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Cristián Cruz Rivera con EJÉRCITO DE CHILE Rol: C2709-15

Consejo para la Transparencia, 26/02/2016

Se dedujo amparo en contra del Ejército de Chile, fundado en la denegación de la información solicitada referente a la «copia de toda investigación y/o sumario de la institución u ordenada por tal, como de toda diligencia y acto administrativo relativo al asesinato o muerte de Gloria Stockle Poblete (....)» El Consejo acoge parcialmente el amparo, debiendo tarjar previamente todo dato que permita identificar a quienes tomaron parte en la investigación en una calidad distinta a la de agentes de inteligencia, tales como nombre, cédula de identidad, domicilio, profesión u oficio y toda circunstancia de hecho que permita develar la identidad de los involucrados. Lo anterior, de conformidad a la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en virtud de la cual puede denegarse la publicidad de aquella información "cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada".


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Defensa
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 


Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2709-15

Entidad pública: Ejército de Chile

Requirente: Cristián Cruz Rivera

Ingreso Consejo: 03.11.2015

En sesión ordinaria N° 685 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de febrero de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2709-15.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de septiembre de 2015, don Cristián Cruz Rivera solicitó al Ejército de Chile -en adelante e indistintamente Ejército-,«copia de toda investigación y/o sumario de la institución u ordenada por tal, como de toda diligencia y acto administrativo relativo al asesinato o muerte de Gloria Stockle Poblete (....)»

2) RESPUESTA: El Ejército, mediante Oficio N° 6800/ 4361 de 2 de noviembre de 2015, indicó al solicitante que le era imposible acceder a la entrega de lo requerido, por cuanto la información solicitada era reservada, de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 19.974 en su artículo 38.

3) AMPARO: El 3 de noviembre de 2015, don Cristián Cruz Rivera, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Ejército, fundado en la denegación de la información solicitada.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación el referido amparo y, mediante Oficio N° 9.060, de 17 de noviembre de 2015, confirió traslado al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile.

El Comandante en Jefe del Ejército, mediante presentación de 9 de diciembre de 2015, junto con reiterar lo ya expuesto en su respuesta al requerimiento, agregó en síntesis que la divulgación de la información podría afectar la vida privada de los involucrados. Lo anterior, atendido que en el procedimiento consultado se detallan aspectos de la vida privada de sus funcionarios que podrían afectar su actual vida familiar.

Conjuntamente con lo anterior, remitió copia de los antecedentes solicitados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Transparencia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que la solicitud que dio origen al presente amparo, tiene por objeto la entrega por parte del Ejército de copia de los antecedentes que formaron parte de la investigación que efectuó sobre la muerte de una persona al interior de un recinto militar.

2) Que, en tal sentido, la reclamada denegó la entrega de la información aludida en aplicación de lo dispuesto en la ley N° 19.974 en su artículo 38. Al respecto, agregó que de conocerse los detalles de la investigación consultada podrían devenirse consecuencias para el desarrollo actual de la vida de los funcionarios involucrados. Cabe señalar que la norma citada establece que "se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas.". Agrega su inciso segundo que "Los estudios e informes que elaboren los organismos de inteligencia sólo podrán eximirse de dicho carácter con la autorización del Director o Jefe respectivo, en las condiciones que éste indique.". Finalizando que "Los funcionarios de los organismos de inteligencia que hubieren tomado conocimiento de los antecedentes a que se refiere el inciso primero, estarán obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido aun después del término de sus funciones en los respectivos servicios.".

3) Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8° de la Carta Fundamental. Por tanto, si bien artículo 38 de la ley N° 19.978, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material).

4) Que, la reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8° de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Pues bien, con respecto a la afectación de éstos, el Ejército de Chile sólo se refiere a la existencia de la prohibición establecida por el artículo 38 de la ley N° 19.978 y que la divulgación de la información requerida vulneraría la vida privada y familiar de los funcionarios involucrados.

5) Que tal argumentación, sin embargo, no señala ni acredita de manera concreta, el daño que provocaría la entrega de la información requerida. El criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. Tal parámetro no se satisface en este caso, razón por la cual no se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. Por lo demás, la interpretación sostenida por el Ejército de Chile con respecto al artículo 38 de la ley N° 19.978 pugna con el sentido restrictivo con que deben ser aplicadas las disposiciones de excepción, como lo son las normas de secreto o reserva, pues, de esta forma, se entregaría la determinación de tal carácter a la pura discrecionalidad del órgano que toma conocimiento de la información comprendida en dicha norma.

