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Carmen Rimassa con SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS Rol: C316-16

Consejo para la Transparencia, 12/04/2016

Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a la opia digital (.pdf) de la Resolución N° 16191, de 30 de diciembre de 2015, mediante la cual se sancionó a Corpbanca con una multa, o bien se indique en qué parte del sitio web de la SBIF se puede descargar. El Consejo acoge el amparo, toda vez que la disposición legal en que se basa la reserva de la información por parte del órgano reclamado, no constituye una causal de reserva o una excepción al deber de publicidad en los términos de lo dispuesto en el artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia, razón por la cual, se procederá a rechazar la causal de reserva invocada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C316-16

Entidad pública: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

Requirente: Carmen Rimassa

Ingreso Consejo: 02.02.2016

En sesión ordinaria N° 697 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de abril de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C316-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 6 de enero de 2016, doña Carmen Rimassa solicitó a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (en adelante también la SBIF): copia digital (.pdf) de la Resolución N° 16191, de 30 de diciembre de 2015, mediante la cual se sancionó a Corpbanca con una multa, o bien se indique en qué parte del sitio web de la SBIF se puede descargar.

2) RESPUESTA: El 1° de febrero de 2016, mediante ORD. N°1497, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras denegó el acceso a lo solicitado, en virtud del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. Al efecto, señaló que los actos de fiscalización de la Superintendencia, así como cualquier informe o noticia a su respecto, están sujetos a reserva. De igual forma, invoca la Ley General de Bancos, en particular su artículo 7°, que establece "Queda prohibido a todo empleado, delegado, agente o persona que a cualquier título preste servicios en la Superintendencia, revelar cualquier detalle de los informes que haya emitido, o dar a personas extrañas a ella noticia alguna acerca de cualesquiera hechos, negocios o situaciones de que hubiere tomado conocimiento en el desempeño de su cargo. En el caso de infringir esta prohibición, incurrirá en la pena señalada en los artículos 246 y 247 del Código Penal".

3) AMPARO: El 2 de febrero de 2016, doña Carmen Rimassa dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el amparo, y mediante oficio N° 1.446, de 17 de febrero de 2016, confirió traslado al Sr. Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, quien por medio de Ord. N° 482, de 03 de marzo de 2016, presentó sus descargos y observaciones, ratificando todo lo señalado con ocasión de la respuesta entregada a la reclamante y, agrega, que la "Resolución N° 16191" no existe como tal, ya que el documento al que se le asignó esa numeración corresponde a una carta de fecha 30 de diciembre dirigida al gerente general de Corpbanca, mediante la cual dicho Servicio comunicó la aplicación de una multa a la institución que representa, en ejercicio de las facultades de fiscalización que le otorga la Ley General de Bancos.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en virtud del principio de máxima divulgación contemplado en el artículo 11 letra d) de la Ley de Transparencia, cabe entender que la solicitud de información de doña Carmén Rimassa está dirigida a obtener copia de cualquier documento en el que conste la aplicación por parte de la SBIF de una sanción de multa a la empresa Corpbanca. De esta forma, resulta indiferente si dicha actuación se encuentra contenida en una resolución o en una carta identificada con el N° 16191, de fecha 30 de diciembre de 2015, puesto que ambas corresponden a información que puede ser requerida, utilizando los mecanismos establecidos en la Ley de Transparencia, particularmente por aplicación del principio de facilitación, de modo que los órganos de la Administración del Estado hagan expedito el ejercicio del derecho de acceso, bajo el entendido que el solicitante no tiene la obligación de conocer la nomenclatura o forma de designación administrativa exacta.

2) Que, según lo dispuesto en los artículos 5°, inciso segundo y 10° de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. De esta forma, la resolución cuya entrega se requiere es, en principio, pública, por cuanto se trata de un acto administrativo pronunciados por un órgano de la Administración del Estado en el ejercicio de sus potestades, de manera que su publicidad no debiese quedar restringida salvo en las hipótesis de reserva o secreto contempladas por el legislador.

