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Macroscope Chile Consultores Ltda con SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS Rol: A114-09

Consejo para la Transparencia, 06/07/2010

Se solicita amparo frente al Servicio Nacional de Aduanas por haberse negado acceso a información relativa al listado de empresas (con RUT) que han solicitado la no identificación de éstas, en la base que la Aduana mensualmente entrega y lista de las empresas que actualmente no pueden ser identificadas. Consejo estima que la información solicitada y su vinculación con los restantes campos, constituye un bien económico estratégico, respecto del cual existe un titular que ejerce derechos de carácter comercial o económico, por corresponder al concepto internacionalmente aceptado de información no divulgada y, en concreto, al de secreto empresarial que recoge la legislación nacional, lo que exige a los órganos de la Administración del Estado otorgarle una protección adecuada para mantener ese carácter de secreto. Amparo rechazado. (Con voto disidente)


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente


Descriptores analíticos:

Tema Industria (Productividad)
Materia
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Disidente)
  • Roberto Guerrero Valenzuela (Inhabilitación)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO A114-09

Entidad pública: Servicio Nacional de Aduanas.

Requirente: Macroscope Chile Consultores Ltda., representada por Pablo Morales.

Ingreso Consejo: 19.06.09

En sesión ordinaria N°163 de su Consejo Directivo, celebrada el 6 de julio de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol A114-09.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 12 de mayo de 2009 don Pablo Morales Canales solicitó al Servicio Nacional de Aduanas, a través de su sistema de gestión de solicitudes, que le proporcionara la siguiente información: “El listado de empresas (con RUT) que han solicitado la no identificación de éstas, en la base que la Aduana mensualmente entrega, sin importar el resultado de la petición efectuada por ellas. Además solicita el nombre y RUT de las empresas que actualmente no pueden ser identificadas por Aduanas en la base que mensualmente se entrega o publica, en las estadísticas mensuales de importaciones y exportaciones en cualquiera de los 97 capítulos, refiriéndose específicamente a aquellas empresas que aparecen como X”.

2) RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN: El Servicio Nacional de Aduanas, en adelante e indistintamente SNA, mediante ORD. N° 8688, de 12 de junio de 2009, respondió dentro del plazo legal, a la solicitud de información, indicando al reclamante; a) que las empresas a quienes se refirió la solicitud habían requerido anteriormente al SNA, en forma expresa y en distintos periodos, su no identificación en la información estadística de comercio exterior que dicho Servicio entrega mensualmente; b) que, por lo tanto, todas las empresas a las cuales se refirió la solicitud fueron notificadas de acuerdo al procedimiento consagrado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.

2.1) COMUNICACIÓN A LOS TERCEROS EN CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA: Según consta en los documentos acompañados por el Servicio Nacional de Aduanas, éste notificó la solicitud de información de la especie - a través de los Oficios reservados 134 a 144 y 146 a 150, de fecha 3 de junio de 2009 - a dieciséis (16) empresas.

2.1.1) TERCEROS QUE NO SE OPUSIERON EN TIEMPO Y FORMA A LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN: El Servicio Nacional de Aduanas informó al reclamante que tres de las empresas a quienes se notificó la solicitud de información no ejercieron su derecho de oposición en tiempo y forma, a saber: i) Importadora Eximia Ltda.; ii) Arquimed Ltda.; y iii) 4 Italian Design Cia. Ltda. Mientras que otras dos empresas ejercieron su derecho de oposición en forma extemporánea, a saber: i) Imega S.A.; y ii) Distribuidora Cega Chile. En atención a ello, y aplicando el art. 20 inc. 3° de la Ley de Transparencia, el SNA en su oficio de respuesta informó al reclamante el nombre de estas empresas y su respectivo RUT.

2.1.2) TERCEROS QUE SE OPUSIERON EN TIEMPO Y FORMA A LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN: Con respecto a las 11 empresas restantes que ejercieron en tiempo y forma su derecho de oposición a la entrega de la información solicitada, preciso es hacer una distinción para indicar los fundamentos de su oposición:

• Algunas empresas esgrimieron idénticos argumentos para fundar su oposición, a saber: i) Que la información solicitada constituye información comercial sensible relativa a su negocio cuya publicidad vulneraría el derecho de las empresas al legítimo ejercicio del comercio, tanto a nivel nacional al permitir que determinados terceros conociendo esta información actúen en contra de sus intereses, como a nivel internacional atendido el hecho que se comprometería el carácter reservado de la información proporcionada por los proveedores extranjeros; ii) Que, atendido lo anterior, y en protección de sus derechos comerciales, ejercieron la facultad que les confiere el artículo 10 del Acuerdo relativo a la Aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, reiteradas en el capítulo 2.1. del capítulo II del Compendio de normas Aduaneras, requiriendo al Servicio de Aduanas que en la información estadística de comercio exterior (importaciones y exportaciones) que entrega periódicamente no se incluyeran, desde determinados espacios de tiempo, los datos que las identifican, lo cual fue acogido por el Servicio Nacional de Aduanas a través de distintas resoluciones pronunciadas para cada empresa; iii) Que, en consecuencia, procede que el Servicio Nacional de Aduanas resguarde la confidencialidad de toda la información relativa a valoración aduanera que se le proporciona periódicamente con ocasión de actuaciones realizadas ante él, sea que esta información se le proporcione directamente, a través de agentes de aduanas o a requerimiento del propio Servicio de Aduanas.

• Una de las empresas ejerció su derecho de oposición a la entrega de la información solicitada argumentando que su publicidad produciría un grave daño a los esfuerzos intelectuales y económicos en investigación de mercado, en la búsqueda de proveedores y clientes, lo cual ha dado a la empresa una clave de su éxito.

