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Patricia Meyer Carrasco con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII) Rol: C3218-15

Consejo para la Transparencia, 05/04/2016

Se dedujo amparo en contra del Servicio de Impuestos Internos, fundado en que la información entregada es incompleta referente al concurso en que participó para el cargo de "Abogado del Departamento de Adquisiciones y Gestión de Contratos": a) "Toda documentación, ya sean ordinarios, correos electrónicos, resoluciones u otra que corresponda, en la cual se señalen los requisitos y el perfil requerido para el cargo al cual concurse denominado "Abogado del Departamento de Adquisiciones y Gestión de Contratos", en los cuales conste la data de los mismos."; b) "Toda documentación, ya sean ordinarios, correos electrónicos, resoluciones u otra que corresponda, en la cual consten las etapas y plazos de dicho proceso."; c) "Toda documentación, ya sean ordinarios, correos electrónicos, resoluciones u otra que corresponda, en la cual consten las pautas de evaluación para dicho proceso, con sus puntajes y ponderaciones."; entre otras. El Consejo acoge parcialmente el amparo. En lo que dice relación con lo solicitado en las letras b) y c), teniendo por entregada la información requerida, aunque de forma extemporánea; rechazándola en lo que dice relación con los literales f) e i), por corresponder al ejercicio del derecho constitucional de petición. HAY VOTO DISIDENTE


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3218-15

Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos (SII)

Requirente: Patricia Meyer Carrasco

Ingreso Consejo: 18.12.2015

En sesión ordinaria N° 696 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de abril de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3218-15.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 30 de noviembre de 2015, doña Patricia Meyer Carrasco solicitó al Servicio de Impuestos Internos (SII) los siguientes antecedentes respecto del concurso en que participó para el cargo de "Abogado del Departamento de Adquisiciones y Gestión de Contratos":

a) "Toda documentación, ya sean ordinarios, correos electrónicos, resoluciones u otra que corresponda, en la cual se señalen los requisitos y el perfil requerido para el cargo al cual concurse denominado "Abogado del Departamento de Adquisiciones y Gestión de Contratos", en los cuales conste la data de los mismos.";

b) "Toda documentación, ya sean ordinarios, correos electrónicos, resoluciones u otra que corresponda, en la cual consten las etapas y plazos de dicho proceso.";

c) "Toda documentación, ya sean ordinarios, correos electrónicos, resoluciones u otra que corresponda, en la cual consten las pautas de evaluación para dicho proceso, con sus puntajes y ponderaciones.";

d) "Toda documentación, ya sean ordinarios, correos electrónicos, resoluciones u otra que corresponda, en la cual conste que las postulaciones de los concursantes se hayan presentado dentro de plazo.";

e) "Toda documentación, ya sean ordinarios, correos electrónicos, resoluciones u otra que corresponda, en la cual conste la integración de las comisiones evaluadoras.";

f) "Toda documentación, ya sean ordinarios, correos electrónicos, resoluciones u otra que corresponda, en la cual consten las evaluaciones de las comisiones, en todas las etapas que corresponda.";

g) "Toda documentación, ya sean ordinarios, correos electrónicos, resoluciones u otra que corresponda, en la cual conste la recomendación de la comisión junto a su fundamentación.";

h) "Toda documentación, ya sean ordinarios, correos electrónicos, resoluciones, informes u otra que corresponda, en la cual consten los resultados y conclusiones de la primera evaluación psicolaboral que se me realizó en el Departamento de Gestión de las Personas por un psicóloga de esa dependencia.";

i) "Toda documentación, ya sean ordinarios, correos electrónicos, resoluciones, informes u otra que corresponda, en la cual consten los resultados y conclusiones de la entrevista personal que se me realizó el día 2 de octubre de 2015 en dependencias del Departamento de Adquisiciones y Gestión de Contratos, por la jefatura de esa sección.";

j) "Toda documentación, ya sean ordinarios, correos electrónicos, resoluciones, informes u otra que corresponda, en la cual consten los resultados y conclusiones de la entrevista psicológica que se me realizó el día 9 de octubre por una psicóloga externa de ese servicio."; y,

k) "Toda documentación, ya sean ordinarios, correos electrónicos, resoluciones, informes u otra que corresponda, en la cual conste la pauta comparativa final entre los postulantes, esto es donde se señale el puntaje obtenido por cada uno de ellos en cada ítem a evaluar, que finalmente ha dado origen a que uno sea considerado ganador sobre los demás.".

2) RESPUESTA: Que el 18 de diciembre de 2015, por medio de Resolución Exenta Nro.: LTNot 0009539, el Servicio de Impuestos Internos, respondió a dicho requerimiento de información, señalando, en síntesis, que:

a) En relación a la letra a) de la solicitud, señala que el concurso indicado siguió un sistema de "Currículum referidos", por lo cual, advertida la necesidad de proveer un cargo, se efectúa un reclutamiento de posibles interesados, sin que exista un plazo definido de postulación para el cargo, se revisan los currículum que se reciban y se procede a la evaluación de los postulantes según el orden en que se reciban sus antecedentes. De acuerdo a esto, el documento de Perfil de Competencias que se adjunta, carece de fecha.

