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Edgardo Moraga Campusano con MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO Rol: C1429-16

Consejo para la Transparencia, 17/06/2016

Se dedujo amparo en contra del Ministerio Secretaría General de Gobierno, fundado en la denegación de la información requerida referente a: La base de datos completa de la "Primera consulta ciudadana sobre la discriminación en Chile" realizada el año 2013. De acuerdo con la información publicada, se consideraron 30.620 casos en las quince regiones del país. Solicita los datos en formato electrónico, en un archivo que pueda ser leído por Excel o un programa estadístico (SPSS). El Consejo acoge el amparo, por tratarse de antecedentes que deben mantenerse dentro de la esfera de resguardo o control del órgano reclamado, sin perjuicio de tenerse por entregada, aunque extemporáneamente, la información requerida.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Da por entregada


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Ausente), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1429-16

Entidad pública: Ministerio Secretaría General de Gobierno

Requirente: Edgardo Moraga Campusano

Ingreso Consejo: 02.05.2016

En sesión ordinaria N° 714 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de junio de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1429-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 8 de marzo de 2016, don Edgardo Moraga Campusano solicitó al Ministerio Secretaría General de Gobierno la siguiente información:

La base de datos completa de la "Primera consulta ciudadana sobre la discriminación en Chile" realizada el año 2013. De acuerdo con la información publicada, se consideraron 30.620 casos en las quince regiones del país.

Solicita los datos en formato electrónico, en un archivo que pueda ser leído por Excel o un programa estadístico (SPSS)

2) PRORROGA DE PLAZO: Según consta en la página web del Portal de Transparencia, por correo de fecha 07 de abril de 2016 el órgano notificó al solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en diez días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

3) RESPUESTA: El 20 de abril de 2016, el Ministerio Secretaría General de Gobierno respondió a dicho requerimiento de información mediante correo electrónica señalando, en síntesis lo siguiente:

Que, se han revisado los archivos de diversas reparticiones de la Subsecretaría, sin que haya sido posible encontrar el archivo solicitado. Sin perjuicio de no obrar lo solicitado en su poder, en virtud de principio de facilitación del artículo 11 letra f) de la LT, están en proceso de contactar a la empresa que realizó la consulta en el año 2013, razón por la cual, esperan, dentro de los próximos días, informarle si ha podido ser ubicado el archivo en la base de datos en cuestión.

4) AMPARO: El 2 de mayo de 2016, don Edgardo Moraga Campusano dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de la información requerida.

5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación este amparo y, mediante Oficio N° 4621, de 10 de mayo de 2016, confirió traslado al Sr. Subsecretario General de Gobierno, solicitándole que al formular sus descargos: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente, en concreto refiérase a la notificación de prórroga de forma extemporánea; (2°) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información requerida; y, (3°) se refiera a las eventuales causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada.

Mediante Ordinario N° 2274, de 25 de mayo de 2016, el órgano presentó sus descargos señalando, en síntesis que:

La Subsecretaría General de Gobierno ha cumplido con todas las actuaciones que dispone la ley para responder debida y oportunamente al requerimiento. Al respecto detalla cada una de las diligencias efectuadas con los respectivos actos administrativos dictados e intercambiados entre las distintas unidades y las instancias agotadas para dar con la información requerida sin que ésta fuera habida.

Lo anterior, demuestra que a la fecha en que debió darse respuesta al solicitante, los antecedentes no estaban disponibles para su envío por este Servicio, razón por la cual la respuesta dada fue ajustada a derecho, pues se fundó en la inexistencia de la información requerida, no obstante haber indicado al reclamante que se continuaría agotando una última instancia para satisfacer el requerimiento efectuado, esto es, contactar a la empresa que realizó la Consulta Ciudadana sobre discriminación el año 2013, ya que sería una mecanismo más efectivo y célere para poner a su disposición lo pedido.

De esta forma, y en aras de cumplir lo prometido, se procedió a contactar a la Empresa que se adjudicó, el año 2013, vía licitación pública, dicho contrato quien finalmente proporcionó esta información, la que en virtud de los principios de facilitación y máxima divulgación, de la Ley de Transparencia, con fecha 18 de mayo de 2016 fue remitida al reclamante en el formato solicitado.

A continuación cita el artículo 5° de la ley N° 20.285, e indica que en virtud de dicha norma es claro sostener que los preceptos de la Ley de Transparencia son aplicables a toda clase de información que se encuentre en poder de la Administración del Estado y no a aquella que no existe. Asimismo, cita el numeral 2.3. de la Instrucción N° 10, sobre el Procedimiento de Administración de Acceso a la Información, y jurisprudencia administrativa de este Consejo, referida al cumplimiento de las búsquedas pertinentes por parte de los servicios públicos en casos como este. A continuación cita el considerando 9° de la decisión de amparo rol C1179-11, donde se señala que en caso de no existir un acto administrativo que disponga la expurgación de determinado documento, se debe realizar una búsqueda exhaustiva, agotando todos los medios disponibles para encontrar la información, como ocurrió en al especie.

