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Carlos Mera González con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SP) Rol: C2476-15

Consejo para la Transparencia, 22/12/2015

Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Pensiones, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información realizada en los siguientes términos: a) Solicito a usted conocer el monto de las cotizaciones obligatorias, el RUT del empleador pagador o en su caso el RUT del organismo de salud FONASA o ISAPRE "solamente de los 76 trabajadores" correspondientes a los meses abril del 2011, mayo del 2011 y junio del 2011. Le comento a usted que los "76 trabajadores" son citados en el oficio N° 10.574 de la Superintendencia de Pensiones de fecha 11 de mayo del 2015, en dicho oficio se indica que el domicilio personal de los 76 trabajadores se ubica en la Sexta Región, por otro lado, también indica el oficio N° 10.574, que no es posible conocer el lugar de la faena especifica de dichos trabajadores. Además le comento los "76 trabajadores" corresponde a una fracción muy menor respecto del total de 504 trabajadores, también le comento que dichos trabajadores distribuyen azarosamente en múltiples faenas o contratos y a veces en tiempos distintos al periodo consultado. b) Solicito a usted conocer si existen y la cantidad de trabajadores involucrados por la modificación, corrección o rectificación solicitada expresamente por un empleador cualquiera o algún organismo de salud a cargo de las cotizaciones previsionales, respecto y solamente de los 76 trabajadores que tengan o no actualmente domicilio en la Sexta Región (me refiero a solamente a los "76 trabajadores" citados en el oficio N° 10.574 de la Superintendencia de Pensiones de fecha 11 de mayo del 2015) por una deuda reconocida expresamente por el empleador mayor o igual a un dólar respecto del monto del 10% las cotizaciones previsionales obligatorias y que con posterioridad hubiese sido corregida por las AFP, lógicamente de dicha operación o rectificaciones previsionales la superintendencia de pensiones debió haber sido alertada. Lo anterior, precisando si ocurre solamente en el mes de mayo o de junio del año 20011, o en ambos meses. El Consejo rechaza el amparo, por configurarse la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2476-15

Entidad pública: Superintendencia de Pensiones

Requirente: Carlos Mera González

Ingreso Consejo: 14.10.2015

En sesión ordinaria N° 671 del Consejo Directivo, celebrada el 22 de diciembre de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2476-15.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 17 de septiembre de 2015, don Carlos Mera González formuló solicitud de información ante la Superintendencia de Pensiones, en los siguientes términos:

a) Solicito a usted conocer el monto de las cotizaciones obligatorias, el RUT del empleador pagador o en su caso el RUT del organismo de salud FONASA o ISAPRE "solamente de los 76 trabajadores" correspondientes a los meses abril del 2011, mayo del 2011 y junio del 2011. Le comento a usted que los "76 trabajadores" son citados en el oficio N° 10.574 de la Superintendencia de Pensiones de fecha 11 de mayo del 2015, en dicho oficio se indica que el domicilio personal de los 76 trabajadores se ubica en la Sexta Región, por otro lado, también indica el oficio N° 10.574, que no es posible conocer el lugar de la faena especifica de dichos trabajadores. Además le comento los "76 trabajadores" corresponde a una fracción muy menor respecto del total de 504 trabajadores, también le comento que dichos trabajadores distribuyen azarosamente en múltiples faenas o contratos y a veces en tiempos distintos al periodo consultado.

b) Solicito a usted conocer si existen y la cantidad de trabajadores involucrados por la modificación, corrección o rectificación solicitada expresamente por un empleador cualquiera o algún organismo de salud a cargo de las cotizaciones previsionales, respecto y solamente de los 76 trabajadores que tengan o no actualmente domicilio en la Sexta Región (me refiero a solamente a los "76 trabajadores" citados en el oficio N° 10.574 de la Superintendencia de Pensiones de fecha 11 de mayo del 2015) por una deuda reconocida expresamente por el empleador mayor o igual a un dólar respecto del monto del 10% las cotizaciones previsionales obligatorias y que con posterioridad hubiese sido corregida por las AFP, lógicamente de dicha operación o rectificaciones previsionales la superintendencia de pensiones debió haber sido alertada. Lo anterior, precisando si ocurre solamente en el mes de mayo o de junio del año 20011, o en ambos meses.