6) Que, por lo demás, cabe indicar que una interpretación de contexto del mencionado artículo 38 del Título VII de la ley N° 19.974, permite establecer que la funcionalidad del secreto consagrado en dicha norma se encuentra determinada por la posibilidad de restar del conocimiento público aquella información referida a las "actividades de inteligencia" que realicen los órganos y servicios que integran el Sistema de Inteligencia del Estado. Por tanto, la referencia a «los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de (...)» que emplea el artículo 38 del aludido cuerpo normativo, en tanto hace alusión a la tenencia o control de la información de que se trata, debe entenderse restringida a aquellos antecedentes que, conforme a sus competencias, puede y debe controlar el Sistema de Inteligencia del Estado, esto es, a la información relativa a las actividades de inteligencia, y no a la información cuya materia o naturaleza resulte ajena a dichas actividades, como lo es la información requerida en esta sede, la que se refiere más bien a una investigación en el marco del control del régimen interno de la institución castrense.

7) Que, no obstante lo anterior y conforme lo dispuesto en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, el cual dispone el principio de divisibilidad, conforme al cual «si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda», procede divulgar toda aquella información que no se encuentre referida a las acciones de inteligencia desplegadas por la reclamada para recabar los antecedentes consultados. Luego, para el caso concreto, resultan reservados datos específicos como lo son, la identidad de los agentes de inteligencia involucrados, el detalle de los procesos y técnicas de investigación empleados y todos aquellos antecedentes que permitan determinar de modo preciso el tipo de actividad de inteligencia desplegada para recopilar la información consultada.

8) Que en consecuencia, todos aquellos antecedentes que por su naturaleza no se encuentren circunscritos bajo la hipótesis de los enunciados precedentemente, son susceptibles de divulgación, siendo dicho accionar concordante con el principio de publicidad consagrado por el constituyente en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, el cual prescribe que «son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen» . En igual sentido, el artículo 3, inciso 2°, del decreto con fuerza de ley N°1/19.653, de 2000, de SEGPRES, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, establece los principios de control, probidad, transparencia y publicidad administrativas, lo cual implica que la reclamada ante una solicitud de información debe reservar solo aquella información cuyo conocimiento puede afectar el debido cumplimiento de sus funciones.

9) Que sobre el particular, Jorge Correa Sutil en informe evacuado a petición de esta Corporación, al razonar sobre la procedencia de las hipotesis de reserva previstas en el artículo 21 N° 3 y 4 de la Ley de Transparencia -que resguardan tanto la seguridad de la nación como el interés nacional-, señaló que por expreso mandato de la Constitución y de la ley, no basta con que el acto o resolución de que se trate concierna o se refiera a la seguridad de la Nación o al interés nacional, sino que resulta indispensable que estos valores o bienes resulten afectados por la publicidad, para poder legitimar el secreto de reserva. Agregó, que "El vocablo afectar contenido en ambos preceptos, exige un menoscabo o daño a los dos bienes jurídicos en comento, pues carecería de todo sentido argumentar que deban mantenerse en secreto o reserva documentos o actos cuya publicidad beneficiara o realizara el interés nacional o la seguridad de la Nación. Lo dicho, hace imposible sostener la vigencia de lo dispuesto en normas que determinan el secreto o reserva de documentos por referencia a la materia de que tratan y con entera prescindencia del daño que su publicidad pueda irrogar a la seguridad de la Nación o al interés nacional (...)". Luego, y en aplicación del principio de divisibilidad ya enunciado en el considerando 7° precedente, todo menoscabo o afectación eventual se diluye, por cuanto aquella información relativa a operaciones de inteligencia y contrainteligencia desplegadas por la reclamada, quedan al margen del conocimiento público, protegidas por un velo que hace imposible que por divulgarse información diversa a aquella referida a actividades de inteligencia, se provoque algún tipo de afectación al debido cumplimiento de los fines descritos en la ley N° 19.974 por parte del Ejército de Chile.

10) Qué asimismo, y en aplicación del citado principio se garantiza el ejercicio legítimo del derecho de acceder a la información pública que obra en poder de los órganos de administración, en conformidad a lo previsto por el constituyente en el artículo 8° de la Carta Fundamental como en el articulado de Ley de Transparencia. Por lo anteriormente expuesto, se acogerá el presente amparo y conjuntamente con ello, se requerirá al Ejército de Chile que entregue la información solicitada, previa anonimización de los antecedentes enunciados precedentemente.

11) Que igualmente, el Ejército en forma previa a la entrega de los antecedentes solicitados, deberá tarjar además todo dato que permita identificar a quienes tomaron parte en la investigación en una calidad distinta a la de agentes de inteligencia, tales como nombre, cédula de identidad, domicilio, profesión u oficio y toda circunstancia de hecho que permita develar la identidad de los involucrados. Lo anterior, de conformidad a la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en virtud de la cual puede denegarse la publicidad de aquella información "cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada".

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Cristián Cruz Rivera, en contra del Ejército de Chile, por los fundamentos precedentemente señalados.

II. Requerir al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile que:

a) Entregue a la reclamante copia de los antecedentes consultados. Lo anterior, de conformidad a lo señalado en los considerandos 7° y 11° del presente acuerdo.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Cristián Cruz Rivera y al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza, y por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.