Así las cosas, el archivo solicitado por el amparante no se encontraba a disposición de este Ministerio a la fecha en que se cumplió el plazo legal para otorgar respuesta al mismo, a pesar de haberse valido de todos los medios a su alcance para dar con los antecedentes solicitados luego de sucesivas búsquedas en los archivos existentes en diferentes reparticiones de este Servicio. En relación a la acreditación de las búsquedas indicadas en el punto anterior, afirma que éstas se encuentran acreditadas en los actos administrativos que se acompañan al presente informe, como son las memorándums o providencias, intercambiados entre las diferentes unidades de esta Secretaría de Estado, que solicitan y reportan los resultados de las búsquedas pertinentes para dar con el paradero de los archivos requeridos por el reclamante.

Dicho lo anterior y habiéndose acompañados los referidos actos administrativos que representan el fiel cumplimiento de lo establecido en la Instrucción N° 10 citada, en el marco de un desempeño fiel, oportuno y probo de la función pública, solicita respetuosamente a este Consejo rechazar el amparo de acceso a la información incoado.

6) GESTION OFICIOSA: Por oficio N° 5683, de 08 de junio de 2016, se solicitó al reclamante informar sobre la recepción de la "Base de datos consulta ciudadana discriminación".

Por correo electrónico de fecha 14 de junio de 2016, el reclamante informó haber recibido conforme dicha información.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, de acuerdo a los antecedentes tenidos a la vista, queda acreditado que el Ministerio Secretaria General de Gobierno prorrogó extemporáneamente el plazo para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información, toda vez que dicha ampliación debió notificarse a más tardar el 06 de abril de 2016, y no el día 07 siguiente como ocurrió en la especie, lo cual constituye una infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo normativo, por lo que será representada dicha infracción al órgano reclamado en lo resolutivo del presente acuerdo.

2) Que, en cuanto al fondo del asunto, el presente amparo se funda en la denegación de la información solicitada, esto es, la base de datos completa de la primera consulta ciudadana sobre la discriminación en Chile, realizada el año 2013. Al respecto, la reclamada en su repuesta informó que luego de revisar exhaustivamente los archivos en las diversas unidades y reparticiones donde se podría encontrar ésta no fue habida.

3) Que, según señaló la reclamada en sus descargos, luego de entregada la respuesta al peticionario, en virtud del principio de facilitación, continuó la búsqueda de la base de datos requerida, procediendo a contactar a la empresa que se adjudicó la digitalización de la consulta ciudadana sobre discriminación el año 2013, informe que una vez puesto a su disposición, según consta en el literal 6° de lo expositivo, fue remitido al reclamante. No obstante ello, la reclamada arguye que el presente amparo debe ser rechazado, toda vez que a la fecha de respuesta de la solicitud acreditó fehacientemente que la información no obraba en su poder.

4) Que, no obstante lo indicado precedentemente y sin perjuicio de la circunstancia de haberse acreditado que dicha información no obraba físicamente en poder del órgano al momento de la solicitud de acceso a la información, este Consejo a partir de las decisiones de los amparos Roles C1556-12 y C1574-12, ha señalado que existe determinada información que debe obrar dentro de la esfera de control de los órganos, especialmente cuando se trata de antecedentes que se han tenido en consideración o a la vista para desempeñar labores que se enmarcan dentro de las funciones que conforme a la ley deben desempeñar. En efecto y para este caso específico, se trata de un informe vinculado a un proceso de licitación efectuado por el propio órgano reclamado, en su calidad de mandante, con fondos provenientes de dicho organismo, para la digitalización de la primera consulta ciudadana sobre discriminación el año 2013, la cual, debe mantenerse dentro de la esfera de resguardo del órgano para efectos de control y fiscalización.

5) Que, al respecto, el alcance de la expresión "obrar en poder" no debe limitarse únicamente a la información existente físicamente en las dependencias de un órgano de la Administración del Estado, sino que también comprende aquélla que el órgano debe mantener bajo su órbita de control o bajo su disposición, especialmente cuando se trata de estudios o informes estadísticos, solicitados en el ejercicio de las funciones y competencias legales, y cuya realización, ejecución y desarrollo se materializó con cargo a fondos públicos. En consecuencia, tratándose de información, respecto de la cual la Secretaría de Estado debió mantener bajo la esfera de su control y que por tanto debió requerir, a la empresa que se adjudicó su elaboración, al momento de dar respuesta a la solicitud de acceso a la información, se acogerá el presente amparo, sin perjuicio de tenerse por entregada la información extemporáneamente.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por don Edgardo Moraga Campusano en contra del Ministerio Secretaria General de Gobierno, por tratarse de antecedentes que deben mantenerse dentro de la esfera de resguardo o control del órgano reclamado, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente, sin perjuicio de tenerse por entregada, aunque extemporáneamente, la información requerida.

II. Representar al Sr. Subsecretario General de Gobierno, la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo legal, al haber prorrogado extemporáneamente el plazo para dar respuesta a la solicitud de información. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones.

III. Encomendar al Director General de este Consejo y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Edgardo Moraga Campusano y al Sr. Subsecretario General de Gobierno.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. El Presidente del Consejo Directivo don José Luis Santa María Zañartu, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.