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Sergio Jara Román con SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS Rol: C3265-15

Consejo para la Transparencia, 12/04/2016

Se dedujo amparo en contra de Superintendencia de Valores y Seguros, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a el expediente del caso (Banco de Chile, 2001). En mayo de ese año la SVS sancionó por uso de información privilegiada a las personas que se indican. El Consejo acoge el amparo, toda vez que en este caso, tanto el contexto del proceso -administrativo- como las sanciones ahí descritas, resultan también de acceso público, de acuerdo al artículo 9° del Código Orgánico de Tribunales, que establece el principio de publicidad de los actos procesales, en el sentido de que "Los actos de los tribunales son públicos, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley". En consecuencia la reserva alegada debe ser desestimado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 



Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3265-15

Entidad pública: Superintendencia de Valores y Seguros.

Requirente: Sergio Jara Román.

Ingreso Consejo: 23.12.2015.

En sesión ordinaria N° 697 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de abril de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C3265-15.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 02 de diciembre de 2015, don Sergio Jara Román, solicitó a la Superintendencia de Valores y Seguros -en adelante e indistintamente Servicio o SVS-, lo siguiente: "el expediente del caso (Banco de Chile, 2001). En mayo de ese año la SVS sancionó por uso de información privilegiada a Juan Hurtado Vicuña, Eduardo Fernández León, José Antonio Garcés, Juan José Mac Auliffe, Patricio Parodi, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano".

2) RESPUESTA: Con fecha 18 de diciembre de 2015, por medio de oficio ordinario N° 27965, la Superintendencia señaló en síntesis, que en atención a lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 21 de la ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, que establece que los organismos públicos no podrán comunicar datos relativos a infracciones administrativas, una vez prescrita la acción o cumplida o prescrita la sanción, en concordancia con lo establecido en los artículos 8°, inciso segundo, y 4° transitorio de la Constitución Política de la República, la información solicitada se encuentra sujeta a la causal de reserva preceptuada en el N° 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285, esto es, que la publicidad, comunicación o conocimiento de la misma, afecta los derechos de las personas. En consecuencia, este Servicio no se encuentra habilitado para acceder a su solicitud.

3) AMPARO: El 23 de diciembre de 2015, don Sergio Jara Román dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la SVS, fundado en la respuesta negativa a la solicitud que se lee en el numeral 1°, precedente.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Valores y Seguros, por medio de oficio N° 112, de fecha 07 de enero de 2016.

Posteriormente, mediante oficio N° 1724, de 20 de enero del año en curso, la Superintendencia solicitó el rechazo del presente amparo, basado en lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 21 de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, en relación a lo establecido en la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política de la República, y lo señalado en el inciso segundo del artículo 8° de la misma. Asimismo, alegó la configuración de la causal de reserva del N° 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

Al efecto, señaló en síntesis, lo siguiente:

a) En razón del artículo 21 de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, no es posible entregar lo solicitado, por cuanto el expediente requerido contiene datos personales y además, en el presente caso la sanción aplicada a los sancionados se encuentra cumplida (las multas están pagadas). Además, refirió que el fundamento de la prohibición del precepto en comento, es la reinserción social y laboral de las personas que han sido condenadas;

b) Respecto del principio de divisibilidad, señaló que éste resulta aplicable a los actos administrativos, pero no a todos aquellos documentos que forman parte del expediente que no sean actos de esa naturaleza. Asimismo, indicó que respecto a la aplicación del referido principio sobre documentos que efectivamente son actos administrativos, como la formulación de cargos y la resolución exenta que aplicó la sanción, haría que estos documentos fueran inentendibles o carente de sentido;

c) Las resoluciones, como asimismo, la reunión de actos que contienen datos personales en carpetas, archivadores u otras formas de acopio, que han aplicado sanciones administrativas, también constituyen un tratamiento de datos personales, por cuanto el artículo 2°, letra o), de la ley N° 19.628, está redactado en términos amplios, cuidando no transmitir un carácter taxativo.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: En virtud de lo previsto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento, el Consejo Directivo de este Consejo, mediante Oficios N° 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388 y 2389, todos de fecha 16 de marzo de 2016, notificó a los terceros interesados, quienes al efecto señalaron lo siguiente:

a) Don Carlos Alberto Délano Abbott y don Carlos Eugenio Lavín García Huidobro: Por medio de presentaciones de fecha 23 de marzo de 2016, solicitaron a este Consejo, que rechace el presente amparo, señalando en resumen lo siguiente:

i. Con la entrega de lo requerido, se vulneraría su derecho a la vida privada y a la protección de datos personales según lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 21, de la Ley de Transparencia, en relación a lo dispuesto por el inciso primero del artículo 21 de la ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada y Protección de Datos de Carácter Personal.