• Otra empresa fundó su oposición en dos consideraciones; i) Que la información que se pide no dice relación con un acto de la Administración del Estado afecto a publicidad, ni constituye antecedente o fundamento de éste, por el contrario, se trata de información que la empresa se encuentra obligada a proporcionar al SNA al tramitar su importaciones o exportaciones y que contiene datos comerciales sensibles de sus operaciones comerciales, como el proveedor extranjero y otros datos protegidos por el secreto comercial, el secreto de la contabilidad y/o el secreto tributario, además de las normas sobre reserva del Código de Valoración Aduanera; ii) Que la empresa ya había manifestado anteriormente su oposición a la entrega de la información estadística de comercio exterior en que apareciere identificada. Al efecto acompaña la solicitud respectiva y su resolución aprobatoria.

• Otra de las empresas ejerció su derecho de oposición a la entrega de la información solicitada argumentando que la publicidad de la misma afectaría gravemente sus intereses y actividad comercial.

• Por último, la empresa ejerció su derecho de oposición en los siguientes términos: i) En primer término señala que en el mes de diciembre de 2006 fue la información y datos relativos a su empresa excluida de la base de datos de comercio exterior que entrega el SNA a terceros; ii) En segundo término indica que la información solicitada es de carácter confidencial, pues constituye información estratégica, sensible para los intereses económicos, patrimoniales, de gestión y de desarrollo de su estructura de negocio, pues determina decisiones comerciales importantes; iii) Reitera su voluntad ya manifestada anteriormente, en orden a que se mantenga en su integridad el Of. N° 1288 del SNA, a través del cual se había accedido a la solicitud de reserva de la información de la empresa.

3) AMPARO: Don Gustavo Cruzat Arteaga, compareciendo en calidad de abogado patrocinante de don Pablo Morales Canales (quien a su vez había efectuado la solicitud de información en calidad de representante legal de Macroscope Chile Consultores Ltda.), con fecha 19 de junio de 2009, solicitó amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Servicio Nacional de Aduanas, fundándose en la denegación infundada de la información solicitada. En su presentación el reclamante señala lo siguiente:

a) Que el SNA al denegar la información solicitada aplica un criterio ilegal y abusivo restringiendo con ello la disponibilidad de la información pública que se genera en dicho servicio del Estado, lo cual reviste especial gravedad (puntualmente hace alusión al Oficio Circular N° 24);

b) Que el SNA al aplicar el procedimiento del artículo 20 de la Ley de Transparencia cometió un grave error pues interpretó dicha norma de manera arbitraria, ilegal e inconstitucional, en base a las siguientes consideraciones: a) El SNA no indica de manera alguna las razones para estimar que se comete una afectación en los derechos de los terceros, no justificando el otorgarles la posibilidad que ejerzan su derecho de oposición, por el contario, simplemente da por establecida esa afección; b) Que el SNA al aplicar el artículo 20 de la Ley de Transparencia pretende que los particulares sean quienes determinen si se puede o no acceder a información que es esencialmente pública;

c) Que la información que el SNA ha denegado constituye información estadística básica para el funcionamiento adecuado del mercado, puesto que es ampliamente utilizada por la gran mayoría de los agentes de la economía, permitiendo así un desenvolvimiento adecuado de esta última. Agrega que la información solicitada no está protegida por el secreto industrial, ni se refiere a balances ni estados financieros de las empresas, sino sólo lo que se importa o exporta;

d) Que la información solicitada dice relación con el orden público económico, toda vez que son las bases de nuestro sistema económico las que exigen la publicidad de la información solicitada, de tal manera que al haberse negado la misma se afectó dicho bien jurídico;

Finalmente solicita que se acoja el amparo y se sancione al Director Nacional de Aduanas con el 20% al 50% de su remuneración.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS Y DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: Efectuado el examen de admisibilidad de la solicitud de amparo, el Consejo Directivo acordó requerir al reclamante la subsanación de la misma, lo que se materializó mediante correo electrónico dirigido al Sr. Pablo Morales Canales el 20 de junio de 2009, puesto que compareció interponiendo el amparo don Gustavo Cruzat Arteaga sin que constara a este Consejo su personería. Dicha subsanación fue realizada por el reclamante, quien mediante presentación a este Consejo de fecha 25 de junio de 2009 ratificó lo obrado por el Sr. Gustavo Cruzat y le confirió poder para actuar a nombre de Macroscope Chile Consultores Ltda. En atención a lo anterior el Consejo Directivo estimó admisible el presente amparo, y en cumplimiento de la normativa de la Ley de Transparencia, dispuso: a) La notificación y traslado del amparo al Servicio Nacional de Aduanas, lo que se materializó mediante Oficio N° 188, de 2 de julio de 2009; b) La notificación y traslado del amparo a las dieciséis (16) empresas a quienes en su oportunidad el Servicio Nacional de Aduanas notificó la solicitud de información, lo cual se materializó a través de los oficios 370 a 385, ambos incluidos, todos de fecha 12 de agosto de 2009.

4.1. SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS: El Servicio Nacional de Aduanas mediante presentación efectuada a este Consejo con fecha 23 de julio de 2009, procedió a evacuar el traslado conferido y a formular sus descargos en los siguientes términos:

a) En primer lugar, solicitó el rechazo del amparo por razones de forma, argumentando en torno a que la negativa a entregar la información se ajustó en todo a derecho, pues se siguió exactamente el procedimiento establecido en los artículos 20 y 21 de la Ley N° 20.285, esto es, que habiéndose estimado por el Director Nacional de Aduanas que la publicidad de la información solicitada podía afectar los intereses de ciertas empresas, se puso ésta solicitud en conocimiento de sus representantes y habiéndose éstos ejercido su derecho de oposición opuesto de acuerdo a lo establecido por la misma Ley, el SNA quedo impedido de entregar la información solicitada.