b) En relación a la letra b) de la solicitud, indica que las etapas del proceso de selección "no se encuentran documentadas en alguna resolución. No obstante ello, -continua- es posible indicar que, de acuerdo a los procedimientos establecidos, los concursos tienen las siguientes etapas: a) Reclutamiento de Currículum; b) Análisis Curricular; c) Pruebas psicométricas; d) Entrevista personal y técnica; e) Entrevista Psicolaboral; e) Referencias Laborales.".

c) En relación a la letra c) de la solicitud, indica que debido a que en dicho proceso de selección no se elaboraron bases Concursales, "no existen pautas de evaluación especiales para el cargo requerido".

d) En relación a la letra d) de la solicitud, indica que al tratarse de un concurso en que se recluta a los interesados bajo el sistema de Currículum referido, "no existe un plazo definido para la presentación de los mismos, ya que se van evaluando los antecedentes curriculares a medida que se van recibiendo".

e) En relación a la letra e) de la solicitud, indica que en el Acta de Evaluación de Entrevista que se adjunta, constan los nombres de los funcionarios que participaron en la Comisión Evaluadora, que, para este caso, corresponden al Jefe de Departamento en el cual se desarrollarán las funciones requeridas; un representante de la Subdirección que requiere la contratación, y un representante de la Subdirección de Recursos Humanos, del Área de Selección a cargo del proceso concursal.

f) En relación a la letra f) de la solicitud, indica que adjunta un documento que contiene un cuadro con resumen de las Evaluaciones obtenidas por los participantes en el concurso, en las distintas etapas de este. Hace presente que, conforme al principio de divisibilidad, y según el principio de reserva, se han tarjado los nombres de los demás concursantes al tratarse de datos que pueden afectar sus derechos como terceros.

g) En relación a la letra g) de la solicitud, indica que "no existe el documento requerido", ello por cuanto "la Comisión evalúa a cada postulante en forma individual y solo pone nota por la entrevista, de lo cual se deja constancia en Acta de Evaluación de la Entrevista", referida en el literal e) anterior.

h) En relación a la letra h) de la solicitud, indica que la respuesta a este punto está contenida en Cuadro Resumen de las distintas evaluaciones, a que se hace referencia el literal f) "Percentil Test 1 y Percentil Test 2".

i) En relación a la letra i) de la solicitud, indica que la respuesta a este punto está contenida en Acta de Entrevista adjunta, referida en el literal e).

j) En relación a la letra j) de la solicitud, indica que la respuesta a este punto está contenida en el Cuadro Resumen de los resultados de las distintas evaluaciones que se adjunta, referida en la letra f), en que se indica que la requirente obtuvo una calificación de "Recomendable". Agrega que al tratarse de un proceso externo, no se cuenta con detalle de la fundamentación de dicha calificación.

k) En relación a la letra k) de la solicitud, indica que la respuesta a este punto está contenida en Cuadro Resumen con los resultados de las distintas evaluaciones, que se adjunta, en el cual, según los principios de divisibilidad y de reserva, se han tarjado los nombres de los otros concursantes para no afectar sus derechos como terceros.

3) AMPARO: El 18 de diciembre de 2015, doña Patricia Meyer Carrasco dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada está incompleta, toda vez que "en ninguna de ellas constan fundamentos a las decisiones adoptadas, éstas carecerían de motivación.".

4) SUBSANACIÓN DE AMPARO: Por medio de oficio N° 57, de 06 de enero de 2016, este Consejo hizo presente al reclamante que, revisada su reclamación, no se advierte con suficiente claridad el fundamento de su amparo y que además, no acompañó copia de la solicitud de información En razón de lo anterior, se le solicitó subsanar su amparo subsanar su amparo, en los siguientes términos: (1°) acompañe copia de su solicitud, objeto de la presente reclamación, con el respectivo timbre o comprobante de ingreso; y (2°) Indique en detalle la documentación que fue solicitada y que no le habría sido entregada.

Por medio de correo electrónico de fecha 18 de enero de 2016, la reclamante dio cumplimiento a la subsanación requerida, acompañando copia de su solicitud de información e indico en cuanto al fundamento de su amparo, en síntesis, que:

a) En relación a la letra b) de la solicitud, hace presente que le indican que no existe resolución al respecto, pero lo solicitado corresponde a "cualquier antecedente, sin restringirlo a resoluciones".

b) En relación a la letra c) de la solicitud, indica que lo requerido corresponde a "cualquier tipo de antecedente o documentación", en tal sentido continua "no se pudo haber llevado un proceso concursal sin respaldos, y el resultado de dicho proceso debió haber sido motivado, lo cual debe necesariamente constar de alguna manera, o si no debe perseguirse la responsabilidad administrativa que proceda.".

c) En relación a la letra f) de la solicitud, indica que no se adjuntó ningún "antecedente donde conste la fundamentación de dichas evaluaciones, ni las pautas de las mismas, lo cual debe existir en cualquier proceso razonado".

d) En relación a la letra h) de la solicitud, indica que no se entregó lo solicitado, por cuanto "no hay conclusiones ni informes al respecto". Al efecto, señala que "no puede haber una calificación sin fundamento de la misma, no puede haberse realizado un informe psicológico que no arroje resultados y recomendaciones".

e) En relación a la letra i) de la solicitud, indica que no se entregó lo solicitado, sino sólo una pauta de calificación sin conclusiones ni fundamentación.