2) RESPUESTA: El 09 de octubre de 2015, la Superintendencia de Pensiones (SP) respondió a dicho requerimiento de información mediante oficio ordinario N° 23.296, señalando, en síntesis, que en consideración que sus requerimientos fueron objeto de la decisión de amparo Rol C572-15, informa que corresponde denegar el acceso a la información solicitada en virtud de la causal de reserva contemplada en el art. 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Luego, reproducen los considerandos N° 2, 3, 4, 5 y 6 de la decisión Rol C572-15, criterio que se ha mantenido en las decisiones C1015-15 y C1293-15.

3) AMPARO: El 14 de octubre de 2015, don Carlos Mera González dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado a la Sra. Superintendenta de Pensiones, mediante oficio N° 8.197, de fecha 23 de octubre de 2015.

El órgano requerido, a través de oficio ordinario N° 25.623, de fecha 06 de noviembre de 2015, presentó sus descargos y observaciones, reiterando lo señalado en su respuesta que lo solicitado ha sido objeto de otros amparos seguidos por la misma persona en contra de la Superintendencia de Pensiones, y donde se denegado la información pedida fundado en que concurre la casual de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por cuanto acceder al requerimiento de información implicaría develar aspectos estratégicos del desarrollo económico de la empresa de que se trata.

Además, reitera que dicho criterio se ha sostenido en las decisiones de los amparos C572-15, C1015-15 y C1293-15.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, con fecha 17 de septiembre de 2015, don Carlos Mera González formuló solicitud de información ante la Superintendencia de Pensiones, al tenor de lo señalado en el N° 1 de lo expositivo de la presente decisión, obteniendo dentro de plazo legal, respuesta denegatoria fundado en que sus requerimientos fueron objeto de la decisión de amparo rol C572-15, donde se denegó a información solicitada en virtud de la causal de reserva contemplada en el art. 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

2) Que, sobre el fondo de la materia objeto del presente amparo, este Consejo ya se ha pronunciado en los amparos roles C572-15, C1015-15 y C1293-15 deducidos por el mismo reclamante en contra de la Superintendencia de Pensiones, donde incluso en cuya tramitación se ha conferido traslado a una empresa en su calidad de tercero posiblemente afectada con la divulgación de la información pedida, la que se opuso a la entrega de los antecedentes solicitados en virtud de la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

3) Que, al efecto, este Consejo señaló que "conocer el monto de las cotizaciones previsionales pagadas a cada uno de los trabajadores de dicha empresa, permitiría conocer la estructura de remuneraciones de la empresa en cuestión, ya que al estar definido mediante la ley el monto de la cotización previsional, conocer esta última cifra, permitiría conocer con precisión la remuneración pagada a cada trabajador o, al menos, en ciertos casos, que la remuneración respectiva se trata de una cifra superior a aquel monto máximo imponible que fija la ley." Asimismo, concluyó que la referida información es de aquellos antecedentes estratégicos que de manera razonable y predecible cada empresa intenta mantener dentro de la esfera de su privacidad y que no se divulgue a terceros. Del mismo modo "que el órgano reclamado deba informar si una empresa en particular ha incurrido o no en errores al momento de efectuar el pago de las cotizaciones previsionales de sus trabajadores, sin precisar qué tipo de error se trata, ni la magnitud del mismo, puede implicar una afectación del prestigio de la misma, en circunstancias que el error pudo haber sido subsanado de inmediato o haberse tratado de un error más bien formal al efectuar la declaración y pago de las cotizaciones. Esto, indudablemente, podría traer aparejado una afectación también de sus derechos económicos y comerciales, en tanto la afectación de su prestigio podría limitar su posibilidad de negocios a futuro.".

4) Que, en consecuencia, y a la luz del criterio sostenido en las decisiones señaladas en el considerando precedente, este Consejo rechazará el presente amparo en virtud de la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Carlos Felipe Mera González, en contra de la Superintendencia de Pensiones, por configurarse la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Carlos Mera González, y a la Sra. Superintendenta de Pensiones.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza y los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.