b) En segundo lugar, solicitó el rechazo del amparo en base a consideraciones que dicen relación con aspectos de fondo, a saber: i) Que la oposición de los afectados se fundó en el artículo 10 del acuerdo Sobre Valoración Aduanera de la OMC, en relación con el artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285, normas que permiten concluir que la información solicitada es reservada, por lo tanto la reclamación debe ser desestimada; ii) Que, en efecto, la Ley N° 20.285 mantiene para los documentos señalados el carácter de reservados, habida consideración de lo dispuesto en el artículo 21 N° 2, en concordancia con el artículo 8° de la Constitución Política de la República; iii) Que, a mayor abundamiento, el artículo 1° transitorio de la Ley N 20.285, permite considerar vigentes las normas anteriores que consagran causales de reserva respecto de determinada información (en particular art. 6° de la OGA y artículo 10 del Acuerdo sobre Valoración; iv) Que bajo el imperio de la Ley N° 18.575 se dedujeron dos reclamos de amparo por denegación de información; en uno de ellos se pronunció el Tribunal Constitucional, la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso y la Excma. Corte Suprema (rechazó un recurso de queja), disponiéndose que la información que el SNA recaba de los particulares en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras se ampara en la reserva establecida por la Ley. Al efecto se citan textualmente los considerandos sexto a noveno del fallo de fecha 29 de agosto de 2007 de la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso, recaído en causa rol 2336-06, validado por la Excma. Corte Suprema al rechazar el recurso de queja interpuesto en su contra; iv) Que al denegar la información solicitada el SNA ha actuado en consecuencia, pues ha aplicado la doctrina emanada de sentencias firmes pronunciadas por los Tribunales de Justicia en el sentido que la información de carácter financiero y contable que los particulares proporcionan al SNA para el ejercicio de su potestad fiscalizadora es de carácter reservada.

 

4.1. TERCEROS INVOLUCRADOS: De las dieciséis (16) empresas que fueron notificadas por este Consejo del amparo de la especie a fin de que formularan sus descargos, sólo nueve (9) de ellas lo hicieron.

En cuanto a los fundamentos esgrimidos por las empresas al formular sus descargos, es preciso hacer la siguiente distinción entre ellas:

a) Algunas empresas manifestaron su oposición a la entrega de la información requerida y solicitaron el rechazo del amparo, para lo cual esgrimieron los mismos argumentos que habían esgrimido anteriormente ante el SNA al oponerse a la entrega de la información.

 

b) Otra empresa se opuso a la entrega de la información solicitada en los siguientes términos: i) Que la labor que desarrolla la empresa consiste fundamentalmente en ubicar proveedores extranjeros, comprar sus productos y comercializarlos en el mercado nacional, por lo que constituye parte de su estrategia comercial, de su negocio y de su patrimonio intelectual, el contar con los contactos internacionales y realizar la labor de importación para sus clientes en Chile, es por ello que la información solicitada, especialmente a lo referido a sus proveedores, queda protegida por las garantías constitucionales del artículo 19 N°s 4°, 5°, 21 y 24 de la Constitución Política de la República; ii) Que el interés del reclamante al solicitar la información cuya denegación motivó el presente amparo es incorporar tales antecedentes en bases de datos que posteriormente vende a terceros como parte de su gestión comercial, lo cual envuelve un serio peligro para la empresa pues de revelarse quiénes son sus proveedores extranjeros se permitiría fácilmente que otros importadores se hagan de las materias primas que éste comercializa en el país, sin la representación exclusiva de dichos proveedores; iv) Que, por lo tanto, la publicidad de la información solicitada afectaría los derechos de la empresa en relación a secretos industriales o comerciales. Sin embargo señala que la denegación de esa información también perjudicaría los derechos del reclamante, toda vez que no podría comercializar esta información. Es por ello que la solución del conflicto envuelve una cuestión de intereses meramente privados y no públicos, por lo que es necesario efectuar un balance de derechos, cuyo resultado necesariamente juega a favor de la empresa, pues señala que la importancia de sus derechos económicos y comerciales pesan más que los derechos del solicitante a informar y comercializar la información solicitada; v) Que, como corolario, tiene lugar la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia respecto de la información solicitada, debiendo reservarse la misma.

c) Otra de las empresas formuló sus descargos en los siguientes términos: i) Señala que la información solicitada tiene carácter estratégico, siendo sensible para los intereses económicos, patrimoniales, de gestión y de desarrollo de su estructura de negocio, pues determina decisiones comerciales importantes. Agrega que de entregarse la información solicitada cualquier tercero podría conocer no sólo quien importó, sino de donde importó, a cuanto importó, y, en general, podría determinar los márgenes en los cuales puede estar negociando una empresa, con lo cual el solicitante se enriquecería injustamente pues se aprovecharía de datos que a la empresa titular le ha costado tiempo y recursos obtener, es decir se estaría apropiando de un activo patrimonial y de una ventaja competitiva de manera injusta e ilegitima; ii) Señala que la información relativa a los proveedores es confidencial, lo mismo ocurre con información sobre costos, márgenes de ganancia, y utilidades de una empresa. Sin embargo toda esa información reservada podría ser obtenida fácilmente a partir de la información que se solicita, por lo tanto es razonable concluir que la calificación de estadística que hace el reclamante con respecto a la información solicitada es un tanto liviana y errada, pues se trata en verdad, de información valiosa y competitiva; iii) Señala que cuando el legislador permitió a los entes fiscalizadores como ocurre con el SNA en el ámbito del comercio exterior y arancelario, levantar el deber de secreto y poder entregar a terceros datos de personas naturales o jurídicas, lo ha regulado en términos tales que jamás ha permitido entregar datos de contribuyentes en particular y mucho menos cuando tengan el carácter de reservados. Al efecto esgrime como argumentos el texto del art. 6 de la Ordenanza General de Aduanas y el art. 10 del Acuerdo sobre Valoración Aduanera (OMC). Además, cita como ejemplo la norma del artículo 35 del Código Tributario que regula el secreto tributario, el cual no impide la publicación de datos estadísticos con tal que no puedan identificarse los informes, declaraciones o partidas respecto de los contribuyentes en particular; iv) Señala que la aseveración hecha por el reclamante en el sentido que la reserva de la información solicitada perjudica el orden público económico carece de todo sustento jurídico, pues no se ha desarrollado ninguna argumentación al respecto y, por otro lado, uno de los elementos constitutivos del concepto es el principio de libertad económica y el respeto a la propiedad privada, los cuales, por el contrario, estarían siendo vulnerados en la solicitud del reclamante.