3) Que la reclamada ha denegado acceso a la información requerida invocando la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 7° del Decreto con Fuerza de Ley N° 3, de 1997, que fija Texto Refundido, Sistematizado y Concordado de la Ley General de Bancos y de otros Cuerpos Legales que se indican (en adelante LGB) que dispone "Queda prohibido a todo empleado, delegado, agente o persona que a cualquier título preste servicios en la Superintendencia revelar cualquier detalle de los informes que haya emitido, o dar a personas extrañas a ella noticia alguna acerca de cualesquiera hechos, negocios o situaciones, de que hubiere tomado conocimiento en el desempeño de su cargo", agregando en su inciso segundo que "En el caso de infringir esta prohibición, incurrirá en la pena señalada en los artículos 246 y 247 del Código Penal". A juicio de la reclamada, dicha norma tendría el carácter de ley de quórum calificado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8°, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, en relación con la disposición cuarta transitoria de dicha Carta Fundamental y artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia.

4) Que según lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, es posible denegar, total o parcialmente, el acceso a la información solicitada cuando una ley de quórum calificado la haya declarado reservada o secreta, de acuerdo a las causales señaladas en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política, esto es, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones del órgano, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.

5) Que cabe tener presente que en las decisiones de amparo Roles C1266-11, C39-12, C527-12, C306-13, C615-14 y C2224-15, entre otros, frente a la alegación sobre reserva de la información fundada en la citada disposición por parte de la reclamada, esta Corporación ha desestimado la aplicación del inciso 1° del artículo 7° de la LGB como causal de reserva, en relación con lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, pues ha razonado que dicha norma no puede conducir a una interpretación que suponga que todos los actos que emanen de los funcionarios de la SBIF o que los hechos, negocios o situaciones de que hubieren tomado conocimiento en el desempeño de su cargo sean secretos o reservados ya que ello invertiría, por vía interpretativa, la regla constitucional que exige al legislador establecer positivamente los casos de reserva y fundarlos en alguna de las causales del inciso 2° del artículo 8°. Además dicha norma no constituye en sí misma un caso de reserva, pues no otorga a los datos que indica el carácter de secretos o reservados sino que simplemente explicita un deber funcionario aplicable a las personas que, a cualquier título, presten servicios en la SBIF, sin habilitar a este órgano para fundar la denegación de información que obre en su poder y establecer una causal de reserva no contemplada en la ley.

6) Que, a mayor abundamiento, al respecto, la Excma. Corte Suprema, en autos Rol N° 10.474-2013 (igual criterio contenido en rol 6.663-2012), razonó, frente a un amparo en que se requería información similar a la de la especie, que: (...) Como se advierte, es claro de la norma y su contexto que se trata de una infracción a una prohibición funcionaria que afecta a personas y no a la institución, consistente en revelar los informes, hechos, negocios o situaciones que conozca en el ámbito de su cargo, sancionada administrativa o penalmente según el caso, sin el alcance institucional que le atribuye la quejosa (...). Se trata entonces de una regulación jurídica que tiene como destinatarios a los funcionarios en las áreas de sus competencias propias con las referidas sanciones administrativas y/o penales en caso de infracción. La publicidad y la transparencia, en cambio, con su regulación jurídica actual, antes que a las personas se refieren a los órganos del Estado (Emilio Pfeffer, Reformas Constitucionales 2005. Antecedentes, Debates, Informes páginas 30 y 31), lo que confirman los artículos 4° y 14 de la Ley de Transparencia al formular una clara distinción entre funcionarios y autoridades institucionales (...)" (considerando 7°). Asimismo, indica: "Que, en efecto, atendido lo razonado y el rango constitucional del principio [de publicidad], las excepciones a la publicidad que se contemplan en el artículo 8° inciso 2° refuerzan lo que son: excepciones limitadas a las causales en él referidas sin que pueda sostenerse en el presente caso que el citado artículo 7 de la Ley General de Bancos sea un caso de reserva de información pública de aquellas contempladas en dicha norma constitucional sino más bien un deber funcionario como muchos otros orientados a la protección del bien jurídico ‘recta administración del Estado’ (...)" (considerando 9°).

