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Richard Bobadilla Campos con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE ARICA Rol: C2298-15

Consejo para la Transparencia, 05/01/2016

Se dedujo amparo en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Arica, fundado en la denegación de la información solicitada referente al procedimiento de fiscalización N°0202/2013/309. En particular, requirió la "declaración jurada íntegra de los trabajadores, gerente de Recursos Humanos, dirigente sindical, lo que da un total de 7 declaraciones obtenidas en el proceso de fiscalización (...)". El Consejo rechaza el amparo, por concurrir las causales de reserva consagradas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Trabajo
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 


Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2298-15

Entidad pública: Inspección Provincial del Trabajo de Arica

Requirente: Richard Bobadilla Campos

Ingreso Consejo: 24.09.2015

En sesión ordinaria N° 674 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2298-15.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 21 de agosto de 2015, don Richard Bobadilla Campos, solicitó a la Inspección Provincial del Trabajo de Arica -en adelante e indistintamente Inspección o IPT-, información sobre el procedimiento de fiscalización N°0202/2013/309. En particular, requirió la "declaración jurada íntegra de los trabajadores, gerente de Recursos Humanos, dirigente sindical, lo que da un total de 7 declaraciones obtenidas en el proceso de fiscalización (...)".

2) RESPUESTA: La Inspección, mediante correo electrónico de 22 de septiembre de 2015, remitió al requirente su propia declaración en el procedimiento. Agregó, que las otras declaraciones eran reservadas.

3) AMPARO: El 24 de septiembre de 2015, don Richard Bobadilla Campos, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la IPT, fundado en la denegación de la información solicitada.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación el referido amparo y, mediante Oficio N°7.773, de 8 de octubre de 2015, confirió traslado al Sr. Inspector Provincial del Trabajo de Arica, solicitándole que al formular sus descargos: (1°) indicara las razones por las cuales no se otorgó respuesta oportuna al requerimiento;(2°) se refiriera a la eventual concurrencia de una causal de reserva; (3°) señalara si la divulgación de la información afectaría derechos de terceros.

El Inspector del Trabajo de Arica, evacuó sus descargos y observaciones mediante el Oficio N° 2.003, de 17 de noviembre de 2015, señalando en síntesis lo siguiente:

a) Por un error de digitación del correo electrónico del reclamante, no se dio respuesta en forma oportuna al requerimiento.

b) Las declaraciones de los restantes trabajadores, es información reservada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de la misma. No obstante ello, en el presente caso, la solicitud en análisis no fue respondida dentro del plazo indicado, el que vencía el 21 de septiembre de 2015, motivo por el cual se representara al Sr. Inspector Provincial del Trabajo de Arica en lo resolutivo del presente acuerdo, la infracción a la precitada disposición y al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h) del cuerpo legal citado.

2) Que la solicitud de información que dio origen al amparo en análisis, tiene por objeto la entrega por parte de la Inspección Provincial del Trabajo de copia de las declaraciones vertidas por las trabajadores consultados en procedimiento de fiscalización por vulneración de derechos fundamentales.

3) Que, ante idéntico requerimiento, este Consejo ya se ha pronunciado, rechazando la entrega de información como la solicitada. En efecto, en la decisión recaída en el amparo Rol N° C1387-15, se expuso "las Inspecciones del Trabajo deben necesariamente dotar de protección y reserva a las víctimas de conductas atentatorias a su dignidad, así como también a los declarantes en el respectivo proceso investigativo, resultando ello esencial para que dicho órgano público pueda llevar a cabo cabalmente sus funciones, garantizando el debido resguardo y celo en el tratamiento de antecedentes como los consultados. En efecto, el propio legislador laboral en el artículo 485 del Código del Trabajo dispuso la garantía de indemnidad, la cual supone el derecho del trabajador a no ser objeto de represalias por parte del empleador como consecuencia de haber requerido una fiscalización». Luego, «divulgar la información requerida supone necesariamente restar efectividad a las labores que la reclamada pueda desplegar en el cuidado y protección de los trabajadores, por cuanto éstos podrían inhibirse no sólo de ingresar denuncias por concepto de vulneración de derechos fundamentales, sino también a colaborar con su testimonio en forma plena y veraz, al verse expuestos a que sus declaraciones puedan ser conocidas por sus empleadores actuales o futuros, todo lo cual afectaría claramente las funciones de la requerida, y con ello, el debido cumplimiento de sus funciones, que de conformidad al artículo 1° DFL N° 2 de 1967 consiste esencialmente en fiscalizar el cumplimiento de la preceptiva laboral (...)".

4) Que, en concordancia con lo señalado precedentemente, se rechazará el amparo interpuesto por don Richard Bobadilla Campos.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Richard Bobadilla Campos, en contra de la Inspección Provincial de Arica, por concurrir las causales de reserva consagradas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Representar al Sr. Inspector Provincial del Trabajo de Arica que al no haber dado respuesta a la solicitud de información del requirente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, ha vulnerado dicha disposición, y asimismo, ha transgredido el principio de oportunidad, razón por la cual, deberá adoptar la medidas administrativas que sean necesarias para que, en lo sucesivo, de respuesta a las solicitudes de información que reciba, dentro del plazo establecido en la norma citada.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Inspector Provincial del Trabajo de Arica y a don Richard Bobadilla Campos.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza, y por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.