 

d) Otra empresa manifestó su oposición en los mismos términos en que lo había hecho anteriormente ante el Servicio Nacional de Aduanas, reproduciendo prácticamente la argumentación indicada en la letra c).

e) Otra empresa formuló su oposición a la entrega de la información solicitada refiriéndose a los siguientes puntos:

i) Actuación de Aduanas en materia de Información Estadística: Describe el procedimiento de entrega de la información solicitada desde la vigencia del D.S. Nº 79/1987, del Ministerio de Hacienda, reproduciendo lo que al respecto señaló el Servicio Nacional de Aduanas

 

ii) Solicitud de la empresa al Servicio de Aduanas y error de procedimiento de dicha institución, al aplicar el artículo 20 de la Ley de Transparencia:

• Señala que en el año 2006 la empresa solicitó al SNA que se abstuviera de entregar a terceros las bases de datos de comercio exterior de su empresa, en particular, información relativa a valoración aduanera, tributación que la afecta, marcas y proveedor extranjero. Agrega que el SNA accedió a esa solicitud en forma alternativa - mediante Oficio N° 21335 de 29.11.2006 - a través del cual dispuso la entrega de las bases de datos empresa pero sin identificar ni el nombre de su empresa ni el RUT de la misma.

• En cuanto al procedimiento aplicado por el SNA al pronunciarse de la solicitud de información de MACROSCOPE Consultores, esto es, al conferir traslado a las empresas titulares de la información conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señala que ello constituyó un lamentable error pues con anterioridad los terceros afectados (entre ellos su empresa), en su mayoría, ya habían solicitado la reserva de la información que hasta ese momento se proporcionaba a terceros, solicitud a la cual el SNA accedió. Agrega que, por lo tanto, el requerimiento de información de la especie debió ser resuelto por el SNA denegando la información solicitada dado su carácter reservado ya declarado y no utilizar una vía oblicua que, en definitiva, pretende radicar la controversia entre particulares obligando que las empresas afectadas emitan un nuevo pronunciamiento oponiéndose a la entrega de la información solicitada.

iii) En cuanto a las Normas Legales que fundan la imposibilidad que tiene Aduanas de entregar información detallada atribuible a los contribuyentes:

• Cita los artículos 1° y 6° de la OGA, la Ley N° 19.628 en cuanto se refiere a la información estadística.

• Fundamenta el carácter reservado de la información solicitada vinculando el artículo 6° de la OGA con el artículo 35 del Código Tributario y artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. Al efecto, señala: a) Que toda operación de importación, especialmente de carácter comercial, es una operación tributaria fiscalizada por el SII, esto significa que una importación es en el ámbito tributario, una compra de activos, con la única diferencia que el proveedor se ubica en el extranjero, por lo tanto, dicha importación está afecta a derechos de aduana con una tasa del 6% y también al IVA, fiscalizado por el SII; b) Que esa adquisición de mercaderías debe contabilizarse, siendo su documento de respaldo contable y tributario la respectiva declaración de importación tramitada ante el SNA; c) Que, en consecuencia, de accederse a la entrega de la información solicitada, indirectamente se entregaría información reservada protegida por el secreto tributario consagrado en el Art. 35 del Código Tributario; d) Que, a mayor abundamiento, en cuanto los productos importados se comercializan en el mercado interno generan una renta para la empresa, la cual se grava con el impuesto a la renta, por lo tanto una operación de importación de mercaderías que realiza una empresa conlleva el registro de esa compra internacional en su contabilidad mediante el respectivo asiento contable en su libro de compras así como la actualización de su inventario, para lo cual también es utilizada la información proporcionada en las tramitaciones efectuadas ante el SNA, por lo tanto, concluye que esa información es parte del secreto de tributario protegido conforme al artículo 35 del Código Tributario.

• Agrega que de entregarse la información solicitada se generaría una discriminación entre empresas, puesto que existiría una asimetría importante entre aquellos contribuyentes que sólo realizan operaciones de comercio o servicios al interior del país y aquellos que lo hacen en el extranjero, toda vez que la información contable de los primeros queda protegida sin cortapisas por el secreto tributario, mientras que la información contable de los segundos sólo en principio sería reservada ya que por la vía oblicua de la Ley de Transparencia podría obtenerse indirectamente, vulnerándose la reserva.

• Hace hincapié en que la publicidad de la información solicitada transgrediría la norma del art. 4 de la Ley N° 19.479, que autoriza al SNA y al SII a intercambiar información de contribuyentes para efectos de fiscalización, pero haciendo aplicable en tal caso al SNA las normas sobre secreto tributario del art. 35 del Código Tributario;

• Señala que todo lo anterior es plenamente concordante con las normas del artículo 25 y 42 el Código de Comercio que establecen el secreto de Contabilidad. Además cita el art. 10 del Acuerdo de valor, la Ley N° 18.525 sobre importación de mercaderías y que modifica la Ley N° 19.912 que adecúa la legislación chilena a los Acuerdos de la OMC.

• Finalmente, señala que la información solicitada, especialmente la que se refiere a su proveedor extranjero, características y valoración de las mercaderías que importó al país, son datos que no constituyen información pública que el SNA deba entregar, por cuanto se trata de información que es de propiedad de su empresa, la cual si bien es cierto se encuentra obligada a prestar ciertas declaraciones y cumplir ciertas obligaciones frente a la administración tributaria, no trasfiere esos datos –como los que se le proporcionan para las operaciones de comercio exterior– ni al órgano fiscalizador, ni a sus contrapartes comerciales, ni mucho menos asiente en que se den a conocer sus márgenes de comercialización.

• Finalmente solicita a este Consejo requerir un informe al SII a fin de que se pronuncie sobre la legalidad de entregar la información solicitada.

5) SOLICITUDES DE AUDIENCIA: En relación con el presente amparo solicitaron la realización de Audiencia ante este Consejo, a fin de explicar cabalmente sus argumentos y aportar elementos de juicio que permitan una acertada resolución, las siguientes partes involucradas: el Servicio Nacional de Aduanas, el abogado patrocinante del reclamante, y los representantes legales de algunas de las empresas que se opusieron.