f) En relación a la letra j) de la solicitud, indica que no se entrega lo solicitado, y lo que es "más grave aún" se le informa que no existiría tal pauta por haberla realizado un ente externo, lo que atentaría contra la legalidad del gasto y la correcta inversión de fondos públicos.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el amparo, y mediante oficio N° 644, de 25 de enero de 2016, confirió traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, quien por medio de escrito presentado con fecha 09 de febrero de 2016, evacuó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis que:

a) Que, la respuesta entregada no corresponde a una denegación de información, puesto que "no pude denegarse la entrega de aquello que no existe". Luego, de la complementación del amparo, se deduce que la requirente reconoce la entrega de la información, sin embargo, a su juicio, la documentación entregada no contendría los fundamentos solicitados, "aspecto este último que no fue objeto de la petición original y, por tanto, se trata de un nuevo elemento incorporado mediante el presente amparo". Por tanto, no existiendo denegación de información no se cumpliría con los requisitos de admisibilidad del artículo 24 de la Ley de Transparencia.

b) Que, en relación a lo solicitado en la letra b), indica que la respuesta entregada se encuentra íntimamente vinculada con la entregada en razón de la letra a) de la solicitud (la que no fue reclamada), ya que en dicho literal se explicó los motivos de la inexistencia de la información. Con todo, igualmente se le indicó las etapas del proceso especial de selección. En tal sentido, agrega "el proceso de selección denominado "currículo referido", tiene la particularidad de no ser formalizado y por lo tanto no cuenta con el nivel de información que contienen otros tipos de procesos de selección de personal. En la especie, dicho proceso debe su origen a la necesidad urgente de proveer un cargo vacante dentro del Servicio, y a que el perfil del cargo requerido tiene especificaciones técnicas de difícil selección; circunstancia que habilitan a utilizar este particular mecanismo de convocatoria, el cual se provee mediante los currículos que se han puesto a disposición del Servicio por diversos canales y que cumplen, además, con el perfil requerido a efectos de llenar la vacante en cuestión; de ahí su denominación de "Referido". En razón de lo anterior es que esta Institución no cuenta con un documento en el que consten las etapas y plazos, como tampoco pautas específicas de dicho procedimiento. Sobre el particular, cita los Dictámenes N° 4595, de 18 de enero de 2016 y N° 103243, de 31 de diciembre de 2015, ambos de la Contraloría General de la República.

c) En relación a lo solicitado en la letra c), indica que el Servicio acompañó un instrumento denominado "Perfil de Competencias", el cual se refiere a los "Requisitos de Ingreso" (formación, formación complementaria, experiencia deseable); como así también a la medición de "Conocimientos o Habilidades Técnicas", conforme a una tabla que indica las aptitudes requeridas: conocimientos requeridos, el nivel deseado de estas, y el porcentaje que representa cada tipo de conocimiento dentro de la evaluación del ítem en comento. De esa manera, agrega, "los elementos contenidos en el instrumento entregado constituyeron los modelos que servirían de base para la evaluación de dicho proceso de selección".

d) En relación a lo solicitado en la letra f), indica que la información con que cuenta el Servicio se entregó, bajo la forma de una tabla, que da respuesta a la requirente y que contiene: "Nombre", "E-mail'', "Fono", Percentil Test 1", "Percentil Test 2", "Pasa a entrevista", "Nota Entrevista Personal y Técnica", "Resultado Evaluación Psicolaboral". Dicho instrumento, en el campo correspondiente, contiene la evaluación de la requirente, lo que le permite conocer su evaluación y contrastarla con los de sus colegas postulantes (expurgados previamente los datos de carácter sensible). En cuanto a la alegación de la reclamante relativa a que no se acompañaron antecedentes que conste su fundamentación, señala que ello constituye un nuevo elemento no incorporado a la petición original, situación que atenta contra el principio de congruencia del artículo 41 de la ley N° 19.880.

e) En relación a lo solicitado en la letra h), indica que la petición se encuentra cumplida con la entrega de la pauta de evaluación. Luego, en cuanto a las conclusiones a que alude la reclamante, ellas están contenidas en el informe mencionada, el cual comunica los resultados de cada percentil y concluye que la requirente pasa a la siguiente etapa, consistente en la entrevista personal. En cuanto a los fundamentos requeridos, ello constituye un elemento que no estaba contenido en la solicitud original.

f) En relación a lo solicitado en la letra i), indica que se trata de información que el Servicio entregó mediante el instrumento denominado "Concurso de Selección Abogado Grado 12° Departamento de Adquisiciones y Gestión de Contratos Subdirección de Administración", de fecha 02.10.2015, que corresponde al acta de entrevista, la cual contiene el resultado de la entrevista realizada a la requirente en de dicha instancia (vale decir, la nota promedio obtenida de las calificaciones otorgadas por cada uno de los entrevistadores)". Luego, el documento entregado cumple con el requisito de contener las conclusiones respecto de cada uno de los evaluadores partícipes de la comisión, "las que se traducen en las notas contenidas en el mismo instrumento (establece el criterio que se utilizará para determinar quién pasará a la siguiente etapa, requiriendo como nota mínima 5,0 en una escala del 1 a 7, donde 1 es la puntuación más baja y 7, la mejor)...". En cuanto a los "fundamentos de los resultados y conclusiones solicitadas" se trata de un elemento no contenido en la petición.

