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Myriam del Carmen Del Canto Segovia con SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR Rol: C3280-15

Consejo para la Transparencia, 29/03/2016

Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Educación Escolar, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a: a) Información o registros estadísticos disponibles en relación a procedimientos administrativos sancionatorios o querellas judiciales incoadas por la Superintendencia de Educación Escolar en contra de colegios públicos, semiprivados, privados por negligencias en la dirección de los establecimientos educacionales que hayan tenido como consecuencia el suicidio de alumnos; b) "Copia de los reglamentos o instructivos administrativos de carácter estatutario y por tanto de obligado cumplimiento que regulen específicamente la forma en que se llevan a cabo las fiscalizaciones y supervisiones de los protocolos de actuación y planes de gestión ante situaciones de maltrato infantil por parte de la Superintendencia de Educación Escolar a los establecimientos educacionales públicos, semiprivados y privados". El Consejo rechaza el amparo, por la inexistencia de lo solicitado en el literal a) del N° 1 de lo expositivo; y por configurarse la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, respectivamente, respecto de la información requerida en el literal b).


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3280-15

Entidad pública: Superintendencia de Educación Escolar.

Requirente: Myriam del Carmen Del Canto Segovia.

Ingreso Consejo: 28.12.2015.

En sesión ordinaria N° 694 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de marzo de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C3280-15.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 11 de noviembre de 2015, doña Myriam del Carmen Del Canto Segovia solicita a la Superintendencia de Educación Escolar, lo siguiente:

a) "Información o registros estadísticos disponibles en relación a procedimientos administrativos sancionatorios o querellas judiciales incoadas por la Superintendencia de Educación Escolar en contra de colegios públicos, semiprivados, privados por negligencias en la dirección de los establecimientos educacionales que hayan tenido como consecuencia el suicidio de alumnos. Concretamente me interesa conocer el actuar de inmediato y la motivación adecuada de investigar y sancionar casos de suicidios de alumnos por parte de la Superintendencia de Educación Escolar de la siguientes Regiones: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Bio-Bio, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, ya que estas Regiones presentan los más altos índices de suicidio infanto juvenil en Chile. Esta información debería estar disponible sin mayores dificultades en los departamentos jurídicos de las Superintendencias de Educación Escolar Regionales mencionadas expresamente en esta solicitud. Cabe agregar que no requiero saber el nombre de alumno o del establecimiento educacional, sino solamente los procedimientos administrativos, sancionatorios o judiciales llevados a cabo por la Superintendencia de Educación Escolar en contra de colegios públicos, semiprivados y privados en caso de suicidios, en las regiones expresamente mencionados en esta consulta".

b) "Copia de los reglamentos o instructivos administrativos de carácter estatutario y por tanto de obligado cumplimiento que regulen específicamente la forma en que se llevan a cabo las fiscalizaciones y supervisiones de los protocolos de actuación y planes de gestión ante situaciones de maltrato infantil por parte de la Superintendencia de Educación Escolar a los establecimientos educacionales públicos, semiprivados y privados".

2) PRÓRROGA: La Superintendencia de Educación Escolar, mediante ordinario N° 613, de fecha 10 de diciembre de 2015, le comunican que efectuada la búsqueda de la información solicitada, comprobaron que existen circunstancias que hacen difícil reunirla. En razón de lo expuesto y, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, estiman necesario ampliar el plazo para otorgar respuesta a su solicitud, en 10 días hábiles.

3) RESPUESTA: La Superintendencia de Educación Escolar, mediante resolución exenta N° 1801, de fecha 24 de diciembre de 2015, le otorga respuesta a su solicitud, señalando, en síntesis, lo siguiente:

a) Que respecto de lo solicitado en el literal a) del requerimiento, referente a información estadística, acceden a su entrega y adjuntan archivo Excel que contiene información estadística respecto de todos los procesos administrativos iniciados desde septiembre de 2012 a la fecha, con hallazgos vinculados a problemas de Convivencia Escolar, pero no necesariamente vinculados a situaciones de suicidio escolar. El detalle de los hallazgos se encuentra en el archivo adjunto, dicha tabla contiene información agrupada por región y tipo de dependencia, indicando los totales de procesos administrativos.

Que, estiman necesario señalar que no cuentan con cargos específicos que digan relación con lo solicitado, sino que dichos procesos se encuentran directamente vinculados con los hallazgos y sustentos de hallazgos, contenidos en la resolución exenta N° 290, que fija el modelo de fiscalización y estandarización de hallazgos - en adelante resolución N° 290-.

b) Que, respecto de lo requerido en el literal b) de la solicitud, le explican que para poder cumplir con sus objetivos, desarrollan los Programas de Fiscalización, instrumentos que organizan las acciones de fiscalización en cuanto al cumplimiento normativo y al uso de los recursos de los sostenedores de establecimientos educacionales, buscando avanzar en el objetivo primario de asegurar una educación de calidad y equidad en el acceso a esta educación. Dichos programas son una herramienta de planificación, ejecución, control y monitoreo de la función de planificación, capacitación, asesoría y sanción, que en virtud de sus funciones legales, ejercen respecto de los establecimientos educacionales del país, ajustándose plenamente a la misión y visión institucional, lo cual conlleva a la materialización de los objetivos estratégicos.