Y CONSIDERANDO:

1. Que lo solicitado por la empresa Macroscope Chile Consultores Ltda., a través de su representante legal, don Pablo Morales Canales, consiste en “El listado de empresas (con RUT) que han solicitado la no identificación de éstas, en la base que la Aduana mensualmente entrega, sin importar el resultado de la petición efectuada por ellas. Además solicita el nombre y RUT de las empresas que actualmente no pueden ser identificadas por Aduanas en la base que mensualmente se entrega o publica, en las estadísticas mensuales de importaciones y exportaciones en cualquiera de los 97 capítulos, refiriéndose específicamente a aquellas empresas que aparecen como X”. Por tanto, por tratarse de información que puede afectar los derechos de terceros y considerando la negativa formulada por 11 empresas corresponde primero, en virtud del artículo 20 de la Ley de Transparencia, verificar la concurrencia de los requisitos por éste establecidos.

2. Tal como lo prescribe la norma legal, ante la oposición deducida en tiempo y forma por 11 empresas, el SNA se vio impedido de proporcionar la información solicitada, estando facultado este Consejo para resolver lo contrario, si estima que no concurre algún fundamento para decretar el secreto o reserva de lo solicitado.

3. Previo a definir si concurren o no alguna de las causales de secreto o reserva en el caso concreto, es esencial establecer las competencias que el SNA ejerce para tratar información sobre movimiento de mercancías transfronterizo en Chile y definir el tipo de información que se solicita. De esta forma, debe tenerse presente que el SNA, de acuerdo al artículo 1° de su Ley Orgánica, contenida en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 329, de 1979, del Ministerio de Hacienda, D.O. 20.06.79, está “encargado de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las costas, fronteras y aeropuertos de la República, de intervenir en el tráfico internacional, para los efectos de la recaudación de los impuestos a la importación, exportación y otros que determinen las leyes, y de generar las estadísticas de ese tráfico por las fronteras, sin perjuicio de las demás funciones que le encomienden las leyes” (el destacado es nuestro).

4. Es, por tanto, en ejercicio de la atribución de fiscalización del paso de mercancías y de intervención en el tráfico internacional, que el SNA accede a información relativa a exportaciones e importaciones, mediante los datos contenidos en las declaraciones de destinación aduanera (ingreso y salida de mercancías) y en la documentación que sirve de base para formular dichas declaraciones, y esa misma información es la que permite generar con estos datos información estadística del tráfico por las fronteras.

5. De esta forma, en ejercicio de sus atribuciones el SNA tiene en su poder, al menos, dos bases de datos distintas, una en ejercicio de la facultad de fiscalización del tráfico internacional de mercancías en la que se contemplan todas las partidas relativas a ese tráfico, incluidos los campos que se consignan en la declaración de destinación aduanera (tales como individualización completa del interesado, la identificación de un importador o exportador, la identificación de los documentos de transporte, de facturas comerciales, de certificados de origen de las mercancías, de proveedores de insumos en el extranjero, de precios, de seguros, de fletes, etc.) y otra en ejercicio de la facultad de generar información estadística fidedigna en que se consigna información sobre el comercio internacional que permite al Estado, entre otras cosas, tomar decisiones de política y fomento económicos.

6. La segunda base de datos que contiene información estadística, es decir, datos que, en conformidad a la definición legal que existe sobre los mismos contenida en la letra e) de la Ley N°19.628, son aquéllos que, en su origen o como consecuencia de su tratamiento, no pueden ser asociados a un titular identificado o identificable, no parece corresponderse con la información objeto de la presente solicitud de acceso, pues precisamente lo que solicita el requirente es la información de los nombres y RUT de las empresas que han solicitado su no identificación en la base de datos que el SNA entrega relativa a las estadísticas mensuales de importaciones y exportaciones.

7. Asimismo, se hace presente que el artículo 30 de la Ley N°17.374, que fija el nuevo texto refundido, coordinado y actualizado del D.F.L. N° 313/1960, que aprobó la Ley Orgánica de la Dirección de Estadística y Censos y creó el Instituto Nacional de Estadísticas, establece que “Los datos estadísticos no podrán ser publicados o difundidos con referencia expresa a las personas o entidades a quienes directa o indirectamente se refieran, si mediare prohibición del o los afectados” (el destacado es nuestro). Por tanto, se debe concluir que la información estadística no puede ser publicada o difundida con referencia expresa a las personas a que se refiera, si existiere prohibición de los afectados, lo que inhibe al SNA de dar publicidad a este tipo de datos bajo el concepto de información estadística.

8. En definitiva, lo que realmente solicita el requirente es la información que, asociada a una empresa y a un RUT, le permita acceder a todos los restantes campos relativos a una operación de comercio internacional, en especial, la información que emana de la declaración de destinación aduanera. Es decir, estos dos antecedentes son la clave de acceso a la base de datos de operaciones de comercio exterior completa y no sólo a la estadística, pues para que estemos en presencia de esta última se requiere ausencia de prohibición por parte del titular del dato.

9. No obsta a la conclusión anterior que lo solicitado por el requirente sea sólo el listado de las empresas (con indicación de su RUT) que han solicitado su no inclusión en las bases que el SNA entrega y el listado de las empresas que no pueden ser identificadas en las bases estadísticas de importaciones y exportaciones por aparecer signadas con la letra “X” pues, como puede apreciarse, se trata de dos listados idénticos, ya que en base a esa solicitud el SNA excluye de la primera parte de la información que entrega. Ello, debido a que en virtud del acotado número de empresas que han solicitado dicha exclusión –sólo 11 en total– bastaría un simple ejercicio de asociación de información, como por ejemplo, giro o actividad principal de la empresa vinculado con las materias primas que importa, para determinar cuáles son exactamente las empresas que se opusieron y toda la información asociada a su actividad de importación o exportación.