ii. Lo requerido contiene una serie de datos de carácter personal y patrimonial, y que se encuentran amparados por la disposición citada toda vez que, por un lado, se trata de información que les concierne y que no desean que sea conocida por terceros, y por ende, cabe dentro de la esfera de la vida privada, y por la otra, según se desprende de la propia solicitud del señor Jara, se trata de condenas (multas) por infracciones administrativas cuya pena se encuentra prescrita o cumplida.

iii. En lo tocante al artículo 21 de la ley N° 19.628, la intención del legislador era proteger a la persona, cuya pena se encontraba prescrita o cumplida, de un repudio social que podría traer graves consecuencias en su vida e ir en directo detrimento de otros derechos fundamentales como la protección a la honra de la persona y a la libertad de trabajo.

b) Don Juan Hurtado Vicuña, don Eduardo Fernández León, don José Antonio Garcés Silva, don Juan José Mac Auliffe, don Patricio Parodi Gil, don Carlos Eugenio Lavín García Huidobro y don Carlos Alberto Délano Abbott: Actuando representados por su abogado, don Alfredo Alcaino de Esteve, solicitaron, mediante presentación de fecha 31 de marzo de 2016, el rechazo del amparo, y en subsidio, en caso de acogerse éste, acceder sólo a la entrega de antecedentes de la investigación administrativa, distintos de las actas de las declaraciones de sus representados, de acuerdo a los fundamentos que en síntesis, se exponen a continuación:

i. Del tenor de lo señalado en la letra f) del artículo 2 de la ley N° 19.628, la información contenida en el expediente administrativo, califica dentro de lo que nuestra legislación ha definido como datos personales. Lo anterior, en la medida que los documentos contenidos en él, tales como, la formulación de cargos, los escritos de descargos, los instrumentos de prueba y, en especial, la resolución que impone una determinada sanción administrativa, contienen información relativa a personas naturales, identificadas o identificables y que, por tanto, se encuentra amparada por la protección entregada por el artículo 21 de la ley N° 19.628.

ii. La incorporación de la prohibición del artículo 21 de la ley N° 19.628, tuvo como fundamentos: a) la eliminación del estigma social con el cual una persona sancionada debe cargar una vez que su pena se encuentra prescrita o se ha cumplido; b) la posibilidad de desenvolverse en condiciones normales en la vida cotidiana; y c) la posibilidad de reinsertarse social y laboralmente.

iii. La entrega de la información solicitada se encuentra circunscrita en el supuesto de hecho del numeral 2° del artículo 21 de la ley N° 20.285, en la medida que su publicidad, comunicación o conocimiento produce un peligro a la esfera de la vida privada de los terceros interesados, así como a sus derechos de carácter comercial o económico, al representar la utilización o manipulación de la información que se entregue, una probable afectación a su honra, es decir, de su dignidad, prestigio y credibilidad, derivada de la publicación que, presumiblemente, conlleva la entrega de la información solicitada.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, antes de entrar al fondo del asunto, cabe señalar que el artículo 20 de la Ley de Transparencia, dispone que la solicitud de acceso, cuando se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros, la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, deberá comunicar mediante carta certificada, a la o las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente. No obstante ello, en el presente caso, el órgano reclamado no realizó comunicación alguna a los terceros interesados, evitando de esta manera, que éstos ejercieran sus derechos, de conformidad a la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 4°, inciso 1°, de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. En razón de lo anterior, este Consejo representará al Sr. Superintendente de Valores y Seguros, en lo resolutivo de la presente decisión, la infracción a la precitada disposición.

2) Que, el presente amparo, tiene por objeto la entrega del expediente relativo al caso en que la SVS sancionó a determinadas personas por el uso de información privilegiada, según se lee en el numeral 1°, de la parte expositiva de la presente decisión.

3) Que, al efecto, el órgano denegó la entrega de lo solicitado, en virtud del artículo 21, de la ley N° 19.628, que dispone que "los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena". Por su parte, de conformidad a lo anotado en el numeral 5° de lo expositivo, los terceros involucrados se opusieron a la entrega de los antecedentes requeridos, manteniendo en lo sustantivo, una línea argumentativa similar al esgrimido por el servicio reclamado.