g) En relación a lo solicitado en la letra j), indica que a su juicio se cumplió con la obligación de entregar la información que obra en su poder. Asimismo hace presente que en cuanto al elemento "fundamentación" que no se encontraba presente en la petición original, tendría que haberse denegada el acceso a la información por cuanto de conformidad a la jurisprudencia de este Consejo, la información relativa a las evaluaciones psicológicas o psicolaboral del propio solicitante, en lo que se refiere a la evaluación psicológica, la evaluación descriptiva de atributos y la conclusión contenidas en el informe psicolaboral es reservada de conformidad al artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, de conformidad a los dichos de la reclamante, anotados en el N° 4) de lo expositivo, el presente amparo se encuentra circunscrito a los literales b), c) f) h) i) y j) del requerimiento de acceso trascrito en el N° 1) de lo expositivo. Al, efecto, doña Patricia Meyer Carrasco funda su reclamación en que la información entregada por el órgano es incompleta, toda vez que, en términos generales, en ninguno de los antecedentes entregados constan los fundamentos de las decisiones adoptadas. Por su parte, el Servicio de Impuestos Internos desestima las alegaciones de la reclamante e indica que respecto de cada literal hizo entrega de la información que obraba en su poder y que la exigencia de "fundamentación" corresponde a un elemento no contemplado en la petición original. En razón de lo anterior, resulta necesario que este Consejo proceda a verificar la suficiencia de la respuesta entregada por el SII, realizando un examen de conformidad objetiva entre lo pedido originalmente por la solicitante y lo entregado por el órgano reclamado.

2) Que, previamente al pronunciamiento del fondo del asunto, cabe hacer presente, en primer lugar, que la información requerida dice relación con el proceso concursal llevado adelante por el SII para proveer el cargo de "Abogado del Departamento de Adquisiciones y Gestión de Contratos", el cual de conformidad a los antecedentes aportados por el órganos fue realizado mediante el sistema de selección de "Currículum referido". Luego, la requirente habría participado de dicho proceso concursal y su requerimiento estaría dirigido a obtener, por una parte, información general relacionada con el concurso y sus etapas -literales b) y c) de la solicitud- y con información referida a su persona -literales f), h), i) y j) de la solicitud-, por otra.

3) Que, en relación a lo solicitado en las letras b) y c), en el entendido que el objeto del requerimiento dice relación con "toda la documentación" -cualquier sea su formato- en la cual consten, por una parte, "las etapas y plazos" del concurso y, por la otra, "las pautas de evaluación" con sus respectivos "puntajes y ponderaciones", en efecto, a juicio de este Consejo, la respuesta entregada por el órgano resulta insuficiente para entender satisfecho el requerimiento efectuado. Ello por cuanto, en lo que dice relación con lo referido a las etapas y plazos del concurso, el órgano en su respuesta se refiere sólo a la inexistencia de "resoluciones" -entendida tales como actos administrativos emitidos con las formalidades a que se refiere el artículo 3° de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, por la autoridad competente- en que conste la información requerida; mientras que, en lo que dice relación con las pautas de evaluación del proceso, indica simplemente que "no existen pautas de evaluación especiales para el cargo requerido".

4) Que, sin perjuicio de lo anterior, con ocasión de los descargos presentados en esta sede, la reclamada complementó la respuesta inicialmente entregada informando y justificando la inexistencia de la información requerida en la letra b) de la solicitud -plazos y etapas-, en atención a la desformalización que caracteriza al proceso de selección utilizado en la especie para proveer el cargo consultado y, en relación a lo requerido en la letra c) -pautas de evaluación del proceso, con puntajes y ponderaciones- indica que en el documento "Perfil de Competencias" entregado con ocasión de la respuesta a la letra a) del requerimiento, consta el ítem "Conocimiento o Habilidades Técnicas", el cual da cuenta de las aptitudes y conocimientos requeridos para el cargo, nivel deseado de los mismos y porcentaje que cada tipo de conocimiento representa en la evaluación, "elementos que constituyeron los modelos que servirían de base para la evaluación de dicho proceso de selección".

5) Que, conforme ha resuelto previamente este Consejo, la inexistencia de la información solicitada, constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder "ya sea en razón de que no se ha generado la información, la misma se encuentra en proceso de elaboración o se ignora si otro órgano de la Administración del Estado posee dichos antecedentes" (decisión de amparo C1163-11). Por su parte, el artículo 10° de la Ley de Transparencia, dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado "cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga...". Asimismo, complementando lo anterior, el artículo 3° letra d) del Reglamento del cuerpo legal citado, preceptúa que "toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información que obre en poder de cualquier órgano de la Administración..." (énfasis agregado).

6) Que, en tal sentido, los hechos y circunstancias expuestos por la reclamada en sus descargos a modo de complementación de respuesta, resultan plausibles para justificar la inexistencia de la información en los términos requeridos y dar por suficientemente respondida la solicitud de acceso en los literales en análisis. En tal contexto, se acogerá el amparo en este punto, sin perjuicio de tener por suficientemente contestada la solicitud de acceso, aunque de manera extemporánea, con la notificación de la presente decisión.