10. Por otra parte, cuando se trata de información que va más allá del concepto de información estadística (información referida a un sujeto determinado), es relevante el rol que tiene el consentimiento del titular de la información y de los derechos que nacen en virtud de dicha titularidad, respecto a la posibilidad del SNA de efectuar un tratamiento de esa información y de entregarla a terceros. Cobra, por tanto, particular importancia que el titular del derecho manifieste su voluntad, en forma expresa, tal como lo prescribe el artículo 30 de la Ley N°17.374, de ser excluido de una base de datos que contiene información de las todas las operaciones de comercio internacional, no sólo información estadística, y que va a ser puesta a disposición de terceros con dicho carácter.

11. Si la manifestación de voluntad expresa del titular no autoriza la inclusión de la información en la base de datos de comercio internacional que será entregada gratuitamente por el órgano, la referida información sólo obra en poder de la Administración del Estado en ejercicio de la potestad de fiscalización, lo que no le faculta para disponer de ésta sin considerar la voluntad del titular y los derechos que puedan verse afectados, en cuyo caso y ante una solicitud de acceso a la información presentada a su respecto, es correcto dar aplicación al procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, tal como lo hizo el SNA, si el órgano no tiene certeza de la concurrencia directa de algunas de las causales prescritas en el artículo 21.

12. Una vez identificada la información solicitada y la correcta aplicación del procedimiento del artículo 20 de la Ley de Transparencia, cabe precisar que respecto de las oposiciones deducidas por las empresas que solicitaron su exclusión, éstas cumplen con el requerimiento de presentación en tiempo y forma, ya que todas fueron presentadas ante el SNA dentro del plazo legal y en todas se expresó la causa que motiva la oposición. Por tanto, corresponde a este Consejo determinar si la afectación de los derechos de terceros, esgrimida por las 11 empresas, es causa suficiente para determinar el secreto o reserva de la información en aplicación de alguna de las causales del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

13. Para alcanzar el referido objetivo, se debe determinar si la publicidad, comunicación o conocimiento de la información solicitada afecta los derechos de las personas, particularmente tratándose de derechos de carácter comercial o económico, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia. Es decir, deberán evaluarse los efectos comerciales y económicos de vincular el nombre y RUT de las empresas que han solicitado su no identificación con la información contenida en la base de datos que el SNA entrega relativa a las estadísticas mensuales de importaciones y exportaciones. Esta norma legal se encuentra reforzada por la exigencia establecida en el artículo X del Acuerdo General sobre aranceles aduaneros y comercio (GATT de 1947) , relativo a la publicación y aplicación de los reglamentos comerciales, que dispone:

“Las disposiciones de este párrafo no obligarán a ninguna parte contratante a revelar informaciones de carácter confidencial cuya divulgación pueda constituir un obstáculo para el cumplimiento de las leyes o ser de otra manera contraria al interés público, o pueda lesionar los intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas” (el destacado es nuestro).

14. En conformidad a la normativa internacional de la que Chile es parte y de la legislación nacional que adecúo nuestro Sistema Jurídico a sus disposiciones, debemos analizar si la información que está siendo solicitada al SNA tiene la calidad de información no divulgada en razón del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 39 de los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, en sus siglas en inglés TRIPS y en español ADPIC, es decir si se trata de información secreta, si tiene valor comercial y si ha sido objeto de esfuerzos razonables para mantenerla secreta. Las referidas exigencias fueron recogidas en la legislación nacional a través de la Ley N°19.996, que modificó la Ley N°19.039, de propiedad industrial, para adecuar nuestro Ordenamiento Jurídico a los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, la que es su artículo primero dispone que “Esta ley tipifica las conductas consideradas desleales en el ámbito de la protección de la información no divulgada”. La referida protección a la información no divulgada se otorga, en concreto en nuestro país, a los secretos empresariales en cuyo concepto se recogen implícitamente los elementos constitutivos del concepto de información no divulgada que recoge la norma internacional, lo que no es obstáculo para verificar su concurrencia en el caso concreto.

15. El primer requisito es que se trate de información secreta, en el sentido de no ser, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión. La información es entregada al SNA con la exclusiva finalidad de que este órgano cumpla con sus funciones de vigilancia y fiscalización del tráfico internacional de mercancías y no se encuentra disponible para terceros. Luego, los elementos que concurren para considerar que la información solicitada es secreta son:

a) Que la naturaleza de la información le otorgue el carácter de secreto. A pesar de que la naturaleza de esta información no le permite, ni le obliga, a someterse a un procedimiento de patentabilidad, igual es susceptible de amparo jurídico, puesto que el mercado es el que le atribuye un valor económico, en la medida que este conocimiento mantenga su carácter de secreto. Vale decir, es precisamente la falta de divulgación de la información la que constituye el elemento esencial de la existencia del valor económico, debido a que el conocimiento general de la misma provocaría un perjuicio para su titular. En conformidad a nuestra legislación nacional, el referido amparo está dado en virtud de la protección que recibe la información objeto del secreto empresarial. Concepto, este último, que está dentro del amplio campo que comprende y protege la noción de información no divulgada, por lo que, de corresponderse la información que está siendo objeto de la solicitud de acceso a la información con dicho concepto es deber de este Consejo otorgarle resguardo jurídico.

La primera definición que aporta en esta materia la legislación nacional se encuentra contenida en el artículo 86, de la Ley N°19.039, de propiedad industrial, que prescribe que “Se entiende por secreto empresarial todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva”(el destacado es nuestro). En relación a su protección, la misma norma en el artículo 87, dispone que “Constituirá violación del secreto empresarial la adquisición ilegítima del mismo, su divulgación o explotación sin autorización de su titular y la divulgación o explotación de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, a condición de que la violación del secreto haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar a su titular” (el destacado es nuestro).