Que, al respecto sólo pueden informar que las materias vinculadas a Reglamento Interno y Convivencia Escolar son fiscalizadas a través de denuncias, y asimismo, se fiscaliza de oficio, según lo establecido en el programa de fiscalización integral, teniendo ambas modalidades los siguientes objetivos: comprobar la existencia del Reglamento Interno, asegurar la existencia del encargado de convivencia, existencia de un Plan de Gestión, existencia de protocolos de actuación y existencia de un Consejo Escolar.

Que, en virtud de lo señalado precedentemente, es que no pueden entregar ningún tipo de información referente a Programa de Fiscalización vinculados a revisión de protocolos de actuación, pues dichos programas, contienen herramientas de carácter interno, cuya divulgación afectaría el debido cumplimiento de sus funciones, configurándose a su respecto la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.

4) AMPARO: El 28 de diciembre de 2015, doña Myriam del Carmen Del Canto Segovia deduce amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Superintendencia de Educación Escolar, fundado en la respuesta negativa a su solicitud, por debido funcionamiento del órgano. Además, señala que sólo le otorgaron acceso a una planilla Excel, con estadísticas de denuncias regionales por maltrato escolar que no responde a lo expresamente pedido.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Educación Escolar, mediante oficio N° 189, de fecha 12 de enero de 2016, quien presenta sus descargos y observaciones por medio de ordinario N° 69, de fecha 27 de enero de 2016, señalando, en síntesis, lo siguiente:

a) Que respecto al literal a) del requerimiento, lo solicitado dice relación con "información o registros estadísticos disponibles", referente a lo cual estiman necesario dejar establecido que no cuentan con ninguna base de datos con la especificidad pedida, es decir, cargos que digan relación con "negligencias en la dirección de los establecimientos educacionales que hayan tenido como consecuencia el suicidio de alumnos", sino que dichos procesos se encuentran directamente vinculados con los hallazgos y sustentos de hallazgos, contenidos en la resolución exenta N° 290, en dónde lo que más se acerca a lo requerido son aquellos vinculados a problemas de Convivencia Escolar, pero no necesariamente a situaciones de suicidio escolar. En razón de lo cual, generaron y agruparon información al respecto, detallando todos los procesos administrativos que se iniciaron por problemas de Convivencia Escolar en el período requerido, indicando tipo de dependencia, agregando en una hoja adicional los hallazgos y sustentos de hallazgos que originaron dichos procesos administrativos. De tal manera, cumplieron más allá de lo prescrito por la Ley de Transparencia, pues no cuentan con lo específicamente pedido, sin perjuicio de lo cual, buscaron aquella que tuviese mayor similitud y generaron, exclusivamente para la requirente, el número de procesos administrativos iniciados en los años y regiones señaladas. Reiteran, finalmente, que no cuentan con ningún tipo de formato o soporte que contenga lo pedido.

b) Que, respecto a lo solicitado en el literal b) del requerimiento, reiteran lo señalado en su respuesta, en orden a que los protocolos de actuación son fiscalizados en el ítem "Convivencia Escolar" del Programa de Fiscalización Integral, éste es el de mayor envergadura a nivel nacional, en el que se detalla la metodología a utilizar, materias por revisar y las hipótesis de riesgo. Por lo que, se denegó el acceso por configurarse la causal de secreto o reserva consagrada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, pues para poder cumplir con sus objetivos, la Superintendencia de Educación Escolar desarrolla dichos programas, instrumentos que organizan las acciones de fiscalización en cuanto al cumplimiento normativo y al uso de recursos de los sostenedores de establecimientos educacionales, buscando avanzar en el objetivo primario de asegurar una educación de calidad y equidad en el acceso a esta educación.

Los Programas de fiscalización son una herramienta de planificación, ejecución, control y monitoreo de la función de fiscalización, capacitación, asesoría y sanción, que ejercen por mandato legal, cuya publicidad revelaría con antelación las materias a fiscalizar y la modalidad que se utilizaría, aumentando el riesgo de comportamientos indebidos por parte de los sostenedores, o bien a la existencia de condiciones inadecuadas en el establecimiento educacional lo que afecta la fiscalización misma.

