni personal capacitado para determinar las condiciones meteorológicas existentes en la zona de la pista. En tal contexto, toda la información del personal de turno del día en que acaeció el accidente toma una especial relevancia en torno a dicho juicio, especialmente en lo relativo a las licencias, habilitaciones y capacitaciones, constituyendo hechos que han sido controvertidos por la parte demandante, pasando a ser, entre otros puntos, objeto de la litis.

d) En consecuencia, entregar dicha información mientras la DGAC -en conjunto con el Consejo de Defensa del Estado (CDE)- prepara la adecuada defensa de sus intereses podría resultar altamente perjudicial para los mismos, considerando que el modo en que se presentará la información en sede civil requiere de una especial evaluación en pos de defensa de los intereses del Fisco. La reserva de la información solicitada, por el contrario, permitiría dar eficacia a la defensa del Estado y no situar al Fisco en situación de desventaja frente a quienes litigan con él.

e) Para que opere la causal de reserva de información que establece el Artículo N° 21 N° 1, letra a), de la ley N° 20.285, por cuanto los antecedentes o información del funcionario de esta DGAC que se solicitan para su divulgación, son antecedentes que a su vez serán necesarios para la debida defensa en el marco de la causa judicial, así como también la entrega de la información podría implicar limitar la posición y estrategia jurídica que se empleará en la aludida causa judicial referida.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, la información cuya denegación dio origen al presente amparo es aquella solicitada en el literal a), esto es, "Nombre, tipo de contrato, número de licencia aeronáutica y su vigencia a la fecha del accidente, habilitación para brindar el servicio AFIS y documentación completa sobre el proceso de habilitación del funcionario de turno en el aeródromo SCIR el día del accidente" todo ello en relación con el accidente de la aeronave CASA C-212 ocurrido el día 02 de septiembre de 2011 en el aeródromo Isla Robinson Crusoe.

2) Que, conforme con lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia la anotada información es de naturaleza pública salvo que concurra a su respecto una causal de secreto o reserva. Al efecto, el órgano reclamado ha fundado la reserva de la información señalada en la causal contemplada en el artículo 21 N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia, conforme con la cual se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente si se tratare de "antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales". En el mismo sentido el artículo 7° N° 1 letra a) del Reglamento del texto legal citado califica como secretos los antecedentes "...destinados a respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico".

3) Que, en relación a la causal de reserva en análisis, resulta pertinente tener presente el criterio sostenido reiteradamente por este Consejo a partir de la decisión recaída en el amparo Rol C68-09, mediante el cuales resolvió que dicha causal debe interpretarse de manera estricta, y que la sola existencia de un juicio pendiente en que sea parte el órgano requerido, no transforma en secretos los documentos relacionados con éste. Para que ello ocurra, debe existir una relación directa entre los documentos o información que se solicita y el litigio que se sustancia, debiendo verificarse, además, una afectación al debido funcionamiento del órgano en caso de revelarse aquéllos.

4) Que, a título ejemplar, se ha concluido que los documentos que dan cuenta de la estrategia jurídica del órgano reclamado, tales como minutas internas, informes técnicos o el expediente interno relativo al litigio, entre otros, son reservados, por estimarse que su comunicación afectaría la defensa jurídica en curso, cuestión que no es aplicable al presente caso. De la misma forma, los medios de prueba que el órgano pretenda presentar en el juicio, serían reservados sólo hasta el vencimiento de la etapa probatoria, pues cerrada ésta ya no servirían a la defensa judicial del organismo según criterio afirmado en amparos roles A68-09 y A293-09.

5) Que, la Dirección General de Aeronáutica Civil sólo ha acreditado en esta sede la existencia de un litigio pendiente en el cual el Fisco de Chile tiene la calidad de demandado, pero no ha probado la concurrencia de los demás requisitos que permiten configurar la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 1, literal a), de la Ley de Transparencia. En el presente caso, no ha indicado con un grado de precisión que haga plausible su alegación, en qué medida tales documentos serían necesarios para su estrategia y defensa jurídica en sede judicial. Al respecto, debe hacerse presente que la información solicitada está constituida por antecedentes de carácter objetivo generados en el contexto del proceso de habilitación del funcionario de turno en el aeródromo SCIR a que se refiere la solicitud, de modo que aun cuando la documentación requerida pueda materialmente vincularse con el litigio considerando su naturaleza, ésta no tiene el mérito de develar un juicio o calificación jurídica alguna llevada cabo por la reclamada que pudiere exponer de algún modo la estrategia o su defensa en el litigio que indica.

6) Que, enseguida en cuanto a la argumentación de la reclamada relativa a que la reserva de la información "permitiría dar eficacia a la defensa del Estado y no situar al Fisco en situación de desventaja frente a quienes litigan con él", cabe tener presente que, conforme a reiterada jurisprudencia de este Consejo -desarrollada, por ejemplo, en las decisiones Roles C1168-11, C1145-12, y C1635-12-, tal aserto no se aviene con el principio de la buena fe procesal ni con el principio de probidad, consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política y en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. En efecto, no puede admitir tutela jurídica la pretensión de un órgano estatal de aprovechar en juicio las asimetrías de acceso a información relevante respecto de la contraparte, pues ello no es compatible con el "debido" cumplimiento de sus funciones. El carácter normativo de lo "debido" se debe asociar, más bien, a la "igualdad de armas" frente a estrados y no a la desigualdad conseguida mediante el expediente de negar información de carácter público, como la que se refiere a la contratación de la especie.

7) Que, así las cosas, a juicio de este Consejo, no resulta posible estimar que la sola invocación de la existencia de un litigio, tenga el mérito suficiente para alterar la naturaleza pública de la información solicitada -acorde con lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia-, la que, además, ha sido elaborada en una fecha ostensiblemente anterior al inicio de la controversia en que la reclamada funda la causal de reserva alegada. En consecuencia, conforme con lo razonado precedentemente, se acogerá el presente amparo y se requerirá a la reclamada que haga entrega de la información solicitada.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Luis González Álvarez, en contra de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director General de Aeronáutica Civil:

a) Hacer entrega al reclamante de la información relativa al "Nombre, tipo de contrato, número de licencia aeronáutica y su vigencia a la fecha del accidente, habilitación para brindar el servicio AFIS y documentación completa sobre el proceso de habilitación del funcionario de turno en el aeródromo SCIR el día del accidente."

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Luis González Álvarez y al Sr. Director General de Aeronáutica Civil.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza y los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.