4) Que, sin perjuicio del razonamiento de fondo que se realizará en lo sucesivo, ha de señalarse que, siguiendo lo establecido por la Corte de Apelaciones de Santiago, en causa Rol N° 13.562-2015 (sentencia confirmada por la Corte Suprema, rechazando la Queja que se interpuso al respecto, en causal Rol N° 16.628-2016), "el artículo 21 de la Ley 19.628 accede a derechos establecidos en este caso para un tercero (...) no así en favor de la Superintendencia, sin que pueda aquella actuar como agente oficioso (...)" (considerando cuarto). Al respecto cabe precisar que el mismo fundamento se hace extensible a la causal de reserva alegada por el órgano, en lo concerniente al artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, puesto que también constituye una causal establecida en forma exclusiva en favor de terceros. Para tal efecto, la SVS, contaba con un mecanismo regulado por el artículo 20 de la Ley de Transparencia, según se expuso en el considerando 1°, precedente, el cual el órgano, como se dijo, no cumplió.

5) Que, dicho lo anterior, este Consejo, debe analizar la publicidad del expediente administrativo, que contempla diversa documentación, por medio del cual la SVS en el ejercicio de sus atribuciones fiscalizadoras, por una parte, formuló cargos en razón de eventuales infracciones a las normas sobre mercado de valores y seguros y, por otra, impuso sanciones. Para ello cabe analizar el citado artículo 21 de la ley N° 19.628 -que data del año del 1999-, tanto a la luz de lo dispuesto en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, que consagra la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, sus fundamentos y los procedimientos que utilicen; como en función de las normas establecidas en la Ley de Transparencia, que entró en vigencia en abril de 2009.

6) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5°, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

7) Que, en virtud de lo anterior, este Consejo ha sostenido en reiteradas ocasiones, que las resoluciones que imponen sanciones son, en principio públicas, por cuanto se trata de actos administrativos pronunciados por un órgano de la Administración del Estado en el ejercicio de sus potestades, de manera que su publicidad no debiese quedar restringida -salvo en las hipótesis de reserva o secreto-. En tal sentido, si las resoluciones sancionatorias son públicas, de igual manera lo son los expedientes en que éstas se contienen, por cuanto cada una de sus piezas constituyen en conjunto, el cuerpo documental en virtud del cual se dictó la resolución respectiva. Es justamente por ello, además, que la Carta Fundamental, en su artículo 8°, inciso 2°, dispuso que no solo son públicos las resoluciones, sino también, "sus fundamentos y los procedimientos que utilicen", lo que en la especie viene a constituir el mismo expediente solicitado (énfasis agregado).

8) Que, siendo el régimen general el de la publicidad de los actos que emanan de la Administración, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8°, inciso 2°, de la Ley Fundamental, y en consideración a que el derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental implícitamente reconocido en el N° 12 del artículo 19 de la Carta Fundamental, el artículo 21 de la ley N° 19.628, habrá de interpretarse restrictivamente. Por lo pronto, no parece ajustarse a la necesidad de esa interpretación la conclusión de excluir del conocimiento público los actos administrativos que ha impuesto sanciones, sus fundamentos y los procedimientos respectivos, una vez cumplidas o prescritas estas, mediante el expediente de entender que la revelación de tales actos, fundamentos o procedimientos, comprende en si mismos el tratamiento de datos a que alude el referido artículo 21 de la ley N° 19.628.

9) Que, luego, tampoco parece ajustarse a la necesidad de una interpretación restrictiva, el excluir del conocimiento público los actos administrativos que han impuesto sanciones, como el resto de los documentos que en conjunto constituyen el expediente administrativo solicitado, una vez cumplidas o prescritas estas, como resultado de entender que la revelación del expediente respectivo comprende el tratamiento de datos a que alude el referido artículo 21 de la ley N° 19.628. En efecto, la voz "tratamiento" contenida en la señalada disposición de la ley N° 19.628, no puede alcanzar a los actos administrativos, sus fundamentos o los procedimientos que dan lugar u originan una medida disciplinaria o sancionatoria, sino más bien al volcamiento de los datos allí contenidos en registros o bancos de datos, distintos del expediente en particular, según expresamente lo señala el artículo 1° del cuerpo legal citado: "El tratamiento de datos de carácter personal en registros o bancos de datos por organismos públicos o por particulares se sujetarán a las disposiciones de esta ley (...)". Además, ni el constituyente, ni el legislador han excluido expresamente a dichos actos sancionatorios, sus fundamentos ni sus expedientes, de la publicidad que rige a todos los actos administrativos, razón por la que en la situación de la especie, procederá su comunicación o entrega en cuanto no se advierte que su divulgación importe afectar alguno de los bienes jurídicos resguardados por las causales de reserva legal.