Y CONSIDERANDO:

1) Que lo solicitado en el literal a) del requerimiento se refiere a información o registros estadísticos disponibles referente a procedimientos administrativos sancionatorios o querellas judiciales incoadas por la Superintendencia de Educación Escolar en contra de establecimientos educacionales por negligencias en la dirección de éstos, que hayan tenido como consecuencia el suicidio de alumnos. Al respecto, tanto en su respuesta como en sus descargos, el órgano reclamado señala que no cuentan con estadísticas con la especificidad requerida, sin embargo, le generaron una respuesta a la reclamante, otorgándole acceso a los registros relativos a denuncias sobre maltrato escolar, que es el antecedente general con el que disponen relativo a lo consultado.

2) Que el objeto de la Superintendencia de Educación Escolar es fiscalizar, de conformidad a la ley, que los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado se ajusten a las leyes, reglamentos e instrucciones que dicte aquella. Asimismo, debe atender las denuncias y reclamos de los miembros de la comunidad educativa, aplicando las sanciones que en cada caso corresponda (artículo 48 de la ley N° 20.529, sobre Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su fiscalización). En cumplimiento de su deber legal de fiscalización, el órgano reclamado dicta la resolución exenta N° 290, en la cual establece un sistema estandarizado de infracciones a la normativa educacional, informando a la comunidad educativa un total de 100 hallazgos que constituyen una contravención a dicha normativa.

3) Que, tras la revisión de los hallazgos contenidos en la resolución exenta N° 290, se concluye, que tal como informó en su oportunidad el órgano reclamado, no existe un ítem a fiscalizar con lo específicamente requerido, y lo que más se acerca a ello dice relación con las infracciones relativas a la Convivencia Escolar, contenidos en los N° 82 al 86 del Anexo N° 1 de la resolución señalada. De esta forma, conforme a lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, este Consejo sólo puede requerir la entrega de aquella información contenida "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado. De dichas normas se concluye que sólo será pública aquella información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración. Al respecto, cabe hacer presente que revisadas las funciones y atribuciones que la ley le otorga a la Superintendencia de Educación Escolar, no se contempla la de elaborar estadísticas como las pedidas. En consecuencia, y en concordancia con lo señalado por el organismo reclamado con ocasión de su respuesta y descargos, en cuanto a la inexistencia de los antecedentes consultados, y en atención a que la reclamada no está obligada por el ordenamiento jurídico a generar la estadística pedida, se rechazará el presente amparo en este literal, por inexistencia de lo requerido.

4) Que lo solicitado en el literal b) del requerimiento, a saber, copia de los reglamentos o instructivos administrativos de carácter estatutario que regulen las fiscalizaciones ante situaciones de maltrato infantil, dice relación, según lo informado por la Superintendencia de Educación Escolar y no controvertido por la reclamante, con los Programas de Fiscalización Integral, cuya entrega fue denegada por configurarse a su respecto la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Esto debido a que, según lo argumentado por la reclamada, para poder cumplir con sus objetivos, se desarrollan dichos programas, los que constituyen una herramienta de planificación, ejecución, control y monitoreo de su función fiscalizadora respecto de los establecimientos educacionales del país; por lo que, su divulgación aumentaría las hipótesis de riesgo de comportamientos indebidos por parte de los sostenedores, o bien a la existencia de condiciones inadecuadas en el establecimiento educacional afectando el proceso mismo de fiscalización.

5) Que el objeto de la Superintendencia de Educación Escolar, según se señaló en el considerando segundo, es la fiscalización de los establecimientos educacionales a lo largo de todo el país, por lo que, de los antecedentes tenidos a la vista, se concluye que la reserva es relevante para el adecuado cumplimiento de la función pública específica, pues le permite a la reclamada ejercer sus competencias con mayor eficiencia y eficacia. En efecto, la publicidad del programa de fiscalización solicitado supondría revelar con antelación la modalidad a utilizar y los aspectos a evaluar, poniendo en riesgo la efectividad real de la actividad fiscalizadora en materia de calidad de la educación escolar En virtud de lo anterior, se rechazará el presente amparo en este literal por configurarse respecto de la información solicitada la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1 de la ley señalada, pues su divulgación afectaría el debido cumplimiento de la función fiscalizadora que la ley otorga a la reclamada.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo interpuesto por doña Myriam del Carmen Del Canto Segovia en contra de la Superintendencia de Educación Escolar, por la inexistencia de lo solicitado en el literal a) del N° 1 de lo expositivo; y por configurarse la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, respectivamente, respecto de la información requerida en el literal b) del N° 1 de lo expositivo, por los fundamentos señalados precedentemente.

II. Encomendar al Director General de este Consejo y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a doña Myriam del Carmen Del Canto Segovia y al Sr. Superintendente de Educación Escolar.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don José Luis Santa María Zañartu. El Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.