7) Que, en relación a la solicitud de las letras f) e i), en el entendido que el objeto del requerimiento dice relación con "toda la documentación" -cualquier sea su formato- en la cual consten, por una parte, "las evaluaciones de las comisiones en todas las etapas que corresponda", y "los resultados y conclusiones de la entrevista personal" realizada a la solicitante el día 2 de octubre de 2015, por la otra; a juicio de este Consejo, la información en soporte documental entregada por el órgano satisface suficientemente la solicitud de acceso. Lo anterior, por cuanto en su respuesta, respecto de lo requerido en ambos literales, el órgano reclamado no sólo acompañó un cuadro resumen con el resultado de las evaluaciones prácticas en cada etapa, sino que además hizo entrega del "Acta de Evaluación de Entrevista" en la que consta la nota asignada por cada miembro de la comisión -debidamente individualizado-, el promedio o resultado obtenido y la consecuencia o conclusión del mismo, aplicado que sea el criterio para determinar los postulantes que pasaban a la siguiente etapa, esto es, la tabla de notas contenida en el instrumento.

8) Que, luego, la alegación efectuada por la reclamante referida a que el SII no hizo entrega de la fundamentación de dichas evaluaciones, efectivamente constituye un elemento que no se encontraba comprendido en la solicitud de acceso original y que se incorpora sólo con ocasión del amparo, ello en el entendido que con la expresión "fundamentación de las evaluaciones" la requirente se refiera a los antecedentes o documentos que sirvieron de fundamentos en los términos del artículo 5° de Ley de Transparencia, que fueron considerados o tenidos a la vista por la autoridad y que motivaron los resultados de la evaluación practicada. En razón de lo anterior, se rechazará el amparo en este punto por improcedente. .

9) Que, en relación a lo solicitado en la letra h) y j) en el entendido que el objeto del requerimiento dice relación con "toda la documentación" -cualquier sea su formato- en la cual consten "los resultados y conclusiones" de las dos evaluaciones psicolaborales realizada a la solicitante, -una en dependencias del Servicio por un funcionario del mismo y la otra por un profesional externo- se advierte que la información entregada por el órgano resulta insuficiente para entender satisfecha la solicitud de acceso. En efecto, el SII hace entrega de una tabla resumen en la cual constan, por una parte, los resultados -en puntajes- de los test psicológicos aplicados en la primera evaluación psicológica y, por otra, la conclusión de la entrevista y test aplicados con ocasión de la segunda evaluación psicolaboral a que fue sometida la solicitante, que se traduce en un simple "Recomendable". Luego, contrariamente a lo señalado por el órgano reclamado la petición efectuada por la reclamada está dirigida claramente a acceder no solo a los resultado formales de las evaluaciones psicolaboral practicas a su persona sino al resultado de los test practicados, la fundamentación de los mismos y la conclusión que sobre la base de dichos test y la entrevista el profesional pertinente haya efectuado. De esa forma, resulta evidente que la información requerida dice relación con aquella contenida en el informe elaborado por el profesional ad hoc, por medio del cual aquel haya dado cuenta de una integración conclusiva de los datos recolectados a través de la entrevista y aplicación de pruebas, fundamentando las notas o resultados obtenidas por el postulante en los distintos test aplicados, seguida de una conclusión relativa a su idoneidad para el cargo, de acuerdo a las fortalezas y debilidades del candidato, en relación a las competencias definidas en el perfil y las características de la organización.

10) Que, ahora bien, en cuanto a este último punto, esto es, la posibilidad de que el solicitante titular del informe psicolaboral acceda a su contenido, la reciente jurisprudencia de este Consejo, a partir de las decisión de amparo C1594-15 y recientemente en la decisión de amparo C3329-15, las pericias psicolaborales son un importante instrumento el cual contiene la apreciación de un experto respecto de los rasgos psicológicos del entrevistado. La referida apreciación se obtiene, luego de concertar una entrevista personal y aplicar durante la misma o en otra oportunidad, test psicométricos y/o proyectivos, proceso que una vez concluido permite determinar la idoneidad del evaluado para acceder a un cargo. Luego, los datos contenidos en dicho informe son datos personales sensibles de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada, surgiendo consecuentemente la titularidad sobre dichos datos en conformidad a lo consagrado en el artículo 12 del cuerpo normativo citado, el cual dispone que "toda persona tiene derecho a exigir a quien sea responsable de un banco, que se dedique en forma pública o privada al tratamiento de datos personales, información sobre los datos relativos a su persona (...)". En efecto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2°, letra g), del citado cuerpo legal, la información contenida en el informe psicológico queda comprendida dentro de la expresión "datos sensibles" toda vez que se refiere "características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como (...) los estados de salud físicos o psíquicos (...)" según dispone el precepto aludido. Igualmente, debe acentuarse que la referida pericia no puede ser efectuada sin la participación voluntaria y activa de la persona evaluada, quien al develar aspectos de la vida íntima permite al experto efectuar valoraciones y emitir juicios que se convierten en una importante herramienta a favor de la autoridad pertinente y que consecuentemente, le permite determinar la idoneidad del postulante en relación al cargo concursado.

