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Marcelo Rioseco Pais con COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (CONICYT) Rol: C1236-16

Consejo para la Transparencia, 17/06/2016

Se dedujo amparo en contra de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a "evaluadores de proyectos adjudicados entre 2005 y 2015 en Ciencias Económicas y Administrativas, Educación, Filosofía, Historia, Lingüística Literatura y Filología, Psicología, Sociología y Ciencias de la Información, código del proyecto que evaluaron, puntaje asignado a cada proyecto". El Consejo acoge parcialmente el amparo, rechazándolo respecto del área específica de los evaluadores, como también respecto del código del proyecto que evaluaron, puntaje asignado a cada proyecto, por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Ausente), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1236-16

Entidad pública: Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT).

Requirente: Marcelo Rioseco Pais.

Ingreso Consejo: 14.04.2016

En sesión ordinaria N° 714 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de junio de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información, rol C1236-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 3 de abril de 2016, don Marcelo Rioseco Pais solicitó a la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, en adelante e indistintamente, la CONICYT, la siguiente información: "evaluadores de proyectos adjudicados entre 2005 y 2015 en Ciencias Económicas y Administrativas, Educación, Filosofía, Historia, Lingüística Literatura y Filología, Psicología, Sociología y Ciencias de la Información, código del proyecto que evaluaron, puntaje asignado a cada proyecto".

2) RESPUESTA: El 14 de abril de 2016, mediante Ord. N° 357, el órgano respondió a dicho requerimiento de información, señalando que "se deniega el requerimiento contenido en su solicitud, invocando la causal consagrada en el N° 1 del artículo 21 de la ley N° 20.285, toda vez que, acceder a la entrega de la información afecta el debido cumplimiento de las funciones de la CONICYT, puesto que si se revelara la identidad de los evaluadores se desincentivaría a las personas que reúnan los requisitos para desempeñarse como tales a ejercer tal función, sobre todo teniendo en consideración lo acotado y reducido que es el universo posible de evaluadores existentes en Chile, como también el hecho que al asegurarles la reserva de su identidad, permite que ellos desempeñen la función con una mayor independencia", denegando la entrega de la información solicitada.

Asimismo, informó que "sin perjuicio de lo anterior, nuestro Servicio ha publicado en el sitio web www.conicyt.cl el listado de todos los evaluadores que participan en las distintas convocatorias, con el objeto de mantener permanentemente disponible al público, dicho listado (...). El conjunto de evaluadores de CONICYT, no son funcionarios públicos, ellos son expertos en las distintas disciplinas del conocimiento, externos a nuestro Servicio y que sólo se vinculan con CONICYT por medio de las evaluaciones en que participan y en los concursos públicos en que son requeridos", mencionando las decisiones de los amparos rol C168-11, C181-11 y C201-11 de este Consejo.

3) AMPARO: El 14 de abril de 2016 don Marcelo Rioseco Pais dedujo amparo a su derecho de acceso a la información, en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. Agrega, además, que "debido al impacto que tiene en las universidades la adjudicación de proyectos FONDECYT, hemos estado realizando un estudio en torno a la manera cómo funciona CONICYT para evaluar proyectos y adjudicarlos. Las evaluaciones no son ciegas y, de acuerdo a los datos que manejamos, están favoreciendo directamente a las personas que participan de los grupos de estudio (...). Hay que tomar en cuenta que se trata de recursos públicos, no privados, y por lo tanto, el proceso de evaluación debe ser transparente, imparcial y objetivo. Asimismo, los evaluadores deben estar en condiciones de dar cuenta de su trabajo".

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo y, mediante oficio N° 4.142, de fecha 27 de abril de 2016, confirió traslado al Sr. Presidente de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones.

Mediante Ord. N° 434, de fecha 10 de mayo de 2016, el órgano presentó sus descargos, reiterando lo señalado en su respuesta al solicitante, y agregando, en síntesis, que "la mantención de la confidencialidad de los evaluadores específicos de cada propuesta, se funda como garantía para que el sistema de evaluación se desarrolle en armonía con los principios de transparencia y búsqueda de la calidad necesaria para el desarrollo del conocimiento científico".

