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Matías Rojas Medina con SUBSECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Rol: C710-16

Consejo para la Transparencia, 28/06/2016

Se dedujo amparo en contra de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información por oposición de terceros, respecto a la "copia digitalizada del expediente relativo al sumario administrativo de la Cancillería chilena que buscó responsabilidades funcionarias del entonces agregado cultural de Chile en Uruguay (...) en el marco del caso por secuestro y muerte del ex químico de la DINA Eugenio Berríos". El Consejo acoge el amparo, toda vez que el tercero no explicitó de que manera la entrega de la información solicitada afectaría al tercero.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Relaciones exteriores
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C710-16

Entidad pública: Subsecretaría de Relaciones Exteriores.

Requirente: Matías Rojas Medina.

Ingreso Consejo: 03.03.2016.

En sesión ordinaria N° 717 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de junio de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información rol C710-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 12 de febrero de 2016, don Matías Rojas Medina solicita a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, "copia digitalizada del expediente relativo al sumario administrativo de la Cancillería chilena que buscó responsabilidades funcionarias del entonces agregado cultural de Chile en Uruguay (...) en el marco del caso por secuestro y muerte del ex químico de la DINA Eugenio Berríos".

2) TRASLADO: La Subsecretaría de Relaciones Exteriores, mediante cartas certificadas, de fecha 16 de febrero de 2016, y, conforme a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Transparencia, comunica a los terceros involucrados la solicitud de información del requirente y su derecho a oponerse a la entrega de la misma.

3) OPOSICIÓN DE LOS TERCEROS INTERESADOS: Mediante cartas de fecha 18 y 24 de febrero de 2016, dos terceros a quienes se refiere la información requerida, se oponen a su entrega. El primero de ellos señala que su declaración fue realizada bajo el amparo de reserva que resguarda a los sumarios administrativos, así como también, que por lo delicado del asunto de que se trata, solicita que no se vincule su nombre con este caso, es decir, que no se otorgue mayor publicidad a éste. Por su parte, el otro tercero, requiere que se omita todo antecedente que lo identifique con el sumario en cuestión, en el evento que se disponga el acceso parcial a éste, por cuanto, la develación de los antecedentes contenidos en ese proceso asociado a su identidad, importará la afectación a la honra que lo asiste como titular del derecho público subjetivo reconocido en el artículo 19 N° 5 de la Constitución Política de la República, el cual se comunica, asimismo, a su familia. Asimismo, hace presente que cuando concurrió a atestiguar ante la fiscalía administrativa, tuvo la expectativa que se mantuvieran en reserva éstas, por cuanto siempre existe el temor que una persona se vea expuesta a represalias de cualquier naturaleza, lo que la inhibiría su participación en futuras investigaciones.

Por su parte, mediante carta de fecha 18 de febrero de 2016, otro de los terceros, señala que no tiene copia del expediente, que deberían consultarle al fiscal instructor del caso. Finalmente, por medio de correo electrónico, otro de los terceros, manifiesta no tener objeción alguna a que se otorgue acceso a dicha información.

4) RESPUESTA: La Subsecretaría de Relaciones Exteriores, mediante oficio N° 2693, de fecha 2 de marzo de 2016, da respuesta a la solicitud de acceso a la información, señalando que, en virtud del tenor de la solicitud de acceso, otorgaron traslado a los terceros, eventualmente, afectados con la entrega de la información correspondiente. Al respecto, sólo dos de los cinco terceros, manifestaron su oposición a la entrega, adjuntándole copia de las cartas respectivas. En consecuencia, por haberse deducido la oposición de éstos, en tiempo y forma, corresponde denegar la información requerida.

5) AMPARO: Con fecha 3 de marzo de 2016, don Matías Rojas Medina deduce amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información, por oposición de terceros.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Relacione Exteriores, mediante oficio N° 2.845, de fecha 23 de marzo de 2016, quien presentó sus descargos y observaciones por oficio N° 4238, de fecha 8 de abril de 2016, señalando que en razón a la naturaleza de la documentación requerida, le comunicaron a los terceros a quienes se refiere la información, la facultad de oponerse a la entrega. De los cuales, sólo dos se opusieron en tiempo y en forma, encontrándose, entonces, impedida de proporcionar la información solicitada, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Por último, en lo referente al estado procesal del sumario administrativo en que incide la solicitud de acceso que fundó el presente amparo, informan que se encuentra afinado.

7) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: En conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó conferir traslado del amparo deducido a los terceros involucrados, mediante oficios No 3.649 y 3.650, ambos de fecha 14 de abril de 2016, a fin de que presenten sus descargos y observaciones al presente amparo, haciendo mención expresa de los derechos que les asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información solicitada.

Dos de los terceros notificados, por medio de cartas de fecha 21 y 29 de abril de 2016, respectivamente, reiterando su oposición, el primero, y, el segundo, señalando que declaró sólo en calidad de testigo, en el sumario consultado, estimando que su publicidad afectaría su vida privada, pues sólo cumplió con su deber. Además, hace presente que continúa desempeñándose como funcionario público, por lo tanto, tal divulgación podría generar múltiples consecuencias en el ejercicio de sus funciones, que son sólo de naturaleza administrativa, deteriorando su prestigio y reputación. Finalmente, sostienen que, en la eventualidad de que se hiciera pública su declaración, esta publicidad atentaría contra su derecho a la vida privada y a la honra, en virtud de lo establecido en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República.

8) GESTIÓN OFICIOSA: Con el objeto de resolver acertadamente el presente amparo, este Consejo, solicita a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, mediante correo electrónico de fecha 30 de mayo de 2016, remita copia del expediente sumarial solicitado, haciéndole presente que, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, se mantendrá el debido resguardo y reserva de la información que se suministre. Quienes, por medio de RR.EE (DIACYT) OF. RES. N° 2725, de fecha 3 de junio de 2016, adjuntan copia del expediente que consta de cuatro tomos y 1.176 fojas, del Sumario Administrativo dispuesto por Resolución Exenta N° 812, de fecha 18 de junio de 1993, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la denegación de la información solicitada, por parte de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, debido a la oposición de los terceros a quienes se refiere aquella. De este modo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, queda impedido de proporcionar los antecedentes al reclamante.

2) Que se solicita acceso a copia de expediente de sumario administrativo, cuya instrucción se ordenó mediante resolución exenta N° 812, de fecha 18 de junio de 1993, a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas que puedan derivarse de la petición de salvoconducto formulada por un ciudadano chileno, en el Consulado de Chile en Montevideo, Uruguay, el 11 de noviembre de 1993; el que concluye con cuatro funcionarios sancionados y cuya toma de razón se materializa con fecha 18 de mayo de 1994. Al respecto, cabe hacer presente que a partir de la decisión recaída en el amparo rol A47-09, este Consejo ha sostenido que el carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado. En el mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, al precisar que la reserva que establece el artículo 137, inciso segundo, del decreto con fuerza de ley N° 29, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, es temporal y cesa una vez afinado el sumario administrativo, instante en que pasa a estar "(...) sometido sin limitaciones al principio de publicidad, que constituye la regla general respecto de todos los actos de la Administración del Estado (...)" (criterio adoptado, entre otros, en el dictamen N° 11.341/2010).

3) Que, en virtud de lo razonado en el considerando anterior, lo pedido, a saber, copia de expediente de sumario administrativo afinado, en atención a lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, se trataría de información, en principio, de carácter pública, salvo que concurra alguna causal de secreto o reserva legal, las que, por ser de derecho estricto y una excepción, deben aplicarse en forma restrictiva.

4) Que, atendido a que el órgano reclamado denegó la entrega de la información requerida fundada en la oposición de terceros, corresponde analizar la plausibilidad de los argumentos formulados por éstos y si, finalmente, se configura respecto de aquella alguna causal de excepción contemplada en la Ley de Transparencia. En el presente caso, los terceros adujeron que la publicidad de sus declaraciones prestadas en el sumario consultado, vulneraría su derecho a la vida privada y a la honra, tanto de ellos, como de sus familias, establecido en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República; puesto que las realizaron sólo en calidad de testigos y en cumplimiento de su deber funcionario, bajo la expectativa de que éstas iban a ser mantenidas en reserva.