11) Que, por otra parte, la titularidad de los datos personales sensibles, constituyen el correlato de la obligación de secreto profesional y el deber de confidencialidad al que se encuentran sujetos todos los profesionales de la psicología en el ejercicio de su profesión, y que tal como lo califica el Código de Ética Profesional del Colegio de Psicólogos de Chile , son un derecho del paciente o cliente y un deber para el profesional. Así por ejemplo, dicho Código de Ética, en su Capítulo Tercero, sobre Normas Éticas Especificas, artículo 11° Aspectos relativos al Cliente, acápite 5°, señala: "5.1. El secreto profesional constituye un deber del psicólogo/a que perdura en forma indefinida y que alcanza incluso el nombre del paciente o cliente. El secreto profesional es un derecho del paciente o cliente establecido en su beneficio. 5.2. El psicólogo/a no podrá, en caso alguno, revelar directa, ni indirectamente los hechos, datos o informaciones que haya conocido o le hayan sido revelados en el ejercicio de su profesión, salvo orden judicial expresa, o autorización por escrito del cliente o paciente mayor de edad, que obre con discernimiento e informadamente.". De igual forma, en el acápite siguiente sobre Confidencialidad, expresa: "6.1. La confidencialidad de los antecedentes del paciente constituye un deber para el psicólogo/a en cuanto deberá preocuparse de manejarlos mediante procedimientos y métodos que los resguarden del conocimiento de personas no autorizadas. (...). 6.3. El psicólogo/a procurará que los antecedentes del paciente sean confeccionados de una forma tal que se restrinja al máximo el conocimiento por terceros, de datos o información, que por su naturaleza, le pueda procurar un desmedro personal." (énfasis agregado).

12) Que, en tal sentido, resulta evidente que es en razón de la sensibilidad de la información que es proporcionada con ocasión de cualquier servicio de atención psicológica -entre los cuales se encuentran lógicamente aquellas dirigidas a efectuar un análisis psicolaboral (test aplicados y entrevista personal) con el objeto de detectar y medir las competencias asociadas al perfil de un determinado cargo-, que la práctica profesional de la psicología ha establecido como deberes infranqueables e ineludibles de dichos expertos el deber de secreto y confidencialidad de la información entregada, el que inclusive es elevado a la categoría de derecho del paciente o cliente. Con todo, la extensión de dichos deberes no puede alcanzar al propio titular de la información, toda vez que ello atentaría contra la naturaleza misma de dichas instituciones las cuales fueron establecidas respecto de terceros ajenos a la misma, y en contra de lo dispuesto en el precitado artículo 12 de la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada. Situación que no se ve alterada por la circunstancia de que la prestación del servicio de análisis psicolaboral se haga por encargo o a petición de un tercero, en la especie, un órgano de la Administración del Estado en el contexto de un concurso público, toda vez que ello en caso alguno afecta la titularidad de la información de a quien se refiere el informe o evaluación psicolaboral.

13) Que, respecto del titular de la información resulta plenamente justificado que el interesado tome conocimiento de las impresiones vertidas sobre él por el evaluador, toda vez que resulta incontrovertible la circunstancia de que el informe psicolaboral en su integridad, constituye un dato personal sensible del requirente respecto del cual tiene derecho a acceder, ya sea por medio del procedimiento que indica el artículo 12 la ley N° 19.628 o utilizando el procedimiento de acceso a la información.

14) Que, a mayor abundamiento, sobre la presente materia, nuestro Tribunal Constitucional conociendo de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, relativo a la publicidad de los informes psicológicos del ganador de un concurso sujeto a las normas de Alta Dirección Pública, asentó como un "antecedente jurídico clave" para comprender adecuadamente la cuestión que dicha Magistratura debía resolver, la circunstancia que un informe de evaluación personal -comprensivo de la evaluación psicológica, la evaluación de atributos con puntajes, la descripción de motivación y la conclusión-, es un dato sensible. Al efecto, dicho Tribunal señaló: "El informe de evaluación personal es, de conformidad al artículo 2° de la Ley N° 19.628, un dato sensible. Por una parte, porque se trata de aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad. Por la otra, porque dicha disposición expresamente señala como ejemplo de estos datos "los estados de salud físicos o síquicos.". La evaluación personal es parte de la salud psíquica de una persona. / Al tener tal carácter, no pueden ser objeto de tratamiento de datos (artículo 10, Ley N° 19.628), por afectar la vida privada de las personas, salvo que la ley lo autorice o su titular consienta en ello" (énfasis agregado).

15) Que, asimismo, los tribunales superiores de justicia, en reiteradas oportunidades se ha manifestado en este mismo sentido, estableciendo inclusive expresamente que el titular de dichos informes psicolabores tiene derecho a acceder a su informe. Así por ejemplo, en sentencia Rol 8067-2009, la Corte de Apelaciones de Santiago, señaló: "Que, del análisis de las disposiciones citadas precedentemente, no se divisa razón valedera para que el reclamante, no entregue al peticionario el informe psicolaboral que le fuera realizado con motivo de su postulación al cargo de fiscalizador tasador del Servicio, ya que dicho informe fue realizado precisamente en base a los datos de carácter personal e incluso sensibles, que el peticionario debió proporcionar al servicio reclamante para el análisis de un especialista evaluador al tiempo de su postulación, consintiendo de paso que ellos, con otros antecedentes propios de su personalidad, formaran parte de la evaluación final, con las ponderaciones correspondientes, en los distintos aspectos comprendidos en el examen. Por otra parte, no cabe excepcionarse con la negativa en la entrega, en la necesidad de respetar al profesional evaluador con la confidencialidad de las ponderaciones y/o conclusiones del informe, ya que éstas son el resultado de un examen realizado por una empresa o un especialista en selección de personal, contratado para ello, por un organismo del Estado, con recursos de la Administración, dado sus conocimientos y experiencia en la materia, de forma tal que sus conclusiones deben corresponder a padrones generalmente aceptados. No habiendo vulneración de la Garantía Constitucional y normas legales citadas en el considerando anterior, deberá rechazarse la negativa de la reclamante a la decisión de la reclamada en este punto." (énfasis agregado) .

