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Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre con SEREMI DE SALUD REGIÓN DE VALPARAÍSO Rol: C671-16

Consejo para la Transparencia, 03/05/2016

Se dedujo amparo en contra de la SEREMI de Salud Región de Valparaíso, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada referente a: a) Todos los antecedentes relativos a la enfermedad silicosis pulmonar durante los años 2014 y 2015 en Valparaíso, adjuntando idealmente todos los antecedentes relativos a los trabajadores que sufren dicha enfermedad, y b) Todas las pensiones de invalidez de la ley N° 16.744, por silicosis pulmonar otorgadas durante los años 2014 y 2015, y envío de copia, en formato PDF, de todas las resoluciones emitidas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), la Comisión Médica de Reclamos (COMERE) o la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), durante los años 2014 y 2015 por silicosis pulmonar en Valparaíso. El Consejo rechaza el amparo, toda vez que el estado de salud de las personas constituye un dato sensible cuya divulgación se encuentra prohibida.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 



Reclamaciones contra esta decisión (Ver estado procesal):



Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C671-16

Entidad pública: SEREMI de Salud Región de Valparaíso

Requirente: Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre

Ingreso Consejo: 01.03.2016

En sesión ordinaria N° 702 del Consejo Directivo, celebrada el 3 de mayo de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C671-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 7 de enero de 2016, don Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Valparaíso, en delante SEREMI de Salud Región de Valparaíso, a siguiente información:

a) Todos los antecedentes relativos a la enfermedad silicosis pulmonar durante los años 2014 y 2015 en Valparaíso, adjuntando idealmente todos los antecedentes relativos a los trabajadores que sufren dicha enfermedad, y

b) Todas las pensiones de invalidez de la ley N° 16.744, por silicosis pulmonar otorgadas durante los años 2014 y 2015, y envío de copia, en formato PDF, de todas las resoluciones emitidas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), la Comisión Médica de Reclamos (COMERE) o la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), durante los años 2014 y 2015 por silicosis pulmonar en Valparaíso.

2) PRORROGA DE PLAZO: Por correo electrónico de fecha 19 de enero de 2016, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en diez días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia, atendida la circunstancias que han hecho difícil obtener la información.

3) RESPUESTA: El 29 de febrero de 2016, la SEREMI de Salud de Región de Valparaíso respondió a dicho requerimiento de información mediante OR. N° 292 de esa fecha, señalando, en síntesis, que:

Se remite copia de las 35 resoluciones de incapacidad emitidas por la COMPIN de Valparaíso, por diagnóstico médico de silicosis pulmonar, durante los años 2014 y 2015, con el debido resguardo de los datos sensibles, conforme lo dispone la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

Indican, que se trata de 35 casos de incapacidad por diagnóstico médico de silicosis, con o sin asociación a hipoacusia laboral, en donde los casos con diagnóstico de silicosis (leve y moderada) representan sólo un 23% versus 77% asociado a hipoacusia laboral. Finalmente, hace presente que de éstos 35 casos, el 77% de los trabajadores se desempeñan preponderantemente en el rubro Minería, seguido de un 14% en el rubro de construcción, adjuntando gráficos al efecto, con cuadro estadístico de casos de silicosis pulmonar en Valparaíso clasificados de acuerdo a diagnóstico médico y al área económica del empleador.

4) AMPARO: El 1° de marzo de 2016, don Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada.

Además el reclamante hace presente que se entregó información estadística general y no la documentación solicitada. No se explica el motivo por el cual no se entrega la documentación solicitada, ni por qué no se inició el procedimiento del artículo 20 de la ley N° 20.285 previo a la entrega de la documentación, en la medida que no existiera oposición por parte de los terceros eventualmente afectados.