Por su parte el Decreto Ley N°211, contenido en el Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2005 que fijó su texto refundido, coordinado y sistematizado, establece algunas normas que permiten identificar el objeto de la reserva o confidencialidad que es protegido en virtud del concepto de secreto empresarial en el marco del Derecho de la Libre Competencia. Así, a propósito de la prueba instrumental que puede presentarse en los procedimientos que se siguen ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, se dispone en el inciso séptimo del artículo 22 que: “A solicitud de parte, el Tribunal podrá decretar reserva respecto de terceros ajenos al proceso o confidencialidad incluso respecto de las demás partes, de aquellos instrumentos que contengan fórmulas, estrategias o secretos comerciales o cualquier otro elemento cuya revelación pueda afectar significativamente el desenvolvimiento competitivo de su titular” (el destacado es nuestro). La misma idea se repite, a propósito de los documentos que acompaña el Fiscal Nacional Económico, en la letra a) del artículo 39. El referido artículo en la letra h) faculta, también, a este órgano para solicitar informaciones y antecedentes a los particulares con motivo de las investigaciones que practique, en cuyo caso “Las personas naturales y los representantes de personas jurídicas a los que el Fiscal Nacional Económico requiera antecedentes o informaciones cuya entrega pudiere irrogar perjuicio a sus intereses o a los de terceros, podrán solicitar al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que deje sin efecto total o parcialmente el requerimiento” (el destacado en nuestro).

A este respecto también resulta útil citar el numeral cuarto del Auto Acordado N°11/2008, sobre reserva y confidencialidad de la información en los procesos, del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el que dispone que “… el Tribunal podrá decretar la reserva o confidencialidad de antecedentes que contengan información relativa a secretos y/o procesos de producción, propiedad industrial, clientes y proveedores, estrategias de venta y/o marketing y estructuras de costos, que no sean de dominio público, o de cualesquiera otros cuya divulgación o uso pueda ocasionar perjuicios a su titular o terceros” (el destacado es nuestro).

Por consiguiente, será la información estratégica de la empresa la que sea merecedora de la protección otorgada por el secreto empresarial, dentro de la cual se encuentra necesariamente la información contenida en las declaraciones de ingreso y salida de mercaderías relativa, por ejemplo, a proveedores, sean éstos nacionales y/o extranjeros, y a la valoración aduanera de los distintos bienes. De suerte que, en el caso que nos ocupa, de entregarse la información solicitada (nombre y RUT de la empresa) y asociársela con las demás partidas contempladas en la base de datos de que dispone SNA, el solicitante podrá acceder a antecedentes de gestión y desarrollo de la estructura de negocios de la empresa, estructura de costos, márgenes de ganancia y utilidades de la misma, proveedores, características y valoración aduanera de las mercancías importadas o exportadas, entre otras, lo que desconocería el amparo que otorga el Ordenamiento Jurídico al secreto empresarial, por lo que es deber de este Consejo darle la necesaria protección.

b) El secreto no debe ser absoluto. Que sea secreto no quiere decir no conocido, sino que supone un lógico ámbito de conocimiento de la información que le permita ser objeto de utilización económica por parte de la entidad empresarial o grupo de empresas. De esta forma, la empresa titular de la información puede darla a conocer a sus trabajadores y también, en el particular, a la autoridad aduanera para efectuar los trámites de ingreso o salida de las mercancías que son necesarias para su proceso productivo o de comercialización, sin que esta información pierda su calidad de secreta y deba, por ese sólo hecho, dejar de estar protegida jurídicamente. En este ámbito, el artículo 6 de la Ordenanza de Aduanas, dispone que “Las informaciones proporcionadas al Servicio Nacional de Aduanas u obtenidas por éste en el ejercicio de atribuciones legales no podrán entregarse a terceros cuando tengan carácter de reservadas”(el destacado es nuestro) Calidad de reserva que revisten los documentos que son calificables de información no divulgada o secreto empresarial, como en la especie.

c) Existe voluntad de mantenerla oculta, como ocurre en este caso, donde las empresas expresaron su negativa a la divulgación en reiteradas ocasiones. El titular de la información desea que no sea de conocimiento de terceros, sin su autorización o consentimiento, debido a que constituye un elemento que puede darle mayor competitividad en el mercado y quiere aprovechar o ya aprovecha esa ventaja para maximizar sus resultados. Por otra parte y tal como ocurre con las empresas que no se opusieron a la incorporación de esta información en la base de datos del SNA, puede también acontecer que el titular de la información tenga conocimiento del valor económico que tiene la información de que dispone, pero no le interese ocultarla a sus competidores o al resto de la sociedad pues estima que ello no le produce perjuicio o que le trae beneficios, por lo que ante la ausencia del elemento subjetivo mencionado no debe existir protección jurídica. Lo que está en perfecto correlato con la exigencia de prohibición expresa que prescribe el artículo 30 de la Ley N°17.374, antes citado.

En el particular, las 11 empresas que expresaron su negativa lo hicieron en el contexto y bajo el amparo del artículo 10 del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre aranceles aduaneros y comercio de 1994, conocido también, como Acuerdo de valoración aduanera o de valor de la OMC. La referida norma dispone que “Toda información que por su naturaleza sea confidencial o que se suministre con carácter de tal a los efectos de la valoración en aduana será considerada como estrictamente confidencial por las autoridades pertinentes, que no la revelarán sin autorización expresa de la persona o del gobierno que haya suministrado dicha información, salvo en la medida en que pueda ser necesario revelarla en el contexto de un procedimiento judicial” (el destacado en nuestro). Corrobora lo anterior, su manifiesta voluntad de preservar el carácter confidencial de esa información, manifestación que se efectuó tanto al expresar al SNA su oposición a la incorporación de su información en la base de datos estadística, como cuando le fue notificada la solicitud de acceso a la información, pues se opusieron expresamente a su entrega.

16. El segundo requisito es que la información tenga un valor comercial por ser secreta. Para las empresas que han solicitado su exclusión la referida información tiene un valor comercial, a diferencia de lo que acontece con las empresas que no se han opuesto a que la información se encuentra a disposición de todos los interesados. Lo anterior se funda en el hecho que el disponer de esta información de manera exclusiva le da una ventaja competitiva en el mercado en el que se desenvuelven, porque se reducen los costos de producción o de transacción que, en definitiva, se cargan el valor del producto o bien que comercializan. La ventaja competitiva que esta información le da a su titular es fruto, normalmente y como acontece en este caso, de esfuerzos importantes para su obtención: inversión de tiempo, de dinero, de coordinaciones internacionales, de levantamiento de potenciales proveedores, etc., inversión que es digna de protección por la relevancia que tiene al otorgarle a estas empresas una ventaja económica en el mercado, que de darse a conocer podría verse afectada.