16) Que, por su parte, la jurisprudencia comparada se encuentra conteste en que la información referida a un informe o evaluación psicológica tiene el carácter de dato personal -sensible- relativo a la salud de una persona. En tal sentido, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, de los Estados Unidos Mexicanos, ha señalado, por ejemplo, en resolución N° de expediente 2449/09, que: "la información solicitada por el hoy recurrente es considerada de carácter confidencial, de conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, (...) / En relación con lo anterior, el artículo 3, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece que por datos personales se entenderá la información concerniente a una persona física, identificada o identificable, entre otra, la relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales, u otras análogas que afecten su intimidad. / En consecuencia, los resultados de los exámenes solicitados por el recurrente que abarcan la entrevista; la verificación del entorno socioeconómico; el examen psicológico; la valoración médica; el examen toxicológico, la evaluación de conocimientos generales y la prueba poligráfica; reflejan cuestiones relativas al estado de salud físico y mental de la persona, así como de características físicas y emocionales del individuo evaluado, se tratan de información confidencial. / (...) De lo anterior se desprende que, en las respuestas a las solicitudes de acceso, las dependencias y entidades proporcionaran los datos personales que obren en un sistema de datos personales, sólo a los interesados o sus representantes, previa acreditación, (...)" (énfasis agregado).

17) Que, de igual forma, la Agencia Española de Protección de Datos, pronunciándose expresamente sobre la naturaleza de los datos psicológicos a efectos de su tratamiento, sostiene que "los datos psicológicos deben ser considerados, a los efectos de la aplicación de la LOPD, como datos relativos a la salud de las personas. Para delimitar el fundamento de esta inclusión habrá de distinguirse entre los datos incorporados a historiales clínico siquiátricos o psicológicos y los no incorporados a los mismos". En relación a estos últimos, precisa que se trata de aquellos que "no derivan de un determinado tratamiento psicológico o psiquiátrico, sino en las propias manifestaciones de los sujetos encuestados o en la apreciación del encuestador ante las citadas afirmaciones", y respecto de los cuales concluye "deben ser considerados como datos referentes a la salud de las personas, habida cuenta que, o bien conciernen directamente a la salud mental del individuo (apartado 45 de la Memoria del Convenio 108) o bien se encuentran estrechamente relacionados con la salud (Recomendación R (97) 5 del Comité de Ministros)" (énfasis agregado) .

18) Que, no es posible obviar la circunstancia de que el proceso de selección de un concurso público, corresponde en términos estrictos a un procedimiento administrativo que concluirá con la dictación de un acto administrativo que designará a una persona para un determinado cargo público y que lo investirá de las competencias y obligaciones que la Constitución y la ley establecen respecto del ejercicio de la función pública; y, en tal sentido, dicho procedimiento está sujeto a los principios y etapas de la ley N° 19.880. Luego, dicha normativa reconoce a todos los participantes o postulantes a dicho concurso, la calidad de interesados de conformidad a su artículo 21. De esta forma, dichos interesados, de acuerdo al artículo 17, letra a), tienen derecho a: "Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente y (...)"; y, de acuerdo a los artículos 4°, 15, 59 y siguientes, impugnar los actos de la administración que le interesen, por medio de los mecanismos que dicha ley u otras especiales contemplen, siendo necesario para ello, que aquellos puedan ejercer, previamente, su derecho de acceso a los antecedentes del expediente de conformidad a la ley y, principalmente, aquellos referidos a su persona. Lo anterior guarda concordancia con la necesidad de que las decisiones de la Administración del Estado deben sustentarse en un motivo legal y no arbitrario y, de esa forma, ser susceptibles de control -administrativo o judicial- en lo que respecta al legítimo ejercicio de las potestades públicas que la ley pone en el ámbito de sus competencias, ello por cuanto dichas potestades constituyen un poder jurídico que no se ejerce libremente por la Administración, sino en función del interés al cual están sujetas.

19) Que, en relación a esto último, también a nivel comprado, la Agencia Española de Protección de Datos por ejemplo ha desestimado reclamaciones por vulneración a la Ley Orgánica de Protección de Datos (LODP), por considerar que tratándose de evaluaciones psicológicas que forman parte de un "procedimiento administrativo que a su vez integra un procedimiento administrativo de selección de personal, en el que el recurrente participó", aquel titular tiene derecho a acceder a ella en virtud del "derecho de acceso a archivos y registros" contemplado en la Ley sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC) - equivalente jurisdiccional de nuestra ley N° 19.880-, el que no debe ser confundido con el derecho de acceso de la LOPD y que prima sobre este último -ello por cuanto en dicho país la ley de protección de datos tiene el carácter de norma general-. Así, dicho órgano concluye: "El recurrente tiene, por tanto, derecho a ejercitar el acceso a los datos que aparecen en su expediente administrativo, de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 37 de la LRJPAC. / Asimismo, y teniendo en cuenta que los datos a los que solicita acceso el recurrente forman parte de un procedimiento administrativo de selección de personal en el que participó, como interesado en el mismo tendría una serie de derechos, como la posibilidad de subsanar su solicitud, de realizar alegaciones o de tener acceso al procedimiento, siempre que respete los trámites y plazos establecidos legalmente para dicho procedimiento de forma específica por la convocatoria correspondiente o, a falta de norma concreta, los establecidos en la LRJPAC. Del mismo modo, si el recurrente no estuviera conforme con la resolución recaída en el procedimiento de selección de personal, como interesado en el mismo podría interponer los recursos habilitados en la LRJPAC, quedando también a salvo, la posibilidad de interponer por parte del recurrente en defensa de sus derechos, recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción ordinaria.".