5) Que, este Consejo ha establecido como criterio para verificar la procedencia de una causal de reserva, que el tercero debe acreditar una expectativa razonable de daño o afectación negativa de sus derechos, la que a su vez, debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la excepción al principio de publicidad de los actos de la Administración del Estado, circunstancia que en este asunto no se produce, toda vez que si bien se invocó el derecho, posiblemente, afectado, no se explicitó la forma en que aquella se produciría. En este sentido, cabe considerar que como funcionarios públicos declararon, en calidad de testigos, en un sumario, cuyo objeto era determinar las eventuales responsabilidades administrativas ante el procedimiento adoptado ante la petición de salvoconducto formulada por un ciudadano chileno. Además, que de su revisión, éstas sólo dicen relación con las funciones propias que éstos debían desarrollar en las reparticiones públicas en que se desempeñaban en esos momentos. Por otro lado, el fundamento de su oposición era que su identidad no fuera relacionada con el sumario consultado, sin perjuicio de lo cual, el órgano reclamado señala expresamente sus nombres en la resolución que otorgó respuesta a la solicitud, así como también, entrega sus cartas de oposición de forma íntegra al reclamante. En consecuencia, se desestimará la alegación formulada por los terceros, requiriendo la entrega de copia del sumario administrativo.

6) Que, respecto de todos los datos personales de contexto contenidos en el expediente sumarial solicitado, como número de cédula nacional de identidad, domicilios, entre otros, en virtud del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, deberá resguardarse dicha información de manera previa a su entrega, procediendo a tarjarla, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. En particular, se deberán resguardar los datos de personales contenidos en aquella documentación anexada para contextualizar las solicitudes de salvoconducto (fojas 11, 28, 29, 36, 39, 41, 61-87, 103, 403-406, 465-473, 800, 812, 813, 820, 836, 919, 1012, 1015, 1017 y 1020); como también las relativas a la individualización de las asignaciones familiares de los funcionarios investigados (fojas 241, 244, 246, 248, 355, 953 y 956).

7) Que, finalmente, este Consejo representará, en lo resolutivo de la presente decisión, a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, la infracción al artículo 20 y los principios de máxima divulgación, divisibilidad y facilitación establecidos en el artículo 11, letras d), e) y f), de la Ley de Transparencia, en primer término, por haber denegado el acceso a copia de todo el sumario administrativo, siendo que la oposición de los terceros aducida, dice relación sólo a la declaración que prestaron en éste, lo que corresponde a no más de 20 páginas de un expediente de 1.176 fojas, además de existir el consentimiento expreso de uno de los terceros. Así como también, de que en atención al fundamento de la oposición, cual es, que no se vinculará la identidad de los terceros con el sumario pedido, resulta inconsecuente que éstos sean nombrados, expresamente, en la resolución que otorga respuesta al requerimiento, y más aún, se le entreguen las cartas de oposición al reclamante, sin reserva alguna.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por don Matías Rojas Medina, en contra de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, por los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario de Relaciones Exteriores, lo siguiente:

a) Entregar al reclamante copia del expediente sumarial ordenado mediante resolución exenta N° 812, de fecha 18 de junio de 1993, tarjando, previamente, todos aquellos datos personales de contexto incorporados en el mismo.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Representar al Sr. Subsecretario de Relaciones Exteriores la infracción al artículo 20 y los principios de máxima divulgación, divisibilidad y facilitación establecidos en el artículo 11, letras d), e) y f), de la Ley de Transparencia, puesto que denegó el acceso a todo el expediente administrativo y no solo a las declaraciones de los terceros, como tampoco resguardó las identidades de éstos, fundamento de sus oposiciones. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones.

IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Matías Rojas Medina, al Sr. Subsecretario de Relaciones Exteriores y a los terceros involucrados en el presente amparo.

En contra de la presente decisión, procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado, no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.