17. El tercer requisito es que la información haya sido objeto de razonables esfuerzos para mantenerla secreta por parte de la persona que legítimamente la controla. Uno de esos esfuerzos está representado por la solicitud de confidencialidad presentada al SNA y, otro, por la negativa expresa manifestada en el procedimiento administrativo de acceso a la información. Además de la voluntad de mantener en secreto la información, también se puede concluir que la empresa ha realizado actividades tendientes a proteger el secreto de la misma, las que han tenido éxito, pues sus eventuales competidores o terceros han debido intentar esta vía administrativa para obtenerla, es decir, dicha información no se encuentra disponible en el mercado por lo que los esfuerzos de protección han sido exitosos.

18. Sobre la base de todo lo expuesto este Consejo entiende que la información solicitada y su vinculación con los restantes campos, constituye un bien económico estratégico, respecto del cual existe un titular que ejerce derechos de carácter comercial o económico, por corresponder al concepto internacionalmente aceptado de información no divulgada y, en concreto, al de secreto empresarial que recoge la legislación nacional, lo que exige a los órganos de la Administración del Estado otorgarle una protección adecuada para mantener ese carácter de secreto. Lo anterior, tiene fundamento constitucional en el derecho a desarrollar cualquier actividad económica sin estar sometido a una competencia desleal por parte de los demás competidores, y en el derecho de propiedad, que se ejerce en este caso respecto de este cúmulo de información que es el objeto del secreto señalado, respectivamente contemplados en los numerales 21 y 24, del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

19. A mayor abundamiento, cabe señalar que el precedente análisis e interpretación de la legislación nacional en correspondencia con los tratados internacionales de los que Chile es parte, manifiesta la particular preocupación de este Consejo por dar aplicación a las normas internacionales y a las de adecuación de aquéllas, con la finalidad de evitar la afectación del interés nacional, en particular, de las relaciones internacionales y de los intereses económicos o comerciales del país, según lo dispone el artículo 21, N°4 y lo exige el artículo 33, letra j) de la Ley de Transparencia, en la medida que esos acuerdos internacionales contemplan obligaciones de confidencialidad a las que el Estado de Chile debe dar justo cumplimiento al adecuar su legislación, en especial cuando se trata de materias que afectan derechos de carácter comercial o económicos de los sujetos protegidos por éstas.

20. Teniendo en consideración lo precedentemente afirmado por este Consejo, en especial, en virtud de la configuración de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21, N°2 de la Ley de Transparencia, por afectar la publicidad, comunicación y conocimiento de la información requerida derechos de carácter comercial y económico, el SNA deberá, en lo sucesivo, abstenerse de utilizar el procedimiento establecido en el artículo 20 de la misma norma legal respecto de aquellas empresas que hayan manifestado su voluntad de oponerse a la incorporación de sus datos en la base del SNA y, en definitiva, a la entrega de la información a cualquier tercero que la requiera.

21. De conformidad a lo que se resolverá en definitiva, este Consejo ha decidido suprimir de la presente decisión los nombres y RUT de las empresas que se opusieron a la entrega de la información, en función a lo señalado en el considerando 9. Asimismo, en aplicación del artículo 26 de la Ley de Transparencia, se dispone que deberán protegerse los escritos, documentos y actuaciones en los que consten el nombre o RUT de cualquiera de las empresas y de ser solicitado el acceso a esta información, deberán tacharse esos datos.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo interpuesto por don Pablo Morales Canales, en representación de la empresa Macroscope Chile Consultores Ltda., en contra de Servicio Nacional de Aduanas.

II. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a don Pablo Morales Canales, a las empresas que en su calidad de los terceros se opusieron a la entrega de la información y al Director Nacional del Servicio Nacional de Aduanas, para efectos de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Ley de Transparencia, según corresponda.

VOTO DISIDENTE

Decisión acordada con el voto disidente del Consejero don Juan Pablo Olmedo Bustos, quien fue partidario de entregar la información solicitada por las siguientes razones:

1) Que en este caso lo solicitado es el listado de las 16 empresas que han solicitado no ser identificadas en la base del SNA y no la asociación de éstas con cada uno de los datos que le atañen, de manera que no es posible asociar inequívocamente los datos con las empresas, de modo que mantienen la naturaleza de información estadística.

2) Que, por otro lado, a juicio de este consejero no se ha justificado suficientemente que la información requerida tenga un valor comercial por ser secreta, elemento cuya prueba recaía en los solicitantes y que en ocasiones anteriores ha sido exigida por este Consejo, como ocurrió en la decisión A37-09, de 1° de diciembre de 2009, recaída en un amparo presentado contra el mismo Servicio Nacional de Aduanas.

3) Que la información solicitada era entregada anteriormente por el Servicio requerido, lo que demuestra que no tenía el carácter reservado que ahora quiere dársele.

4) Que, por último, los tratados que sirven de base a la decisión de la mayoría deben interpretarse a la luz de la Constitución, cuyo artículo 8º ha venido a declarar que la publicidad de la información administrativa es una de las bases de la institucionalidad pública chilena, correspondiendo a este Consejo interpretarlo y darle aplicación.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Se hace presente que el Consejero don Roberto Guerrero Valenzuela manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir o votar el presente amparo, por estimar que concurre a su respecto la causal establecida en el numeral segundo del Acuerdo del Consejo para la Transparencia sobre Tratamiento de los Conflictos de Intereses, adoptado en la sesión N° 101, de 9 de junio de 2009, que hace aplicable a este Consejo el número 6 del artículo 62 de la LOCBGAE, por existir, a su juicio, circunstancias que le restan imparcialidad para conocer del asunto. Solicitud y voluntad que los demás consejeros acogieron en su integridad. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.