Se solicitó específicamente la entrega de copia de las resoluciones emitidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de Valparaíso durante los años 2014 y 2015 por la enfermedad profesional denominada silicosis pulmonar, o bien, Nómina de todas aquéllas personas que actualmente padecen de la enfermedad profesional de silicosis pulmonar en Valparaíso, a quienes se les haya diagnosticado la misma durante los años 2014 y 2015.

La documentación solicitada no es genérica ni se refiere a un elevado número de actos administrativos, considerando que se ha indicado una enfermedad laboral específica, esto es, silicosis pulmonar, y se ha acotado el rango solicitado a los años 2014 y 2015. Así por lo demás, lo demuestra la propia respuesta del organismo que identifica genéricamente 35 casos para los años 2014 y 2015.

Con anterioridad a la entrega de esta documentación, el organismo debió comunicarse con los trabajadores involucrados en la presente solicitud para que ellos pudieran ejercer el derecho de oposición que establece el artículo 20 de la Ley N°20.285 sobre acceso a la información pública, lo que el organismo no hizo de ningún modo.

A mayor abundamiento, el procedimiento establecido en el artículo 20 de la ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública es plenamente concordante con las disposiciones de la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada, que se funda en la autodeterminación informativa, esto es, que sean los titulares quienes decidan sobre el uso de la información que los involucra. En definitiva, es incomprensible la actitud del organismo al resolver esta solicitud.

5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación este amparo y, mediante Oficio N° 2443, de 17 de marzo de 2016, confirió traslado a la Sra. Secretaria Ministerial Regional de Salud Región de Valparaíso, solicitándole que al formular sus descargos: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada comprende íntegramente lo requerido por la parte recurrente; (2°) explique cómo la información reclamada podría afectar derechos de terceros; (3°) indique si frente a la solicitud de copia de las resoluciones de la Comisión Médica de Reclamos y Superintendencia de Seguridad Social, era procedente su derivación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia; (4°) en caso de negativa al numeral anterior, refiérase a la concurrencia de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de dicha información; y, (5°) acompañe copia íntegra de la respuesta dada al reclamante y que motivó el presente amparo, junto con todos aquellos antecedentes que iban contenidos en la misma.

Mediante Ordinario N° 503, de 07 de abril de 2016, el órgano presentó sus descargos y observaciones señalando en síntesis lo siguiente:

Que en la respuesta otorgada al reclamante se proporcionó:

- Cuadro estadístico de casos de silicosis pulmonar en Valparaíso clasificados de acuerdo a diagnóstico médico;

- Cuadro estadístico de casos de silicosis pulmonar en Valparaíso clasificados de acuerdo al área económica del empleador; y

- Copia de las 35 resoluciones de incapacidad permanente de acuerdo a la Ley 16.744 correspondientes a los años 2014 y 2015.

Las 35 resoluciones contienen la siguiente información: identificación del caso, sexo, edad, profesión u oficio de la persona evaluada, nombre del administrador del seguro (ley 16.744), fecha de solicitud de evaluación, quién solicitó la evaluación, reevaluación, revisión dictamen Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y resolución Comisión Médica de Reclamos (COMERE), diagnóstico, secuelas, grado total de incapacidad y fecha de inicio de la incapacidad permanente.

De dichas resoluciones se tarjaron los datos relativos a la identificación de los trabajadores, vale decir, nombre completo, rut, dirección, número telefónico, y aquellos que corresponden a la identificación de la última entidad empleador, esto es su nombre o razón social y su Rut.

Luego se refiere al amparo del recurrente señalando que él no ha indicado exactamente la documentación que no le habría sido proporcionada de cuya lectura queda en evidencia que el organismo no ha pretendido en ningún caso negar la información, razón por la cual no invocó causal para ello, sino por el contrario entiende que ha entregado toda la información requerida por el solicitante conforme a derecho.