Asimismo, fundamenta que "1.- La confidencialidad asegura que los evaluadores desarrollen su tarea dentro de un ambiente libre y sin presiones, lo que garantizan que emitirán evaluaciones acordes al mérito de los postulantes y no teniendo en cuenta otros factores distorsionantes. 2.- No revelar la identidad de los evaluadores previene de posibles acciones por parte de los postulantes y/o instituciones interesadas en relación a realizar presiones, acoso o represalias. 3.- La confidencialidad mantiene el interés por la tarea de evaluar de profesionales, académicos e investigadores de excelencia y destacados en sus áreas del conocimiento y disciplinas, por formar parte de los procesos de evaluación. Revelar sus identidades ocasionaría un desincentivo generalizado a participar del proceso de evaluación, lo que a la larga, mermaría la calidad del mismo, al no contar con las personas idóneas para el caso".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa entregada por parte de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, el requerimiento de información se refiere a los evaluadores de los proyectos adjudicados entre los años 2005 y 2015 en las áreas que indica, con el respectivo código del proyecto que evaluaron y puntaje asignado. Al respecto, el órgano denegó la entrega de dicha información, fundado en que dar a conocer el nombre de los evaluadores de cada proyecto afectaría el funcionamiento del órgano, en los términos dispuestos en el artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia.

2) Que, la mencionada disposición señala que se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, cuando su publicidad afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido. En este sentido, se hace necesario e indispensable para los fines de la CONICYT, la participación de profesionales capacitados y del más alto nivel, que cumplan el rol de evaluadores de los postulantes a las respectivas becas o proyectos, para asegurar así que los beneficiarios con el otorgamiento dichos beneficios cumplan con las competencias técnicas requeridas.

3) Que, según lo expuesto por el órgano, tanto en su respuesta al solicitante, como en sus descargos en esta sede, y según lo razonado por este Consejo en las decisiones de los amparos rol C168-11, C201-11 y C1513-14, entre otras, resulta plausible concluir que entregar el nombre de los evaluadores que les correspondió la tarea de ponderar y evaluar los antecedentes de cada postulante o cada proyecto en específico, atentaría contra el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, por cuanto, si se revelara la identidad de éstos se desincentivaría a las personas que reúnan los requisitos para desempeñarse como tales, a ejercer dicha función, sobre todo teniendo en consideración lo acotado y reducido que es el universo posible de evaluadores existentes en Chile, como también el hecho que el asegurarles la reserva de su identidad en relación con los proyectos asignados o revisados, permite que los evaluadores desempeñen su función con una mayor independencia.

4) Que, sin perjuicio de lo razonado anteriormente, este Consejo estima que no se producirá afectación al funcionamiento del órgano ni se afectará la independencia en el desempeño de los evaluadores, con la entrega del listado o nómina completa de dichas personas, sin vincularse a los proyectos evaluados ni a los puntajes asignados a cada uno.

5) Que, en virtud de lo anterior, habiéndose otorgado respuesta dentro del plazo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, y habiéndose configurado la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, esto es, la afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por el conocimiento de los nombres de los evaluadores en relación con los proyectos evaluados por cada uno de ellos, y adjudicados por CONICYT en el período que señala, este Consejo procederá a acoger parcialmente el presente amparo, ordenando la entrega del listado o nómina completa con el nombre de dichos evaluadores, pero sin vincularlos a los proyectos evaluados ni a los puntajes asignados a cada uno.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Marcelo Rioseco Pais en contra de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica; rechazándolo respecto del área específica de los evaluadores, como también respecto del código del proyecto que evaluaron, puntaje asignado a cada proyecto, por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Presidente de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica lo siguiente:

a) Hacer entrega al reclamante de la información solicitada en el número 1) de la parte expositiva, esto es, la entrega del listado o nómina completa con el nombre de todos los evaluadores, pero sin vincularlos a los proyectos evaluados ni a los puntajes asignados a cada uno, en los términos referidos en el considerando 5°.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Marcelo Rioseco Pais y al Sr. Presidente de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. El Presidente del Consejo Directivo don José Luis Santa María Zañartu, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.