10) Que, de esa forma, y siguiendo con el razonamiento anterior, esta Corporación, por ejemplo, en las decisiones Roles C1454-13, C2082-13 y C910-14, ha concluido que "debe efectuarse una interpretación del artículo 21 de la ley N° 19.628 que resulte armónica con los principios y normas que gobiernan la publicidad de los actos administrativos. Dicha interpretación exige ajustar su alcance al de una prohibición para los organismos públicos que hacen tratamiento de datos para revelar aquellos de orden caduco -sanciones prescritas o cumplidas- en las publicaciones o registros confeccionados a partir de determinados datos, pero no puede extenderse a la prohibición de conocer la sanción contenida en el acto administrativo que originalmente impuso la medida disciplinaria. Esta interpretación coincide con la práctica de, por ejemplo, excluir del certificado de antecedentes de una persona determinadas sanciones ya cumplidas, sin que ello conlleve el secreto de la sentencia judicial que la adoptó en su oportunidad. Así pues, es posible y necesario distinguir entre el tratamiento posterior de un dato que la ley considera caduco, de la publicidad que rige a los actos administrativos que originalmente impusieron la sanción que por el paso del tiempo, o su cumplimiento efectivo, devienen en dato caduco. En definitiva, el artículo 21 es un llamado a abstenerse de difundir un dato caduco, pero no un mandato de reserva absoluto sobre un acto administrativo".

11) Que, en el mismo sentido, se ha pronunciado la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de fecha 3 de marzo de 2016, ya referida en el considerando 4°, precedente, la que al efecto sostuvo que: "estos sentenciadores comparten el criterio sustentado por el Consejo de Transparencia en cuanto a que el artículo 21 de la Ley 19.628 debe interpretarse de una forma armónica con el principio general de publicidad de los actos administrativos, y que dicha interpretación exige ajustar su alcance al de una prohibición para organismos públicos que hacen tratamiento de datos para revelar aquellos caducos como sanciones prescritas o cumplidas en las publicaciones o registros confeccionados a partir de determinados datos, pero que no puede extenderse a las sanciones contenidas en actos administrativos que originalmente impusieron la medida disciplinaria. Es como si por ejemplo extrapolada la situación al caso de las sanciones penales, se pretendiera que por no poder figurar ya una sanción en el extracto de filiación y antecedentes, pasare por ello a estar prohibido el otorgar copia de la sentencia que la impuso".

12) Que, cabe además señalar, que la eventual afectación a los derechos de los terceros involucrados, a criterio de este Consejo, se torna mucho más difusa aun, teniendo presente que el procedimiento administrativo materia de este amparo, fue objeto de reclamo ante los tribunales ordinarios de justicia -20° Juzgado Civil de Santiago, causa Rol N° 2343-2001-. En efecto, en este caso, tanto el contexto del proceso -administrativo- como las sanciones ahí descritas, resultan también de acceso público, de acuerdo al artículo 9° del Código Orgánico de Tribunales, que establece el principio de publicidad de los actos procesales, en el sentido de que "Los actos de los tribunales son públicos, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley". En consecuencia la alegación, en tal sentido, será desestimada.

13) Que, conforme lo que se ha venido señalando y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, este Consejo procederá a rechazar las alegaciones formuladas por la Superintendencia y por los terceros que se opusieron a la entrega de la información requerida, y acogerá el presente amparo, debiendo el órgano entregar los antecedentes requeridos, tarjando previamente, los datos personales de contexto que puedan estar incorporados en la información que se ordena entregar, como el número de cédula de identidad, domicilio y telefonos particulares, dirección de correo electrónico, estado civil, fecha de nacimiento u otros de dicha naturaleza, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628 y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la misma ley.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Sergio Jara Román, en contra de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), en virtud de los fundamentos expuesto precedentemente.

II. Requerir al Sr. Superintendente de Valores y Seguros:

a) Entregar a don Sergio Jara Román, lo solicitado en el numeral 1°, de lo expositivo, esto es, "el expediente del caso (Banco de Chile, 2001). En mayo de ese año la SVS sancionó por uso de información privilegiada a Juan Hurtado Vicuña, Eduardo Fernández León, José Antonio Garcés, Juan José Mac Auliffe, Patricio Parodi, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano", tarjando los datos personales de contexto, conforme lo indicado en el considerando 13° de la presente decisión.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente, en tiempo y forma.

III. Representar al Sr. Superintendente de Valores y Seguros, la falta de aplicación del artículo 20 de la Ley de Transparencia, de conformidad a lo expuesto en el considerando 1°. Lo anterior, a fin de que adopte las medidas necesarias para evitar que ante nuevas solicitudes de información la referida infracción vuelva a reiterarse.

IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Sergio Jara Román, al Sr. Superintendente de Valores y Seguros y los terceros interesados, señores José Antonio Garcés Silva, Juan José Mac Auliffe Granello, Juan Hurtado Vicuña, Patricio Parodi Gil, Eduardo Fernández León, Carlos Eugenio Lavín García Huidobro y Carlos Alberto Délano Abbott, todos representados por su abogado, don Alfredo Alcaino de Esteve.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. La Presidenta del Consejo Directivo doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.