20) Que, por lo anterior y en virtud de las funciones y atribuciones que el artículo 33 de la Ley de Transparencia le encomienda a este Consejo, especialmente, las contempladas en las letras a), c) y m), esto es, fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de dicha ley, promover la transparencia de la función pública y velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado, se acogerá el amparo en esta parte y se ordenará al Servicio de Impuestos Internos hacer entrega a doña Patricia Meyer Carrasco, copia de los informes psicológicos de los cuales es titular, efectuados con ocasión de su postulación al cargo de "Abogado del Departamento de Adquisiciones y Gestión de Contratos", de conformidad a lo dispuesto en Instrucción General N° 10, de este Consejo, en su acápite 4.3 sobre entrega de información que contenga datos personales, o, en su defecto, de ser ese el caso, señale expresa y fundadamente la inexistencia del mismo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Patricia Meyer Carrasco, de 18 de diciembre de 2015, en contra del Servicio de Impuestos Internos (SII), en lo que dice relación con lo solicitado en las letras b) y c), teniendo por entregada la información requerida, aunque de forma extemporánea; rechazándola en lo que dice relación con los literales f) e i), por corresponder al ejercicio del derecho constitucional de petición.

II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos:

a) Hacer entrega a la reclamante de los informes psicolaborales practicados a la reclamante con ocasión de su postulación al cargo de "Abogado del Departamento de Adquisiciones y Gestión de Contratos", de conformidad a lo dispuesto en Instrucción General N° 10, de este Consejo, en su acápite 4.3 sobre entrega de información que contenga datos personales, o, en su defecto, de ser ese el caso, señale expresa y fundadamente la inexistencia del mismo.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y al Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Patricia Meyer Carrasco y al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos.

VOTO DISIDENTE

Decisión acordada con el voto disidente del Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero, quien no comparte lo razonado en los considerandos 9° a 20, estimando que el amparo debe rechazarse respecto de los informes psicolaborales por las siguientes razones:

1) Que, un informe psicolaboral es la evaluación que un psicólogo realiza respecto de las características y habilidades de una persona que le permiten proyectar su idoneidad para desempeñar un determinado trabajo o cargo. Si bien esta evaluación se basa en información que la propia persona entrevistada revela y que puede versar sobre aspectos de su vida íntima, las valoraciones que realiza el psicólogo y la conclusión a la que arriba no son datos personales del entrevistado sino una opinión subjetiva de aquél sobre la habilidad o competencia que éste tendría para desenvolverse con éxito en ciertas tareas y circunstancias. En efecto, más allá de los parámetros objetivos que pueden haber arrojado los tests aplicados, las entrevistas personales y la evaluación final tienen un componente subjetivo en correlato con la experiencia del entrevistador.

2) Que, en consecuencia, la información contenida en el informe psicológico no es de aquellas "que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como ( ... ) los estados de salud físicos o psíquicos (...), que según el artículo 2, letra g), de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, configuran los datos personales sensibles, pues en ellos no se trata de evaluar el estado de salud psíquico de una persona sino su idoneidad laboral a través de un juicio de un profesional experto.

3) Que, habiendo descartado que el informe psicolaboral sea un dato personal sensible del sujeto evaluado, de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 19.628, tampoco existe titularidad de la persona evaluada para solicitarlo en la pretensión de ejercer un habeas data.

4) Que, dicho lo anterior, respecto de los informes psicolaborales cuyo acceso se solicita, es aplicable el criterio desarrollado por este Consejo, entre otras, en las decisiones Roles C1556•12, C419•14 y C1977-14, conforme a los cuales se ha resuelto reservar tal información tanto para la persona a la que se refiere como para terceros que la han solicitado.

5) Que, en efecto, todo aquello que el profesional informante predica en su informe psicolaboral respecto de la persona entrevistada, particularmente la evaluación psicológica y de atributos, y la conclusión, corresponden a opiniones emitidas sobre la base de atributos previamente definidos por un mandante que desea reclutar personal que posea ciertas habilidades. Estas opiniones constituyen un juicio de expertos, esencialmente subjetivos y, por ende, difícilmente objetivables, cuya difusión podrá generar cuestionamientos al sistema de selección que expresen la insatisfacción de quienes no han sido seleccionados y que serían difíciles de zanjar. Por otra parte, ante la eventual difusión de su informe, el profesional podría inhibirse de expresar opiniones claras y asertivas, que redundarla en un deterioro de la utilidad esperada de esta herramienta como mecanismo eficaz para reclutar personal.

6) Que, a juicio de este disidente, el acceso a los informes psicolaborales de los participantes en el concurso, así como el de la propia solicitante, conlleva un riesgo cierto o probable y con la suficiente especificidad y magnitud como para afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido y, en consecuencia, procede rechazar el presente amparo respecto de dichos antecedentes por resultar aplicable la hipótesis de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza, y por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.