A mayor abundamiento el simple cotejo con la información entregada da cuenta de dicha circunstancia. En efecto, respecto de la solicitud a la que se refiere la letra a) del literal 1° de lo expositivo, la autoridad cumplió sobradamente otorgando las 35 resoluciones de incapacidad permanente en las cuales constan todos los antecedentes indicados por el requirente, salvo aquellas que dicen relación con la identificación de los trabajadores afectados, pues la asociación de la persona con la enfermedad implicaría la entrega de datos personales. El solicitante utilizó la expresión "idealmente todos los antecedentes relativos a los trabajadores que sufren dicha enfermedad", es decir, debe entenderse que la petición habría quedado satisfecha aún sin la entrega de esta documentación, por tanto esta Seremía dando aplicación al principio de máxima divulgación fue más allá de lo requerido. Asimismo la entrega de cuadros estadísticos respecto de la enfermedad consultada constituye la puesta a disposición ordenada y sistemática de los antecedentes relativos a dicha patología en el período especificado, por tanto responde plenamente a lo requerido.

En cuanto a la solicitud referida en la letra b) del literal 1° de lo expositivo, en las referidas 35 resoluciones se contienen el total de las declaraciones de invalidez permanente durante el período 2014-2015, especificándose qué organismo efectuó la evaluación.

Por su parte la reclamación no cumple con establecer los hechos que configuran la infracción, pues no determina cuáles son los documentos que no se habrían entregados incumplimiento el artículo 43 del Reglamento de la Ley de Transparencia al cual se refiere.

En relación a no haber dado traslado a los terceros en virtud a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 20.285, indica que aquella posición implica obviar por completo lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 19.628 sobre Protección de la vida privada, el cual cita textualmente, pues se trata del estado de salud de los trabajadores afectados por silicosis pulmonar, la cual ha determinado incluso un grado de invalidez en ellos, por tanto es evidente que estamos en presencia de un dato sensible.

Así las cosas el tarjar datos que comprenden la identificación de los trabajadores obedece justamente a evitar que se conozca el estado de salud de los mismos, cuestión que se encuentra conforme a derecho. En efecto la propia jurisprudencia del Consejo se ha pronunciado de forma contundente en este sentido, en las decisiones de amparo C1968-14 y C1326-14, a las cuales se refiere en esta presentación. En consecuencia, no se trata que la información requerida pueda afectar derechos de terceros, como establece el artículo 20 de la Ley 20.285, sino que el proporcionar los nombres y datos de individualización de los trabajadores declarados con algún porcentaje de invalidez debido a padecer la enfermedad que se consulta constituiría tratamiento de datos sensibles de terceros, cuestión que se encuentra impedida por la ley. A mayor abundamiento, hace presente que no ve en qué medida los datos personales de los trabajadores puedan aportar información para los fines académicos requeridos por el recurrente, según declara en su solicitud, citando al efecto la decisión de amparo C2516-14 de este Consejo.

Por último, respeto a si era procedente derivar a la COMERE y a la SUSESO parte de la información requerida, manifiesta que advirtiendo que no dio cumplimiento al procedimiento señalado en el artículo 13 de la Ley de Transparencia en el plazo señalada, procedió a oficiar en esta etapa a dichos órgano remitiéndoles copia de la solicitud de información correspondiente. Se adjuntan los oficios de derivación números 497 y 498, de 06 de abril de 2016.

6) GESTION OFICIOSA: Para una debida resolución del presente caso por correo electrónico de fecha 20 de abril d 2016, se requirió al reclamante precisar:

- Si es efectivo que recibió las 35 resoluciones de incapacidad emitidas por la COMPIN de Valparaíso, por diagnóstico médico de silicosis pulmonar, durante los años 2014 y 2015, con los datos personales de los trabajadores tarjados.

- A qué literales de su solicitud se refiere su amparo.