7) Que por tanto, y siguiendo el razonamiento y criterio contenido en las citadas decisiones de esta Corporación, ratificado posteriormente por la Excma. Corte Suprema, cabe concluir que la disposición legal en que se basa la reserva de la información por parte del órgano reclamado, no constituye una causal de reserva o una excepción al deber de publicidad en los términos de lo dispuesto en el artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia, razón por la cual, se procederá a rechazar la causal de reserva invocada. Sin perjuicio de lo anterior, descartada la hipótesis de reserva planteada, y atendidas las alegaciones del Servicio contenidas tanto en su respuesta como en sus descargos con respecto al sentido y alcance del citado artículo 7° de la LGB, procede considerar sus argumentos, pero reconduciéndolos hacia una eventual afectación del debido cumplimiento de sus funciones, debiendo analizarse, por ende, la procedencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, de modo genérico.

8) Que al efecto se debe indicar que, a propósito de las facultades de fiscalización con que está dotada la Superintendencia reclamada, según lo prescrito en el artículo 12 de la LGB "Corresponderá al Superintendente velar porque las instituciones fiscalizadas cumplan con las leyes, reglamentos, estatutos y otras disposiciones que las rijan y ejercer la más amplia fiscalización sobre todas sus operaciones y negocios (...) Para los efectos indicados, podrá examinar sin restricción alguna y por los medios que estime del caso, todos los negocios, bienes, libros, cuentas, archivos, documentos y correspondencia de dichas instituciones y requerir de sus administradores y personal, todos los antecedentes y explicaciones que juzgue necesarios para su información acerca de su situación, de sus recursos, de la forma en que se administran sus negocios, de la actuación de sus personeros, del grado de seguridad y prudencia con que se hayan invertido sus fondos y en general, de cualquier otro punto que convenga esclarecer". Sobre este punto cabe reiterar que corresponde al afectado por la publicidad de la información requerida (en este caso, a la SBIF), acreditar de qué forma la publicidad de los antecedentes solicitados perjudican el bien jurídico protegido por la reserva, que correspondería, en este caso, al debido cumplimiento de las facultades de la reclamada (particularmente aquellas relacionadas con sus potestades fiscalizadoras), cuestión que en la especie no se verifica. En particular, revisado el tenor de la solicitud de información, esta Corporación estima que, de entregarse dichos antecedentes, en la especie, no se revelaría la forma específica en que se lleva a cabo la función fiscalizadora del órgano, los criterios utilizados por éste para evaluar adecuadamente a la entidad financiera objeto de amparo, ni mucho menos la estrategia de fiscalización ejercida por la SBIF. En este sentido, atendidas las amplias facultades de fiscalización con que se encuentra investida la reclamada, resulta razonable sostener que los ciudadanos, tengan derecho a conocer la eficiencia y eficacia con que esta institución cumple, precisamente, sus funciones fiscalizadoras, idea que refuerza la publicidad de la información requerida y que lleva, también, a desestimar, aun cuando no fuere alegado explícitamente por el órgano, una eventual afectación al debido cumplimiento de sus funciones, contemplada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.

9) Que, por tanto, este Consejo rechazará la aplicación de la norma invocada por la reclamada como causal de secreto o reserva, y se acogerá, en consecuencia, el presente amparo ordenándose a la SBIF hacer entrega a doña Carmen Rimassa de copia del acto administrativo, carta o documento requerido.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Carmen Rimassa, en contra de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras:

a) Hacer entrega a la reclamante de copia de resolución o carta N° 16191, de 30 de diciembre de 2015.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Carmen Rimassa y al Sr. Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. La Presidenta del Consejo Directivo doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.