Mediante correo electrónico de misma fecha el reclamante indicó haber recibido las 35 resoluciones a las que se refiere el órgano y que su amparo se circunscribe a dichos actos administrativos, emitidos por la COMPIN, dependientes de la Seremi de Salud Región de Valparaíso, enviados con datos tarjados.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la disconformidad del reclamante ante la entrega por parte de la SEREMI de Salud Región de Valparaíso, de la información requerida, esto es, 35 resoluciones por incapacidad permanente de silicosis pulmonar, emitidas por la COMPIN de Valparaíso, con los datos de los trabajadores tarjados, sin que el organismo hubiese notificado a los terceros involucrados en la presente solicitud, para que ellos pudieran ejercer el derecho de oposición que establece el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Por lo anterior, el objeto del presente amparo se circunscribirá específicamente al análisis sobre la procedencia de la reserva de la información reclamada en los términos señalados.

2) Que, al respecto el órgano señaló en sus descargos que dar curso al procedimiento de notificación del artículo 20 de la Ley de Transparencia, implica obviar por completo lo dispuesto en la ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, pues, en la especie, se trata del estado de salud de los trabajadores afectados por silicosis pulmonar, declarados con distintos grados de invalidez, siendo evidente que se está en presencia de un dato sensible. Por ello, tarjar datos que comprenden la identificación de los trabajadores obedece justamente a evitar que se conozca el estado de salud de los mismos, cuestión que se aviene con la jurisprudencia del Consejo pronunciada en las decisiones de amparo C1968-14 y C1326-14. En consecuencia, no se trata que la información requerida pueda afectar derechos de terceros y se deba aplicar el referido artículo 20, sino que el proporcionar los nombres y datos que permiten individualizar a los trabajadores declarados con algún porcentaje de invalidez, debido a padecer la enfermedad que se consulta, constituiría entregar datos sensibles de terceros, cuestión que se encuentra impedida por la ley.

3) Que, analizados los antecedentes entregados y en concordancia con lo señalado por la reclamada, cabe hacer presente que la información contenida en las resoluciones emitidas por la COMPIN, aluden al estado de salud de sus beneficiarios, lo que constituye un dato sensible, en atención a lo dispuesto en el artículo 2, letra g), de la ley N° 19.628, cuya divulgación se encuentra prohibida, salvo las excepciones previstas en la ley, y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, en relación con el artículo 10 de la ley sobre Protección de la Vida Privada y la obligación de este Consejo, consagrada en el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. Por su lado, el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia establece que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas.

4) Que, no obstante lo anterior, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

5) Que, en este sentido, si bien los documentos entregados son, en principio públicos, por cuanto se trata de antecedentes o fundamentos para la dictación de un acto administrativo pronunciado por un órgano de la Administración del Estado en el ejercicio de sus potestades, de manera que su publicidad no debiese quedar restringida, salvo en las hipótesis de reserva o secreto contempladas por el legislador, a juicio de este Consejo, atendido lo señalado en el considerando 3° anterior, resultan plausibles los fundamentos invocados por la reclamada para denegar una parte de la información, y por aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, haber entregado la información solicitada, previo tarjado de los datos personales y sensibles contenidos en los antecedentes requeridos, no generando así afectación alguna a los derechos de los terceros de conformidad con la normativa citada.

6) Que, en este sentido, respecto de la alegación del reclamante referida a que el Servicio no dio aplicación al procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, comunicando la solicitud a los trabajadores afectados por la enfermedad consultada y declarados con algún grado de invalidez, para que éstos hicieran valer su derecho de oposición, este Consejo estima que en la especie ello hubiere resultado inoficioso, atendido el criterio establecido de forma sostenida y reiterada por este Consejo en las decisiones ya citadas, entre otras, en cuanto a que el estado de salud de las personas constituye un dato sensible cuya divulgación se encuentra prohibida. Por lo tanto se rechazará el presente amparo, sin que proceda representar a la reclamada dicha circunstancia

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Juan Riesco Eyzaguirre, en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso, toda vez que el estado de salud de las personas constituye un dato sensible cuya divulgación se encuentra prohibida, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Juan Riesco Eyzaguirre y a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.